La libertad de expresión y la verdad

Columna de opinión escrita por Lorenzo Córdova Vianello para El Universal

Jueves 6 de agosto de 2026

Lorenzo Córdova Vianello

5:27

La libertad de expresión es un derecho fundamental que tiene una gran centralidad en las sociedades democráticas, de modo que, cuando aquella se ve anulada, indebidamente restringida o condicionada por parte del Estado ya no estamos en una democracia.

Las democracias se fundan en el libre debate y en el contraste de las ideas que deben poder expresarse sin cortapisas por parte de las autoridades. Por supuesto, como pasa con todas las libertades, el ejercicio de la libertad de expresión tiene límites que legítimamente pueden y deben imponerse, pero son restricciones concretas y específicas señaladas en la ley que, de no existir, podrían poner en riesgo los derechos de otras personas y la convivencia pacífica en una sociedad.

Así, dichos difamantes o calumniosos o bien que incitan al odio o a la violencia contra ciertas personas o grupos no pueden escudarse tras la libertad de expresión porque ésta no es una patente de corso para poder decir lo que se quiera.

Esa libertad tiene —y es correcto que así sea— límites y restricciones en su ejercicio lícitas y justificables, como el respeto de las esferas de libertad y de derechos de las otras personas o de las bases y condiciones esenciales de la convivencia pacífica (y por ello tolerante) en una sociedad.

Al Estado, en democracia, le corresponde una doble responsabilidad en relación con la libertad de expresión: a) no restringirla indebidamente ni vulnerarla directamente y b) protegerla garantizando la existencia de las condiciones necesarias para su debido ejercicio. Desde ese modo, la censura, sea cual sea y con independencia de su tipo, constituye una práctica autoritaria porque supone la negación del estado democrático de derecho.

No es casual que la libertad de expresión sea de los primeros derechos que son descalificados, acotados y luego suprimidos por los regímenes autoritarios. Así, los ataques a la libertad de prensa, misma que deriva directamente y es una de las expresiones más potentes de la libertad de expresión, así como sus actores (medios de comunicación, periodistas y formadores de opinión pública) son siempre una de las primeras medidas que los autócratas adoptan cuando llegan al poder. Por eso resulta muy fácil distinguir cuando estamos frente a un autoritario a partir de sus sistemáticas descalificaciones a la prensa crítica.

Ahora bien, guste o no el ejercicio de la libertad de expresión no puede hacerse depender de que lo que se diga deba ser verdad y no pueda ser mentira. En ninguna democracia combatir a la mentira es un argumento válido para acotar la libertad de expresión, entre otras cosas porque resulta sumamente complicado establecer qué es verdad y qué mentira y, en algunos temas en los que inevitablemente privan la subjetividad y la diversidad de puntos de vista, es prácticamente imposible. Por eso ninguna democracia constitucional (que de verdad lo sea) limita la libertad de expresión por la veracidad o no de los dichos públicos.

Por supuesto que a la mentira hay que evidenciarla, denunciarla públicamente y construirle un costo social, pero sólo los regímenes autoritarios pueden pretender perseguirla jurídicamente (claro, luego de haberla determinado ellos mismos).

El Estado puede intervenir sólo para resolver las disputas jurídicas que una mentira supone en los casos de demandas de daño moral u otra afectación, pero no implica que tiene atribuciones para ser el promulgador absoluto de la verdad y con ello determinar y establecer lo que esta es en una sociedad democrática.

Por eso, pretender con las nuevas regulaciones que empuja la administración de Sheinbaum, la existencia de instancias gubernamentales que puedan determinar lo que es verdad y mentira en el debate público y en ámbito periodístico y, además, imponer sanciones tanto a los medios como al emisor de un mensaje considerado falso, es absolutamente inconcebible desde el punto de vista del estado constitucional democrático de derecho.

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Luisa María Alcalde y las

audiencias: un lío evitable

Columna de opinión escrita por Jorge Zepeda Patterson para Milenio

Jueves 6 de agosto de 2026

Jorge Zepeda Patterson

10:27

Quedará como un misterio qué pretendía, en realidad, la propuesta del gobierno para proteger el derecho de las audiencias. Hace una semana, en este espacio, señalé el riesgo que representaba una redacción que abría la posibilidad de sancionar económicamente a medios críticos o incómodos por sus contenidos. Los lineamientos presentados otorgaban la última palabra a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —designada por el gobierno— en aquellos casos en los que algún quejoso no quedara satisfecho con la respuesta de un medio al que acusara de falta de pluralidad o de contexto adecuado. La sanción contemplada, según la propuesta de la CRT, podía ascender a 1 por ciento de los ingresos de la empresa.

He vuelto a revisar el texto y no hay manera de negar que esa posibilidad existe en la manera en que está redactado. Consecuentemente, desató una indignación generalizada, al punto de obligar a Claudia Sheinbaum a intervenir para apagar el fuego. La semana pasada, y de nuevo este martes y miércoles en la mañanera, la Presidenta se aseguró de quitarle “los dientes” a la propuesta y sostuvo que había sido malinterpretada. Las sanciones, explicó, no estaban concebidas para aplicarse a contenidos, sino únicamente a incumplimientos administrativos: negarse a presentar un código de ética, no designar un defensor de audiencias dentro del propio medio o no ofrecer una vía para que los ciudadanos presenten quejas. A pregunta expresa, Sheinbaum aclaró que, si el medio no ofrece una respuesta satisfactoria al quejoso, la autoridad no intervendrá; simplemente quedará una suerte de deshonra pública para el medio por haber incumplido su propio código de ética.

Enhorabuena. Por insatisfactoria que resulte esta salida, es infinitamente mejor que abrir la puerta a que la autoridad determine qué crítica contra el poder es aceptable y cuál no. Con su intervención, la Presidenta prácticamente zanja el debate. Y a otra cosa.

Aunque no tan rápido. Primero, habría que asegurarse de que el texto sea modificado para que, en efecto, no admita una lectura que permita a la autoridad sancionar a un medio por sus contenidos políticos mediante la inconformidad de un supuesto quejoso. Segundo, convendría preguntarse por qué se redactó un texto tan ambiguo. Una hipótesis benigna remitiría al descuido, al trabajo apresurado o a la falta de cálculo político de los redactores. Otra, menos generosa, apuntaría a las debilidades de la naturaleza humana: la CRT redacta una regulación en la que se otorga a sí misma una potestad para incidir en el contenido de los medios, sin advertir en ello nada ominoso. Y una tercera hipótesis, más inquietante, sugeriría la intención de dotar al poder político de un instrumento para limitar a la prensa que milita en su contra.

En todo caso, no sería la primera vez que la Presidenta frena una propuesta preparada por sus correligionarios en las Cámaras, en la administración pública o en el sistema judicial. Ahí están las leyes autoritarias impulsadas por algún gobernador, como en Veracruz; la pretensión de gravar herencias o de revisar la cosa juzgada desde la Suprema Corte; o los efectos retroactivos introducidos en la ley de amparo desde el Senado, entre otros ejemplos. Una y otra vez se advierte la intención de Palacio de matizar y eliminar excesos en los esfuerzos de la 4T por dotar al poder político de mayores atribuciones frente al poder económico, por decirlo así, en su afán de concretar los cambios prometidos.

En ese impulso, muchos compañeros de viaje —sea por radicalismo ideológico, en el caso de los duros, o por vicio de formación, en el caso de expriistas y oportunistas— han creído que asegurar el poder para favorecer a los pobres justifica atajos autoritarios. La Presidenta, por el contrario, parece entender que el gran reto de su administración consiste en propiciar condiciones para el crecimiento económico, reactivar la inversión privada y generar los empleos que el país necesita para sacar de la pobreza a millones de rezagados. Y eso sólo es posible construyendo legitimidad y certidumbre, entre otras cosas, mediante un marco jurídico e institucional estable y confiable.

Con todo, llama la atención el estilo combativo y partisano con el que Sheinbaum realiza estas intervenciones “democratizantes”. La Presidenta fustigó con dureza a los críticos que acusan de autoritario el proyecto —críticos que, ciertamente, tampoco ahorraron epítetos—, como si se hubieran inventado una redacción perversa donde no la había. Es decir, atribuyó exclusivamente a la mala fe las críticas que se hicieron a los lineamientos. En realidad, cualquiera que se tome la molestia de consultar el texto en la página de la CRT advertirá que allí sí se contemplan potenciales multas vinculadas con contenidos. Que los malquerientes de la 4T lo aprovechen para acusar al gobierno poco menos que de estalinista es otra cosa; pero lo cierto es que la posibilidad de sancionar se desprende de ese texto.

Podríamos preguntarnos por qué la Presidenta no interviene simplemente señalando que existe una preocupación explicable por la ambigüedad inadvertida de una redacción, y que es necesario enmendarla para tranquilidad de todos. Habría sido un gesto democrático que la beneficiaría. Porque, finalmente, eso es lo que hace, pero lo hace con dedo flamígero, indignada y abonando a la polarización; sube al paredón de la mañanera a los críticos que, según ella, se “inventaron” tal lectura. Supongo que responde a necesidades internas: una manera de corregir un exceso de los duros sin que parezca un coscorrón. O quizá empata con la vena militante de ella.

Todo eso explicaría la presencia de Luisa María Alcalde no sólo en la Consejería Jurídica, sino también como vocera recurrente para aclarar iniciativas legales polémicas. Se trata de una figura que invariablemente convierte una exposición jurídica en una trinchera para enzarzarse en un pleito con la oposición. Habría que reconocer que Alcalde es un cuadro de primera línea dentro del movimiento. Pero un cuchillo es imprescindible salvo cuando se le utiliza como cuchara. La abogada de la Presidencia tendría que ser una profesional respetada por la comunidad jurídica y, en esa medida, por la opinión pública especializada. Colocar en esa posición a la expresidenta de Morena —por definición, una adversaria de las otras fuerzas políticas— desdibuja de entrada la neutralidad que debería presumir un proyecto de ley concebido para beneficio de todos. Y mucho menos ayuda el talante regañón y belicoso del que la exdirigente no ha podido desprenderse. Imagino que las razones de la Presidenta para incurrir en ello tienen que ver con la forma en que se relaciona con una parte del movimiento. Me pregunto si el desgaste de imagen, a mar abierto, vale la pena.

En fin, me parece que la accidentada intención de mejorar los contenidos de los medios y proteger a las audiencias quedará a medio camino: una versión deslactosada, resultado de una pretensión excesiva y potencialmente dañina. Con todo, hay una preocupación legítima para disminuir excesos y abusos en la comunicación. Por esta vez, el proceso y su desenlace dejan reflexiones interesantes.