¿Sigue México?

Columna de opinión escrita por Ana Paula Ordorica para el diario El Universal

Miércoles 7 de enero de 2026

Ana Paula Ordorica

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Lo que hizo el gobierno de Donald Trump con Nicolás Maduro es exactamente lo que quisiera hacer Vladimir Putin con Volodomir Zelenski. Vengo de estar en Ucrania hace un mes y solo de pensar que el presidente ruso pudiera hacer algo similar, ahora con el aval de que los estadounidenses han hecho lo mismo en Venezuela, me parece un antecedente sumamente negativo.

Pero también, no dejo de pensar en que Nicolás Maduro y su entorno han destruido a un país que antes era próspero. Lo que le han hecho a Venezuela los chavistas en este cuarto de siglo ha sido tremendo. Han devastado la economía, destruido las libertades, se han adueñado de las riquezas petroleras y han acabado con la democracia.

Millones han tenido que abandonar el país. La ONU estima que han salido casi ocho millones de venezolanos, una crisis de desplazamiento de personas que han tenido que dejar sus hogares, a sus padres, su comida, su idioma. Algunos han podido irse a vivir a Miami cómodamente, pero muchos otros han salido con una mano por delante y otra por detrás, y nada más. Ha sido tremendo.

Han intentado de todo para sacar al chavismo del poder. Han salido pacíficamente a las calles. Han apoyado a distintos candidatos opositores. Algunos, como Leopoldo López, han sido encarcelados. Muchos periodistas y manifestantes han terminado presos o asesinados. Los medios han sido censurados. En María Corina habían encontrado unidad y alguien que no los abandonó a pesar de que se le prohibiera contender en las elecciones. Salieron a votar. Y ganaron. Pero ni así lograron que los chavistas salieran del poder. Apelaron a las instancias internacionales y…nada.

Nada funcionaba para sacar a los chavistas de Venezuela. Venezuela hoy no es una nación plenamente soberana. Se ha convertido en un estado cliente de Rusia, Irán y Cuba. Para muestra, el equipo de seguridad que “cuidaba” a Maduro el 3 de enero estaba compuesto por ciudadanos cubanos, no venezolanos.

Así que entiendo la alegría de ver a Maduro en chanclas negras y calcetines, cojeando y diciendo “Happy New Year” a los integrantes de la DEA que lo recibieron en Nueva York a manera de esconder su propia incertidumbre sobre qué sigue para él y si pasará el resto de su vida tras las rejas en Estados Unidos.

Dicho lo anterior, pienso en México. En la cantidad de ocasiones que Trump, Marco Rubio y otros republicanos han dicho que nuestro país es gobernado por el crimen organizado y que evalúan una posible intervención. Apenas unas horas habían pasado del operativo que extrajo a Maduro de Caracas y Trump ya estaba hablando de Sheinbaum en Fox & Friends: “Es una extraordinaria mujer, pero…ella no gobierna; gobiernan los cárteles”.

Si el escenario ya era complicado de cara a la revisión del TMEC, ahora se puso color de hormiga.

No digo que Claudia Sheinbaum deba abandonar el discurso de soberanía. Al contrario. Trump detesta a los débiles y suele premiar sólo a quienes se plantan. De hecho, Sheinbaum ya condenó la intervención en Venezuela y advirtió, con razón, que la historia latinoamericana demuestra que la intervención extranjera no trae democracia ni estabilidad duradera.

Pero la soberanía no se declama, se ejerce. Y eso exige una señal inequívoca de cero tolerancia a la colusión política con el crimen organizado. No basta con decomisos y laboratorios cerrados. Lo que se necesita es limpiar gobiernos locales capturados, cortar flujos financieros y desmantelar redes de protección política. Hacerlo por convicción democrática y por seguridad nacional, no porque lo exija Washington.

El peor escenario no es que Trump ordene un operativo en México. El peor escenario es que haya mexicanos que, por desesperación, empiecen a desearlo y a aplaudirlo.

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México-EU: ideología o interés

nacional

Columna de opinión escrita por ​Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior

Miércoles 7 de enero de 2026

Pascal Beltrán del Río

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México entra en 2026 en un momento particularmente delicado de su relación bilateral con Estados Unidos, y no sólo por las tensiones coyunturales, sino por el peso de la historia y la magnitud de los intereses en juego.

No es un año cualquiera: se cumplen 180 años del inicio de las hostilidades de la guerra de 1846-1848, un conflicto que marcó de manera indeleble la relación de los dos países. Uno de sus antecedentes más claros fue la orden que el entonces presidente James Polk dio al general Zachary Taylor, el 13 de enero de 1846, para ocupar la franja de territorio disputada entre los ríos Nueces y Bravo.

Aquel movimiento militar fue leído por México como una provocación y desembocó en un conflicto desastroso para el país. Recordarlo no es una divagación, sino una advertencia sobre cómo los gestos y las decisiones políticas pueden escalar conflictos en momentos sensibles.

Éste, sin duda lo es. Se prevé que en unos días comiencen los encuentros formales para la revisión del Tratado entre México, EU y Canadá. El T-MEC no es un acuerdo más: es la columna vertebral de la economía mexicana, el marco que regula el acceso a su principal mercado de exportación y pieza central de su estabilidad. En ese contexto, México tendría que cuidar con especial celo lo que dice y lo que hace en política exterior, en particular de cara al conflicto abierto entre EU y Venezuela.

El papel del gobierno es defender los intereses del país, no los del chavismo. Esa distinción parece obvia, pero no siempre se refleja en el discurso ni en los gestos.

Por eso resulta preocupante la posposición, “hasta nueva fecha”, de la reunión de la Comisión de Marina del Senado de la República, que debió realizarse el lunes, en la que se analizaría la autorización para el ingreso de una treintena de elementos de la Marina estadunidense, quienes participarían en un curso de capacitación dirigido a personal de la Armada de México, programado del 19 de enero al 15 de abril.

De acuerdo con la solicitud enviada al Senado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la llegada de los militares extranjeros al aeropuerto de Toluca está prevista para el 12 de enero. El calendario deja poco margen: si se quiere cumplir con el procedimiento constitucional, habría que convocar de inmediato a un periodo extraordinario del Senado para otorgar el permiso correspondiente. La posposición de la sesión de la comisión, comunicada el mismo día en que se conoció la intervención en Venezuela, abre inevitablemente la puerta a la especulación.

Es posible, desde luego, que una cosa y otra no tengan relación. Pero por eso el manejo del asunto resulta tan torpe. Si el diferimiento no está relacionado con la crisis venezolana, debiera decirse con claridad. Si, por el contrario, existe un vínculo político entre ambos hechos, también debería explicarse públicamente. Dejar las cosas en el aire puede ser dañino para la relación bilateral, justo en estos momentos tan decisivos.

Tampoco debería sorprender a nadie que la posición mexicana adoptada frente a la captura de Nicolás Maduro termine contaminando la negociación comercial. Salir a defender, desde la cabeza del Estado, a un sátrapa señalado por graves violaciones a los derechos humanos y por haberse robado la elección presidencial de 2024 no es, francamente, lo que más conviene a México en esta coyuntura. Tampoco, aumentar los envíos de petróleo regalado a Cuba. En Washington esas posturas no pasan desapercibidas y suelen tener consecuencias más allá del terreno retórico.

Aquí cabe una pregunta: ¿acaso le debemos algo a Venezuela? Sólo así se entendería que México haya salido a denunciar la acción militar estadunidense con una fuerza que no se vio, ni de lejos, cuando Rusia invadió Ucrania. Asimismo, que se adopte la defensa de Maduro cuando la sociedad mexicana está polarizada sobre su juicio en Nueva York (Encuesta Áltica, 3-4 de enero de 2026). 

La política exterior selectiva, guiada más por afinidades ideológicas que por una lectura fría del interés nacional, suele salir cara. En un año cargado de simbolismos históricos y decisiones estratégicas, México haría bien en no repetir errores que ya conoce demasiado bien.

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Venezuela y el T-MEC ‘zombi’

Columna de opinión escrita por Enrique Quintana para el diario El Financiero

Miércoles 7 de enero de 2026

Enrique Quintana

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El acuerdo sigue vivo en el sentido operativo. Sus reglas continúan vigentes y permiten que una parte sustancial del comercio entre México, Estados Unidos y Canadá se realice sin aranceles. Pero está muerto en el plano estratégico.

La intervención de Estados Unidos en Venezuela puede parecer, a primera vista, un episodio ajeno a la agenda económica de México. No lo es. Todo indica que sus repercusiones se sentirán también en la renegociación del T-MEC que tendrá lugar este año.

En su más reciente listado de riesgos globales, la consultora Eurasia Group introduce una metáfora inquietante: la existencia de un “T-MEC zombi”, un tratado que no está formalmente muerto, pero que ya dejó de cumplir una de sus funciones esenciales: generar certidumbre.

El acuerdo sigue vivo en el sentido operativo. Sus reglas continúan vigentes y permiten que una parte sustancial del comercio entre México, Estados Unidos y Canadá se realice sin aranceles. Pero está muerto en el plano estratégico. Ya no ofrece la previsibilidad que durante tres décadas convirtió a América del Norte en una de las regiones comerciales más integradas y competitivas del mundo. Para las empresas, el problema no es el arancel de hoy, sino la duda sobre las reglas de mañana.

Las propias cláusulas del T-MEC abren la puerta a este escenario. En la revisión prevista para este año, los socios pueden decidir no extender su vigencia más allá de 2036. De ser así, el tratado no desaparecería de inmediato, pero entraría en una fase peculiar: revisiones anuales obligatorias hasta su expiración final. Un acuerdo sometido a revisión permanente deja de ser un ancla y se convierte en una variable política.

Ese esquema le resultaría funcional a Donald Trump. Mantendría el acuerdo lo suficientemente vivo como para evitar una disrupción abrupta del comercio —y un golpe directo a la economía estadounidense—, pero al mismo tiempo introduciría una dosis constante de incertidumbre que le permitiría ejercer presión política y económica continua sobre México y Canadá. El costo de esa estrategia lo pagan, sobre todo, la inversión y la planeación de largo plazo.

En este contexto, lo ocurrido en Venezuela adquiere una relevancia inesperada. Si Trump logra imponer un arreglo político que derive en un “chavismo sin Maduro”, encabezado por figuras como Delcy Rodríguez, y consigue abrir la puerta a una participación más amplia de empresas petroleras estadounidenses en ese país, el mensaje sería claro: la presión dura funciona. Para el presidente estadounidense, sería una validación de su versión contemporánea de la ‘diplomacia de cañoneras’.

Un éxito en Venezuela no se quedaría ahí. Podría traducirse en una mayor disposición a escalar la presión sobre Cuba y, eventualmente, a intervenir en procesos políticos clave en la región, como las elecciones colombianas de mayo, con el objetivo explícito de frenar a la izquierda.

Y ya también declaró, sobre Groenlandia, amenazando incluso con una intervención militar.

En ese escenario, la negociación comercial con México se daría desde una posición de fuerza reforzada, con menos incentivos para hacer concesiones y más para imponer condiciones sector por sector.

Por el contrario, si el experimento venezolano fracasa —ya sea por una reacción social masiva, por fracturas dentro del ejército o por la resistencia de grupos leales al chavismo—, el margen de maniobra de Trump podría reducirse.

Una Venezuela inestable restaría credibilidad a su estrategia de presión y podría limitar su capacidad para trasladar ese enfoque a otros frentes, incluido el comercial.

Para México, el problema no es solo el desenlace venezolano, sino el contexto que se está configurando. El ‘T-MEC zombi’ implica que la amenaza no es un colapso inmediato del comercio, sino algo más sutil y persistente: decisiones de inversión pospuestas, contratos renegociados con cautela extrema y cadenas productivas que operan bajo la sombra de reglas que pueden cambiar año con año.

Diversos análisis de riesgo, como el emitido ayer por Fitch Ratings, han advertido que, en el contexto de la próxima revisión del T-MEC, podría aumentar la presión para incorporar a la agenda comercial temas ajenos al tratado original, como seguridad, migración o combate al narcotráfico. De materializarse, ello añadiría complejidad a una negociación que ya de por sí luce cuesta arriba.

El 2026 ya se perfilaba como un año desafiante para la relación comercial de América del Norte. Pero después de lo ocurrido en Venezuela y de las señales que envía la Casa Blanca, todo apunta a que será todavía más complejo.

La revisión del T-MEC no se dará en un entorno técnico ni predecible, sino en uno marcado por la lógica del poder, donde los incentivos políticos pueden pesar más que los beneficios económicos compartidos.

No se tratará solo de renegociar un tratado, sino de definir hasta dónde está dispuesto México a aceptar que el comercio se convierta en instrumento de presión geopolítica.

En un mundo donde Washington parece convencido de que la fuerza rinde frutos, el reto será preservar la estabilidad sin sentar precedentes que terminen erosionando el margen de maniobra del país. Porque cuando las reglas dejan de ser el marco y se vuelven la moneda de cambio, el costo no siempre se paga de inmediato, pero casi siempre acaba siendo alto.

Como dirían, ni modo: en estos tiempos nos tocó vivir.