Reforma electoral y la advertencia estratégica
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Columna de opinión escrita por Marcela Gómez Zalce para el diario El Universal
Viernes 9 de enero de 2026
Marcela Gómez Zalce
La incredulidad implica la evaluación negativa de la probabilidad del cumplimiento de una advertencia o promesa. Las acciones militares del gobierno de los Estados Unidos detrás de la operación quirúrgica para detener al dictador Nicolás Maduro, fueron parte de la construcción por meses de una narrativa que enarbolaba una amenaza creíble contra el régimen venezolano.
El presidente Trump marcó territorio mental al desplegar una serie de acciones discursivas y simbólicas —amenazas públicas, reconocimiento de actores alternativos, sanciones y retórica de fuerza— orientadas menos a una intervención inmediata que a delimitar el marco cognitivo del conflicto. Estas acciones buscaron establecer qué opciones eran concebibles, quién detentaba legitimidad y cuáles eran los límites de tolerancia de los Estados Unidos.
Dominando por meses el relato de legitimidad e introduciendo la incertidumbre estratégica que mostró la capacidad de castigo económico y diplomático, se fue desplegando una estrategia de presión psicológica y simbólica en tiempo real; el despliegue militar en el Caribe fue parte de la hoja de ruta para crear el “marco mental” de amenaza y control.
Los resultados los conoció el mundo con la noticia de la captura de Nicolás Maduro. Y junto con el timing de la publicación del NSS2025 se creó un sistema narrativo donde Venezuela —y actores como China, Cuba e Irán— son parte de amenazas mayores como narcotráfico, crimen transnacional, terrorismo y migración. Al enmarcarlo así, Trump exhibió a estos países, sus aliados y socios, lo que se considera de interés vital y geopolítico.
El gobierno de Sheinbaum debe leer las señales de ese relato construido por meses con mucha cautela estratégica y política, tanto por lo que implican para la soberanía como para la relación bilateral. Menos politiquería barata desafiante y más cabeza fría en una antesala de negociaciones comerciales y de seguridad nacional.
En Washington ya existe una narrativa de amenaza militar contra los cárteles designados como organizaciones terroristas, y los recientes discursos de altos funcionarios estadounidenses coreando el lema de que “hay que hacer algo con México” no deben ser subestimados.
El contexto mexicano de un régimen que abraza la impunidad, la corrupción y la tolerancia de permitir cogobernar regiones enteras junto a grupos delictivos, no son señales que mitiguen la preocupación estadounidense, sino alimentan el escalamiento de la crisis bilateral atizada por el fuego del petróleo y Cuba.
Si se le suma el tufo tóxico alrededor de la aprobación de una reforma electoral con claros visos de minar aún más la débil democracia mexicana, Sheinbaum no está calibrando correctamente las señales del entorno. No está evaluando el contexto geopolítico de la región.
La propuesta impulsada por Morena introduce un nuevo foco de alerta en la coyuntura bilateral. Desde la perspectiva de la Casa Blanca, cualquier modificación que se percibe como debilitamiento de los contrapesos democráticos o de la autonomía de las autoridades electorales, tiende a ser interpretada no sólo como un asunto interno, sino como un factor con implicaciones para la estabilidad política regional y la confiabilidad de México como socio estratégico.
En ese sentido, la reforma y sus derivaciones no serán evaluadas aisladamente, sino como parte de un conjunto de señales políticas que inciden en la percepción externa del rumbo institucional del país.
¿Qué parte no se está entendiendo?
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Los olvidados, los de siempre
Columna de opinión escrita por Carlos Puig para el diario Milenio
Viernes 9 de enero de 2026
Carlos Puig
El chavismo/madurismo venezolano expulsó de su país a entre 8 y 9 millones de venezolanos. Algo así como la cuarta parte de los habitantes de aquel país. Uno de los fenómenos de desplazamiento más importante del mundo, si no el que más en los últimos años.
La mayoría de ellos huyó a países cercanos en América Latina: casi tres millones a Colombia, poco más de millón y medio a Perú, 740 mil a Brasil, casi 700 mil a Chile y alrededor de 450 mil a Ecuador.
Otro medio millón se reparte en el Caribe y otra decena de países latinoamericanos que encabezan como receptores de esa migración: Argentina, México y la República Dominicana.
Otro destino favorito fue España. La cifra de residentes con nacionalidad venezolana superó los 400 mil a inicios de 2025; pero si se incluye a quienes ya poseen la nacionalidad española (por origen o residencia) y a los solicitantes de asilo, el número total de personas nacidas en Venezuela viviendo en España se aproxima a los 800 mil en 2026.
En Estados Unidos había hasta hace poco unos 610 mil venezolanos amparados por el estatus de protección temporal (TPS) que otorga autorización de trabajo y protección contra la deportación y más de 117 mil personas habían ingresado por el permiso humanitario antes de que, en los hechos, se suspendiera a finales de 2024.
Menciono el caso de TPS en pasado, porque una de las primeras decisiones del gobierno trumpista, ratificado en octubre del año pasado por la Suprema Corte, fue la terminación de esa protección para los venezolanos con lo que, según el mandato aprobado, el 2 de octubre de este año perderán su permiso de trabajo y estancia en el país. Es decir, serán deportables pronto.
En las horas recientes después del secuestro/invasión de Nicolás Maduro; resulta que la presidenta encargada ya habla con Estados Unidos para comercializar petróleo, se liberan a presos políticos, Trump dice que Marco Rubio está en constante comunicación con la presidenta encargada, Petro y Trump son grandes amigos ahora; hoy hay reunión de petroleros para ver cómo le hacen, Estados Unidos promete parte de ese dinero para los venezolanos… En fin, una especie de rara —soy generoso— normalidad después de lo visto.
¿De qué no se habla? O yo no lo he visto por ninguna parte.
De esos muchos millones de venezolanos que fueron forzados a emigrar, lejos de su territorio, sus familias, sus orígenes, buscándose la vida como pueden.
Los olvidados, pues. Como siempre.
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Concentrar el poder: retroceso de
80 años
Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior
Viernes 9 de enero de 2026
Pascal Beltrán del Río
La iniciativa de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum deberá presentar en las próximas semanas al Congreso despierta inquietudes legítimas sobre el rumbo democrático de México.
No se trata de una desconfianza abstracta, sino de la lectura del pasado reciente, en la que el oficialismo ha ido desmontando los controles que se acumularon a lo largo de décadas y que permitieron a Morena acceder al poder en 2018.
El mayor riesgo es que esta nueva reforma electoral —de cuyo diseño se ha apartado a la oposición y a la sociedad civil organizada— termine pareciéndose a la de 1946, que cimentó el control gubernamental sobre las elecciones.
La reforma fue aprobada por el Congreso de la Unión el 30 de diciembre de ese año y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1947, en el arranque del gobierno de Miguel Alemán Valdés. No fue una reforma menor ni técnica: redefinió de raíz el sistema electoral. Su pieza central fue la creación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, presidida por el secretario de Gobernación. En los hechos, el Ejecutivo federal pasó a organizar, vigilar y calificar las elecciones.
La consecuencia fue inmediata y duradera. Al centralizar los comicios en manos del gobierno, la reforma de 1946 legalizó el control gubernamental sobre las elecciones, eliminó la autonomía del árbitro electoral y convirtió el voto en un ritual sin alternancia real. Las elecciones se celebraron con regularidad, pero la competencia quedó severamente limitada. Así se consolidó el sistema de partido hegemónico del PRI, que ofreció estabilidad política y económica a cambio de restringir el pluralismo.
Con el paso de los años, el propio régimen tuvo que reconocer los costos de esa decisión. La ausencia de competencia y la certeza del resultado produjeron un enorme abstencionismo y una creciente desconexión entre ciudadanía y sistema político. En respuesta, el gobierno impulsó en 1964 una reforma de carácter aperturista, aún tímida, que buscó introducir algunos mecanismos de representación para las minorías. No desmontó el control del Ejecutivo, pero admitió implícitamente que el modelo de 1946 había agotado su legitimidad.
En las antípodas de esa lógica se encuentra la reforma política de 1977. Ésa sí significó una apertura real: amplió el registro de partidos, introdujo la representación proporcional y abrió las puertas a la competencia política. Fue el inicio de un largo proceso de desmontaje del sistema cerrado, que continuó con la creación del IFE en 1990, su ciudadanización en 1996 y, finalmente, la alternancia presidencial en 2000. Todos esos cambios tuvieron un hilo conductor: quitarle al gobierno el control de las elecciones.
Por eso hay pocos motivos para el optimismo en 2026. El contexto político sugiere que podríamos estar caminando en sentido inverso, hacia el establecimiento de un modelo electoral nuevamente cerrado, que termine por abolir o vaciar de contenido los controles construidos desde 1977, especialmente los que se implantaron en 1996.
No ayuda que esta vez se haya formado una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral integrada exclusivamente por personajes del oficialismo, que realizó una pantomima de consulta sin pluralidad ni debate sustantivo con la sociedad.
Tampoco es irrelevante el clima ideológico. En amplios sectores del oficialismo hay una simpatía abierta por regímenes autoritarios, no por la democracia liberal. Eso ayuda a explicar por qué el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no criticó en lo más mínimo el fraude electoral en Venezuela en 2024, que permitió a Nicolás Maduro permanecer en el poder. Cuando se normaliza el fraude ajeno, se vuelve más fácil relativizar las reglas propias.
La historia de 1946 ofrece una lección clara. Aquella reforma no fue un accidente ni un error técnico: fue una decisión política consciente para concentrar el poder. Sus consecuencias se arrastraron durante décadas y sólo pudieron corregirse con reformas de apertura posteriores. Repetir hoy esa lógica sería un retroceso histórico, de ochenta años. La democracia mexicana no se fortalecerá cerrando el sistema, sino preservando —y mejorando— los contrapesos que costó medio siglo construir.
