Fragilidad

Columna de opinión escrita por Macario Schettino para el diario El Financiero

Viernes 22 de mayo de 2026

Macario Schettino

5:25

Como se esperaba, Moody’s redujo la calificación de la deuda del gobierno de México al nivel más bajo que todavía se considera grado de inversión. Ahora tenemos dos calificadoras, de las tres grandes, en ese nivel, y la otra un nivel arriba, pero con perspectiva negativa. Si lo quiere ver positivamente, es posible que el siguiente movimiento, que será a la baja, no ocurra por un año y medio. Al menos así lo vio Hacienda, y no dudo que todo el gobierno esté esperando llegar a la elección de 2027 sin una sorpresa en ese aspecto.

Sin embargo, la velocidad a la que está cambiando el entorno, no solo en lo económico, podría modificar esa expectativa. Por ejemplo, esta semana se publicó un nuevo decreto de Donald Trump, dirigido a “restaurar la integridad del sistema financiero estadounidense”, que endurece las medidas para transferir dinero, especialmente en montos pequeños, como las remesas. He visto diferentes estimaciones de colegas, pero en general apuntan a una posible contracción de entre 10 y 20% en ese flujo, que podría empezar a notarse en un par de meses, pero llegaría a su punto culminante hacia noviembre. Hablamos de entre 6 y 12 mil millones de dólares, que podemos redondear en medio punto del PIB.

Si esas remesas se convertían en consumo o inversión, ese medio punto perdido implica un golpe de similar tamaño en el PIB total. Si ya el promedio de especialistas esperaba un crecimiento de 1.1%, ahora supongo que reducirán en un par de décimas (el efecto es en el segundo semestre) esa estimación para este año, y posiblemente medio punto completo para el próximo, que por el momento lo tienen en 1.8%. Con ese menor crecimiento, los resultados de la consolidación fiscal serán menos buenos, y eso es lo que están descalificando las agencias.

Un segundo elemento es la posibilidad de que el T-MEC simplemente no pueda firmarse en julio, como se esperaba. Eso, al sumarse al desastre que es la impartición de justicia en México, pospondrá aún más las decisiones de inversión, que pueden anunciarse cuantas veces se quiera, pero no se concretan.

Hay un tercer elemento que ya hemos comentado, la contabilidad creativa de Pemex. Tanto en sus reportes financieros como en los de operación, las cifras no parecen tener sustento. Ya el año pasado Hacienda usó esto como excusa para su fallida consolidación. El déficit fiscal pasó de 5.7% del PIB en 2024 (cuando López compró las elecciones con el dinero de todos) a 4.8% en 2025. Hacienda, sin embargo, insistió en que era nada más de 4.3%, y el resto era porque Pemex debía a sus proveedores, y no sabían.

Este manejo curioso de las deudas, especialmente a proveedores, no es exclusivo de Pemex, aunque sea muy grande en su caso. También lo hay en otras dependencias y organismos de gobierno, y atribuyo a ello la creciente diferencia entre la deuda bruta y los requerimientos financieros. Por esa razón, creo que ahora hay que usar la primera como referencia. En unas filminas de una conferencia de Pedro Aspe que circulan en redes, él estima que esa deuda podría alcanzar 60% del PIB en este año, nivel en el que, dice, otros países emergentes han perdido el grado de inversión.

El gobierno de Estados Unidos ha decidido limpiar el continente de regímenes que saquean a su propia población, como lo ha sido Cuba por casi siete décadas y Venezuela por más de dos. Aquí todavía no se había consolidado, pero intentarán impedirlo. En ese contexto, la fragilidad fiscal y económica pueden causar un derrumbe sorpresivo. Ya lo dijimos antes, pero va de nuevo: requerimos soluciones “fuera de la caja” para escenarios jamás vistos. Apúrense a pensar.

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Llegaron las calificaciones

Columna de opinión escrita por Alejandro Werner para el diario Reforma

Viernes 22 de mayo de 2026

Alejandro Werner

5:34

En la última semana, México recibió dos anuncios desalentadores de las agencias calificadoras más prestigiosas: Moody's y Standard & Poor's. Moody's ha decidido rebajar la calificación soberana del país, mientras que Standard & Poor's ha colocado la calificación en "revisión negativa", lo que sugiere que es posible un ajuste a la baja en los próximos 12 meses. Sin embargo, lo que realmente inquieta es la respuesta de las autoridades, quienes, en lugar de asumir una postura reflexiva, emitieron comunicados asegurando que todo está bajo control, ignorando la necesidad de reconsiderar su política fiscal.

Las agencias calificadoras evalúan la capacidad de pago de gobiernos y empresas, pronosticando así el riesgo de incumplimiento. Este análisis lo resumen en calificaciones que mezclan números y letras, como los nombres de los hijos de Elon Musk, pero que finalmente es equivalente a una escala que va del 1 al 21. Las 10 calificaciones más altas se denominan grado de inversión, las 10 que le siguen grado especulativo y la última es para aquella deuda que está en proceso de quiebra. Esta distinción es crucial, pues una gran mayoría de los fondos de inversión nacionales e internacionales operan solo con activos calificados con grado de inversión, garantizando un riesgo más bajo para sus inversionistas. Así, un país con grado de inversión, como México, tiene acceso a un universo más amplio de inversionistas, lo que genera una mayor oferta de recursos y reduce los costos de su deuda. Esto no solo alivia el gasto del gobierno, sino que impacta positivamente las tasas de hipotecas, créditos de nómina y préstamos empresariales.

Las agencias calificadoras han señalado el bajo crecimiento económico, la delicada situación financiera y operativa de Pemex y el elevado déficit público como factores determinantes para estas acciones. Si bien el gobierno destaca que las mismas calificadoras mencionan las fortalezas de la economía mexicana, el panorama para 2026, según la mayoría de los analistas, no difiere mucho del registrado en 2025: un crecimiento lánguido y un déficit elevado. Esto hace posible que la revisión negativa de S&P se convierta en una rebaja real de la calificación en el futuro cercano, y que Fitch o Moody's contemplen seriamente una reducción de la calificación en el horizonte de dos años, lo que llevaría la calificación de estas agencias al nivel especulativo.

Si el gobierno realmente aspira a conservar su grado de inversión, es imperativo que articule los cambios necesarios para controlar el crecimiento de la deuda pública. Afirmar que su ambicioso plan de infraestructura generará un mayor crecimiento resulta insuficiente porque también implica un aumento de la deuda pública, el cual se materializará antes que el aumento del crecimiento económico, si es que este se da, lo cual dependerá de qué tipo de proyectos deciden financiar.

La última vez que México enfrentó una rebaja en la calificación por parte de dos calificadoras fue durante la crisis financiera global y la epidemia asociada al virus H1N1. Esta rebaja se mantuvo por varios años, a pesar de esfuerzos importantes por fortalecer las finanzas públicas, que eventualmente lograron restablecer la calificación original. Lo que sugiere que es mucho más eficiente actuar de manera preventiva que remedial.

Ojalá que dentro del gabinete, el mensaje del secretario de Hacienda sea más contundente y realista que el discurso público. Es hora de que el gobierno se centre en la sostenibilidad de las finanzas públicas. De lo contrario, arriesga perder el grado de inversión, enfrentar un incremento en el costo de su deuda, aumentar la fragilidad financiera del país con el objetivo de posponer su obligación de decidir si detiene el crecimiento del gasto público, lleva a cabo una reforma tributaria o implementa un cambio estructural de fondo en Petróleos Mexicanos.

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La carpeta de Mullin

Columna de opinión escrita por Jorge Fernández Menéndez para el periódico Excélsior

Viernes 22 de mayo de 2026

Jorge Fernández Menéndez

8:09

 La visita de Markwayne Mullin, el nuevo secretario del Homeland Security de Estados Unidos, no fue de cortesía. El jefe de la seguridad nacional de la Unión Americana vino a establecer con toda claridad, en forma personal, las demandas de su país en los temas de crimen organizado, pero, sobre todo, del desmantelamiento de las redes políticas y de complicidad con el mismo.  

Quizá es sólo detalle o una mala impresión, pero Mullin entró a Palacio Nacional con una gruesa carpeta en sus manos que ya no traía cuando salió. Las versiones extraoficiales dicen que allí iban las pruebas y listas básicas, ni remotamente los expedientes que existen en su país sobre funcionarios y políticos mexicanos. Puede ser verdad o no, pero lo cierto es que a eso vino el jefe de la Seguridad Nacional estadunidense. Mientras aquí seguimos con los distractores, la administración Trump no se ha apartado un milímetro de sus objetivos que, paradójicamente, deberían ser los nuestros.

Pero la administración federal sigue dando palos de ciego, huyendo hacia adelante y exhibiendo poca seriedad para tratar la relación con el país del que dependemos económicamente: a Estados Unidos van 85% de nuestras exportaciones, de Texas viene 75% del gas que consumimos (si hubiera un bloqueo, si nos cierran la llave, tenemos reservas de gas para exactamente dos días y medio); 88% del maíz amarillo que consumimos viene de Estados Unidos, pero sacamos leyes “protegiendo el maíz nativo”; ninguna armadora de automóviles, una de nuestras principales industrias de exportación, es mexicana. El Plan México, sin contemplar esa realidad, es una utopía tan volátil como las de Clara Brugada en la Ciudad de México.

Mientras tanto, la relación de políticos y funcionarios mexicanos con el crimen organizado es inocultable, evidente; la inseguridad que vivimos también: el sexenio pasado fueron asesinados 200 mil mexicanos y unos 130 mil están desaparecidos, en el sistema forense hay 70 mil cuerpos sin identificar. Un tercio del territorio nacional está controlado por el crimen organizado. 

¿De verdad ante esa realidad quiere el gobierno imponer una narrativa basada en el discurso de una soberanía que, en los hechos, está vulnerada? Sin energía, sin comercio, sin seguridad, sin pleno control territorial, sin mercado para nuestras exportaciones no hay soberanía posible, menos aun con políticos y funcionarios que son empleados y cómplices del crimen organizado y que son protegidos por las autoridades.

Todo es tan poco serio que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la responsable de la gobernabilidad interna, anteayer, interrogada sobre dónde estaba Rubén Rocha Moya, salió con un viejo clásico: “¿Y yo por qué?”, como si no fuera responsabilidad de la encargada de la política interna del país saber dónde está un gobernador con licencia, acusado por Estados Unidos de ser parte del narcotráfico y que, se supone, está protegido por el gobierno, aunque sus custodias, García Harfuch dixit, son de la seguridad estatal. 

Ayer, Rosa Icela se vio peor: llegó tarde y en una moto policial a la reunión con el secretario del Homeland Security en Palacio Nacional, para una reunión estratégica, como si hubiera tenido algo más importante que hacer en el día.

Para colmo, a Ricardo Monreal se le ocurre, o le pidieron, presentar una iniciativa de ley que no se atrevió a presentar ni Nicolás Maduro cuando gobernaba Venezuela. Un desastre legislativo que se quiere utilizar para anular cualquier elección (que pierda Morena) simplemente argumentando supuestas intervenciones extranjeras, por ejemplo, en redes sociales, una iniciativa que impediría que hubiera hasta observadores internacionales en nuestras elecciones. 

El tema no es la técnica legislativa, se trata simplemente de tener instrumentos para poder anular el día de mañana cualquier elección que pierda el actual régimen. Olvidan, por ejemplo, que hoy mismo se firmarán acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, que incluyen una cláusula democrática que otorga facultades a los países e instituciones de la UE a condicionar cualquier tipo de ayuda o apoyo, e incluso a romper relaciones diplomáticas o comerciales con los países que la violen, y que obligan a mantener (México las firmó desde 2018) instituciones, regímenes, prácticas democráticas y respeto a los derechos humanos. Insistimos, el gobierno federal está embarcado en una fuga de la realidad que sólo lo puede llevar al abismo.

La próxima semana ya no vendrá Sara Carter, la jefa de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca. Se canceló la visita programada para el lunes porque, si no hay respuesta del gobierno federal a las demandas sobre Rocha y los otros encausados o a las demandas que presentó hoy el secretario Mullin en Palacio Nacional, la misma perdía sentido.

Y el jueves próximo llegará el responsable de la negociación del T-MEC, Jamieson Greer. Si no hay respuesta a lo que planteó hoy Mullin, tampoco se avanzará en el tratado comercial. La negociación económica y comercial es compleja y tiene sus propios términos, pero va atada a la seguridad, a la destrucción de las redes políticas de complicidad, a la seguridad jurídica y financiera. Todo va en un mismo paquete y no se podrá avanzar en un tema sin hacerlo en el otro. Y de eso depende, al cien por ciento, el futuro de la economía y, en buena medida, del país. De eso trata cuando sí se quiere defender la verdadera soberanía, no la de libro de texto gratuito versión Marx Arriaga.