La mujer en la ventana

Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior

Jueves 26 de marzo de 2026

La salud de una democracia no se mide únicamente por la solidez de sus instituciones o la participación en las urnas, sino también por el respeto que se le tiene a la esfera pública. Cuando el escándalo se convierte en la moneda de cambio de la política, el tejido social comienza a degradarse.  

El escándalo no es simplemente una anécdota incómoda o un chisme de pasillo; es una fuerza corrosiva que desvía la atención de lo fundamental y erosiona la confianza ciudadana y, cuando no es castigado, manda la señal de que cualquier exceso es válido. 

Octavio Paz decía que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia.

Por eso, cuando los espacios que albergan esa historia se profanan con la trivialidad, se pierde el sentido de lo que nos une como colectividad.

No es cuestión de puritanismo, sino de dignidad republicana. Las instituciones son símbolos que encarnan la historia y la soberanía de un pueblo; cuando se les trata con ligereza, se está agrediendo la identidad misma de la nación.

Un ejemplo histórico de cómo el escándalo puede socavar la autoridad es el “Asunto del collar” en la Francia de María Antonieta. Aunque la reina fue en gran parte víctima de un fraude, el escándalo fue suficiente para destruir la poca legitimidad que le quedaba a la monarquía ante los ojos del pueblo. El escándalo comunica algo que a veces queda oculto entre las cifras económicas: desprecio por el cargo y por los gobernados. 

En el contexto contemporáneo, hemos visto cómo líderes de diversas latitudes han caído no por sus políticas, sino por la percepción de que consideran el espacio público como su patio privado.

El sociólogo estadunidense Neil Postman advirtió mucho antes del advenimiento de las redes sociales que nos estamos “divirtiendo hasta morir”, sugiriendo que la banalización de la información convierte la política en una rama del entretenimiento. En la vida pública, el escándalo funciona como un distractor potente: mientras la opinión pública se enreda en la indignación del momento, las discusiones de fondo sobre la justicia, la economía y la seguridad quedan relegadas. 

México no es ajeno a tragedias y negligencias. A lo largo de nuestra historia, la vida pública ha sido sacudida por eventos verdaderamente graves, provocados por acciones y omisiones de las autoridades en turno que han dejado heridas profundas en la sociedad. Desde represiones hasta descuidos que han costado vidas, el inventario de agravios es extenso. Sin embargo, no por existir tragedias mayores debemos normalizar la falta de respeto a los símbolos nacionales. 

En este contexto, el asunto de la mujer que fue captada recientemente asoleándose las piernas en una ventana de Palacio Nacional es un hecho profundamente escandaloso.

Lo es en sí mismo porque muestra un uso desparpajado de un edificio que no es un balneario ni una residencia de descanso, sino el símbolo máximo de la nación y sede del Poder Ejecutivo. 

Ver convertido en un solárium improvisado el monumento histórico que ha sido testigo de los momentos más definitorios de nuestra patria —el lugar donde, por ejemplo, expiró Juárez y donde apresaron a Madero y Pino Suárez antes de asesinarlos—, denota una preocupante pérdida de la solemnidad y el respeto que el cargo exige. 

Pero el escándalo no termina en la imagen misma. Se vuelve doblemente grave porque, ante la evidencia, el oficialismo optó por la ruta de la posverdad. Al asegurar de forma categórica que los videos y fotos que circulaban en redes sociales eran fabricaciones de la inteligencia artificial, le mintió deliberadamente a la opinión pública.

Este intento de manipular la percepción ciudadana es síntoma de una política que prefiere negar la realidad antes que asumir la responsabilidad de sus descuidos. Cuando la autoridad miente sobre lo que es obvio a los ojos de todos, rompe el contrato básico de veracidad con el ciudadano. 

El escándalo de la ventana no es sólo una anécdota de mal gusto; es el reflejo de una gestión que confunde lo público con lo privado y la verdad con la conveniencia.

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Retrato Hereje / La decisión de

Claudia

Columna de opinión escrita por Roberto Rock para el diario El Sol de México

Jueves 26 de marzo de 2026

A lo largo del último año, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado acciones cruciales sobre crimen organizado no solo bajo la presión de agencias de seguridad de Estados Unidos, sino también con resistencias de facciones internas del obradorismo, opuestas a que se afecten intereses germinados en el pasado inmediato.

Dos aspectos clave de esta tensión doméstica están a la vista. El primero, el abatimiento de Nemesio Oseguera El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El segundo, las investigaciones sobre el huachicol fiscal, que han desnudado un velo protector de mandos militares y del ámbito político, al grado de que se implica a parientes directos del expresidente López Obrador y del exsecretario de la Marina, José Rafael Ojeda.

Reportes de inteligencia confirman que El Mencho vivió largos periodos en la zona turística Tapalpa, destino de fin de semana de las familias acomodadas de Guadalajara, a la vista de los exalcaldes de la capital tapatía y luego gobernadores Enrique Alfaro y Pablo Lemus, ambos emecistas. Mandos militares y agencias de seguridad federales tampoco se habrían dado por enterados durante años sobre la ubicación del capo.

Según estos informes, la decisión de actuar contra Oseguera provino del gobierno mexicano. La petición de ayuda a Estados Unidos fue realizada por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, e incluyó usar el sofisticado dron “Predator B”, operado por la CIA. Cuando la nave no tripulada reveló la presencia de El Mencho en un conjunto de cabañas turísticas, el Ejército asumió el mando de la operación, por su capacidad de fuego ante un muy probable enfrentamiento.

Todavía hay preguntas sobre lo ocurrido en el país en esas horas, pero lo que está a la vista es el estridente episodio en que las cabañas fueron dejadas al alcance de la prensa. La conclusión es que alguien quería exhibir la existencia de las llamadas “narconóminas” de El Mencho (que implican, entre otros, a los gobiernos de Jalisco y Chiapas, que encabeza el morenista Enrique Ramírez), antes de que el área fuera asegurada por la fiscalía federal, a cargo de Ernestina Godoy, quien reviró con un confuso comunicado que parece anticipar que las “narconóminas” serán invalidadas judicialmente.

El caso del huachicol fiscal es aún más complejo. Una jueza federal ordenó profundizar en las indagatorias y darle acceso al expediente a los abogados de Manuel Roberto Farías Laguna, imputado junto a su hermano Fernando, prófugo.

El tema ha sido tratado con pinzas desde el inicio. El 19 de marzo de 2025 fue detenido en Tampico el buque “Challenge Procyron”, cargado con 10 millones de litros de carburantes contrabandeados. Pero el anuncio oficial no se hizo sino hasta el día 31. Pese a una pequeña montaña de evidencias de que se hallaban implicados militares y políticos de muy alto nivel, Palacio tomó de nuevo una decisión. La bomba estallada ha llevado a intentar una dosificación de las consecuencias, lo que es cada vez más difícil.

En febrero el espacio radiofónico de la periodista Carmen Aristegui reveló un audio en el que un mando de la Marina, el contralmirante Fernando Guerrero, denuncia, en junio de 2024, una mafia de huachicol ante el titular de la Armada, Rafael Ojeda. Reportes disponibles indican que ese audio fue generado por Ojeda como parte de un protocolo interno, pero que desde la propia Marina fue filtrado.

Informes de inteligencia apuntan en el sentido de que el citado Fernando Guerrero se reunió con el actual almirante secretario Raymundo Morales Ángeles, en octubre de 2024, en albores del nuevo gobierno, y que de tal encuentro también existe un audio, hasta ahora inédito. Un mes después de ello, Guerrero fue asesinado en Manzanillo por un sicario que viajaba en motocicleta.