Asfixiar el análisis y el pensamiento crítico

Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior

Martes 24 de marzo de 2026

Pascal Beltrán del Río

5:04

El domingo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) emitió un comunicado que debería encender todas las alarmas en el tablero de la vida democrática y la libertad de información en México. Tras más de dos décadas de fortalecer el debate público con rigor técnico, el centro de investigación ha sido despojado de su estatus de donataria autorizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).  

Lo que a primera vista podría parecer un trámite burocrático es en realidad un eslabón más en una cadena de hostigamiento sistemático contra las voces críticas de la academia y la sociedad civil que comenzó el sexenio pasado y que hoy, lejos de amainar, parece perfeccionarse mediante la asfixia administrativa.

La memoria no es corta. Aún resuena la persecución penal contra 31 científicos e investigadores del entonces Conacyt, acusados de delincuencia organizada en un desplante de autoritarismo sin precedentes. Ahora, el turno es para el Imco, una organización delgada cuya principal herramienta es el dato y cuya mayor amenaza para el poder es la evidencia.

El mecanismo de asfixia es sofisticado, pero no deja de ser punitivo. Una reforma legal obliga ahora a las donatarias a acreditar sus actividades ante la dependencia pública correspondiente. Por ejemplo, quien trabaja en equidad de género necesita el aval de la Secretaría de las Mujeres; si lo que se hace es investigación técnica o científica, le corresponde a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). El Imco cumplió con el trámite y obtuvo su acreditación por parte de esa última dependencia. Sin embargo, el SAT revocó su estatus alegando que el funcionario que firmó dicho documento no contaba con las facultades necesarias. 

Lo kafkiano del asunto es que hoy, ni el SAT ni la Secihti se dignan a aclarar quién es la persona “facultada” para firmar. Ante el silencio oficial, el Imco ha presentado una nueva acreditación por actividades relacionadas con la equidad de género y está en espera de una respuesta.

En mi labor periodística, tanto en los micrófonos de Imagen Radio como en las páginas de Excélsior, el Imco ha sido una fuente de consulta indispensable. Sus expertos han ayudado a nuestra audiencia a desentrañar temas de una complejidad árida, desde la productividad estatal hasta los índices de competitividad urbana que revelan por qué unas ciudades prosperan y otras se estancan. Perder esa brújula técnica es quedar a merced de la propaganda.

Mientras el Imco recupera su estatus –tiene un año para hacerlo–, queda condenado a operar como una asociación civil ordinaria. Esto no es un cambio menor: le impone una carga fiscal y administrativa brutal. Al no poder expedir recibos deducibles, el flujo de recursos se corta de tajo, pues muchas fundaciones tienen prohibido por estatutos donar a entidades que no sean donatarias. Además, el pago de IVA y la presentación de declaraciones mensuales saturan la capacidad de una organización diseñada para investigar, no para litigar eternamente contra el fisco.

Lo más preocupante es el contraste de velocidades. Mientras al Imco se le imponen laberintos burocráticos, recordamos la celeridad con la que se otorgó la condición de donataria a la organización “Humanidad con América Latina”, armada al vapor para canalizar recursos en apoyo al régimen autoritario de Cuba. La selectividad oficial es elocuente: alfombra roja para los amigos del régimen y los compañeros de viaje ideológicos, asfixia reglamentaria para los centros de pensamiento independientes.

Si esta situación no se resuelve pronto, será imposible no pensar mal de las intenciones del gobierno. La democracia no sólo se mide en las urnas, sino en la salud de sus instituciones intermedias. Un país que castiga el análisis técnico y premia la lealtad ideológica es uno que renuncia a su competitividad y, lo más grave, a su derecho a conocer la verdad sobre sí mismo. Es imperativo que el estatus de donataria del Imco sea restituido; de lo contrario, confirmaremos que el pedestal moral desde el que se gobierna no tolera la luz de los datos.

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Inversiones y el otro 50% de

Sheinbaum

Columna de opinión escrita por ​Salvador Camarena para el diario El Financiero

Martes 24 de marzo de 2026

Salvador Camarena

5:12

En la asamblea anual de socios de la American Chamber/México se ponderó el esfuerzo de la presidenta Claudia Sheinbaum por despertar la inversión. El 50 por ciento de su tiempo, dijo alguien ahí, lo dedica a ello. Tomando por bueno el monto, el problema está en la otra mitad.

Si de ponderar lo que hace la presidenta para generar inversión se trata, si se ha de conceder que no pierde oportunidad de ver empresarios, banqueros, calificadores y gremios patronales, también se debe señalar lo que hace para torpedear su propio esfuerzo.

Mientras 50 por ciento de su tiempo es para actualizar leyes, reducir trámites, lanzar convocatorias, definir un Plan México y ofrecer verbalmente garantías de cancha pareja, el otro 50 por ciento presidencial, o de su equipo y compañeros de movimiento, se ocupa de meter calambres, de enviar señales nocivas.

La más reciente de esas dualidades de 50 por cientos ocurrió la semana pasada.

El diario El Universal dio a conocer el sábado que el Servicio de Administración Tributaria lleva meses poniéndole piedrotas a organizaciones de la sociedad civil que por años han acreditado ser parte de la búsqueda de una mejor economía y nación.

México Evalúa, Mexicanos Primero y el Instituto Mexicano para la Competitividad son algunas de las organizaciones a las que el SAT lleva meses haciéndole la vida pesada a la hora de renovar la autorización como donatarias.

Esa noticia dada a conocer el sábado es leída por los inversionistas, que son cercanos a los patrocinadores de tales organismos, como lo que es: un intento más del obradorismo por empobrecer la conversación pública, por saturar el debate con sus “otros datos”.

Así que la misma semana en que la presidenta Sheinbaum asiste a la reunión anual de los banqueros, donde por enésima vez promete un ambiente de predictibilidad para las inversiones, ocurre que se revela que este mismo mes el SAT podría cancelar varias ONG.

Estampa inmejorable de la esquizofrenia gubernamental entre los dos cincuentas por cientos.

Si acaso hiciera falta un dato más para subrayar cómo el gobierno se contradice flagrantemente baste decir que, en contraste con el atosigamiento burocrático del SAT a las mencionadas ONG y a otras, en el mes de febrero se gestionó y aprobó en tiempo megarrécord como donataria a una asociación para ayudar a Cuba, esa que fue promovida por López Obrador en su más reciente mensaje público.

De forma que el cincuenta por ciento bueno para la inversión promete Estado de derecho, mientras el cincuenta por ciento malo garantiza que Adán Augusto ni declare ante la autoridad por el caso La Barredora, ni deje de operar políticamente.

El cincuenta por ciento bueno promete combate total al lavado de dinero; el cincuenta por ciento malo dice desde el tribunal electoral morenista que no ve ilegalidad en sobres con efectivo para campañas.

La mitad que se afana en traer inversiones dice que habrá cancha pareja y aplicación de la ley, y la mitad rebelde se dedica a tolerar el huachicol y los contratos a amigos de la familia de YSQ.

La agenda de la inclusión se promueve a la par de la protección con fuero para diputados como Cuauhtémoc Blanco; y mientras se dice que se garantizará la libertad de expresión, se machaca en redes sociales y medios públicos a adversarios y periodistas.

Esa es la pugna que se vive en el gobierno. Los esfuerzos de la presidenta, anulados, pues cualquiera sabe que si 50 por ciento es positivo, mientras el otro 50 por ciento es negativo, el resultado neto será cero.