10 años después, la reforma inconclusa

Columna de opinión escrita por María Elena Morera para el diario ​El Universal el sábado 20 de junio

Martes 23 de junio de 2026

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La madrugada del 18 de junio de 2016, después de ocho años de preparación, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) entró en vigor en todo el país. Aquella noche se habló de transparencia, debido proceso, derechos de las víctimas y una justicia más eficaz. Una frase de Luis María Aguilar, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cobra hoy un sentido distinto. Cuando advirtió: “Ahora comienza el reto de hacerlo realidad” recordaba que la reforma apenas entraba en su prueba más difícil, la de funcionar en los hechos.

Sería injusto afirmar que nada cambió. El sistema acusatorio redujo parte de la opacidad del viejo modelo escrito. Las audiencias se volvieron públicas, se fortaleció la presunción de inocencia y se ampliaron los derechos de víctimas e imputados.

Sin embargo, también sería un error concluir que la reforma cumplió sus principales promesas; para millones de mexicanos, la justicia sigue siendo lenta, inaccesible o simplemente inexistente.

Durante años, el debate público se ha concentrado en culpar al sistema acusatorio de la impunidad y de la inseguridad. Cada vez que una persona detenida recupera su libertad, se culpa a los jueces. Cada vez que una investigación fracasa, se cuestionan las garantías procesales. Sin embargo, pocas veces se observa el problema donde realmente comienza.

México reformó los juicios, pero no reformó la investigación criminal. La evidencia es contundente. En 2024, más de 93% de los delitos no fueron investigados y apenas 0.8% derivó en alguna consecuencia mínima, como recuperación de bienes, puesta del responsable ante un juez, perdón o reparación del daño. No porque existan demasiadas garantías procesales, sino porque los casos ni siquiera logran construirse adecuadamente desde el inicio.

Uno de los mayores desafíos sigue siendo el Ministerio Público. En teoría, debe conducir jurídicamente las investigaciones y construir casos sólidos para llevar ante los tribunales. En la práctica, es el embudo donde la justicia se atora.

Los hallazgos más recientes de Causa en Común muestran que las fiscalías mantienen rezagos en capacitación, certificación y desarrollo profesional, así como capacidades insuficientes de investigación criminal. A ello se suma la debilidad de los servicios periciales, la escasez de policías de investigación y el desaprovechamiento de miles de policías municipales que conocen su territorio, identifican patrones delictivos y generan información que rara vez se incorpora a las investigaciones. En otras palabras, la reforma procesal avanzó más rápido que las instituciones encargadas de hacerla funcionar.

Frente a estas deficiencias, la respuesta política de los últimos años ha sido ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Si la justicia no funciona, pareciera que la solución es encarcelar a más personas. Sin embargo, la ampliación de la prisión preventiva no resuelve el problema; lo agrava. En 2025, la población penitenciaria creció en casi 21 mil personas y, al cierre de 2024, casi la mitad de quienes estaban en prisión sin sentencia enfrentaban prisión preventiva oficiosa. México sigue apostando por encarcelar más, en lugar de investigar mejor.

La impunidad no inicia en las salas de audiencia. Nace mucho antes, cuando un delito no se investiga, una evidencia se pierde, una víctima no recibe atención o una carpeta se integra sin los elementos necesarios para sostener una acusación.

A diez años de la implementación nacional del SJPA, la discusión ya no debería centrarse en si el modelo es demasiado garantista o demasiado flexible. La verdadera pregunta es si México ha construido las instituciones necesarias para que funcione.

El juicio oral llegó. No obstante, lo que sigue pendiente son fiscalías capaces, policías profesionales, servicios periciales robustos y una investigación criminal eficaz. Diez años después de aquella madrugada de junio de 2016, el reto sigue siendo el mismo que advirtió el presidente de la Suprema Corte: hacerlo realidad.

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El pato cojo

Columna de opinión escrita por Federico Reyes Heroles para el periódico Excélsior

Martes 23 de junio de 2026

La euforia futbolera arrasa con todo. Pero regresaremos a nuestra triste realidad. Los pronósticos de crecimiento van a la baja. Rondan 1% y algunos menos. La creación de empleos formales va en declive. La informalidad crece. Por primera vez en nuestra historia reciente, la matrícula escolar desciende en todos los niveles. Justo cuando el mundo vive una revolución en las habilidades provocada por la IA, en México los jóvenes huyen de la educación media superior, de los tecnológicos y de las universidades. Por esos motivos, la movilidad social está estancada y el impacto de los apoyos sociales en directo ya llegó a sus límites. El consumo se tambalea y la inflación hace travesuras.

Por más cacareo oficial sobre los niveles de Inversión Extranjera Directa (IED), la verdad oculta al gran público es que alrededor de 90% es reinversión. No llega nueva Inversión Fija Bruta, vamos, fierros. La inversión mexicana sale. La desinversión en el sector energético de la última década, generación y distribución de electricidad, para no hablar del caos en refinación, nos convierten en un territorio poco confiable en energía, factor clave de la nueva economía. Por eso, países como Vietnam, sin un sólo kilómetro de frontera con EU, se nos adelantan en el nearshoring. Raúl Olmos ya entregó un testimonio periodístico obligado: “Huachicol fiscal”. Francisco Barnés de Castro ha expuesto las dimensiones de los huachicoles, el bruto y el fiscal, que creció aceleradamente en el primer trimestre. Estamos hablando de 165,000 barriles diarios. Barnés hace comparaciones provocadoras, el acumulado, en el caso de que se estuviera almacenando, sería el equivalente a 80% del volumen del Estadio Azteca o 600 albercas olímpicas. La merecidamente laureada —y atacada por el gobierno— Carmen Aristegui se pregunta, con sentido común, ¿almacenar?, mejor venderlo ahora con precios altos. ¿Dónde se puede almacenar una cifra que ronda los 10 millones de barriles?

Pero el caos administrativo y la corrupción en escalas nunca vistas hacen sombra a otros hechos que pudieran ser aún más graves. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió hace un par de días una demanda de la SIPDH (Servicios Internacionales de Derechos Humanos). Más de 400 jueces federales y magistrados mexicanos en contra de la destrucción del Judicial. La demanda colectiva llevó a que la CIDH, organismo de la OEA, dictara un emplazamiento oficial que obliga al Estado mexicano a justificar la nefasta reforma que desmanteló la carrera judicial. México tiene cuatro meses para responder.

El daño es quizá el más profundo, pues el Estado mexicano, ante los ojos del mundo, está quebrado, roto, carece de un cimiento imprescindible para cualquier Estado nación. Por eso la inversión no viene o se protege con arbitrajes de todo tipo y asociaciones con empresas que puedan litigar en el exterior. Si la CIDH concluye que hay violaciones a la Convención Americana de DH, el caso ascendería a la Corte Interamericana, cuyas sentencias son vinculantes. La probabilidad de que ello ocurra es muy alta. ¿Qué va a hacer el actual gobierno, ¿seguir fingiendo demencia? Todo esto en medio de la renegociación comercial y de las transformaciones mundiales que, con ese claro motivo, nos descalifican como destino. La SIPDH lo pone muy claro: “No se trata de jueces defendiendo su cargo. Se trata de algo más incómodo: ¿qué pasa cuando quien decide (sobre) tu libertad, tu patrimonio o tu familia empieza a depender de la lógica política. Un juez que tiene que mirar al poder antes de dictar una sentencia deja de ser juez …y la justicia deja de ser justicia”. Y sigue: “No hay democracia sin jueces”. Conclusión: “México tendría que reformar su reforma”. Sheinbaum lo puede hacer, tiene las mayorías. Lo debería hacer lo antes posible para poder gobernar, por lo menos, cuatro años en un Estado pleno y no éste, que camina como pato cojo, porque está cojo.