Al menos un año AMLO se hizo guaje

Columna escrita por Carlos Marín para el diario Milenio

Jueves 18 de septiembre de 2025

Carlos Marín

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Contra lo que informó diez días antes el fiscal general de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que apenas en marzo comenzaron las investigaciones del “huachicol fiscal”.

Refiriéndose a un encuentro de hace dos años con el secretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Gertz Manero declaró el 7 de septiembre:

“Él nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México podrían estar vinculadas con esos delitos…”.

Nada por lo visto se investigó en más de un año.

¿Cómo encajan las excluyentes afirmaciones en un descomunal fenómeno delincuencial que se conocía desde el sexenio anterior?

El ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca asegura que en 2019 entregó un informe a López Obrador sobre la magnitud del fraude con operaciones masivas del contrabando de combustibles disfrazadas de importaciones legales y nunca hubo un desmentido oficial.

Se infiere que Sheinbaum tomó como referente las incautaciones en marzo de ocho y diez millones de diésel ilegal en Baja California y Tamaulipas, pero, si se estima que suman 31 las descargas clandestinas de combustible en los puertos confiados a la Marina, se está frente a operaciones añejas y a gran escala que no podían pasar desapercibidas.

Los hechos y los dichos de los propios funcionarios de la 4T cuentan otra historia: que la mafia del huachicol fiscal estaba en el radar oficial desde que, con documentos hackeados al Ejército, Guacamaya Leaks dio a conocer que inteligencia militar advirtió sobre estas redes criminales y la complicidad de mandos de distintas dependencias, y se mencionaban directamente “irregularidades” en la Secretaría de Marina con el involucramiento de empresarios y ramificaciones dentro y fuera de México.

Sorprende que la Presidenta y el fiscal general se contradigan en la fecha de inicio de las investigaciones, porque no debieran dejar dudas ante un delito de tal magnitud.

No se trata de un detalle menor. Los aseguramientos y las propias denuncias confirman el saqueo al fisco por miles de millones de pesos, con complicidades en aduanas, puertos, empresas distribuidoras, estaciones de servicio y asociación con la banda Jalisco Nueva Generación para traficar drogas y armas prohibidas.

En un país con instituciones sólidas, estas contradicciones bastarían para exigir explicaciones puntuales, pero en el México de hoy suele imponerse el discurso presidencial a la realidad y lo que fue reconocido por el fiscal Gertz ahora se nos presenta como una investigación recién iniciada.

Pero los hechos hablan más fuerte que las palabras: por lo que dice García Cabeza de Vaca, lo revelado por Guacamaya Leaks y las advertencias de Ojeda a Gertz, los añejos hallazgos y los decomisos millonarios de combustible confirman que el “huachicol fiscal” es un fenómeno conocido desde la gestión de López Obrador.

Lo que apenas comienza a verse, eso sí, es la voluntad política de limpiar el lodazal “hasta donde tope…”. 

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Los amparos de Andy

Columna escrita por Héctor de Mauleón para el diario El Universal

Jueves 18 de septiembre de 2025

Héctor de Mauleón

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En un momento rodeado de escándalos y golpeteos políticos, y como parte de una trama oscura que solo genera dudas, un total de tres amparos fueron tramitados a nombre de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Al margen de su origen, estas demandas lograron el cometido de asociar, con gran ruido mediático, el nombre de Andy y, en dos de los amparos, el de sus hermanos José Ramón y Gonzalo, con los 14 implicados en la red de tráfico de huachicol fiscal que se ha dado a conocer en los últimos días.

El periodista Claudio Ochoa Huerta reveló ayer que el pasado 16 de septiembre, en plenos festejos patrios, según consigna el expediente 2098/2025, se tramitó de manera electrónica y sin firma, ante el juzgado segundo de distrito con sede en Zacatecas, un amparo a favor de 16 personas en contra de medidas como “la incomunicación, no localización, privación de la vida o posible desaparición forzada y orden de aprehensión”.

En el documento aparecen, junto a los hijos del expresidente, el empresario Roberto Blanco Cantú, conocido como El Señor de los Buques, quien ha sido ubicado en el centro de la red de tráfico de huachicol de la que formaron parte altos mandos de la Marina, así como Juan Carlos Madero Larios, cuñado de Tania Contreras, la hoy presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas que hace unos meses demandó a EL UNIVERSAL a consecuencia de una nota que indicó su relación familiar con el propio Madero Larios, señalado por la Sedena como cabeza de una red que opera en las aduanas de Tamaulipas, Sonora y Baja California.

El amparo incluye a otros involucrados en el escándalo del huachicol fiscal operado desde las aduanas marítimas: entre los más relevantes están el capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz y el contralmirante Fernando Farías Laguna, hoy prófugo de la justicia.

La demanda de amparo fue supuestamente promovida por Javier Rodríguez Smith Macdonald, el abogado al que en julio de 2022 se le achacó haber solicitado una suspensión provisional contra la orden de aprehensión con fines de extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Rodríguez Smith Macdonald ha negado ambas cosas.

A pesar de todo, la jueza María Citlallic Vizcaya Zamudio concedió una suspensión para efecto de que ninguna de las personas señaladas en el documento presentado en Zacatecas sea detenida, y dio un plazo de tres días para que Andy y Gonzalo ratifiquen o no dicha demanda.

El mismo día se presentó en Villahermosa, Tabasco, una segunda solicitud que quedó registrada bajo el número 1446/2025-III-9. En esta ocasión, la solicitud de amparo fue presentada por una persona de nombre Eribel Mejía Barrios “contra actos del Fiscal General del Estado de Tabasco y otras autoridades”.

El tercer amparo se presentó también el 16 de septiembre y fue promovido en el juzgado noveno de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Nuevamente fue atribuido al abogado Rodríguez Smith Macdonald.

Todo ocurre en medio del ambiente turbio y lleno de especulaciones que se ha desatado tras la revelación de que los sobrinos del almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina de López Obrador, estuvieron durante la segunda parte del sexenio obradorista, al frente de una organización delictiva que traficó millones de litros del llamado huachicol fiscal, y en medio de una investigación en la que la frase “el hijo del presidente” aparece en el expediente del caso al menos en dos ocasiones.

Ocurre en medio del ambiente caldeado por las presiones del gobierno de Estados Unidos sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, y del escándalo que ha representado la detención y expulsión de Paraguay del secretario de seguridad pública de Tabasco, en tiempos de Adán Augusto López.

En la opinión de varios expertos, se trata claramente de amparos que fueron plantados para golpear a los hijos de AMLO y vincularlos mediáticamente al caso como una forma de sacar raja tanto de lo que se ha filtrado del expediente de la FGR, como de la proximidad de estos con los grandes negocios realizados durante el sexenio de su padre.

En círculos y dependencias de seguridad, la pregunta que ha cobrado fuerza es, en cambio, si el bluff de los amparos no se trata en realidad de un mensaje: una advertencia de gente involucrada en la cloaca recién destapada por el gobierno federal; en la red de huachicol que embarra a la Marina, las aduanas y los tres órdenes de gobierno.

Conviene dejar registro de “los amparos de Andy” como parte de la historia que se está escribiendo diariamente alrededor del caso de corrupción más escandaloso en años.

Para algunos entendidos, con tantos fierros en la lumbre, este extraño capítulo podría aclararse, y terminar de cobrar forma, antes, mucho antes de lo que esperamos.