100 mil visas canceladas

Columna de opinión escrita por ​Raymundo Riva Palacio para el diario El Financiero

Martes 20 de enero de 2026

Es público que la clase política de Morena dejó de viajar a Estados Unidos. Aunque las recomendaciones para evitar viajes no necesarios a ese país surgieron en el último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la preocupación y el miedo se materializó con las primeras cancelaciones de visas a políticos, comenzando con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en mayo del año pasado. Hasta hoy, más de 100 mil visas a funcionarios y políticos mexicanos y mexicanas han sido canceladas. Y seguirán creciendo.

Hay más visas canceladas de personas que sin estar en la política, tienen relación con figuras públicas. Personas que vivieron ese tránsito han descrito cómo al llegar a Estados Unidos han sido llevados a un cuarto en el aeropuerto, donde agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional los han interrogado sobre sus relaciones con funcionarios y exfuncionarios a los que tienen bajo investigación. En algunos casos los interrogatorios han durado seis horas, al término de los cuales han sido deportados. En otros, en particular del círculo familiar de López Obrador, les han permitido la entrada, pero han tenido que acudir a oficinas del FBI en Dallas, particularmente, para interrogatorios informales.

Las visas, comentó un funcionario estadounidense, se han convertido en un certificado de honestidad para los mexicanos. En ese sentido, la recomendación que le hizo a López Obrador el exfiscal general Alejandro Gertz Manero, que se le hizo extensiva a varios miembros del gabinete, líderes de Morena y gobernadores, indirectamente reconocía que en sus filas había deshonestos que podrían tener problemas si buscaban entrar a Estados Unidos. El número de visas que cancelaría el Departamento de Estado ascendía a 300, entre funcionarios y exfuncionarios en los tres niveles, así como miembros de partidos, sindicalistas y personas en general, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

El temor entre funcionarios y políticos, notoriamente de Morena, es derivado de que están viendo acciones concretas en la cancelación de visas, que sólo en un número reducido de suspensiones se ha hecho público. La revocación de visas se realiza de manera discrecional por parte del Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, que se establece caso por caso, de acuerdo con la proclamación del presidente Donald Trump que restringe la entrada de “ciertos” extranjeros para prevenir “amenazas de seguridad nacional y de salud pública”.

La cancelación de visas es resultado de un proceso iniciado en el gobierno de Trump donde se han revisado los antecedentes de cientos de figuras públicas y sus relaciones con el crimen organizado, que en el pasado, aunque existía la información, no se había tomado la decisión política de actuar, como señaló una fuente estadounidense. En la clase política del régimen, públicamente minimizan, niegan o caricaturizan que existan listas negras en Washington, pero en los hechos, han optado por no viajar a Estados Unidos. Diplomáticos estadounidenses han entregado a la presidenta Claudia Sheinbaum varias listas de miembros de su partido vinculados con los cárteles de las drogas, y le han pedido que actúe, pues de otra manera, el Departamento de Justicia podría hacer pública una imputación y pedir la extradición.

Entre los nombres de las principales figuras en las listas que han entregado se encuentran gobernadores, legisladores, secretarios de Estado y líderes de Morena. La cancelación de las visas no ha tenido como objetivo central imputarlos, sino que ha servido como una advertencia de que se encuentran bajo investigación. No todos aquellos o aquellas a quienes se les ha revocado la visa, han recibido notificación de ello, por lo que no se sabe cuántos de esos 100 mil que ya no la tienen, están conscientes de su situación.

La cancelación de visas en Estados Unidos no es un trámite administrativo menor ni un gesto burocrático rutinario. Es, en la práctica, un instrumento de poder. Silencioso, discrecional y profundamente político. Cuando Washington cancela una visa, no necesita explicarse; el mensaje va implícito y el destinatario lo entiende con claridad quirúrgica.

Sheinbaum ha sido interrogada varias veces sobre la política de Trump, y ha señalado que es una atribución única y soberana de Washington. Al menos dos gobernadores mexicanos, reveló un funcionario estadounidense, lograron evitar la cancelación de sus visas o lograron condiciones extraordinarias durante un año a cambio de que les proporcionaran información. Los gobernadores, muy cercanos al expresidente López Obrador, se convirtieron en informantes informales de las autoridades estadounidenses.

Varias secretarías de Estado en Washington están involucradas en el monitoreo y seguimiento de la información que tienen, pero el Departamento de Estado está haciendo un seguimiento permanente de figuras públicas en México como nunca lo habían hecho. De este seguimiento pueden derivarse revocaciones de visa, incluidas personas que no tengan relación con el crimen organizado, pero que han tenido posiciones contrarias a las políticas de la administración Trump o utilicen un lenguaje que pueda ser considerado de odio, que es una de las razones por las que, de acuerdo con la proclamación de Trump, pueden ser sujetos a la cancelación de su permiso para entrar a Estados Unidos.

Pero para un político o funcionario, la cancelación de su visa significa la pérdida de interlocución, margen de maniobra y, sobre todo, credibilidad. Ser persona non grata al norte del río Bravo tiene consecuencias prácticas inmediatas. El daño no es sólo personal; es reputacional, institucional y, en algunos casos, letal para una carrera pública. La gobernadora de Baja California, la figura de mayor jerarquía a la que le revocaron la visa, es un ejemplo de ello, aunque la presidenta Sheinbaum haya salido a arroparla. La cancelación de visas es realmente, en el fondo, una forma de diplomacia punitiva. No busca humillar públicamente, sino corregir conductas sin escalar conflictos. La gobernadora procedió a su divorcio, para tirar lastres. Otro gobernador negoció que su familia se quedara a vivir en Estados Unidos. Uno más acudió a la embajada de Estados Unidos para neutralizar los daños sobre una investigación en curso en su contra.

Durante años se cultivó la idea de que la relación con Estados Unidos podía administrarse desde la retórica nacionalista sin consecuencias reales. Se acabó. Esa ficción empezó a resquebrajarse cuando las visas comenzaron a revocarse.

—--------------------------------------------------------------------------------

Los fines de la reforma electoral y

de sus medios

Columna de opinión escrita por José Ramón Cossío Díaz para el diario El Universal

Martes 20 de enero de 2026

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 2025, la presidenta Sheinbaum creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. La propuesta que dicha comisión presentó la semana pasada está provocando dudas y rechazos por las modificaciones a la representación proporcional, el financiamiento a los partidos políticos y la autonomía e independencia de las autoridades electorales.

Frente a la magnitud de los cambios que mediante la reforma podrían alcanzarse, la discusión sobre la propuesta se ha centrado en sus aspectos técnicos y en sus implicaciones electorales. Ello es importante por ser la materia de las disputas ciudadanas, políticas y legislativas que ya se encuentran abiertas. Con independencia de la relevancia de las opiniones que se están vertiendo sobre la forma y modo de ser de los planteamientos hechos por la Comisión presidencial, me parece que hay un ángulo adicional que conviene tener en cuenta.

Bajo argumentos de representatividad, eficacia, eficiencia y austeridad, la propuesta de la Comisión de la presidenta gira en torno a dos ejes fundamentales. Por una parte, la reducción de las expresiones del pluralismo político nacional mediante el acotamiento de la representación proporcional y la viabilidad de los partidos de oposición. Por otra parte, la reducción de los espacios de autoridad de los órganos encargados de organizar, realizar y vigilar las elecciones. Vistos en conjunto, estos ejes pretenden ser, consecutivamente, barreras de entrada a las diferencias, disidencias en los órganos y procesos político-electorales, así como a los medios de intervención y control de los quehaceres y resultados de esos procesos.

Ante la intencionalidad y magnitud de los cambios planteados por la Comisión de la presidenta Sheinbaum debemos hacernos una pregunta: ¿para qué quieren ella y sus aliados los cambios político-electorales propuestos? Estimo que no los quieren para lograr un proceso de transformación democrática de la vida nacional, pues están actuando precisamente en contra del pluralismo político que la constituye. Pienso que tampoco quieren las reformas para impulsar la equidad social, pues ello se agotó con las reformas pensionarias hechas en el sexenio pasado. No buscan generar una solución redistributiva, pues en los ocho años que llevan siendo mayoría no han abierto ningún camino en tal sentido. Tampoco están buscando realizar un proyecto de izquierda democrática, pues más allá de su genérica identificación con esa posición, el ideario y los cuadros operativos no alcanzan para ello. Parafraseando a Lenin, debido a que Morena y sus aliados carecen de la teoría, de la convicción y de la capacidad para transformar, la reforma que pretenden alcanzar no está hecha para cambiar a México, más allá de lo que pretendan transmitir con lo que es ya un mero eslogan.

Partiendo del contexto en el que se convocó y actuó la Comisión presidencial, del sentido de sus propuestas y de las actuales circunstancias nacionales, los pretendidos cambios buscan crear una red de protección a la actual mayoría morenista. Desde luego y con cierta obviedad, para evitar que mediante los juegos democrático-electorales pierdan el poder con el que cuentan. También, y con menos obviedad, para que, en las sustituciones resultantes de las elecciones, muchos de sus miembros no enfrenten acusaciones penales por lo que hicieron y omitieron al ocupar el poder.

La ausencia de un programa de transformación democrática en la pluralidad y la acumulación de acusaciones sobre las malas conductas de muchos de sus integrantes, han forzado a Morena y a sus aliados a tener que buscar la manera de quedarse con el poder. Las propuestas de la Comisión presidencial son sólo una expresión más de ese ansiado requerimiento por quedarse en el poder.