El fin de la inmunidad

Columna de opinión escrita por Marcela Gómez Zalce para El Universal

Viernes 7 de agosto de 2026

Marcela Gómez Zalce

5:11

Estados Unidos ha dejado de concentrar su estrategia de combatir exclusivamente a los líderes de las organizaciones narcoterroristas y su objetivo hoy es atacar directamente a la red político institucional que les sirve de protección.

La declaración del titular de la DEA, Terry Cole, representa mucho más que un endurecimiento retórico; constituye la expresión nítida de un cambio de paradigma en la concepción del crimen organizado transnacional. Al advertir sin matiz diplomático alguno que “...ningún cargo, título o conexión política...” alcanzará para ofrecer protección a quienes colaboren con los cárteles, la administración de Trump rompe con la ficción política que durante décadas permitió tratar a los narcotraficantes y a sus protectores institucionales como categorías diferenciadas.

El poder político dejó de ser concebido como un ámbito ajeno al fenómeno criminal para ser reconocido como uno de sus principales habilitadores. La corrupción ya no aparece como una externalidad del narcotráfico, sino como el mecanismo estructural que garantiza su reproducción, expansión y capacidad de captura del Estado. Este giro implica el colapso de un supuesto largamente tolerado; que la investidura pública podía operar como un escudo de facto frente a la rendición de cuentas.

Bajo esta nueva lógica, la proximidad al poder no atenúa la responsabilidad, sino que incrementa la presunción de complicidad. En términos estratégicos, el centro de gravedad deja de ser exclusivamente la organización narcoterrorista con sus múltiples tentáculos y se desplaza hacia la red político criminal que le proporciona impunidad, recursos y protección institucional.

El mensaje para la administración de Sheinbaum es inequívoco. La verdadera amenaza ya no reside únicamente en los actores armados del narcotráfico. Las estructuras de poder que desde el interior del Estado mexicano han hecho posible su permanencia y expansión transversal serán embestidas y desmanteladas.

En este contexto donde la mañanera no alcanza para lanzar distractores y matizar la confrontación con Washington, la eventual falta de cooperación efectiva del Estado para investigar y desarticular esas redes político-criminales en Morena ya tienen implicaciones que trascienden el ámbito de la seguridad bilateral.

Desde la perspectiva de la Casa Blanca, la ausencia de acciones verificables y la terca protección hacia actores políticos vinculados con el crimen organizado, podría interpretarse como una incapacidad institucional o falta de voluntad política para enfrentar los mecanismos de captura del Estado. Paradójicamente, cuanto menor sea la disposición de este gobierno para depurar sus propias estructuras, mayor se ha vuelto el incentivo para Washington y sus poderosos actores.

La pasividad y complacencia no compran inmunidad.

Las fabrica como objetivo.

Cada expediente que no se abre en México incrementa la motivación para que se abra al otro lado de la frontera.

Confiar que la omisión y el discurso soberano los protegerá equivale a suponer que el vacío de justicia permanecerá vacío indefinidamente.

Esa apuesta de administrar los escándalos morenos y desear un traspié electoral para Trump en noviembre es demostrar una ignorancia supina en materia de crimen organizado transnacional; los vacíos institucionales rara vez permanecen desocupados.

Y, por cierto, una eventual derrota en noviembre enfrenta menos incentivos para la moderación política cuando aún restarán 24 meses de gobierno.

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Plan Michoacán bis

Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para Excélsior

Viernes 7 de agosto de 2026

Pascal Beltrán del Río

6:18

Es una lástima que el aguacate no se dé en todo el territorio nacional, y sólo un par de estados tenga permiso de exportarlo a Estados Unidos. Si pudiéramos cubrir el país completo con esos árboles, quizá encontraríamos la respuesta al acertijo de la inseguridad. 

¿Por qué lo digo? Es muy sencillo: bastaría con sembrar aguacate por todos lados y esperar a que los cárteles hicieran de las suyas, extorsionando a los productores. Acto seguido, Washington suspendería la importación, por temor a que lo que pudiera suceder con sus inspectores agrícolas y, como reflejo, nosotros mandaríamos a la Guardia Nacional.

Y listo, problema resuelto.

Puede ser un mal chiste, pero uno más malo es la repetición mecánica de violencia/escándalo mediático o diplomático/despliegue de fuerzas militares.

Ya lo hemos visto muchas veces, pero ahí va de nuevo, para que no se nos olvide. Y otra vez en Michoacán. Hace menos de un año, el gobierno federal anunció la puesta en marcha del denominado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Emprendido tres días después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, el plan contemplaba lo siguiente: “Fortalecimiento de la presencia de fuerzas federales en Michoacán en unidades conjuntas; una propuesta al Congreso de Michoacán y a su fiscal para el fortalecimiento de la Fiscalía Estatal, a partir de la constitución de una Fiscalía Especializada de Investigación e Inteligencia en Delitos de Alto Impacto; una Oficina de la Presidencia de la República en distintos municipios de Michoacán, principalmente Uruapan; mesas de seguridad quincenales con el Gabinete de Seguridad; sistema de alerta para presidentes municipales; fortalecimiento de la denuncia anónima a las víctimas de extorsión”.

Pero no sólo eso: “Garantía de seguridad social y salarios dignos a jornaleros agrícolas y trabajadores de la agricultura de exportación; inversión en infraestructura rural; convenio con el sector productivo para el desarrollo de más Polos de Bienestar; escuelas de cultura de paz; programas de reinserción y atención a víctimas; campaña estatal ‘Recuperemos Michoacán’; mesas de diálogo por la paz; programa ‘Escuelas de Paz’; becas para ayuda en transporte para jóvenes universitarios; deporte comunitario y centros de alto rendimiento local; centros comunitarios de Deporte y Bienestar; centros regionales de cultura y memoria; programa ‘Arte y Territorio’; festival anual de ‘Voces de Michoacán’; red de casas de la cultura segura”. ¿Cuánto de eso se habrá echado a andar en Michoacán en los nueve meses que han pasado desde que se anunció el plan?

Ahora la rueda ya dio la vuelta. La decisión de Estados Unidos de suspender la importación de aguacate michoacano —algo así como tres mil 600 toneladas o 9.4 millones de dólares al día— dio lugar a la decisión del gobierno federal de realizar un nuevo despliegue de la Guardia Nacional en el estado.

Y no, no fue a raíz de la violencia que se desató con motivo de la detención de los líderes criminales Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, hermano de un exalcalde morenista de Apatzingán y señalado como el autor intelectual del homicidio de Manzo, y Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho La Quiringua, jefe del Cártel de Los Reyes, sino específicamente después de que Washington anunció que suspendería, por tercera vez en dos años, la importación de aguacate, luego de que sus inspectores en el terreno fueran amenazados.

Ese tipo de reacción ocurre cada vez que hay un brote de violencia que salta a las primeras planas de los periódicos, como sucedió recientemente en Zacatecas, después de que aparecieran diez personas colgadas. Por supuesto, sería peor que el gobierno se quedara pasmado ante la violencia, pero éste debe reconocer que dichos operativos no son permanentes y que la violencia siempre reaparece una vez que terminan los despliegues militares.

Es decir, están faltando medidas de fondo que vayan terminando con las actividades más ominosas del crimen organizado, como la extorsión. Si eso no fuera cierto, ¿por qué es ahora necesario volver al primer punto de aquel Plan Michoacán: “fortalecimiento de la presencia de fuerzas federales en Michoacán en unidades conjuntas”?