Protección Civil y Modernización Administrativa

Columna de opinión escrita por Leonardo Curzio para el diario El Universal

Lunes 20 de octubre de 2025

Leonardo Curzio

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Con mi solidaridad para las víctimas de las inundaciones y las del Puente de la Concordia, a quienes el Estado no pudo preservar su vida.

Cuesta creer que un gobierno encabezado por una presidenta con doctorado y tantos secretarios con reconocimiento académico internacional, no cuestionen (y corrijan) el grave deterioro que ha tenido la administración pública para la atención de temas estrictamente técnicos. El más evidente es la protección civil. Los desastres naturales no son neoliberales, ni populistas, ni de izquierda, ni de derecha. No podemos evitar terremotos, erupciones o huracanes, pero sí tener un aparato de protección y respuesta rápida para reducir el impacto en la población. En nuestras ciudades circulan vehículos con sustancias peligrosas que han cobrado la vida de mucha gente. En toda ciudad moderna el gas se transporta por ductos para reducir los riesgos. Todo esto supone que hay un Estado que regula y protege a sus gobernados.

En los últimos años el incipiente tejido institucional se ha deteriorado por tres venenos que López Obrador dejó correr en las venas de este país. El primero es la desprofesionalización. La administración pública no es solamente un asunto de buena voluntad y/o de enjundia política. La presidenta ha demostrado iniciativa y reflejos para atender la crisis, pero además de las loas y los múltiples comentarios de contraste con su predecesor, la protección civil es un asunto de profesionales. Cuerpos del Estado que a lo largo de los años han acumulado destrezas para responder a las emergencias. Imagino, por ejemplo, por hablar en positivo, que los ingenieros de la CFE (que no son comisarios políticos de Morena), después de un desastre es frecuente que en pocas horas pongan a funcionar la infraestructura y no andan viendo si se restablece primero el servicio a los que votan por la 4T y se castiga a los renegados. Lo mismo puede decirse del despliegue de las fuerzas armadas, que años van y años vienen y siempre están allí. Son técnicos que hacen su trabajo y sirven a la comunidad. Rara vez se toman fotos autoproclamándose salvadores. Idealmente, todo el aparato de protección civil debería reclutarse con los mismos criterios y su parámetro de desempeño debería ser puramente técnico. Pero han instalado a sus amigotes y se desvirtúa su función.

El segundo veneno es la politización. El gobierno destruyó un poderoso instrumento (el Fonden) y después cooptó a su jefe, de quien decían que era un corrupto, para convertirlo en su candidato en Querétaro. Con la politización de todos los temas, Morena se ha convertido en el partido de los logreros, un camino para hacer negocios y acumular poder, mucho más que un partido que gestiona la administración y la modernización.

Y el tercero son los recortes presupuestales incapacitantes que hemos visto en diferentes cuerpos. Ahora hablamos de las lluvias, pero cuando viene la época cálida y con ella los incendios forestales, nos enteramos que las agencias encargadas de atender ese problema operan bajo mínimos presupuestales. Claro, en muchos casos, los problemas crecen por esas carencias.

No tenemos una sociedad civil fuerte para frenar esta deriva que precariza la acción del gobierno; tampoco hemos tenido una generación de gobernantes lo suficientemente ilustrada como para distinguir entre la competencia política y las funciones técnicas que un Estado debe cumplir. El gobierno, en este contexto, cuida sus intereses y no a los ciudadanos, que sólo le interesan como votantes y clientes y no como sujetos de derecho. Este es un gobierno que quiere rendirse cuentas a sí mismo y ser generoso en su autoevaluación, por eso le irritan las miradas críticas.

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La ausencia que México no se debe

permitir

Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para el diario Excélsior

Lunes 20 de octubre de 2025

Pascal Beltrán del Río

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La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de no asistir a la X Cumbre de las Américas, que se celebrará en Punta Cana, República Dominicana, los próximos 4 y 5 de diciembre, es una equivocación que subraya una preocupante continuidad en la política exterior mexicana. La mandataria ha confirmado que no acudirá al encuentro y, en su lugar, se contempla el envío de un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La justificación es su rechazo a la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y la “necesidad de estar atendiendo al país”.  

Si bien la postura de México de abogar por la inclusión de todos los países del hemisferio es un principio loable, la realidad es que el concepto de la Cumbre de las Américas, como se ha redefinido en los últimos años, se centra en la defensa de la democracia. La marginación de estos tres países, que ya ocurrió en la edición de 2022 en Los Ángeles, responde a un criterio multilateral que los señala como regímenes que han implementado políticas represivas y no democráticas, autoalejándose de la comunidad hemisférica. En este contexto, la protesta con una silla vacía no sólo carece de efectividad, sino que aísla a México de la mesa de diálogo.  

Sería una estrategia mucho más constructiva que la presidenta Sheinbaum acudiera a Punta Cana, donde se espera la asistencia de líderes clave como el anfitrión, el presidente Luis Abinader, y la posible presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. En ese foro, rodeada de sus pares, podría manifestar con mucha más fuerza y convicción su opinión sobre las exclusiones y abogar por un debate democrático, en lugar de reducir el mensaje de México a una ausencia.  

Este incidente en la Cumbre no es un hecho aislado. Se inscribe en una serie de gestos que, en su conjunto, son percibidos como una confrontación innecesaria con Washington, y que tienen un costo real a nivel de percepción internacional. En un momento crucial, en vísperas de la primera revisión conjunta del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para iniciarse el 1 de julio de 2026, adoptar una política que genera fricciones con nuestros principales socios comerciales es un error estratégico.  

Entre estos gestos, destaca el presunto incremento en el envío de petróleo mexicano a Cuba, que Sheinbaum ha justificado como “ayuda humanitaria”, pero que se realiza en un contexto de sanciones estadunidenses. Un gesto que, independientemente de sus intenciones, es visto como un desafío directo. De igual manera, su respuesta de “sin comentarios” ante la pregunta sobre el Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, si bien se escudó en el principio constitucional de soberanía y autodeterminación de los pueblos, representa una calculada distancia que minimiza el reconocimiento internacional a una defensora de la democracia.  

Todo esto significa la continuación de una política de alejamiento de los foros internacionales, una tendencia marcada durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se convirtió, por decisión propia, en el mandatario que menos viajó al extranjero desde Gustavo Díaz Ordaz. Esta política, que prioriza la agenda doméstica y usa la política exterior para consumo interno, resta protagonismo a México en la escena global.  

El problema de este aislacionismo es que contraviene la necesidad de México de proyectarse como un actor internacional activo, algo fundamental para atraer la inversión extranjera directa, especialmente en el contexto del nearshoring. En un mundo que busca reconfigurar sus cadenas de suministro, un México que se confronta con su principal socio comercial o que se ausenta de los grandes debates hemisféricos es un México que genera incertidumbre jurídica y resta atractivo a los inversionistas. La política exterior no debe ser un arma ideológica, sino una herramienta pragmática para promover el desarrollo interno. La ausencia en Punta Cana es, sencillamente, un lujo que México no se debe permitir en estos momentos.