El dilema

​Columna de opinión escrita por Luis Rubio para el diario Reforma

Lunes 19 de enero de 2026

Luis Rubio

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En la mitología griega, Ulises, el personaje de La Odisea, enfrentaba un dilema literalmente de sobrevivencia a su regreso luego de derrotar a Troya. Navegando en su barco se encuentra ante el gran peligro de tener que transitar entre los dos grandes amagos por parte de Escila y Caribdis, un monstruo de seis cabezas y un remolino monumental, respectivamente, ambos amenazantes. De manera similar, el presidente Trump ha colocado a la presidenta Sheinbaum ante un dilema existencial.

Para nadie es noticia que los criterios que guían la toma de decisiones en el Washington de hoy han cambiado radicalmente. En su recientemente publicada "estrategia de seguridad nacional", el gobierno norteamericano presenta un viraje sustantivo en su visión geopolítica al privilegiar su presencia (y aspiración de control) de la región latinoamericana en lugar de combatir el terrorismo o contener a China. Las nuevas prioridades no tardaron en hacerse visibles en la detención de Nicolás Maduro, cuyo operativo no fue sorprendente, excepto en su forma, pues el virtual cerco naval frente a las costas de aquella nación llevaba meses. Lo que sí fue sorprendente fue la crudeza de las declaraciones tanto del presidente Trump como de sus principales operadores al ignorar el tipo de explicaciones que históricamente se habían empleado -como derechos humanos y democracia- para justificar similares operaciones. En esta ocasión se habló de petróleo y los derechos de los poderosos. El cambio es dramático y tiene evidentes implicaciones para México.

Hace unos quince años entrevisté a la persona que había sido el consejero de seguridad nacional del presidente norteamericano cuando el gobierno mexicano presentó la propuesta de negociar un acuerdo comercial, el que acabó siendo conocido como NAFTA. El tratado estaba a punto de cumplir veinte años y yo quería entender la lógica de la respuesta estadounidense ante el planteamiento mexicano. El general Scowcroft fue lapidario en su respuesta: "un México próspero y exitoso es el mejor interés de Estados Unidos". Por mucho tiempo, prosiguió el estadista, México había visto a su vecino norteño como una amenaza, cuando para Estados Unidos el éxito económico y político de México constituía una garantía de estabilidad en su frontera más importante. En consecuencia, desde la perspectiva de su país, la integración económica constituía una enorme oportunidad y coincidía con los objetivos de Estados Unidos en la era posterior a la Guerra Fría. Qué tiempos aquellos.

Hoy el gobierno estadounidense percibe a México como una amenaza, aunque por razones distintas a las que preocupaban al gobierno del presidente George H.W. Bush a finales de los ochenta. En lugar de transformarse económica y políticamente, México se partió en dos -un México próspero y otro violento-, en tanto que sus gobiernos -todos- ignoraron la urgente necesidad de construir capacidad gubernamental -administrativa, judicial, policiaca, etc., además de infraestructura-, lo que llevó al caos económico, político, social, criminal y administrativo que hoy existe. Algunos gobiernos entendieron el reto, otros no, pero el resultado acumulado habla por sí mismo y es ese con el que tiene que lidiar el gobierno actual.

A lo que se suma la nueva perspectiva que viene del norte. Lo que antes era una visión progresista, de apoyo al desarrollo económico, institucional y político, hoy se percibe como concesiones injustificables y, de hecho, reprobables. En lugar de aliado, como México era percibido a partir de su democratización y liberalización económica (todo eso que critica el partido en el gobierno), México es hoy visto como una amenaza tanto por lo que exporta al país vecino como por el enorme desorden y criminalidad que le caracteriza.

Todo esto coloca al gobierno de la presidenta Sheinbaum ante un dilema fundamental: negociar con el gobierno norteamericano acuerdos sustantivos en materia de seguridad y desarrollo en general, o intentar resistir las presiones y jugársela ante el riesgo (anunciado) de acciones unilaterales provenientes del exterior.

Como ha probado la elusiva negociación comercial, gestionar acuerdos con el gobierno del presidente Trump es algo por demás complejo e incierto. Sin embargo, el riesgo de dejar a su arbitrio decisiones cruciales para el futuro de México podría constituir negligencia e irresponsabilidad. La forma de actuar del gobierno estadounidense no deja mayor espacio para el disentimiento. Sería mucho mejor estrategia desarrollar esquemas de cooperación para que, en conjunto, se pudieran encarar problemas fundamentales, como el de la seguridad, que claramente rebasa las capacidades actuales de los gobiernos federal y estatales. Además, una estrategia de cooperación en asuntos que les son importantes a ellos facilitaría la atención y solución a los temas que son prioritarios para México.

El dilema acaba siendo nítido o, al menos, así debería ser: más bien cómo enfocar la inevitable negociación en lugar de persistir en una estrategia de resistencia que no resuelve los problemas internos ni los dilemas de la propia coalición gobernante, a la vez que deja al país colgado de un hilo en materia de desarrollo económico, crecimiento y empleo. La solución debiera ser obvia.

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¿Reforma, para qué?

Columna de opinión escrita por ​Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior

Lunes 19 de enero de 2026

Pascal Beltrán del Río

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El viernes, en Imagen Radio, mi compañero de páginas José Elías Romero Apis hizo un apunte fundamental para el debate de la reforma electoral en ciernes: “No nos han dicho para qué la quieren. Esto significa una de dos cosas: o no lo saben o no nos lo quieren decir”.

Las reformas electorales anteriores siempre tuvieron un propósito explícito. Por ejemplo, el 1 de abril de 1977, Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación, enlistó las razones para realizar la de aquel año.

En esos momentos, el país estaba inmerso en una difícil situación económica y todavía sonaban los ecos de las represiones de 1968, 1971 y la Guerra Sucia. Muchos jóvenes habían decidido que la lucha armada era la única vía para un cambio de régimen. En la elección presidencial de 1976, el PRI se había quedado solo en la boleta.

“Hay quienes pretenden un endurecimiento del gobierno”, afirmó Reyes Heroles en Guerrero, el estado donde se habían expresado con mayor fuerza la lucha guerrillera y las acciones gubernamentales para aplacarla.

“Pero eso nos conduciría a la rigidez. Y tal rigidez impediría la adaptación de nuestro sistema político a nuevas tendencias y a nuevas realidades; supondría ignorarlas y desdeñarlas. El sistema, encerrado en sí mismo, prescindiría de lo que está afuera, en el cuadro social, y reduciría su ámbito de acción al empleo de medidas coactivas, sin ton ni son, canalizando al fortalecimiento de la autoridad material del Estado recursos que demandan necesidades económicas y sociales. Es la prédica de un autoritarismo sin freno ni barreras”.

Y continuó: “La unidad democrática supone que la mayoría prescinda de medios encaminados a constreñir a las minorías e impedirles que puedan convertirse en mayorías; pero también supone el acatamiento de las minorías a la voluntad mayoritaria y su renuncia a medios violentos, trastocadores del derecho.

“Quiere esto decir que el gobierno de México sabrá introducir reformas políticas que faciliten la unidad democrática, abarcando la pluralidad de ideas e intereses que lo configuran. Mayorías y minorías constituyen el todo nacional; y el respeto entre ellas, su convivencia pacífica dentro de la ley, es la firme base del desarrollo, del imperio de las libertades y de las posibilidades de progreso social (…).

“El derecho con autoridad y la autoridad con derecho garantizan que la intolerancia no se erija en sistema, que los conflictos no se conviertan en antagonismos irreductibles y que las contradicciones no nos lleven a una sociedad antagónica en sus bases y su esencia. La autoridad con derecho y el derecho con autoridad excluyen el abuso de poder”.

Esa puerta que se abrió en 1977, y que permitió que la oposición que había estado proscrita por años –la izquierda comunista y la derecha sinarquista­– llegara a la Cámara de Diputados dos años después, significó el inicio de un camino que llegaría hasta la alternancia política. Así, Acción Nacional ganó la Presidencia de la República en 2000 y 2006, y Morena hizo lo propio en 2018 y 2024.

Aquella reforma aprobada hace casi medio siglo, que daría lugar a otras, tenía objetivos claros y explícitos. La que está en ciernes, como dice Romero Apis, no está apoyada en mayores explicaciones, más allá de un supuesto ahorro de dinero. De parte de un movimiento político que lo ha dilapidado en proyectos surgidos del capricho, eso suena a pretexto.

Y peor cuando se le usa para justificar para la reducción, por primera vez en la historia del país, del número de integrantes de la Cámara de Diputados. Desde que arrancó con 95 en 1824 (“uno por cada ochenta mil almas”, establecía la Constitución de aquel entonces), ese órgano legislativo alcanzó los 500 en 1988, cuando se amplió a 200 el número de diputados de representación proporcional. Ahora se pretende que disminuya a 400.

Como decía el viernes en este espacio, no es una cuestión sólo numérica, sino de representación de las minorías. Pero nada podremos saber con certeza mientras no se conozca la iniciativa. Y, ojalá también, los motivos de la reforma. Porque, hasta ahora, todo se ha conducido con una secrecía que sólo se puede explicar por la ignorancia o el abuso.