La Farsa
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Columna de opinión escrita por Azucena Uresti para el diario El Universal
Jueves 4 de diciembre de 2025
Azucena Uresti
Para sorpresa de nadie, Ernestina Godoy es la nueva fiscal general de la República. Por cierto, pocos legisladores le dijeron de frente lo que dicen a sus espaldas. Qué tremenda humillación, en tiempos de mujeres, para las dos mujeres comparsas que se prestaron a la simulación para acompañar a Godoy: Luz María Zarza y Maribel Bojorges.
Lo que me preocupa en específico sobre la Fiscalía General de la República (FGR) —aunque no lo único— es, en primerísimo lugar, la falta de respeto a la ley. La Constitución no deja espacio para interpretaciones: un fiscal solo puede ser removido por causas graves, no por la comodidad política de convertir una embajada en recompensa o salida elegante. ¿Qué mensaje envía esto? Que difícilmente podremos aspirar a tener fiscales que se sientan blindados, protegidos por la Carta Magna frente a los embates del poder cuando este se sienta incómodo, investigado, expuesto o vigilado. Nada de autonomía.
Lo que sucedió la semana pasada en México sienta un precedente preocupante: si el fiscal es independiente y autónomo, pero le provoca molestia al gobierno en turno al investigar o ventilar casos polémicos contra la Presidencia o cualquier miembro del partido en el poder, podrá ser removido mientras el partido oficialista tenga la mayoría necesaria en el Congreso. Porque si una embajada es considerada “causa grave” para dejar una de las responsabilidades más importantes del país, entonces cualquier cosa podrá justificar su destitución.
Por otro lado, si hay fiscal carnal, será casi imposible que investigue la corrupción o los delitos de sus cercanos políticamente; lo más probable es que se concentre en los delitos de la oposición o de personajes incómodos. Con mucha, pero mucha suerte, alguna que otra vez veremos algo parecido a la justicia… pero nunca una justicia plena que nazca de la autonomía.
Nadie defiende a Alejandro Gertz Manero. “¡Que se vaya!”, dicen prácticamente todos. Sí, pero debió hacerlo en el tiempo que marca la ley, es decir, en 2028 —o antes—, sólo si se le comprueba una causa grave que lo amerite. Sí, se fue un fiscal que nunca logró cerrar ningún caso prioritario, salvo aquellos que a sus intereses servían, y al final intentó defenderse a su manera: filtrando expedientes como el de “La Barredora” (el grupo criminal que nació bajo la administración de Adán Augusto López en Tabasco), el del huachicol fiscal (que se materializó gracias a dos marinos, sobrinos políticos del exsecretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador, José Rafael Ojeda) o el de Miss Universo (certamen cuyo copropietario, el empresario Raúl Rocha, se convirtió en testigo colaborador de la FGR al ser investigado por tráfico de drogas, armas y… sí, también huachicol fiscal).
La preocupación se profundiza porque no solo el fiscal fue removido sin ninguna causa legítima, sino que su relevo apunta a alguien abiertamente aliado del poder: Ernestina Godoy, exfiscal capitalina y exconsejera jurídica de la Presidencia, ambos cargos con Claudia Sheinbaum. Y ahí es donde surge la pregunta que deberíamos hacernos como país: ¿qué queremos como sociedad?
Queremos, sin duda, una institución autónoma, independiente, blindada y firme. Una Fiscalía que no tema investigar al poder ni que responda a intereses partidistas. Una Fiscalía capaz de generar confianza ciudadana, de cerrar heridas y abrir procesos de verdad. Hasta hoy, hemos fracasado.
Pero también es cierto que, si la tríada Sheinbaum–Harfuch–Godoy logra resultados reales, verificables, sin sospechas ni opacidad, será momento de replantearnos lo que creíamos correcto respecto a la relación entre el gobierno y la Fiscalía. No para justificar la subordinación, sino para entender si, por primera vez en mucho tiempo, la justicia puede funcionar pese a la cercanía política… o precisamente gracias a ella. Y seguiremos fallando, pero al menos lo asumiremos.
Por lo pronto, ayer Ernestina Godoy, la primera mujer fiscal en México y la segunda persona en encabezar el cambio en la institución —frustrado durante los siete años de Gertz Manero—, arengó las frases de la 4T, prometiendo, a la vez, independencia y autonomía.
El tiempo será juez implacable. ¿Se aclarará y resolverá la muerte de Héctor Melesio Cuén? ¿Sabremos cuántas vidas fueron arrebatadas en el Rancho Izaguirre y quién es el jefe realmente? ¿Qué sucederá con “La Barredora” y su líder? ¿Sabremos cuántos millones de pesos se han robado en México con el huachicol fiscal? ¿Por qué mataron a Carlos Manzo?
Hasta dónde llegará Ernestina, la fiscal.
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Tragedia del agua
Columna de opinión escrita por Sergio Sarmiento para el diario Reforma
Jueves 4 de diciembre de 2025
Sergio Sarmiento
"Cuando el pozo está seco,
conocemos el valor real del agua".
Benjamin Franklin
Los bienes comunes se desperdician más que los de propiedad privada. El jefe de familia que se ducha rápidamente en su casa, para ahorrar agua que tiene que pagar, se queda media hora debajo del chorro en un club. La gente come más en un buffet que en un restaurante con servicio a la carta.
"Lo que es de todos no es de nadie", dice la sabiduría popular, pero los economistas lo explican como "la tragedia de los comunes". Las personas que tienen acceso a recursos comunes o colectivos buscan aprovecharlos lo más posible en su beneficio propio, lo cual hace que se agoten con más rapidez. Los recursos privados, en cambio, se administran para que duren y se renueven.
La nueva Ley de Aguas de este gobierno es rica en demagogia y pobre en políticas públicas para generar un mejor uso y cuidado del líquido. Con el argumento de que el agua debe ser un "derecho humano" y no una "mercancía", la legislación establece prácticas que aseguran que se desperdicie en lugar de cuidarse.
El problema surge desde la Constitución, que establece que la propiedad de todas las tierras y aguas "corresponde originalmente a la nación", o sea, al gobierno. Se crea así la base de un monopolio gubernamental que puede entregar el uso del agua a quien quieran los políticos. En Estados Unidos, donde la propiedad privada es la base del sistema económico, como lo era en México con la Constitución liberal de 1857, el dueño de la tierra es propietario también del agua en el subsuelo. Hay mayores incentivos así para cuidarla.
La primera versión de la nueva Ley de Aguas concentraba todo el poder sobre las concesiones en la Conagua y restringía las transmisiones de derechos por herencia o por venta de predios. Ante las protestas de los agricultores, se han hecho algunos cambios, pero sigue siendo una iniciativa estatista. El gobierno busca cerrar la puerta a la venta de concesiones de agua: todo debe pasar por su monopolio. La propia presidenta Sheinbaum ha señalado que en ese tema no habrá ningún cambio: "Lo que tiene que ver con la transferencia de las concesiones de agua, hemos manifestado a la Cámara de Diputados que esa es la esencia de la ley, no puede cambiarse".
El gobierno está convirtiendo las concesiones en bienes de manos muertas, como aquellas que Benito Juárez y los liberales del siglo XIX combatieron. No entiende que el comercio es una fuerza liberadora que permite que los recursos se utilicen para los propósitos más productivos.
La iniciativa dice que el agua debe emplearse prioritariamente para el consumo humano a expensas del uso industrial. El propio gobierno ha difundido la mentira de que las refresqueras utilizan gran parte del agua del país, pero en realidad solo consumen 0.06 por ciento. Un 76.3 por ciento del agua se utiliza en la agricultura, el abastecimiento público representa el 14.4 por ciento y la industria autoabastecida solo el 4.3 por ciento. A esto hay que añadir un 4.2 por ciento para la generación eléctrica, sin contar la hidroeléctrica (Semarnat).
Entregar el control del agua a un gobierno enfermo de ideología llevará a una mayor corrupción. Las concesiones se entregarán a los allegados al poder. Se habla ya de cerrarle la llave a la industria minera, lo cual generaría el colapso de una de las actividades más productivas de nuestro país.
El agua, como cualquier satisfactor, debe tener un precio razonable definido por la oferta y la demanda. Debe generar recursos para extraerla o captarla y tratarla antes y después de su uso. El sistema que impulsa este gobierno parece hecho, en cambio, para facilitar la corrupción y para dejar al país sin agua. Es la tragedia de los comunes.
