El algoritmo, la batalla de todos

Columna de opinión escrita por Jorge Zepeda Patterson para Milenio

Martes 4 de agosto de 2026

Jorge Zepeda Patterson

8:24

Algo importante está ocurriendo cada lunes en las mañaneras desde hace tres semanas. Claudia Sheinbaum ha dedicado prácticamente las dos horas de estas sesiones a una reflexión colectiva sobre un tema que ya no admite demora: la responsabilidad de los adultos frente al daño que puede provocar en las nuevas generaciones el uso indiscriminado de tabletas y teléfonos móviles.

El asunto es tan decisivo como delicado. Supone discutir —y eventualmente tomar medidas— sobre un espacio que es, al mismo tiempo, público y privado. Hablamos de una tecnología imprescindible, pero también de una herramienta cuyas consecuencias son determinantes en la formación de la personalidad de los adolescentes, en el desarrollo neurológico de los niños y en la manera en que los jóvenes se relacionan con el mundo.

Todos lo experimentamos, aunque muchas veces seamos remisos para reconocer sus consecuencias. El teléfono inteligente no es solo un medio de comunicación: es una puerta permanente al entretenimiento, a la información, a la interacción social, al consumo y la comparación constante con los demás. Esa realidad ofrece oportunidades enormes para aprender, crear, expresarse y participar en la vida pública. Pero también genera riesgos que ya no pueden ser vistos como problemas exclusivamente familiares o individuales.

La adicción a los dispositivos móviles, el uso compulsivo de redes sociales, la exposición a contenidos dañinos, la pérdida de concentración, el deterioro del sueño y los efectos sobre la salud mental son asuntos de interés público. Por ello, el gobierno tiene una responsabilidad evidente: proteger a la infancia y a la juventud, generar conciencia social, impulsar programas preventivos y establecer normas razonables, especialmente en el ámbito escolar, sin invadir la vida privada de las personas. Más fácil decirlo que hacerlo, por las muchas controversias que puede provocar, por no hablar de los poderosos intereses de las empresas tecnológicas.

El primer punto que debe reconocerse es que niñas, niños y adolescentes no enfrentan el mundo digital en igualdad de condiciones frente a las grandes plataformas. Las redes sociales están diseñadas para capturar la atención durante el mayor tiempo posible. Las notificaciones, los videos breves, la recompensa inmediata de los “me gusta”, los algoritmos de recomendación y el desplazamiento infinito no son elementos neutrales: forman parte de modelos de negocio basados en retener usuarios y extraer datos.

Frente a ese diseño sofisticado, pedir simplemente a un menor de edad que “se controle” resulta insuficiente. También es injusto trasladar toda la carga a los padres, muchos de los cuales trabajan jornadas extensas, carecen de información técnica o enfrentan una presión social en la que el teléfono se ha convertido en instrumento de integración, seguridad y pertenencia.

En ese contexto, el Estado debe actuar como garante de derechos. La protección de la niñez no se limita a evitar daños físicos; también implica cuidar su desarrollo emocional, cognitivo y social. Si el gobierno regula los alimentos en las escuelas, las campañas de vacunación, los horarios laborales de menores, la seguridad vial o la publicidad dirigida a niños, también puede y debe intervenir frente a entornos digitales que afectan la salud, el aprendizaje y la convivencia.

No se trata de demonizar la tecnología, sino de reconocer que su uso sin límites puede producir daños reales, sobre todo cuando sustituye el juego, la lectura, la conversación cara a cara, el descanso y la actividad física.

Lo que intenta Claudia Sheinbaum es generar conciencia pública. Entiende que estamos ante un terreno inédito y que ninguna acción será verdaderamente efectiva si no existe un criterio compartido o, por lo menos, no contradictorio entre el espacio público y el privado. La única manera de lograrlo es socializar información, evidencias y criterios sobre la gravedad y la complejidad del problema.

De eso han tratado estas sesiones de los lunes: expertos nacionales e internacionales, psicólogos, neurólogos, sociólogos y pedagogos dedicados a analizar el tema; reportes de investigaciones y estadísticas que hoy se benefician del examen de más de una generación crecida bajo el imperio del scroll. La evidencia es contundente sobre el impacto que la descarga de dopamina y la satisfacción inmediata producen en niñas y niños pequeños al oprimir una imagen digital, así como sobre el daño que puede generar la adicción a los videos cortos en la manera en que un joven se vincula con el mundo.

No basta con decir que “las redes son malas” ni con promover el miedo. Es necesario explicar cómo funcionan los algoritmos, por qué la exposición prolongada afecta el sueño, de qué manera la comparación social puede deteriorar la autoestima, qué relación existe entre atención fragmentada y bajo rendimiento escolar, y cómo identificar señales de uso problemático.

La conciencia pública también debe incluir alternativas: hábitos digitales saludables, tiempos de desconexión, espacios familiares sin pantallas, uso creativo de la tecnología y criterios para distinguir información confiable de manipulación o desinformación.

También es necesario que el gobierno insista en un diálogo con las plataformas digitales para exigir mayor rigor en la autorregulación de excesos y prácticas nocivas. Pero no es una conversación fácil. La autorregulación empresarial es mínima cuando los incentivos económicos favorecen precisamente la permanencia excesiva del usuario frente a la pantalla.

Se trata de los nuevos “amos del universo”. Donald Trump ya ha dejado clara su disposición a emprender represalias contra los gobiernos europeos que intenten imponer restricciones a estas plataformas. En ese sentido, resulta estratégico para Sheinbaum contar con una opinión pública informada y decidida a hacer algo al respecto.

Ojalá podamos abordar el tema, por una vez, al margen de polarizaciones políticas mezquinas, de uno y otro lado. El asunto nos cruza a todos y urge actuar como sociedad para no quedar inermes frente a algoritmos que convierten a nuestros hijos y nietos en extensiones adictas de una lógica diseñada para retenerlos. Me parece que la Presidenta intenta encararlo como un problema de salud pública para el cual ni ella ni su gobierno tienen todavía una respuesta cabal. Precisamente por eso urge construirla entre todos.

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Homicidios dolosos y derechos de

audiencias

Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para Excélsior

Martes 4 de agosto de 2026

Pascal Beltrán del Río

5:36

Ayer, el Inegi hizo público el número preliminar de defunciones por homicidio registradas en 2025.  

Hay varias noticias buenas: por un lado, no sólo bajó la cifra respecto del año anterior —de 33 mil 550 a 27 mil 989— sino que todos los estados de la República, salvo cuatro, tuvieron una reducción en ese delito. Las únicas excepciones fueron Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Tabasco. Otro dato positivo es que por primera vez desde 2016, bajaron de 30 mil los asesinatos en un año calendario.

Sin duda, algo está pasando a nivel nacional para que se reduzca el número de homicidios. Y es posible que sea resultado de una estrategia distinta en materia de seguridad pública a la de “abrazos, no balazos”, que se aplicó el sexenio previo, y que sólo sirvió para envalentonar a los delincuentes.

El recuento que hace el Inegi es el más preciso en la materia, pues toma los datos de los certificados y actas de defunción, emitidos por el Registro Civil, el Servicio Médico Forense y las Agencias del Ministerio Público —según se detalla en el propio comunicado— y no de reportes de “un equipo interdisciplinario”, integrado por distintas instituciones, como sucede con las compilaciones diarias que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con el paso de los años, nos hemos dado cuenta de que estos últimos reportes siempre se quedan cortos respecto de las estadísticas del Inegi. En los diez años anteriores (2015-2024) se habían quedado cortos en un promedio de mil 538 homicidios. Sin embargo, en este último caso la diferencia entre un dato y otro se disparó hasta 3 mil 645, más del doble. Y es que mientras los asesinatos reportados en 2025 por el Secretariado Ejecutivo fueron 24 mil 344, los que encontró el Inegi sumaron 27 mil 989.

Hay que insistir en que el Inegi sí estableció una reducción en el número de homicidios entre 2024 y 2025, pero es necesario hacer un par de anotaciones. Primero, los casi 28 mil asesinatos siguen siendo muchos. Eso significa que el año pasado mataron a un promedio de 76 personas al día. Segundo, que no existe un reporte de cuántos de esos crímenes fueron resueltos y juzgados y terminaron en una sentencia.    

También es preciso aclarar que la reducción registrada entre un año y otro corresponde a 16.6%, lo que vuelve muy difícil de sustentar el alegato del gobierno federal de que el descenso en esa cifra roja en lo que va del sexenio sea de 40%, como ha venido informando desde enero de este año. 

Para comenzar, no podemos conocer el porcentaje real de la reducción, pues, como digo arriba, hay discrepancias importantes entre las cifras del Secretariado Ejecutivo y las del Inegi (en 2025 la diferencia fue de 13% entre una cifra y otra). El problema es que se ha comunicado reiteradamente a la ciudadanía, desde Palacio Nacional, que el descenso en el número de homicidios es de 40% sin que los datos provengan de fuentes confiables. 

Recordarlo es relevante en momentos en que se discuten los derechos de las audiencias y la importancia de que la información pública sea veraz y precisa. No hay forma de corroborar con datos fidedignos el porcentaje de reducción de los homicidios en el sexenio, dado que el Inegi sólo da esa cifra de forma anual y es la única que se basa en certificados y actas de defunción, en los que se asienta la causa del deceso, misma que únicamente puede ser determinada por un médico legista. 

Si el gobierno tiene un interés genuino de que la información que difunden los medios de comunicación esté apegada a la verdad —como ha expresado con motivo de la redacción de los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias—, mal hace en basar una estadística que difunde a menudo en una fuente, el Secretariado Ejecutivo, que año tras año ha divulgado una cifra de homicidios que se queda cada vez más corta de la del Inegi. 

La mejor manera de probar que le interesa la veracidad de la información y no el uso de ésta como propaganda, es dar el ejemplo. Como reza el dicho popular: lo que es parejo no es chipotudo.