Trump intensifica su presión sobre Cuba

Columna de opinión escrita por Mary Anastasia O’Grady para The Washington Post

Jueves 21 de mayo de 2026

Mary Anastasia O’Grady

7:36

El presidente Trump tiene en la mira a la dictadura militar cubana. Afirma que quiere concluir la guerra con Irán antes de involucrar a Estados Unidos en otra misión en el Caribe. Pero el cambio en la isla es una prioridad en su agenda.

Dos semanas antes, la administración Trump lanzó un ataque de otro tipo contra la élite cubana. Las sanciones del 1 de mayo contra el conglomerado militar cubano Gaesa, su presidente y la minera cubano-canadiense Moa Nickel buscan debilitar financieramente al régimen cubano. El mensaje es claro: si la familia Castro y sus seguidores quieren seguir disfrutando de privilegios, deben emigrar. Se acabó el vivir a costa del pueblo cubano.

Las sanciones unilaterales tienen un historial poco efectivo para generar cambios. Sin embargo, estas merecen una segunda oportunidad. La revolución cubana se nutrió durante mucho tiempo de la Unión Soviética y, posteriormente, de Venezuela. Ahora se encuentra sin su benefactor. Su economía se ha derrumbado y la nación está desesperada. Una estrategia que impida que la mafia cubana obtenga divisas no perjudicará la lucha popular por la libertad.

Una semana después del anuncio de las sanciones, la empresa canadiense Sherritt International Corp., socia de Cuba en la empresa conjunta Moa Nickel, anunció la suspensión inmediata de su participación directa en las actividades de la empresa conjunta en Cuba. La empresa señaló que no está sujeta a las sanciones, pero afirmó que dicha designación “podría ocurrir en cualquier momento”. Tres miembros del consejo de administración de Sherritt renunciaron y la empresa anunció que “repatriaría” a sus empleados en Cuba.

Sherritt, con sede en Toronto, posee una participación del 50% en Moa Nickel, empresa que comercializa terrenos que Cuba expropió en 1960 a la actual minera estadounidense Freeport-McMoRan. Es necesario exigir responsabilidades. Para Cuba, la salida de Sherritt representa un duro golpe, ya que la explotación minera de níquel y cobalto genera dólares para la dictadura.

El principal objetivo de las sanciones es el Grupo de Administración Empresarial S.A., o Gaesa. No es un nombre tan conocido como Fidel Castro o Che Guevara, y es improbable que incluso quienes hayan visitado la isla lo conozcan. Sin embargo, es la principal razón por la que el paraíso socialista se encuentra al borde del colapso, mientras sus dirigentes viven en el lujo.

El Departamento de Estado estima que Gaesa controla el 40% de la economía cubana. Pero Emilio Morales, cofundador del centro de estudios Cuba Siglo 21, con sede en Miami, sitúa esa cifra más cerca del 70%. Morales, a quien entrevisté por teléfono la semana pasada, lleva 20 años investigando la empresa. Señala que Gaesa es propietaria de las 668 gasolineras de la isla; de aproximadamente dos tercios de los hoteles, incluyendo la mayoría de los de cuatro y cinco estrellas; de todo el mercado minorista; del mercado mayorista; y de la mayor parte del sector inmobiliario. Cuando Venezuela exportaba petróleo a Cuba, Gaesa vendía cerca de la mitad de los cargamentos en el mercado negro.

Como accionista mayoritario de la empresa de telecomunicaciones cubana, que ostenta el monopolio, Gaesa controla todos los ingresos generados por los servicios de internet y telefonía. También es propietaria de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, de 180 millas cuadradas, compuesta por parques industriales, almacenes logísticos y fábricas de productos farmacéuticos y alimenticios.

Gaesa es propietaria del Banco Financiero Internacional de Cuba, que controla el 95% de las transacciones comerciales en divisas fuertes en la isla. Esto significa que los dólares provenientes del turismo y las remesas que ingresan a Cuba por canales oficiales van a parar al banco de Gaesa.

Gaesa también controla los miles de millones de dólares que Cuba recauda con el tráfico de personal médico. Cuba denomina a este lucrativo negocio sus "misiones médicas". Según este esquema, un gobierno extranjero contrata con La Habana para recibir a profesionales de la salud cubanos en su territorio a cambio de un pago en divisas a la dictadura. Se supone que el régimen debe pagar a los médicos y enfermeros. Sin embargo, estos reciben solo una fracción de lo que les corresponde, apenas suficiente para subsistir. Gaesa se queda con el resto.

Los libros contables de Gaesa no están sujetos a auditoría, ni siquiera por parte de las fuerzas armadas. Pero, según estadísticas del Ministerio de Salud Pública, el Sr. Morales estima que entre 2008 y 2022 Gaesa se embolsó al menos 69.800 millones de dólares pagados a Cuba por el personal médico en el extranjero.

El destino de ese dinero, como el de todas las demás transacciones financieras de Gaesa, es secreto de Estado. Pero no se destinó a la construcción de hospitales y clínicas cubanas ni a la mejora de los servicios de salud en la isla. El Sr. Morales afirma que, según el régimen, durante esos 15 años se invirtieron solo 1.800 millones de dólares en sanidad y 13 veces esa cantidad en la construcción de hoteles de lujo, mientras se pagaba a los trabajadores con pesos sin valor.

Si los cubanos aspiran a escapar de la pobreza extrema y la opresión, Gaesa debe desaparecer. Las sanciones estadounidenses contra la compañía son un buen paso en esa dirección.

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El enlace con Sinaloa

Columna de opinión escrita por Carlos Loret de Mola para el diario El Universal

Jueves 21 de mayo de 2026

Carlos Loret de Mola

3:33

Juan Pablo de Botton Falcón era el enlace para que fluyera el dinero de Sinaloa para las campañas de Sheinbaum y Brugada en el 2024

Si Enrique Díaz Vega pronuncia en Nueva York ese nombre, sería algo así como una bomba atómica para el gobierno de México.

Se entregaron dos altos funcionarios del gabinete de Sinaloa ante las autoridades de Estados Unidos. Pero uno de ellos es el que desata más pánico entre los morenistas: Enrique Díaz Vega, el que fue secretario de Administración y Finanzas en el gobierno de Rubén Rocha Moya. Díaz Vega era el que repartía el dinero. Lo mismo a través de contratos que en efectivo. Lo que sabe es oro molido para el gobierno de Trump y a la vez es uranio enriquecido contra el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Y en particular por un nombre: Juan Pablo de Botton Falcón. Este hombre era el enlace para que fluyera el dinero que entregaba a nombre de Sinaloa Enrique Díaz Vega para las campañas de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada en el 2024. Hay varios personajes bien posicionados en el gobierno federal y en el gobierno de Sinaloa que conocen el vínculo que establecieron Díaz Vega y De Botton Falcón, y que son las fuentes en las que se basa esta información. Lo que hacía De Botton lo sabían en la cúpula. Por eso están aterrados con que Enrique Díaz Vega se haya entregado a Estados Unidos.

¿Por qué Juan Pablo de Botton? Porque es de todas las confianzas de Andy López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador. No es 100% de Andy... es 200% de Andy. Andy lo fue colocando en puestos clave desde que su papá llegó al poder. Fue el número dos del SAT, y por eso muchos empresarios perseguidos se sentaban con Andy para tratar de arreglar sus asuntos. Fue subsecretario de Egresos de Hacienda, el encargado de gastar 8 billones de pesos anuales. Ahora está manejando el presupuesto más importante de todas las entidades federativas del país: es el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, bajo el mando de Clara Brugada, y desde ahí se sabe que maneja buena parte de las relaciones financieras no sólo de la capital del país sino de la 4T (nóminas, bancos, etcétera).

Si ese nombre aparece en las cortes de Nueva York sería una bomba nuclear contra el gobierno de México. No sólo por el rol que jugó en el financiamiento de las campañas sino por los cargos de alto perfil financiero que ocupó en la administración pública federal.

Pero dicen en la mañanera que no tienen miedo, que no tienen preocupación. Ajá.