Chantaje regulatorio

​Columna de opinión escrita por Jorge Suárez-Vélez para el diario Reforma

Viernes 6 de febrero de 2026

Jorge Suárez-Vélez

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En México se insiste en que el principal problema fiscal es la baja recaudación. Lo que rara vez recibe la misma atención es que querer recaudar más, sin crecer, exige un nivel de terrorismo fiscal totalmente contraproducente. La fiscalización intimidatoria está causándole enorme daño a la inversión y al aparato productivo. Peor aún, en el intento por aumentar la recaudación sin una reforma fiscal integral y evitando ampliar la base de contribuyentes, se ha construido un sistema complejo, punitivo y deliberadamente enredado, diseñado para que el causante falle y termine pagando multas o viéndose obligado a "arreglarse".

El poder tributario, que debería ejercerse con neutralidad y certeza jurídica, se ha transformado en un instrumento de presión, castigo selectivo y extorsión. Mientras personajes cercanos al régimen, como Epigmenio Ibarra y otros incondicionales de la 4T, gozan de trato preferencial, empresas formales enfrentan exigencias fiscales que rozan la ilegalidad. Se ha llegado al extremo de reclamar impuestos ya pagados en otras jurisdicciones, bajo interpretaciones retroactivas y forzadas de la ley. Las autoridades saben que esos cobros no resistirían un análisis jurídico serio; confían, sin embargo, en que la amenaza de prisión preventiva oficiosa bastará para forzar pagos arbitrarios.

En este entorno, el litigio fiscal se ha vaciado de contenido no por falta de argumentos, sino porque se ha extendido la convicción de que los tribunales fallarán a favor del gobierno. Ante ese sesgo, muchos fiscalistas recomiendan no pelear, sino pactar temprano y "arreglarse" pronto. El incentivo es perverso, normaliza la corrupción y convierte el cumplimiento fiscal en una transacción bajo coacción.

Las prácticas administrativas agravan el problema. El retiro de sellos digitales, incluso por faltas menores o criterios discrecionales, paraliza a las empresas al impedirles facturar. Frente a esa asfixia, algunas consideran crear empresas espejo para seguir operando mientras se "arregla" el conflicto. No es una anomalía moral del empresario, es una respuesta defensiva a un sistema diseñado para que el contribuyente falle. Es, en los hechos, chantaje regulatorio.

A ello se suma la extorsión laboral. Empresas medianas que subcontratan servicios enfrentan hoy responsabilidades solidarias si sus proveedores incumplen con el IMSS, con multas desproporcionadas como amenaza. Su lógica es ir contra quien puede pagar, no contra quien incumple. Estas prácticas, como los nuevos y excesivos requisitos en comercio exterior, parecen pensadas para que nadie cumpla y muchos terminen pagando o "negociando".

Todo esto ocurre mientras se ignora el gasto, el otro lado de la ecuación fiscal. Dos Bocas, el Tren Maya, el AIFA y otros proyectos de rentabilidad dudosa hacen aún más cuestionable la violencia fiscal. A ello se suma la militarización opaca del gasto, con aeropuertos y aduanas fuera del escrutinio civil, y la desaparición de fideicomisos técnicos cuyos recursos se diluyeron sin trazabilidad. La dureza contra contribuyentes cautivos contrasta con la tolerancia frente a fraudes masivos como el huachicol fiscal, que ha costado entre 300 y 500 mil millones de pesos anuales.

Si además se añade el encarecimiento de la formalidad por alzas excesivas de salario mínimo, y consecuentemente de prestaciones, además del cobro de derecho de piso del crimen organizado, el resultado es predecible, pequeñas y medianas empresas concluyen que la formalidad no solo es cara, sino peligrosa. El Estado, en lugar de ampliar su base tributaria, la está expulsando hacia la informalidad.

La inversión, tan urgente en un país que lleva siete años estancado, requiere certeza jurídica. La mejor forma de recaudar más no es intimidar, sino crecer. Un Estado fuerte es el que fomenta inversión y emprendimiento. No es el que cobra con miedo, sino el que cobra con reglas claras y gasta con responsabilidad. Cuando recaudar es sinónimo de chantaje y gastar de opacidad, el resultado no es mayor recaudación, sino menos inversión, menos crecimiento y un Estado cada día más débil.

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Falsa medianía

Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior

Viernes 6 de febrero de 2026

Pascal Beltrán del Río

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La estampa resulta tan anacrónica como dolorosa: en pleno aniversario de la Constitución, un hombre permanece erguido con las manos en los bolsillos mientras una mujer, agachada a sus pies, le limpia los zapatos. No es un cuadro del siglo XIX ni una escena de la época de las castas: es Hugo Aguilar Ortiz, el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación elegido por voto popular, a minutos de encabezar la ceremonia oficial en el Teatro de la República en Querétaro.

El video captura no sólo la nata que cayó sobre el calzado, sino el desmoronamiento de una narrativa que prometió “purificar” la vida pública de México.

Lo sucedido ayer en Querétaro es la culminación de una serie de contradicciones que desnudan la verdadera naturaleza de la autodenominada Cuarta Transformación. Aguilar, cuya llegada a la cúspide del Poder Judicial fue celebrada por la presidenta Claudia Sheinbaum como un hito de representación indígena —comparándolo incluso con Benito Juárez—, ha demostrado en pocos segundos que el origen étnico no es vacuna contra la soberbia. La imagen es demoledora: el representante de la justicia observando con indiferencia si la labor de limpieza, realizada por una colaboradora suya, ha sido suficiente, mientras hace oídos sordos al ensayo del himno nacional y, sobre todo, la dignidad de quien le sirve.

Hace apenas unos días, el propio Aguilar intentaba contener el daño provocado por la adquisición de camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas para los ministros. En un arranque de falsa modestia, el presidente de la Corte aseguró que los integrantes del pleno no necesitaban tratos especiales e incluso presumió que él no tendría inconveniente en llegar en Metro a sus oficinas.

Sin embargo, su actitud en Querétaro revela que la humildad discursiva es sólo un disfraz de conveniencia. El hombre que dice estar dispuesto a viajar en transporte público es el mismo que permite, sin un gesto de agradecimiento o de cortesía elemental, que una mujer se postre ante él para abrillantar su apariencia.

A dos años exactos de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador presentara el paquete de reformas constitucionales inspiradas en un supuesto “humanismo”, los resultados están a la vista. La reforma al Poder Judicial, impulsada bajo la premisa de que los jueces debían ser elegidos por el pueblo —porque éste tiene un “instinto certero”—, no ha servido para democratizar la justicia, sino para democratizar los vicios que antes se criticaban.

El oficialismo, que compró los votos necesarios en el Senado para consumar este cambio, prometió que se terminaría con el elitismo. Hoy vemos que el elitismo no murió, simplemente cambió de manos y de rostros.

Resulta irónico que Aguilar fuera el único hombre representante de los Poderes de la Unión en el estrado, flanqueado por mujeres que encabezan el Ejecutivo y el Legislativo. Su falta de sensibilidad no es sólo un desplante de género, sino la confirmación de que la jerarquía que hoy impera en el país se siente por encima de cualquier escrutinio.

La “purificación” que prometió López Obrador ha resultado ser un simple relevo de privilegios. Mientras se fustigaba a la antigua “delincuencia de cuello blanco”, los nuevos encumbrados exhiben sin pudor relojes de lujo, prendas de diseñador, viajes en clase business a Europa y salones de belleza de uso exclusivo, recordándonos que su lucha no era contra la desigualdad, sino contra su exclusión de la mesa de los beneficios.

La elección de Hugo Aguilar —lograda gracias a la magia del acordeón— no lo convirtió en un servidor del pueblo, sino en miembro de una nueva realeza sexenal, protegido por la legitimidad de las urnas. El “humanismo” invocado para cambiar la Constitución parece haberse extraviado en el camino entre el discurso y el poder.

Lo que vimos en Querétaro es la esencia de un régimen que utiliza la polarización para hacerse del control, mientras sus protagonistas se deleitan en los mismos rituales de humillación que juraron desterrar. Al final, no llegaron al poder para acabar con los privilegios, sino para asegurarse de que nadie más que ellos pueda disfrutarlos.