Plan B: misma película, distinto final

Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior

Jueves 5 de marzo de 2026

Pascal Beltrán del Río

5:53

Cuando la historia se repite en la política mexicana, suele hacerlo con una coreografía meticulosamente ensayada. Este miércoles 4, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum invocó un fantasma del sexenio anterior: el “plan B”.

Ante las inconformidades sobre su iniciativa de reforma electoral —manifestadas por sus aliados estratégicos, el Partido Verde y el Partido del Trabajo—, la mandataria no titubeó al afirmar que tiene una estrategia alterna bajo la manga. Al ser cuestionada sobre los detalles, su respuesta fue tan críptica como inquietante: “Ya sería después, no nos adelantemos”.

Sin embargo, para quien ha seguido de cerca el asedio a las instituciones autónomas en los últimos años, el “adelantarse” no es un ejercicio de adivinación, sino de memoria. El anuncio de un plan secundario ante la falta de consenso para una reforma constitucional es una película que ya vimos, pero cuyo final podría ser muy distinto al que conocimos el sexenio pasado.

Debemos recordar que la estrategia de brincarse la Constitución mediante la modificación de leyes secundarias fue el sello distintivo de la administración de Andrés Manuel López Obrador cuando la aritmética legislativa no le permitía alcanzar la mayoría calificada. El primer gran ensayo fue la Reforma Eléctrica. Tras fracasar el intento de modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad sobre los particulares, el Ejecutivo impulsó cambios a la Ley de la Industria Eléctrica. Aunque inicialmente sobrevivió por la falta de un voto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, finalmente fue desmantelada en 2024 por violar la libre competencia.

El segundo episodio fue precisamente el “plan B” de finales de 2022. Luego de que la oposición bloqueara la desaparición del INE y la reducción de legisladores a nivel constitucional, el oficialismo aprobó a toda prisa un paquete de reformas legales para asfixiar operativamente al instituto. Fue entonces cuando la Suprema Corte actuó como un verdadero dique de contención, invalidando la totalidad de la reforma en 2023 debido a “violaciones graves al procedimiento legislativo”.

El tercer antecedente fue el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. Nuevamente, ante la imposibilidad de cambiar la Constitución para militarizar formalmente la seguridad pública, el gobierno optó por la vía de la ley secundaria. La Corte, en un acto de congruencia constitucional, invalidó el traspaso recordando que la Constitución mandataba un mando civil.

Recordemos que ese tercer strike fue lo que hizo que López Obrador se propusiera cambiar de tajo al Poder Judicial, mediante lo que se llamó el “plan C”.

Hoy, la advertencia de la presidenta Sheinbaum nos coloca frente al mismo precipicio, pero con una diferencia estructural que debería encender las alarmas: el terreno de juego ha cambiado. En el sexenio pasado, el “plan B” encontró un muro en una Suprema Corte que mantenía su independencia y su papel como guardiana del texto constitucional. No obstante, tras las recientes reformas al marco judicial, el país se ha quedado virtualmente sin contrapesos.

Si el Partido Verde y el PT estiran la liga de la negociación y el bloque oficialista no logra la unidad para la reforma constitucional, el Ejecutivo podría recurrir a la mayoría simple –con la que ya cuenta Morena– para imponer lo que quiere desde las leyes secundarias.

La diferencia es que, en esta ocasión, no habrá un órgano que declare la invalidez de las reformas o de los métodos para sacarlas adelante, pues tanto la Suprema Corte como el Tribunal Electoral han sido capturados por el oficialismo, y las posibilidades de hacer una impugnación se han reducido casi a cero.  

El “plan B” de Sheinbaum no es sólo un recurso político; es la confirmación de que la Constitución ha dejado de ser un límite infranqueable para convertirse en una sugerencia que el oficialismo puede ignorar gracias al desmantelamiento de los controles. Perdón por el spoiler: la película es la misma, pero el héroe que aparecía al final, para salvar el día, ha sido retirado bruscamente de la escena.

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La propuesta, calca de forma y

fondo

Columna de opinión escrita por Carlos Marín para el diario Milenio

Jueves 5 de marzo de 2026

Carlos Marín

4:30

Previendo que su iniciativa de reforma constitucional en materia de elecciones no sería aprobada por dos tercios del Congreso, Andrés Manuel López Obrador dijo el 15 de noviembre de 2022:

“Como es tan importante que haya democracia, pues es probable que yo envíe un plan B para una reforma a la ley, (con el fin de) que sea posible que no haya plurinominales. Que en vez de 500 sean 300, ver si existe la posibilidad de hacer una reforma. Lo ideal sería la reforma constitucional, pero son intereses de los oligarcas que no quieren la democracia”.

Expuso también que en la discusión de su iniciativa cada quien debería asumir su responsabilidad e insistió en la mentira de que el objetivo era evitar “los fraudes electorales”.

Antes y después de tal declaración le gustaba repetir la patraña de que las elecciones en México eran “las más caras del mundo”.

Más de tres años después, al hablar ayer de la propuesta que por fin se entregó ya en San Lázaro, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó:

“Yo la voy a presentar. Si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente, y ya que Morena ––porque ya no me toca a mí–– decida cómo va de aliado con el Verde y con el PT en la elección del 27, que pueden seguir siendo aliados los tres partidos. Pero en lo que yo me comprometí, que es uno de mis 100 puntos de compromisos con el pueblo de México, dije: ‘Reforma electoral, donde no haya pluris, no haya nepotismo, no haya reelección y que disminuyan los costos. Yo estoy cumpliendo, y ya depende de los diputados o del Senado si se aprueba. Esta idea de que ‘ay, la Presidenta, va a ser su primera derrota’, no. Nada que ver con eso, para mí es una victoria, porque estoy presentando una propuesta que me pidió la gente (…). Quien la quiera aprobar, pues será visto por la gente, y quien no, no y ya. Así de sencillo”.

Le preguntaron:

—En caso de que no se logre la mayoría calificada para su aprobación, ¿tiene pensado algún plan B...?

—Sí ––respondió––, pero ya sería después…

Que la postura de Sheinbaum coincida sustantivamente con la forma y fondo de lo que se le ocurrió a López Obrador no es coincidencia, sino compromiso entre los dos.

Lo deplorable es que en 2022, cuando AMLO promovió su iniciativa de reforma, “la gente” consultada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (el irreprochable Inegi) reportaba que el Instituto Nacional Electoral era el organismo civil del Estado mexicano mejor aprobado por la sociedad, solo después del reconocimiento a las fuerzas armadas.

Plurinominales, partidos y prerrogativas aparte, la reciclada iniciativa obradorista incluye mezquinos “ahorros” presupuestales y el despedazamiento del INE… lo cual “la gente” nunca pidió.

No deja de ser revelador: el organismo civil más confiable para los ciudadanos, convertido en blanco del poder y no por sus fallas, sino por su autonomía.

Así que lo que se vende como “austeridad” es otra cosa: el arraigado y sectario impulso nacionalpopulista de domesticar al árbitro…