Sheinbaum supera otro verano peligroso
Columna de opinión escrita por Salvador Camarena para El Financiero
Viernes 18 de septiembre de 2026
Salvador Camarena
En cuestión de días llegará el otoño y con él el inicio del tercer año de la gestión de Claudia Sheinbaum. Si las cosas siguen como van, la presidenta podrá decir que habrá capoteado un nuevo verano peligroso.
Si en 2025 los viajes al extranjero de Andy López Beltrán y otros connotados morenistas pusieron en entredicho el sobrio estilo que la presidenta Sheinbaum trata de desplegar, si el año pasado el discurso anticorrupción quedó hecho pedazos con el caso del grupo criminal La Barredora en Tabasco, que salpicó a Adán Augusto López, y el del huachicol que involucra al exsecretario de la Marina y a dos de sus sobrinos, el verano de 2026 ha tenido lo suyito.
Este año, el verano estuvo precedido por la crisis de Rubén Rocha y otros nueve funcionarios de Sinaloa, solicitados a finales de abril por Estados Unidos por colusión con el narcotráfico. Ese escándalo forzó la solicitud de licencia del gobernador, del alcalde de Culiacán y una suerte de encierro de meses del senador Enrique Inzunza. Pero no fue el único de los dolores de cabeza de Claudia, que de nuevo tuvo en Andy motivos para la mortificación.
Sheinbaum tuvo que salir este verano al paso de dos controversias que pusieron contra la pared su autoridad. López Beltrán denunció en una carta, el 13 de agosto, que le habían quitado la visa. El tono de la misiva dirigida a Donald Trump, destemplado en la forma, desproporcionado en su demanda de que corriera a dos altos funcionarios, le costó sobre todo a la presidenta.
Si Andy se fue por la libre en su irrisorio desplante frente a Trump, si fue avisada la presidenta, que tiene de por sí una agenda complicada con esta Casa Blanca, se terminaron convirtiendo en indicios sobre si Sheinbaum es tratada por los suyos con la debida deferencia.
Donde no hubo duda, al menos en la versión oficial, fue en el caso de Rocha, que, sin aviso de por medio a Claudia, una semana después de la carta de Andy, decidió que era el momento de romper su licencia y retomar el gobierno de Sinaloa, o al menos el puesto formal del mismo, pues la operación de los rochistas quedó prácticamente intacta a pesar de una licencia al cargo que duró más de cien días.
Pasaron 34 horas antes de que Rocha diera marcha atrás a una decisión que generó en Morena y en la presidenta un bochorno por el desafío de alguien desacreditado al punto de que ya se volvió un deporte cuestionar a los morenistas por su apoyo al exgobernador.
Para acabar de complicar el cuadro, un par de semanas después Andy se pasó una tarde en la Condesa, imagen que galvanizó la idea de que ese tipo de morenistas están lejos de ver que sus desplantes comprometen una promesa electoral de moderación de la presidenta.
Podemos agregar los audios de Marina del Pilar Ávila, las decenas de vuelos en jet de Mara Lezama, el desgobierno de Rocío Nahle en Veracruz o la lista no lista contra periodistas de Luisa María Alcalde… y, desde luego, el reclamo no atendido por la Fiscalía de que se investigue la corrupción del sexenio anterior, en la que pudieran estar involucrados hijos de Andrés Manuel López Obrador.
Con una hiperconcentración de poder en el Ejecutivo, el sistema gira en torno a la autoridad presidencial. Con un gabinete que es liliputiense y con un partido oficial que es apéndice sin institucionalizarse, todos los escándalos del verano le estallaron a Sheinbaum, que seguro desea ya la llegada del otoño.
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La justicia no debe depender de la
nacionalidad
Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para Excélsior
Viernes 18 de septiembre de 2026
Pascal Beltrán del Río
Resulta reconfortante constatar que, cuando se lo propone, la Fiscalía General del Estado de Morelos es capaz de actuar con notable celeridad. El reciente avance en la investigación del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española brutalmente asesinada en Cuautla, demuestra que la efectividad institucional no es una quimera inalcanzable.
En cuestión de cuatro días, las autoridades lograron identificar a un presunto implicado, obtener la respectiva orden de aprehensión y desplegar una ficha de búsqueda para dar con su paradero. Qué bueno que sea así; que la procuración de justicia dé muestras de trabajo intenso ante una tragedia que ha sacudido a la sociedad.
Por la tarde de ayer se capturó al presunto homicida Francisco Javier “N”, El Trompas, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el hecho a través de su cuenta en X, a la par que lamentó el feminicidio de Claudia, y se solidarizó con su familia “ante esta dolorosa e irreparable pérdida”.
Sin embargo, ese atisbo de eficiencia deja un amargo sabor de boca. Resulta imposible ahuyentar un pensamiento molesto: no quisiera imaginar que esa diligencia casi inédita encuentra su explicación en el origen de la víctima. Sería desolador asumir que el aparato de justicia sólo se activa con vigor cuando el crimen provoca la atención de embajadas o titulares en la prensa internacional, mientras que la apatía y el olvido son la respuesta sistemática cuando las víctimas son jóvenes mexicanas sin reflectores globales.
Para comprender la magnitud de este sesgo, basta repasar la dolorosa lista de tragedias recientes dentro de la misma comunidad universitaria. Antes de Claudia, cuatro jóvenes vinculadas a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fueron asesinadas en circunstancias que exigen respuestas claras. Está el caso de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, de 18 años, hallada sin vida tras días de búsqueda en Chamilpa; el de Karol Toledo Gómez, también de 18 años, localizada muerta en una carretera tras desaparecer en Mazatepec; el de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, una adolescente de tan sólo 15 años cuyo cuerpo fue encontrado en Tepoztlán, y el de Aylin Rodríguez Fernández, estudiante de psicología ultimada en Jiutepec. Salvo contadas excepciones, donde hay algún procesado, el patrón predominante en la entidad ha sido el estancamiento, la dilación procesal y el silencio oficial frente a la desesperación de sus familias.
Esta disparidad de atención no es un asunto menor en una entidad azotada por la violencia de género. Morelos ocupa el vergonzoso segundo lugar nacional en tasa de feminicidios por cada 100 mil habitantes, un dato estadístico trágico que retrata la vulnerabilidad cotidiana en la que viven miles de mujeres. En este contexto de emergencia, cada vida arrebatada importa exactamente lo mismo. Todos y cada uno de estos crímenes tendrían que investigarse con la misma celeridad, la misma rigurosidad técnica y los mismos recursos, al margen de la nacionalidad de la víctima y de la magnitud del escándalo mediático que rodee su caso.
Es indispensable abatir de una vez por todas la lacerante impunidad que envuelve a los asesinatos en general, y a los feminicidios en particular, tanto en el territorio morelense como en el resto del país. La justicia selectiva no es justicia; es apenas una maniobra de contención de daños frente a la opinión pública.
Mientras la respuesta del Estado dependa de la presión exterior o de la relevancia del nombre en las noticias, el mensaje para los agresores seguirá siendo de permisividad. Sin una justicia ciega a los privilegios, pero atenta al dolor humano, no sólo resulta imposible la indispensable reparación del daño a las familias de las víctimas, sino que se alienta directamente la repetición de estos horrores en nuestras calles.
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Soberanía, a veces
Columna de opinión escrita por Sergio Sarmiento para Reforma
Viernes 18 de septiembre de 2026
Sergio Sarmiento
"La libertad se conquista, la soberanía se defiende, y la patria justa y digna se construye todos los días".
Claudia Sheinbaum, 16.09.2026
Nada más en las mañaneras, sin contar otros discursos, la presidenta Claudia Sheinbaum había pronunciado hasta el 16 de septiembre 787 veces la palabra "soberanía". En dos años es más que López Obrador en todo su sexenio, quien utilizó el término 678 veces en sus conferencias de prensa. Esto lo señaló María Amparo Casar en el programa de televisión "Tolerancia Cero" de este miércoles.
"Soberanía" es el término con el cual la Presidenta quiere signar su mandato. No en balde sus candidatos a gobiernos de los estados se llaman "coordinadores de la defensa de la transformación y la soberanía nacional". Nada más en su discurso del 16 de septiembre Sheinbaum usó la palabra siete veces, antes de terminar con la arenga "¡Viva la soberanía!". No hay duda de que es una de sus palabras favoritas.
Este recurso a la soberanía se registra en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado al Congreso el documento "Determinación Presidencial sobre los Principales Países Productores de Drogas Ilícitas para 2027". Es un informe que por ley la Casa Blanca debe someter todos los años al Congreso de la Unión Americana. Lo hizo Trump este pasado 15 de septiembre, aunque solo divulgó el texto el 16. El informe reconoce los esfuerzos que México ha hecho en el combate contra las drogas, en especial contra el fentanilo, pero pide a nuestro país "hacer mucho más para detener el flujo de drogas letales a nuestro país". En particular, exige a las autoridades mexicanas "exponer, arrestar y perseguir a los muchos funcionarios corruptos que han ayudado e instigado a los cárteles y han traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país". Es una petición que cuestiona la resistencia del gobierno mexicano a detener y extraditar a Estados Unidos a los "10 de Sinaloa", los funcionarios y políticos sinaloenses que han sido imputados en un tribunal de Nueva York por colaborar con el narco.
La Presidenta Sheinbaum hizo enormes esfuerzos en sus primeros tiempos de gobierno para quedar bien con el gobierno de Trump. El gesto más importante fue la entrega a Estados Unidos, en violación de las leyes mexicanas y los tratados de extradición, de 92 reos mexicanos que se encontraban en cárceles nacionales. No le importó a la mandataria que se violara nuestra soberanía al renunciar al derecho de aplicar nuestra justicia a mexicanos detenidos en México por violaciones a las leyes mexicanas. La Presidenta realizó tres entregas de estos reos entre el 27 de febrero de 2025 y el 20 de enero de 2026.
Esta actitud de colaboración de la Presidenta con Washington, sin embargo, cayó por tierra el 28 de abril de 2026, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió la petición de Washington de detener con propósitos de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y a otros ocho funcionarios y políticos oficialistas de Sinaloa. Entregar reos era una cosa, pero detener y extraditar a Rocha Moya, un político muy cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, resultaba inaceptable.
La gran pregunta ahora es si el gobierno de Trump simplemente aceptará la negativa del gobierno de México a extraditar a los políticos sinaloenses. La idea de que solo había que aguantar para que Washington se olvidara de su petición ha resultado muy ingenua. Trump es un Presidente obsesivo, pero además las imputaciones legales contra los 10 de Sinaloa ya están hechas y el Departamento de Justicia no puede simplemente olvidarlas.
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