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Fuego amigo contra Amílcar Olán

hace 2 horas
6 min de lectura

Columna de opinión escrita por Héctor de Mauleón para El Universal


Martes 29 de septiembre de 2026


Héctor de Mauleón

​El 14 de septiembre de 2025 el periodista Claudio Ochoa Huerta informó en su columna de EL UNIVERSAL que el empresario tabasqueño Amílcar Olán, principal prestanombres de los hermanos Andy y Gonzalo López Beltrán, se había mudado a Suiza con gran parte de su familia.


Una semana antes se habían dado a conocer las muertes misteriosas del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, encontrado sin vida en sus oficinas, y del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, fallecido en un supuesto accidente ocurrido durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora.


En los últimos meses se habían reportado los asesinatos de marinos y funcionarios involucrados en la red de tráfico de huachicol operada desde los altos mandos de la Marina por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del entonces titular de la Semar Rafael Ojeda Durán.


Ochoa Huerta señaló en su columna que las autoridades habían identificado movimientos bancarios ligados a Olán por 3 mil millones de pesos, y habló de una reunión en un departamento de Polanco, a la que, según las investigaciones relacionadas con la red de tráfico, habían asistido el hijo del expresidente López Obrador, Gonzalo López Beltrán, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y un empresario conocido como “el señor de los tanques”, que operaba a través de ferrotanques el contrabando de combustible desde Estados Unidos.


Dos semanas más tarde, en su columna de El Financiero, el periodista Raymundo Riva Palacio confirmó la transferencia y “el cambio de vientos” de Amílcar Olán, el cual relacionó con el escándalo que habían desatado las fotos del otro hijo de AMLO, Andy López Beltrán, dándose la gran vida en Tokio.


Según información proporcionada por funcionarios federales, los datos sobre la mudanza de Amílcar Olán y la transferencia de 3 mil millones de pesos se desprendían de pesquisas realizadas alrededor del senador Adán Augusto López y una red de factureros.


Tras las revelaciones surgieron versiones que indicaban que el empresario tabasqueño y prestanombres de los hermanos López Beltrán se había sometido a una cirugía plástica para cambiarse el rostro, y señalaban que había dejado Suiza para moverse “entre Asia y Europa”.


Ayer –un año más tarde–, el reportero de TV Azteca Irving Pineda dio a conocer que a través de una llamada anónima que le entregó incluso una dirección precisa, en la Vía Collina, le fue posible ubicar a Jorge Amílcar Olán en Lugano, Suiza: una ciudad de ensueño, tendida precisamente a orillas del Lago de Lugano, a la que se considera el tercer centro financiero de Suiza, después de Zurich y Ginebra. Un destino de capitales mundiales, con altos costos de vivienda, bancas privadas, fiduciarias y toda clase de servicios de lujo.


El tabasqueño había cambiado su centro de operaciones del Hotel St. Regis del Paseo de la Reforma, en cuyo King Cole Bar despachaba, por un departamento con alberca, amenidades, y vista al lago.


Nada mal para un hombre que al iniciar el sexenio de AMLO se dedicaba a vender azulejos para baño y pronto se vio beneficiado por contratos millonarios del Insabi, que a través de Romedic, una empresa de reciente creación, obtuvo 500 millones de pesos solo entre 2020 y 2022; o a través del Tren Maya, del que fue el principal proveedor de balasto y del que llegó a recibir contratos por 250 millones de pesos, por no hablar de Portacelis Gas and Oil, la empresa contra la que el SAT pidió a la FGR que ejerciera acción penal por presunto huachicol fiscal y un daño estimado en más de 800 millones de pesos.


Muy cambiado estaba el hombre que hace cuatro años, en 2022, fue fotografiado en la boda de la hija de Hernán Bermúdez Requena, hoy detenido como presunto jefe del grupo criminal La Barredora y quien fungió como secretario de seguridad pública en el gobierno de Adán Augusto López: ahora se quitó el Olán, se puso gorra y lentes y se dejó la barba. Descubierto en su escondite de lujo, agredió al camarógrafo que acompañaba a Pineda y amenazó con llamar a la policía local.


Desde que se dieron a conocer los primeros audios y contratos, la pista de Amílcar Olán, con sus negocios turbios, sus contratos millonarios, sus oscuras relaciones con los hijos de AMLO y las altas figuras del obradorismo, han sido rastreada por el periodismo: trabajos e investigaciones de Latinus, EL UNIVERSAL, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Reforma, El Financiero, N+ y TV Azteca.


Desde la FGR y el gobierno de la 4T no se le toca, por las razones consabidas. Al menos de momento.


Pero el fuego amigo ya se ha abierto en su contra.



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Inhumano humanismo


Columna de opinión escrita por Sergio Sarmiento para Reforma


Martes 29 de septiembre de 2026


Sergio Sarmiento

"Vamos a seguir con el humanismo mexicano, con la Cuarta Transformación".


Claudia Sheinbaum, 1.10.2024

 

 

Nos dice la presidenta Sheinbaum que la 4T es humanista, pero envía a un procesado en prisión preventiva, Ernesto Ruffo, a quien un juez le ha concedido prisión domiciliaria por su edad y estado de salud, a un traslado por carretera de casi 40 horas esposado de pies y manos. Parece una acción inhumana del gobierno humanista.


Ayer, en la mañanera, la Presidenta explicó: "Pregunté hoy en la mañanera en el gabinete por qué se le trasladó por tierra si era tan largo el recorrido. Me dijeron que se siguió la orden del juez". La verdad, sin embargo, es que sería inusitado que un juez ordenara que un traslado fuera terrestre.


Los juzgadores dictan medidas cautelares, que pueden ser, por ejemplo, prisión preventiva o domiciliaria. Decidir cómo trasladar a un procesado correspondería al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, parte del Poder Ejecutivo. No necesariamente se tendría que informar al secretario del ramo o a la Presidenta, aunque es difícil no recordar las palabras de López Obrador: "Un Presidente lo sabe todo y se entera de todo".


No fue una decisión tomada por tacañería. Un traslado por tierra tan largo puede ser más caro que uno por aire. Resulta, además, peligroso tanto para los guardias como para el procesado. Al parecer lo que se buscaba era castigar a Ruffo por haber ganado la batalla legal de la prisión domiciliaria.


Una molesta FGR señaló el 27 de septiembre: "Si bien es cierto que la autoridad judicial le concedió el cambio del lugar del cumplimiento de la medida cautelar..., ello no implica que su proceso penal se detenga o presente cambios". Y añadió: "La indagatoria cuenta con datos de prueba contundentes".


Sin embargo, prevalecen dudas sobre el proceso del exgobernador panista de Baja California, a quien la fiscal general, Ernestina Godoy, describió como el líder de "la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento". Nadie cuestiona que se investiguen las operaciones de la empresa Ingemar, de la cual es socio minoritario, para determinar si la empresa o Ruffo cometieron alguna irregularidad. Pero Ruffo no huyó cuando empezó la indagatoria, sino que presentó toda la documentación que se le pidió.


Para ser cabeza de la mayor red de huachicol fiscal, un negocio que la procuradora fiscal Grysel Galeano García ha dicho representa 600 mil millones de pesos, se requiere de un poder político que este hombre, que fue gobernador hace más de 30 años, no tiene ni tuvo. El zar del huachicol fiscal necesitaría tener control sobre las aduanas y la Guardia Nacional. No se entiende cómo Ruffo pudo ordenar el silencio de agentes aduanales y policías federales.


No es la primera vez que una autoridad recurre un largo traslado por carretera para "castigar" y humillar a un acusado. Lo hizo Mario Marín cuando era gobernador de Puebla; en 2005 sus agentes judiciales detuvieron en Cancún a Lydia Cacho, autora del libro Los demonios del Edén, a petición del empresario Kamel Nacif, y la trasladaron por tierra hasta Puebla. Marín está ahora en la cárcel acusado de tortura precisamente por haber ordenado ese traslado.


Le toca ahora a la FGR demostrar que tiene pruebas de que Ruffo es el mayor huachicolero del país. Esperemos que el juicio se lleve a cabo con transparencia y equidad, y que ningún alto funcionario tenga que ser acusado más tarde de tortura por haber ordenado el traslado de 40 horas por carretera de un hombre enfermo de 74 años.






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