La Constitución de la 4T

Columna de opinión escrita por Jorge Fernández Menéndez para el periódico Excélsior

Jueves 5 de febrero de 2026​

Jorge Fernández Menéndez

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La Constitución de 1917 ya no existe. Los cambios realizados, sobre todo en los dos últimos años, han transformado por completo la letra y el espíritu de la Carta Magna.

Hace exactamente dos años, cuando López Obrador presentó su plan C, escribíamos aquí que “a lo que se aspira es a demoler el sistema político de contrapesos construido durante la larga transición democrática que inició con la reforma de Reyes Heroles en el 79 y tuvo su culminación con el triunfo de López Obrador en el 2018. Desde que asumió, la actual administración ha trabajado constantemente para desmantelarla y regresar al viejo sistema político, el previo a la transición democrática.

“Siempre el objetivo presidencial ha sido una nueva constitución, la ha planteado muchas veces, pero nunca ha alcanzado los consensos mínimos para poder sacarla adelante, pero es lo que sigue proponiendo ahora y pretende hacerlo de facto. Es lo mismo que han intentado hacer y en ocasiones lograron los demás regímenes populistas de izquierda en América Latina: Chávez y Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, impusieron sus constituciones de facto.

“Si el presidente López Obrador logra imponer estas nuevas iniciativas, el sistema político terminará teniendo, definitivamente, el rostro que el lopezobradorismo quiere. Y aunque no lo logre antes de que deje el poder, habrá logrado dos cosas importantes: imponer la agenda, la ruta política del próximo gobierno y terminar de bloquear cualquier intento de Claudia Sheinbaum de deslindarse, aunque sea parcialmente, de su antecesor”.

Eso ya ocurrió. De facto, vía un sistema de sobrerrepresentación abusivo que no refleja los resultados electorales, el gobierno logró plasmar todos los cambios constitucionales necesarios para acabar con ese sistema de contrapesos que se había construido desde 1979. Hoy, la Constitución es otra, no es la de los constituyentes de 1917, es la de la 4T. 

En los dos últimos años, la Constitución ha tenido reformas concentradas, sobre todo, en el control constitucional, el Poder Judicial, los derechos sociales. Frente al texto original de 1917, el vigente es mucho más largo, detallado y cargado de reformas que han transformado el diseño de poderes y ampliado el catálogo de derechos sociales, y ha debilitado los contrapesos. Es un Constitución construida en torno al poder del Ejecutivo, colocado por encima de los otros poderes de la nación.

Entre las reformas más importantes están la de la inimpugnabilidad de las reformas constitucionales: se modificaron los artículos 105 y 107 para establecer que no procede juicio de amparo, controversia constitucional ni acción de inconstitucionalidad contra adiciones o reformas a la propia Constitución, consolidando la idea de “supremacía” de las reformas aprobadas por el procedimiento del artículo 135.

La reforma judicial cambió todo, desde en la forma de designación de ministros, magistrados y jueces, que pasan a ser electos por voto popular, hasta la reducción del número de ministros de la Suprema Corte y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, sustituida por nuevos órganos de administración y disciplina.

En los diez primeros meses de esta administración se aprobaron reformas vinculadas a la justicia, las telecomunicaciones, los derechos sociales, la sustentabilidad y la democracia que, con el argumento de revertir las políticas del periodo “neoliberal”, han concentrado el poder en el Ejecutivo y han quitado todos los contrapesos del mismo.

El cambio respecto a la Constitución de 1917 se da en la forma y en el fondo. La de 1917 está contenida en un texto compacto, con 136 artículos y un catálogo inicial de derechos sociales pionero, pero acotado. Hoy, la Constitución ha sido reformada decenas de veces, es uno de los textos constitucionales más manoseados del mundo; el documento vigente es mucho más extenso y técnico, con numerosos párrafos, fracciones y artículos añadidos que le quitan sentido y lógica al texto constitucional. Es mucho más dogmática e ideológica, e incorpora derechos de todo tipo que, en realidad, tendrían que contemplarse en las leyes, no en el cuerpo constitucional.

La de 1917 contemplaba un diseño clásico de conformación del Poder Judicial, con ministros nombrados por el Ejecutivo con aprobación del Senado. Hoy, la reforma judicial cambió el modelo hacia una elección popular de jueces, magistrados y ministros, reduce el número de ministros de la Corte y elimina el Consejo de la Judicatura Federal, lo que altera profundamente el equilibrio entre independencia judicial y control democrático. Lo hace dependiente del Ejecutivo y del partido en el poder.

Si en 1917 la Carta Magna consolidaba el federalismo y el municipio libre como célula básica de la organización política interna, con relativa autonomía local, hoy, aunque el texto sigue siendo formalmente federal, las reformas han fortalecido competencias federales en seguridad, derechos y regulación económica, entre muchos otros ámbitos.

Dicen que los sistemas que funcionan tienen normas relativamente laxas que se aplican en forma estricta. Los que no funcionan, como el nuestro, expresado en la nueva Constitución de la 4T, tienen normas estrictas que se aplican en forma laxa… y discrecional. Quizá por eso estamos como estamos.

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Si hackearon al gobierno

Columna de opinión escrita por Mario Maldonado para el diario El Universal

Jueves 5 de febrero de 2026

Mario Maldonado

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El hackeo de los sistemas digitales del gobierno mexicano sucedió como fue anticipado en esta columna el jueves pasado. Por lo menos 25 dependencias federales sufrieron vulnerabilidades y alrededor de 2 terabytes de información sensible de los ciudadanos fue exhibida en plataformas públicas.

Entre las dependencias afectadas se encuentran la Sociedad Hipotecaria Federal, que dirige Jorge Mendoza; el IMSS-Bienestar de Alejandro Svarch; el Sistema de Administración Tributaria a cargo de Antonio Martínez Dagnino; la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de Ricardo Ochoa Rodríguez; la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Mario Delgado, y la Comisión Nacional del Agua, al mando de Efraín Morales. A todas se les cumplió la amenaza de ver publicados el 30 de enero sus datos privados.

Aunque la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a cargo de José Antonio Peña Merino, mantuvo la narrativa de que no se trató de una vulneración de la infraestructura de las autoridades, sino de “usuarios y contraseñas válidos que se inhabilitaron inmediatamente”, expertos en ciberseguridad consultados para esta columna coincidieron en que el uso no autorizado de credenciales dentro de un sitio gubernamental es un incidente que queda fuera de los “supuestos” y representa una responsabilidad legal.

“La ATDT cuenta con una área especializada en ciberseguridad que, desde octubre de 2024, asesora y acompaña a las distintas autoridades en sus procesos de protección y seguridad, mediante la cual ha capacitado a 613 servidores públicos, emitido 204 alertas y notificaciones tempranas a dependencias evitando fugas de información y publicado el primer Plan Nacional de Ciberseguridad 2025-2030 y la Política General de Ciberseguridad”, expuso el equipo de Merino en medio de la crisis.

Pero, contrario a lo manifestado públicamente, el robo de información sí puso al descubierto el sistema federal de salud para población no asegurada del IMSS-Bienestar, con 1.8 terabytes de datos de 3 millones de personas, validados ante el registro civil nacional, o los registros fiscales y cédulas profesionales de 95 mil agentes de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Lo relevante, más allá del cruce de versiones respecto a que las autoridades sí activaron sus protocolos, es que el gobierno sí aceptó la presencia de una “amenaza” y, a pesar de que insiste en que no hubo una intrusión directa en los sistemas, sí acepta que hubo fallas principalmente en la operación de los servicios que les ofrecen los privados. En pocas palabras, señaló como responsables a las empresas privadas que tienen contratos con gobierno.

El discurso es el mismo que ha acompañado a la 4T desde su llegada al poder: la pugna entre lo público y lo privado, en la que el Estado es supuestamente un mejor administrador que los empresarios y, en este caso, un mejor guardián de los sistemas digitales, capaz de enfrentar por sí mismo a los grupos de hackers de talla internacional. En el México del Segundo Piso de la 4T aspiran en hacer su propia versión de Google con una inversión de 300 millones de dólares, pero que, en los hechos, se aleja cada vez más del verdadero mundo digital.

A este episodio se suma un dato que dentro del propio gobierno reconocen en voz baja: la concentración de servicios, dominios y autenticaciones bajo la arquitectura de “gob.mx”, diseñada para centralizar y simplificar, terminó por convertirse en un punto crítico de vulnerabilidad.