Terrorismo y terror a la palabra
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Columna de opinión escrita por Carlos Marín para el diario Milenio
Martes 9 de diciembre de 2025
Carlos Marín
Para el sentido común y la experiencia cotidiana es ofensivo que se discuta si la explosión de un coche bomba es o no terrorismo.
Lo ocurrido el sábado en Coahuayana, Michoacán (cinco muertos y 7 lesionados) no es una rareza semántica ni un dilema doctrinal: provoca terror, busca infundir miedo colectivo. Es una estrategia criminal para someter amplios territorios.
El 1 de enero de 1994 aterrorizaron las explosiones de coches bomba en un centro comercial de la capital (cinco heridos), otra frente al llamado “palacio federal” de Acapulco, y en junio siguiente una en Guadalajara (cinco muertos, diez heridos), y 12 años después (6 de septiembre de 2006) fue terrorífico que tiraran cinco cabezas humanas en un centro nocturno de Uruapan, Michoacán.
Quienes insisten en que el terrorismo persigue fines “políticos, ideológicos o religiosos” parecen ignorar que los criminales llevan más de 20 años persiguiendo el control político: imponen a sus operadores en municipalidades, financian campañas, manipulan elecciones, cobran derecho de vida en comunidades enteras y amedrentan a gobernadores, alcaldes y hasta autoridades “de más arriba”.
¿No persiguen un fin político? ¿Llamarlos terroristas aplica solo si sus perpetradores usan turbante y hablan árabe, inglés o francés?
El bombazo del sábado está precedido por horrores que cualquier país civilizado reconocería como terrorismo: decapitaciones, descuartizamientos, cuerpos colgados en puentes, fosas clandestinas, etcétera, etcétera.
Asumir que es terrorismo no significa “acatar” o “someterse” a Donald Trump sino aplicar el Código Penal Federal (artículo 139), respaldar la definición de las Naciones Unidas y respetar los acuerdos internacionales aprobados por el Senado.
Hasta la Fiscalía General de la República lo entendió así… durante unos minutos, y reculó:
En su comunicado inicial calificó de “terrorismo” lo sucedido en Coahuayana, pero después, deduzco que modificado por la fiscal Ernestina Godoy, degradó el delito a “delincuencia organizada”, como si un coche bomba fuera equiparable al viejo delito de “asociación delictuosa”, y no un recurso dirigido a paralizar a toda una región mediante el miedo.
No es jurídico el problema: es político y cultural.
En el obradorato se ha extendido el puritanismo conceptual de su patriarca: temor a llamar las cosas por su nombre.
La explicación parece ser que, de reconocer el gobierno que en México hay terrorismo, sería aceptar que perdió el control territorial y existen zonas de excepción donde las bandas criminales operan de facto como insurgencias armadas con fines de dominio político.
Por eso la insistencia en eufemismos, como si el lenguaje moraloide pudiera borrar la realidad o reducirla a trámite.
Es terrorismo, sin duda, y la necedad oficial por negarlo, tiene consecuencias: diluye la gravedad de los hechos, impide clasificar adecuadamente los riesgos, obstaculiza la cooperación institucional e internacional y, lo peor de todo, normaliza la barbarie…
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Terrorismo en Michoacán:
reconocimiento y reversa
Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior
Martes 9 de diciembre de 2025
Pascal Beltrán del Río
En la Bitácora de ayer, hice notar que la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, se había distanciado del rechazo que existió durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para calificar como terroristas las acciones de los grupos del crimen organizado, incluso cuando éstas tenían como fin claro generar miedo en la población.
Así lo escribí, pues en su primer comunicado sobre el atentado con coche bomba que tuvo lugar en Coahuayana, Michoacán, poco antes del mediodía del sábado, la dependencia informó que había abierto una carpeta de investigación “en contra de quien resulte responsable del delito de terrorismo”.
Sin embargo, al día siguiente, la FGR corrigió y dijo que la investigación se había iniciado “por delincuencia organizada”.
Aunque no debe descartarse que el cambio se haya debido a un error en el primer comunicado, existe un contexto que obliga a considerar que siguen vivas las obsesiones del sexenio pasado, entre ellas no llamar terrorismo a aquello que claramente lo es.
No sé si sea porque la admisión de que merodean terroristas en México hace ver mal al país o porque decirlo hiere alguna susceptibilidad o implica permitir la intervención extranjera en nuestros asuntos o porque el oficialismo tiene lazos ideológicos con personajes o movimientos que han sido señalados de practicar el terrorismo.
Por lo que sea, en la autodenominada Cuarta Transformación el término provoca urticaria y se ha decidido evitar su uso a toda costa.
El tema es que el Código Penal Federal, en su artículo 139, engloba como terrorismo los actos intencionales violentos “que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella”. Y entre los medios para llevar a cabo dichos actos, la misma norma menciona los explosivos.
Admito que no soy abogado y estoy seguro de que los expertos en derecho tendrán mayores elementos que yo para dilucidar si las conductas de quienes planearon y ejecutaron el bombazo en Coahuayana —que mató a cinco personas y dejó heridas a varias más— son del tipo penal contemplado en ese artículo, pero, en todo caso, se asemejan en mucho.
Además, no creo que el más indicado para pedir moderación y cuidado en la interpretación de la ley sea un movimiento político que ha llegado a acusar de traición a la patria a quien simplemente dice en una entrevista que México necesita ayuda internacional para combatir al crimen organizado.
No sé qué pasa con ese movimiento, que lanza acusaciones por todos lados, y se dice víctima de supuestas campañas conspirativas, pero nunca expresa condenas claras a los actos de los delincuentes, por más horrores que causen.
Me cuesta trabajo creer que la súbita eliminación del término “terrorismo” de la carpeta de investigación de la FGR sea la corrección de un gazapo y no el resultado de una reprimenda por violentar uno de los dogmas del pensamiento oficial.
