Orden norteamericana de detención y entrega (a la europea)

Columna de opinión escrita por Leonardo Curzio para el diario El Universal

Lunes 25 de mayo de 2026

Leonardo Curzio

4:45

Una de las cosas que la élite política debe entender mejor es que no se puede separar, de manera tajante, un proceso de integración económica y comercial de otras interacciones y agendas que transcurren de manera simultánea en la región.

Para México, es claro que su principal objetivo de política económica y exterior es mantener el T-MEC. Nuestra vinculación con Estados Unidos es hoy la mejor opción que tenemos. Yo celebro que hayamos puesto al día nuestro instrumento comercial con Europa, pero no perdamos de vista el mapa. Ojalá diversifiquemos nuestro comercio, pero hoy por hoy la prioridad es mantener abierta la puerta de América del Norte.

La negociación comercial se ha dado con un alto nivel de pragmatismo; mordiéndonos la lengua hemos aceptado que los aranceles han llegado para quedarse. Lo que ha hecho México es capear el temporal de la mejor manera.

Si esto es cierto para el comercio, a fortiori lo es para la seguridad y esto es algo en lo que el gobierno parece tener una confusión. Estados Unidos ha definido sus prioridades de seguridad en varios documentos públicos. El primero de ellos es la estrategia de seguridad nacional; también puede consultarse la estrategia de defensa, la contraterrorista y, por supuesto, la estrategia de combate a las drogas, cuya cabeza ha pospuesto su visita en México.

Con la misma claridad que se acepta, como un hecho consumado, el tema de los aranceles debería entenderse que cuando la potencia prioriza su interés nacional está mandando un mensaje diáfano. Si se ha establecido que las organizaciones criminales mexicanas son grupos terroristas (y para que lo entendiéramos mejor, el secretario del Tesoro equiparó a Hezbolá con el Cártel de Sinaloa), es evidente que utilizarán todos sus recursos para destruirlas.

Hace 20 años, cuando Estados Unidos desplegó la estrategia antiterrorista para enfrentar a las organizaciones islamistas, hizo todo lo que a su alcance estuviera para castigar a los gobiernos que las protegían, como por ejemplo Paquistán, y por supuesto Afganistán (al que acabó invadiendo) y desplegó una serie de restricciones financieras a Arabia Saudita por los vínculos de Bin Laden, para que no hubiese el menor resquicio para financiar el terrorismo o servir de santuario. Para cualquiera que lea los libros de historia, queda claro que cuando la potencia fija prioridades de seguridad nacional es poco práctico utilizar los argumentos tradicionales de la soberanía.

México y su gobierno deben persuadirse de que la convergencia en materia comercial implica, de manera creciente, la convergencia en materia de seguridad y la cooperación entre los países. Debe verse como una oportunidad de reforzar la interdependencia, de manera similar a como los europeos consiguieron, mediante la maduración institucional, que hubiese una reducción de los trámites para la extradición y así evitar que la soberanía de los países se convirtiera en un elemento de protección para los delincuentes y agilizar la cooperación de los socios para enfrentarlos (orden europea de detención y entrega).

De la misma manera, México debería pensar con el pragmatismo que la presidenta usó para desterrar a 92 criminales sentenciados, que la mejor manera de avanzar en la construcción regional es entender las prioridades del socio y adaptarse a ellas en la medida de lo posible, como lo han hecho en el ámbito comercial y en la cooperación para el control de las fronteras y los flujos migratorios.

No se puede tener todo. Si quieres convergencia es imposible separar la economía de la seguridad y menos cuando tu vecino te está acusando de algo tan grave como ser el santuario de los narcoterroristas.

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Más autocontención, menos

autodestrucción

Columna de opinión escrita por Gerardo Esquivel para el diario Milenio

Lunes 25 de mayo de 2026

Gerardo Esquivel

4:46

El Congreso recibió la semana pasada una iniciativa presidencial en la que se proponen algunos ajustes y modificaciones a la reforma judicial. Esta propuesta es el reconocimiento explícito de que hubo errores de diseño en la reforma original. La nueva reforma, sin embargo, se queda corta y repite o acentúa algunos problemas de la reforma original.

Partamos por el principio: la reforma judicial en realidad fue perjudicial. Afectó de manera significativa la confianza del sector privado sobre un aspecto crucial para invertir en el país: la certeza jurídica. Es cierto que el sistema legal no funcionaba bien, pero esa no era la reforma que necesitábamos. Como escribí en su momento, buscamos las llaves perdidas donde había luz, no donde se nos habían caído (“El farol y la reforma judicial”, 19/08/24). 

El problema era y es la potencial pérdida de independencia del Poder Judicial en la toma de decisiones. Elegir a jueces y magistrados por votación directa se presta a la intervención de autoridades y partidos políticos, especialmente si el proceso coincide con otras elecciones. La nueva propuesta intenta corregir este problema para la elección prevista en 2027, la cual ahora se posterga para 2028, pero no hace lo mismo para los años subsecuentes, en los que sí habría elecciones concurrentes con las de otros poderes. Peor aún, la nueva fecha propuesta (2028) coincidiría con la votación de la revocación de mandato, lo que contribuiría a empañar el proceso.

Ahora bien, el daño está hecho. No es casualidad que a partir del momento en que se supo que la coalición gobernante tendría los votos suficientes para aprobar las reformas constitucionales, la inversión y el clima de negocios comenzaron a deteriorarse. Llevamos ya 18 meses consecutivos de caída en la inversión a tasa anual. El punto más alto de la inversión total se alcanzó en julio de 2024. De entonces a febrero de 2026, la caída es ya cercana a 11 por ciento. La caída en inversión en maquinaria y equipo es aún más pronunciada, ya que esta ha disminuido en poco más de 16 por ciento de agosto de 2024 a la fecha. Sus efectos en el crecimiento son evidentes: en 2025 sólo crecimos 0.5 por ciento y la expectativa para 2026 pronto va a rondar el uno por ciento. También puede afectar el crecimiento futuro, al generar una merma en el acervo de capital productivo del país.

La razón por la que la inversión comenzó a caer incluso antes de que ocurriera la reforma fue porque se preveía que no habría capacidad de autocontención en la coalición triunfadora. Lo vivimos entonces y lo seguimos viviendo ahora con la propuesta de anular elecciones en caso de una eventual intervención extranjera. ¿Por qué se consideró que esto era necesario justo ahora? A saber, pero la ambigüedad de la iniciativa dará pie a todo tipo de debates y especulaciones. Algunos lo considerarán como algo indispensable dados los afanes intervencionistas del presidente Trump. Para otros, sin embargo, será una señal de querer aferrarse al poder a toda costa. Por qué abrir esta discusión en un contexto tan delicado como el actual es algo que no termino de entender. Urge más capacidad de autocontención y menos de autodestrucción.

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Casualidades

Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior

Lunes 25 de mayo de 2026

Pascal Beltrán del Río

6:25

En política nada sucede por accidente, dice una máxima atribuida al presidente estadunidense Franklin Delano Roosevelt. Si ocurre, agrega, es que alguien lo planeó exactamente así. De ser eso cierto, algo sucedió entre miércoles y viernes para que el sábado –¡esos sabadazos de la política mexicana!– la Fiscalía General de la República diera a conocer sendos citatorios para nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, imputados en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa, así como para la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo policiaco en la sierra de ese estado, en el que fue desmantelado un narcolaboratorio a mediados de abril.

¿Cuáles son los hechos públicos que explicarían la súbita actuación de la FGR? Notoriamente dos: 1) la visita a México del secretario de Seguridad Interior de EU, Markwayne Mullin, el viernes pasado, y 2) la serie de entrevistas que concedió la mandataria estatal chihuahuense a medios de comunicación de la Ciudad de México, iniciada el miércoles. 

Sin esos hechos, resulta difícil de entender que los diez citatorios –nueve para el caso Sinaloa y uno para el caso Chihuahua– hayan salido de forma simultánea. Sin ellos, es mucha casualidad. Sobre todo, considerando lo que dijo al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum, el sábado, en Tabasco: que se trata de simples “procedimientos”. ¿A poco es tan activa la FGR los fines de semana?

Si aplicamos la lógica rooseveltiana, las cosas sucedieron así: al mediodía del miércoles 29 de abril, se dieron a conocer desde Washington diez órdenes de aprehensión contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve personas de su entorno, quienes fueron acusados de haberse relacionado con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa. El Departamento de Justicia estadunidense les imputó varios delitos, desde haber recurrido a la estructura del grupo criminal para asegurar la elección de Rocha en los comicios de junio de 2021 hasta dos asesinatos, pasando por la recepción de diferentes cantidades de dinero para permitir las operaciones de fabricación y trasiego de drogas. Asimismo, solicitó a México –con base en el fallo de un gran jurado y órdenes de aprehensión giradas por una corte de Nueva York– la detención de los acusados, con fines de extradición. 

Repuesto del soponcio, el gobierno de México empezó a arrastrar los pies para no cumplir con la petición. Alegó la presunción de inocencia de los imputados, la soberanía nacional y hasta la falta de reciprocidad. Ninguno de esos argumentos alcanzaba para explicar por qué no se había actuado judicialmente contra ellos en México, ya que enfrentaban acusaciones muy concretas desde hacía años, como la operación que montó el cártel para impedir que actuaran los representantes electorales de la oposición, en vísperas de las elecciones de 2021, y el montaje que realizó la fiscalía sinaloense para hacer parecer que el asesinato de Héctor Melesio Cuén fue el resultado de un asalto en una gasolinería. 

En medio de la resistencia para entregar a los diez de Sinaloa ocurrieron dos hechos muy significativos: 1) la entrega voluntaria a las autoridades estadunidenses de uno de los acusados, Gerardo Mérida, y 2) la afirmación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien ha visitado Sinaloa al menos ocho veces, de que nunca notó nada raro en el comportamiento de Rocha Moya. Ahora, el gobierno federal tendrá que explicar por qué, si no tenía nada contra el gobernador de Sinaloa y los suyos, la FGR, repentinamente, justo al día siguiente de la visita de Mullin, los ha mandado llamar. En ese contexto, también se da a conocer el citatorio a Campos. Recurriendo de nuevo a Roosevelt, podemos decir que se busca la interpretación de que en México la justicia es pareja. Sin embargo, a diferencia de los otros casos, éste se entregó en público. Para los sinaloenses, sin fecha ni lugar para la “entrevista” –así la calificó la propia FGR–; para ella, el miércoles, en las oficinas de la dependencia en Ciudad Juárez. 

Demasiada casualidad, si uno le cree a Roosevelt, quien, por cierto, ha sido “el mejor presidente de Estados Unidos”, según la Cuatroté.