'Huachicol': el costo de la impunidad

Columna de opinión escrita por Carlos Puig para el diario Milenio

Viernes 20 de febrero de 2026

Carlos Puig

5:10

La bomba informativa que ha revelado Aristegui Noticias con la presentación de un audio en el que el contraalmirante Fernando Guerrero Alcántar –asesinado semanas después— presenta ante el Secretario de Marina del sexenio anterior, almirante Rafael Ojeda, las denuncias de corrupción y cómo éste insinúa la posibilidad de que todo “quede entre ellos”; revela lo que ha sucedido con el asunto del huachicol fiscal en el país.

Queda claro, porque así sucede, que la investigación que ha afectado a parientes del almirante no tocará al ex secretario —así es esto de la 4T—; pero el problema y las consecuencias de esa impunidad es mucho mayor.

Va un ejemplo que podría ser de broma si no fuera lo que es.

En octubre del año pasado, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, dijo en el Senado de la República que existían 7 mil 707 carpetas de investigación referentes al huachicol fiscal de combustible. De ese número, 818 carpetas de investigación ya contaban con detenidos, mientras que 6 mil 889 no tenían detenidos.

Para finales de año, Márquez Hernández fue relevado de su cargo, entre otras cosas, porque le quitaron la visa y vivía con lujos inexplicables. La Presidenta dijo que su destitución nada tenía que ver eso con del huachicol.

Así la impunidad.

En el último año, hemos visto operativos históricos y decomisos en Tampico, 15 millones de litros en carros tanque en Coahuila, 3 millones en Tabasco, un millón en Chiapas en refinerías clandestinas. Ocho millones de litros en Ensenada en un terreno propiedad de un afamado morenista a un lado de uno de los barrios más lujosos de Ensenada.

¿Algún detenido? ¿Alguno que importe?

Porque si los puertos y las aduanas están en manos de la Marina, pues uno supone que el asunto va más allá de empresarios y operadores de segundo nivel, porque la Marina es la Marina, eficiente, seria; nos dicen.

El año pasado, durante una comparecencia ante legisladores, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, informó que el daño acumulado por huachicol fiscal alcanza los 600,000 millones de pesos. Va otra vez, seiscientos mil millones de pesos. Dijo que se habían presentado más de 16,000 denuncias y 102 querellas activas ante la Fiscalía General de la República por un monto de 16,000 millones de pesos.

Hasta que no haya sanciones, el huachicol no parará. No ha parado.

Claro, pueden seguir culpando a García Luna o a Zedillo. Pero el costo lo paga el gobierno de la Presidenta.

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México, el país que no incomoda a

los hermanos poderosos

Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior

Viernes 20 de febrero de 2026

Pascal Beltrán del Río

6:10

El contraste entre el ejercicio del poder y la aplicación de la ley nunca había sido tan descarnado como en las últimas horas. Mientras el sistema judicial británico enviaba un mensaje de hierro al mundo, en México el eco de la impunidad resonaba con una fuerza que desdibuja cualquier pretensión de autoridad moral en el escenario internacional.

La detención de Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, no es sólo un titular de tabloide; es la materialización de un principio democrático que en otras latitudes parece una utopía: nadie, ni siquiera quien comparte la sangre con el jefe de Estado está por encima de la justicia.

La noticia sacudió ayer al Reino Unido. En el día de su cumpleaños número 66, el otrora duque de York fue detenido por la policía bajo sospecha de “mala conducta en un cargo público”. Las investigaciones, que lo vinculan con la filtración de documentos confidenciales durante su etapa como enviado comercial —en el marco del escándalo Epstein—, demuestran que el sistema británico posee una autonomía capaz de tocar las puertas del Palacio de Buckingham sin que la mano del rey interfiera para frenar el proceso.

Carlos III, al igual que el primer ministro Keir Starmer, fueron tajantes al declarar que la ley debe seguir su curso natural. En esa nación, el apellido no es un escudo, sino una responsabilidad adicional ante el escrutinio público.

Sin embargo, en el otro lado del Atlántico, la realidad ofrece un espejo deformado y cínico. Mientras Reino Unido detiene al hermano de su monarca por presuntos actos de corrupción en la función pública, en México el concepto de “hermandad” parece funcionar como salvoconducto de impunidad.

Los casos de los hermanos de sangre del expresidente Andrés Manuel López Obrador son una muestra clara. Uno de ellos fue videograbado recibiendo sobres con dinero en el marco de una campaña política. Otro fue exhibido como propietario de numerosos ranchos adquiridos en un lapso muy corto sin que sus ingresos formales lo justifiquen. A ninguno de los dos se les ha molestado siquiera con un citatorio.

Y a pesar de los señalamientos que lo ligan con la red de influencias y operaciones del grupo criminal La Barredora, liderado por el ahora detenido Hernán Bermúdez Requena, el senador Adán Augusto López Hernández, a quien López Obrador ha calificado como su “hermano”, ni siquiera ha sido llamado a declarar como testigo.

Mientras en Reino Unido la policía registra la residencia del hijo de Isabel II, quien fue la monarca más longeva e influyente de la historia de Reino Unido, en México se protege el entorno del poder con un celo que raya en la complicidad.

La “justicia” mexicana se ha convertido en un instrumento selectivo que castiga al adversario, pero que sufre de una ceguera voluntaria cuando el sospechoso se mueve en la cúpula del movimiento gobernante.

Este doble rasero se vuelve particularmente grotesco cuando se analiza la reciente postura del gobierno de México frente a Londres. Justo cuando la administración de Claudia Sheinbaum envía notas diplomáticas y exige explicaciones a Reino Unido por haber otorgado asilo político a Karime Macías, exesposa del exgobernador Javier Duarte, la detención del expríncipe Andrés despoja a México de cualquier argumento.

México reclama que Reino Unido protege a una presunta delincuente, pero lo hace desde un país donde la pertenencia al círculo cercano de un  expresidente es una patente de corso.

¿Con qué base puede México reclamar algo a una nación que acaba de demostrar que es capaz de llevar a una celda al hermano de su propio rey? El contraste es demoledor: Reino Unido procesa a sus súbditos al margen de su nombre; México ignora las evidencias en su propia “realeza” política. Así, la exigencia de extradición de Macías suena hueca y se convierte en un ejercicio de hipocresía diplomática cuando en casa la justicia se detiene en la puerta de los hermanos del poder. Nuestra tragedia es que aquí la ley sigue siendo una sugerencia que se aplica según el árbol genealógico del gobernante en turno.