La Ley Monreal, una ley de miedo

​Columna de opinión escrita por Raymundo Riva Palacio para el diario El Financiero

Martes 26 de mayo de 2026

Raymundo Riva Palacio

8:57

Si las cosas salen conforme a lo planeado por la ‘4T’, hoy se votará en la Cámara de Diputados la Ley Monreal, que es una reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación relativos a las causales de nulidad de votación. Es una iniciativa para la coyuntura que, a la vez, refleja miedo político y electoral. Es una propuesta autoritaria y una definición de ruta: contra lo que queda de democracia en México y contra Estados Unidos.

La apuesta es arriesgada porque plantea implícitamente una confrontación con el país del que depende más del 90% de la economía mexicana, que refleja, sin embargo, lo aferrado que está la ‘4T’ para mantener el poder. La coyuntura obedece a la embestida de Washington contra los políticos del régimen vinculados con el crimen organizado, y el miedo es que sea una línea continua hasta el próximo año, donde el cáncer criminal vaya pudriendo al obradorismo y las transferencias de dinero ya no sean suficientes para ganar elecciones.

La iniciativa que presentó el diputado Ricardo Monreal, por instrucciones de Palacio Nacional, presenta de manera tramposa los precedentes: las elecciones presidenciales en Ucrania de 2024, donde fue abierta la intervención rusa en el proceso, y la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Rumania en 2024, por la desinformación generada por Rusia a través de la plataforma Tik Tok. Esconde que la fabricación de enemigos para mantenerse en el poder la hicieron Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia. Lo intentó Cristina Fernández en Argentina, cuando quiso tomar el diario Clarín, pero el Poder Judicial se lo impidió.

Monreal propone como causal de nulidad de elecciones “la injerencia extranjera en procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital”. ¿Quién determinaría que hubo tal injerencia? El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, que pertenecen a Morena y obedecen a Palacio Nacional o Palenque, o ambos en plena simbiosis, como reconoció el fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum al decir que ella y Andrés Manuel López Obrador son lo mismo.

La iniciativa atenta contra la libertad de expresión, al querer censurar las redes sociales, y tiene una dedicatoria directa a los medios y periodistas críticos, cuyos prolegómenos datan de finales del año pasado, cuando varios propagandistas de López Obrador señalaron con nombre y apellido a varios de ellos que no piensan como la militancia de la ‘4T’.

El momento que vivimos es como los historiadores han descrito la decadencia del Imperio Romano, cuando la ley dejó de ser un principio universal y se convirtió en una concesión política, la narrativa oficial empezó a ocultar la realidad y la propaganda sustituyó al debate público. Lo que se ha demandado de todos los mexicanos y mexicanas es lealtad emocional en lugar de legalidad institucional. A quienes se resisten, como están diciendo, son “traidores a la patria”.

La iniciativa de Monreal, que acató las instrucciones de Palacio Nacional y Palenque, no puede ocultar el miedo de la ‘4T’ ante la ofensiva en Estados Unidos contra el régimen. Dos incisos de su propuesta de reformas lo establecen: la realización de actos de presión política, económica, diplomática o mediática que tengan por finalidad alterar la voluntad popular, y la vulneración del territorio nacional por tierra, agua, mar o espacio aéreo con fines de presión, intimidación o afectación al orden constitucional. ¿A qué se refiere?

Los “actos de presión” son las acusaciones contra el exgobernador Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios sinaloenses acusados de entregar el estado a Los Chapitos a cambio de apoyo para ganar las elecciones en 2021, y recibir millones de pesos por sus servicios para que sus negocios crecieran; la cancelación de visas –que ya superan los cuatro dígitos–, y los amplios reportajes en la prensa estadounidense que describen la penetración y el control del crimen organizado sobre el aparato político de Morena, y la cancelación del acuerdo comercial, que así será porque la existencia de aranceles, que no se eliminarán, por definición lo termina.

El horizonte de la iniciativa es inmediato: las elecciones de 2027. Una acción previa a la Ley Monreal es el acoso ilegal a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Si estuviéramos hablando de aplicación de la ley, se tendría que haber caminado por la ruta del juicio político, el desafuero y la acusación de traición a la patria por haber permitido, por omisión o comisión, que la CIA operara junto con sus agentes ministeriales en operaciones conjuntas contra el narcotráfico. Una acción enérgica tendría que haber aplicado el gobierno contra la CIA, pero ahí, en una contradicción con la Ley Monreal y las declaraciones generales y ambiguas de la presidenta, se replegó.

Con la Ley Monreal, si se aprueba, Chihuahua será el laboratorio de pruebas para la anulación de la elección para la gubernatura, si el PAN derrota a Morena en las urnas el próximo año. Y lo mismo podrá hacerse en las de Baja California, Sinaloa, Michoacán y Sonora, donde el crimen organizado se entreveró con la política. A nivel de Congreso, donde los cálculos de Morena son que no tendrán la mayoría calificada, aun con la alianza con el PT y el Verde, tendrán las herramientas legales para anular las elecciones clave que les permitan mantener el control del 75% de las cámaras.

En el corazón del régimen debe haber temor que la frecuencia de acusaciones contra gobernadores o líderes de Morena en Estados Unidos continúe, a un año de la elección –sin contar las variables sociales y económicas internas–, y podrían tener un impacto en el electorado y perder la mayoría simple. Confía la ‘4T’ que tiene el voto cautivo de los programas sociales para ganar en 2027, pero la inestabilidad de los factores que se están viendo no permite tener certidumbre. Si en lugar de temor hay confianza por lo que no ven la realidad, la ‘4T’ está en problemas.

La ‘4T’ deberá haber diseñado escenarios ante la reacción de Estados Unidos –domésticamente no los necesitan porque controlan al Poder Judicial y los órganos electorales–, y estar consciente de que el enfrentamiento contra Estados Unidos necesita aliados. Rusia y China serían los únicos en esa liga, pero están fuera de discusión, como se vio en Cuba y Venezuela. Así que, si avanza la ley, tendremos que ajustar los cinturones para lo que vendrá.

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Injerencia electoral extranjera

Columna de opinión escrita por ​Ricardo Monreal Ávila para el diario Milenio

Martes 26 de mayo de 2026

Ricardo Monreal Ávila

5:21

A propósito de la iniciativa de reforma constitucional para anular una elección cuando se compruebe que existió injerencia extranjera directa durante el proceso, a favor de un candidato(a) o partido(s), es importante responder a las preguntas más frecuentes que nos han formulado por diversos medios.

1. ¿Cuál es la propuesta central? A las tres causales de anulación que actualmente prevén la Constitución y la legislación electoral (excederse en el gasto de campaña, comprar cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, y utilizar recursos de procedencia ilícita) se añade una cuarta, que será cuando se acredite la intervención extranjera (por parte de personas, empresas, organizaciones civiles o gobiernos) para inducir un resultado electoral a escala federal o local.

2. ¿Qué pasa con la libertad de expresión y de crítica que se formule desde el exterior por parte de actores políticos, económicos y sociales? Cuando los actores sean connacionales y se manifiesten en uso de sus derechos políticos y civiles, no serán objeto de sanción (ni ellos ni los medios utilizados), salvo en los casos previstos en la actualidad por la legislación vigente. Por el contrario, si los emisores son extranjeros (es decir, nacionales de otros países) y solicitan el voto a favor de alguna de las opciones participantes en México, esta acción será considerada una modalidad de intervención extranjera, y si la misma es determinante en la elección, será motivo de anulación. Se protege la libertad de expresión, pero se sanciona el delito de intromisión extranjera (el cual ya está contemplado en diversos ordenamientos vigentes).

3. ¿Qué acciones, recursos o procedimientos son considerados intromisión extranjera? El financiamiento ilícito, la propaganda y la difusión sistemática de desinformación o manipulación digital, así como la intervención de gobiernos, organismos o agentes foráneos para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos o autoridades electorales. También se considera una intromisión la realización de actos de presión política, económica, diplomática o mediática que busquen alterar la voluntad del pueblo de México, la vulneración de la integridad territorial —por tierra, agua, mar o espacio aéreo— como mecanismo de intimidación, los actos que perturben el orden constitucional y, en general, aquellas conductas que puedan comprometer la soberanía o la libertad del voto.

4. ¿Qué autoridad validaría si hubo intromisión extranjera y si esta fue determinante en el resultado electoral, por lo que la consecuencia jurídica sería anular la elección? Única y exclusivamente sería el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ni el Gobierno ni ninguna fiscalía u otra instancia resolverían sobre esta grave situación.

5. ¿Qué pasaría con la persona candidata que haya sido beneficiada con la intromisión extranjera? Quedaría impedida para volver a participar en la elección.

6. ¿Esta iniciativa es xenofóbica, antiliberal y antidemocrática? Prácticamente todos los países mayormente globalizados y con democracias avanzadas tienen mecanismos de prevención y castigo para los casos de injerencia de otras naciones en sus elecciones internas. Distinguen claramente entre libertad de expresión como derecho humano y el abusivo libertinaje de la intromisión extranjera en asuntos políticos internos.