Derechos de las Audiencias: el desafío ético de los medios

Columna de opinión escrita por Laura Itzel Castillo Juárez para ​El Universal

Miércoles 5 de agosto de 2026

Laura Itzel Castillo

5:14

En días recientes, la Presidencia de la República presentó los “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias” emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que son de carácter obligatorio para las concesionarias de televisión abierta y radio, las concesionarias de televisión y audio de paga, así como de las programadoras de uso comercial, público y social radio. Tienen el objetivo de hacer efectivos los derechos de las audiencias y definen con precisión los conceptos establecidos en la ley para que no haya laxitud, subjetividad o discrecionalidad en la interpretación.

La propuesta obedece primordialmente a la necesidad de garantizar que el público que recibe contenidos de los medios obtenga información veraz, plural y oportuna; evitando la difusión de datos falsos o descontextualizados. Con este marco normativo por primera vez se coloca al respeto y la protección de los derechos humanos como un elemento central en el tema.

En su contenido, los lineamientos prohíben la discriminación y la apología del odio; exigen la protección prioritaria de niñas, niños y adolescentes; y marcan un parteaguas al establecer reglas claras para diferenciar entre información, opinión y publicidad, así como al exigir la rectificación inmediata ante noticias falsas cuyo único fin es manipular.

La protección de los derechos de las audiencias no depende solo de lo que la norma establezca, sino también del compromiso y la responsabilidad con que los medios de comunicación los asuman para ponerlos en práctica. Los medios tienen frente así la posibilidad de autorregularse respetando la pluralidad, nombran a su propio regulador o defensor de audiencias, figuras que deben gozar de una autonomía e imparcialidad genuinas para ser un puente efectivo entre el público y los emisores de contenido. Asimismo, en un acto de integridad comunicativa, también deben elaborar su código de ética.

Es muy importante destacar que nuestra presidenta la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que en este tema no hay censura previa, pero sí una responsabilidad por lo que se comunica. Quien comunica debe hacerse cargo de las consecuencias de lo que difunde. No hay libertad sin responsabilidad, ni derecho pleno sin el contrapeso de la veracidad. Un sistema mediático que distingue los hechos de las opiniones, que transparenta la publicidad no deseada y que garantiza la accesibilidad, es un sistema que contribuye a la fortaleza política, social y cultural de México.

En materia de sanciones, es importante señalar que la Comisión únicamente podrá intervenir cuando no se cumpla con la obligación de emitir el Código de Ética, designar al defensor de las audiencias o poner a disposición de estas los mecanismos de defensa correspondientes. En ningún caso se impondrán sanciones por los contenidos difundidos. Asimismo, para distinguir claramente entre contenidos y publicidad, solo será necesario mostrar en pantalla, de forma visible, clara y legible, el símbolo “P” al inicio y al final del espacio publicitario.

En resumen, los nuevos lineamientos buscan promover una convivencia social más participativa, donde la comunicación deje de usarse para difundir ataques o desinformación y se convierta en una herramienta para fortalecer la ciudadanía y la participación de la sociedad en la vida pública.

Corresponde hoy a los medios de comunicación asumir con convicción y sentido de responsabilidad la importante tarea de fortalecer sus propios principios éticos, este no es solamente un compromiso con un marco regulatorio; es, sobre todo, un compromiso con la sociedad mexicana.

Los medios han sido y seguirán siendo actores fundamentales en la construcción de una ciudadanía informada, crítica y participativa. Por ello, su labor debe sustentarse en la búsqueda permanente de la verdad, el respeto a la pluralidad de ideas y la defensa de los derechos de todas las personas. Cada noticia, cada análisis y cada espacio de comunicación tiene el poder de fortalecer la confianza pública y contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y consciente.

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Los derechos de las audiencias y la

última palabra

Columna de opinión escrita por Sergio López Ayllón para La Aurora de México

Miércoles 5 de agosto de 2026

Sergio López Ayllón

5:07

No hay democracia sin libertad de expresión. Un régimen en el que los ciudadanos deciden supone ciudadanos informados y, en sociedades plurales, capaces de contrastar puntos de vista. Por eso la libertad de expresión también protege a los receptores de información. Esa es la dimensión social de esa libertad que dio origen a los derechos de las audiencias.

Nacieron en los años 80, cuando el problema era la escasez: unas cuantas voces, concesionarias de un bien del dominio público, se dirigían a un público que recibía información sin poder responder. Pero quienes están del otro lado de pantallas y receptores no son consumidores pasivos, sino titulares de derechos. Por eso le corresponde al Estado garantizar que la información que circula —en su conjunto— sea plural, veraz y que las personas tengan acceso efectivo a ella. Los derechos de las audiencias eran, ante todo, un deber de asegurar oferta plural y evitar la concentración.

Hoy el problema es el inverso. Con internet y las redes sociales la escasez desapareció: todos tienen voz, y lo difícil ya no es acceder a la información, sino discriminar dentro de un universo abierto. La tentación, comprensible, es pedir al Estado que haga de filtro. Pero un instrumento concebido para garantizar que la información llegue cambia de naturaleza cuando el problema es el exceso: deja de asegurar la oferta y empieza a seleccionar contenidos.

Ese desplazamiento está en juego en el proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sometió a consulta pública. El proyecto tiene muchos problemas, solo me referiré a dos cuestiones fundamentales.

La primera es que convierte un mecanismo virtuoso de autorregulación y transparencia en uno de autorización. Los códigos de ética de los concesionarios deben ajustar su contenido a los lineamientos, su inscripción admite prevención y desechamiento, y sin código inscrito procede una sanción. Eso es un mecanismo de supervisión administrativa.

La segunda es que entrega al Estado la última palabra sobre qué es verdad. El artículo 12 del proyecto obliga a los concesionarios a adoptar medidas para no difundir “información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual”, sin exceptuar la sátira, la ficción ni la opinión. “Descontextualizada” no es un término determinable y se corre el riesgo de interferir en la política editorial. Y se da a la CRT la facultad de determinar qué es falso.

Veamos por qué esto es problemático. En febrero de 2026 se produjo un derrame de hidrocarburos en instalaciones de Pemex. La empresa y el gobierno federal negaron que existiera una fuga. Imágenes satelitales, investigaciones periodísticas y denuncias ambientales condujeron a crear un grupo interdisciplinario, y el gobierno terminó por reconocer que el origen era un oleoducto propio y que Pemex ocultó la fuga. De estar los lineamientos en vigor, la cobertura que resultó cierta habría sido, según la versión oficial, información falsa. Y quien habría de calificarla es un órgano del Estado que negaba el derrame.

Es sólo un ejemplo simple; hay temas mucho más complejos, en particular en materia política, ideológica y electoral. Se genera así un mecanismo de censura indirecta, que el artículo 13.3 de la Convención Americana prohíbe expresamente. La veracidad constitucionalmente exigible no es garantía de verdad objetiva, sino “un razonable ejercicio de investigación y comprobación”, como ha precisado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los derechos de las audiencias nacieron para ensanchar lo que podemos escuchar. Un diseño que termina decidiendo qué puede decirse no los desarrolla: los invierte. La consulta pública sigue abierta y es el lugar para corregirlo.