El Estado sí puede, lo que falta es voluntad

Columna de opinión escrita por María Elena Morera para el diario El Universal

Martes 3 de marzo de 2026

María Elena Morera

6:44

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes no es un hecho menor, es un golpe táctico relevante. Abatir al líder del CJNG requirió inteligencia, coordinación interinstitucional, capacidad operativa y decisión política. También marca, de facto, el fin simbólico de la política de “abrazos no balazos”.

El domingo pasado se volvió a demostrar que el Estado tiene capacidad suficiente, sin embargo, detrás del operativo hay una verdad incómoda que el país debería discutir con honestidad y es que nunca va hasta el fondo.

Cada vez que se trata de detener o abatir a un capo -sobre todo cuando hay exigencias de cooperación con Estados Unidos- la maquinaria funciona con precisión; pero cuando se trata de desmontar redes financieras, romper estructuras de lavado, investigar empresas fachada o procesar a políticos coludidos, la determinación se diluye.

Ahí aparece el límite invisible. Durante años, el CJNG no creció solo por su capacidad de fuego, sino porque tuvo recursos constantes, control logístico, disciplina interna y, en múltiples territorios, protección institucional. Ningún cártel se convierte en imperio y alcanza expansión nacional sin tolerancia política.

Por otro lado, sus finanzas no son marginales. Investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han sancionado redes empresariales vinculadas al CJNG, incluidas compañías utilizadas para fraude turístico y lavado de dinero en destinos como Puerto Vallarta y Nayarit. No se trata únicamente de narcotráfico, sino de estructuras insertas en sectores formales que generaron cientos de millones de dólares durante años. El rastro financiero existe; falta voluntad para asfixiarlo.

El patrón se repite una y otra vez, operativos espectaculares que otorgan capital político inmediato y luego… nada estructural. Las economías criminales permanecen intactas, las redes de lavado continúan operando y las instituciones civiles siguen débiles. Las fiscalías sin autonomía real y policías locales en precariedad no pueden sostener una transformación duradera; es como podar ramas mientras se protege la raíz.

México tiene una advertencia reciente en Sinaloa. Tras la detención del Mayo Zambada, lejos de disminuir, la violencia letal se expandió. Después de varios años de descenso, la suma de homicidios dolosos, feminicidios, desapariciones y otros delitos contra la vida pasó de 1,599 en 2023 a 3,550 en 2025. Cuando el negocio es rentable, la violencia no desaparece; en el mejor de los casos, cambia de manos.

No olvidemos que detrás del crecimiento del CJNG hay miles de historias de desaparición, reclutamiento de jóvenes, comerciantes que pagan cuotas para sobrevivir y comunidades enteras que abandonaron sus hogares. Hay madres que siguen buscando a sus hijos.

Honrar a militares y policías caídos no es únicamente abatir capos; es romper el sistema que permitió su expansión. Honrar a las familias de los desaparecidos no es celebrar un operativo; es impedir que el siguiente líder ocupe la misma silla bajo el mismo modelo de protección. Lamentablemente, hasta hoy no hay señales de una ofensiva integral contra las estructuras financieras del CJNG ni anuncios de investigaciones políticas vinculadas a su expansión.

Ahí está la verdadera prueba. El Estado ya probó que tiene capacidad para detener o abatir. Lo que está por verse es si tiene voluntad para desmontar el sistema. Si no se asfixian las redes financieras ni se investigan las complicidades políticas, el mensaje será el de siempre: el poder criminal puede perder un jefe pero conserva su estructura de protección.

Si el dinero sigue fluyendo y las alianzas permanecen intactas, este golpe no será un punto de quiebre. Será otro episodio en una guerra que se administra, pero no se resuelve. Abatir a El Mencho no es el fondo del asunto. El verdadero desafío es si están dispuestos a enfrentar a quienes lo hicieron posible.

—--------------------------------------------------------------------------------

La reforma: monopolio de la verdad

electoral

Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior

Martes 3 de marzo de 2026

Pascal Beltrán del Río

6:04

La narrativa de la “obligación moral” se ha convertido en el eje del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum para justificar una propuesta de reforma electoral que, en el fondo, parece responder más a una lealtad identitaria que a una realidad aritmética o de consenso nacional.

Al afirmar textualmente que, como Presidenta, está “obligada a enviar una reforma que contenga lo que me pidió la gente y lo que vemos en las encuestas”, so pena de “negar nuestro origen”, la mandataria intenta elevar una iniciativa legislativa al rango de imperativo ético. Sin embargo, cuando se contrastan las palabras con los datos duros de la jornada electoral de 2024, el argumento de una voluntad popular mayoritaria, como conductor de la reforma, comienza a desmoronarse.

El corazón de la justificación reside en la premisa de que el pueblo de México clama por un cambio estructural en las reglas del juego democrático. No obstante, si analizamos fríamente los sufragios, Morena —el partido de la Presidenta y motor principal de la reforma— obtuvo 45.5% de los votos. Aunque es una cifra impresionante, se queda corta frente a la mayoría absoluta. La realidad es que 54.5% de los ciudadanos que acudieron a las urnas votaron por opciones distintas a la marca guinda. Si bien sus aliados, el Partido Verde y el PT, le otorgan gobernabilidad legislativa con sus 14 puntos adicionales, representar el sentir de “la gente” en su conjunto es una afirmación que ignora a la mayoría que no milita en su causa. La coalición opositora obtuvo 16.4 puntos y Movimiento Ciudadano un 6.2%; es decir, el conjunto de fuerzas que no son Morena suma casi 55% de los votos, y ninguna de esas fuerzas políticas respalda la reforma planteada.

Aunado a esto, la Presidenta ha intentado legitimar la propuesta alegando que es resultado de las mesas de consulta convocadas por la comisión encabezada por Pablo Gómez. Sin embargo, este argumento resulta igualmente insostenible desde una perspectiva democrática integral. Dichas reuniones y foros tuvieron un carácter sumamente limitado; lejos de ser un ejercicio de parlamento abierto, plural y nacional, se percibieron más como un diálogo entre convencidos. La participación fue restringida y los sectores críticos o técnicos de la sociedad civil apenas tuvieron eco en las conclusiones. Validar una reforma constitucional de tal calado basándose en consultas de círculo cerrado es confundir la voluntad de la militancia con la voluntad de la nación.

La Presidenta sostiene su postura en otros pilares: sus principios y las encuestas. El punto de los principios es, quizás, el único indiscutible. En un sistema presidencial, el Ejecutivo tiene el derecho pleno de presentar las iniciativas que considere alineadas con su proyecto de nación. Sin embargo, el recurso de las encuestas como validación es profundamente resbaladizo. La opinión pública es sensible al fraseo: si se pregunta si se debe recortar el gasto en elecciones, la respuesta será un “sí” rotundo, igual que si se preguntara si se quiere pagar menos impuestos. Pero eso no equivale a un respaldo consciente a una reforma que altera el equilibrio de poderes.

Al final, la validez de esta reforma no vendrá de una obligación mística con el “origen” del movimiento, sino de la capacidad real de convencer a una mayoría calificada en el Congreso. Si la reforma es aprobada, será por la aritmética parlamentaria; si no, el supuesto castigo electoral a los partidos que hayan votado en contra no es automático ni está garantizado. Gobernar bajo la premisa de una voluntad única es ignorar la riqueza de una sociedad plural que no entregó a un solo partido el monopolio de la verdad electoral.