La vapuleada a López y a la narcopolítica

Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior

Martes 9 de junio de 2026

Pascal Beltrán del Río

6:11

Las elecciones del domingo para renovar el Congreso de Coahuila —las únicas que tendrán lugar este año— dejan varias lecturas relevantes. Un primer vistazo podría dejar la impresión de que el holgado triunfo del PRI en esos comicios es una excepción en el panorama nacional, pues Morena y sus aliados dominan la gran mayoría de las legislaturas estatales y el PRI casi no existe como fuerza política a nivel nacional. 

Enseguida, habrá quien concluya que no hay novedad, puesto que en las elecciones de hace tres años el PRI, junto con sus aliados de entonces —el PAN y el PRD—, ganó los 16 distritos en juego, igual que en esta ocasión. Es decir, se repitió el carro completo. Sin embargo, al hacer a un lado esas observaciones preliminares, aparecen detalles que resultan mucho más trascendentes.

Por ejemplo, el nivel de participación del domingo aumentó en casi 12 puntos respecto de las elecciones de hace seis años, cuando los ciudadanos votaron, igual que antier, únicamente para diputados del Congreso local. Aquella vez, el porcentaje que acudió a las urnas fue de 39% contra 51% que lo hizo en esta ocasión. ¿Qué fue lo que hizo que la votación total pasara de 875 mil en 2020 a un millón 244 mil en 2026? ¿De dónde salieron esos 369 mil electores adicionales? Algunos, sin duda, del crecimiento del padrón electoral, pero eso no alcanza a explicar el fenómeno.

Como hipótesis, puede establecerse que los votantes hicieron caso a lo que los candidatos ganadores plantearon en campaña: la contienda, como una disyuntiva entre la relativa seguridad pública que existe en Coahuila y el desastre en el que se encuentran, en ese mismo rubro, estados como Sinaloa y Michoacán. La inseguridad se ha vuelto el talón de Aquiles del oficialismo, especialmente después de los señalamientos que se han hecho desde Estados Unidos sobre los presuntos vínculos entre el gobierno sinaloense y el crimen organizado. Justa o injusta, precisa o imprecisa, la visión de la existencia de un narcogobierno ha cundido entre muchos mexicanos. O, por lo menos, la de un gobierno incapaz de enfrentar fenómenos como la extorsión y, en general, el control territorial por parte del crimen.

Por otro lado, el oficialismo perdió casi nueve puntos en las elecciones de Coahuila en sólo tres años. En 2023, la votación sumada de Morena y el Partido del Trabajo —que compitieron entonces separados— fue de 35.05%, mientras que, el domingo pasado, las dos organizaciones —coaligadas—obtuvieron apenas 26.32 por ciento. Ese voto de castigo al oficialismo se canalizó hacia el PRI y su aliado, el partido local Unidad Democrática de Coahuila. Hace tres años, esas dos organizaciones se llevaron 46.76%, pero en esta ocasión obtuvieron 55.01% de los sufragios, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Ese saldo dejó anémicas a las otras fuerzas opositoras nacionales, el PAN y Movimiento Ciudadano, que seguramente perderán su registro en el estado.

Un tercer aspecto a considerar es la derrota para la marca López. Andy López Beltrán, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, había fungido como el coordinador de las campañas de Morena en el estado. Días antes de las elecciones, el vástago dejó todo tirado —imaginando el escenario que se estaba configurando, supongo— y corrió a refugiarse en Tabasco, el terruño paterno, donde ahora busca ser diputado federal.

Si a alguien hay que cargarle la derrota —como sucede con los lanzadores del beisbol que dejan como herencia los corredores en base— es a Andy. Éste ya había fracasado como organizador en Durango y Veracruz, por lo que su marca en materia electoral es de cero ganados y tres perdidos.

Morena fue aplastado en Coahuila y la magnitud de la derrota supera cualquier explicación de fraude, como la que plantea Ariadna Montiel, la nueva dirigente del partido. Falta mucho para saber si esta elección marcará tendencia, pero lo cierto es que, como no hay otros comicios este año, el oficialismo no tendrá revancha sino hasta 2027, por lo que, de aquí a entonces, deberá cargar con ese golpe. Su coraza de partido invencible se llevó un feo rayón.

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Narcopolítica: el nacionalismo

como impunidad

Columna de opinión escrita por Carlos Bravo Regidor para el diario El Heraldo de México

Martes 9 de junio de 2026

Carlos Bravo Regidor

4:51

Luce cada vez más improbable que Claudia Sheinbaum aproveche las presiones de Estados Unidos para combatir la narcopolítica en México. El punto no es concederle o negarle el beneficio de la duda, sino señalar su responsabilidad política: ella es la Presidenta y la decisión es suya. A estas alturas todo indica que optará por atrincherarse en la denuncia del intervencionismo, en el cierre de filas partidista y en la obstinada espera de que, tarde o temprano, pase la tormenta.

Apostar por la resistencia puede parecer políticamente rentable. Activar los reflejos nacionalistas ordena a su coalición. Presentarse como defensora de la soberanía le permite tachar de vendepatrias a quien la cuestione. Es, sobre todo, una forma de evitar un rompimiento interno en el oficialismo. El costo es que nada de eso resuelve los problemas que la acorralan: ni el poder que ha adquirido la delincuencia organizada en México ni la creciente hostilidad de Washington. Al contrario.

Hacia adentro, esa estrategia encarece cualquier deslinde. Si toda acusación contra funcionarios de Morena proveniente de Estados Unidos se interpreta como injerencia inaceptable, cualquier exigencia de investigar a gobernadores, legisladores, miembros del gabinete u operadores queda bajo sospecha de traición. El empeño de proteger a algunos termina manchándolos a todos. Cada nuevo retiro de visa, filtración o expediente refuerza la imagen de que no se trata de casos aislados, sino de una complicidad generalizada. La coalición gobernante quizá conjure el riesgo de ruptura, pero al precio de absorber colectivamente el desgaste reputacional. El mensaje para la delincuencia organizada, además, es inequívoco: mientras la soberanía sirva para encubrirla, sus pactos con el poder operan como un seguro. Resistir, lejos de socavar la gobernanza criminal, la consolida.

Hacia afuera, el atrincheramiento tampoco contiene a Washington: lo invita a escalar. Porque en la Casa Blanca cada negativa mexicana se interpreta menos como respeto al debido proceso que como indicio de encubrimiento. Si Sheinbaum no actúa contra el contubernio entre política y crimen, Trump le subirá la temperatura. Para un presidente acostumbrado a negociar mediante amenazas, la reticencia mexicana no marca un límite: corrobora la percepción de que “México está gobernado en gran medida por los cárteles del narcotráfico”. En esa lógica, cada evasiva justifica un nuevo apretón. Y el repertorio, en ese sentido, es vasto: amenaza de aranceles, sanciones financieras, demandas de extradición, inteligencia más intrusiva, operaciones unilaterales...

Al final, cuanto más evita la Presidenta un ajuste de cuentas con la narcopolítica mexicana, más expuesta queda a que Washington lo imponga desde el exterior. El nacionalismo como sinónimo de impunidad no fortalece a México, lo debilita: convierte la soberanía en mera administración de su propia decadencia.

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El Olinia o el Tsuru

Columna de opinión escrita por Sergio Sarmiento para el diario Reforma

Martes 9 de junio de 2026

Sergio Sarmiento

5:49

"La solución de un gobierno a un

problema es usualmente tan mala

como el problema".

Milton Friedman

En mayo de 2017 Nissan suspendió de manera definitiva la producción de su compacto Tsuru. No lo hizo por falta de ventas: era el auto más popular del país. Andrés Manuel López Obrador lo hizo su coche oficial desde que era jefe de Gobierno de la Ciudad de México (hoy él y sus políticos usan camionetas "machuchonas"). Fue el automóvil más vendido en la historia de México: 2.4 millones de unidades en 33 años, más que los 1.7 millones del Volkswagen Sedán, el Vocho. Mucho tiempo fue también el más barato: su precio al público en 2016 era de 150,602 pesos en su versión austera. Todavía hoy se ven muchísimos, porque los aprecian y necesitan los dueños para la irritación de quienes los prohibieron.

El problema fue que una organización llamada El Poder del Consumidor, que se dedica a despojar a los consumidores de su poder de decisión, presionó al gobierno hasta lograr que lo prohibiera. ¿Por qué? Porque no tenía bolsas de aire ni frenos ABS (antibloqueo). La prohibición tuvo consecuencias importantes. Nissan terminó por cerrar este pasado marzo la planta de CIVAC, en Cuernavaca, en la que durante décadas se produjo. Cientos de trabajadores perdieron sus empleos.

Este 7 de junio, sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el prototipo de un nuevo vehículo que tendrá también un precio de 150 mil pesos: el Olinia, un automóvil eléctrico. El diseño, con forma de caja de zapatos, es bastante feo, pero por lo menos está regresando al mercado un auto realmente barato. Solo que tampoco tiene bolsas de aire ni frenos ABS. ¿Cambió el gobierno la NOM-194-SE-2021 que actualizó la NOM-194-SCFI-2015? ¿Ya no son obligatorios estos dispositivos de seguridad en los vehículos? No, la norma no se aplicará al Olinia porque es del gobierno... y en México la ley es para todos, menos para los políticos y el gobierno.

No creo que el Olinia sea una mejor opción que el Tsuru. Tiene una autonomía de apenas 125 kilómetros con carga completa. A un capitalino no le alcanzaría para llegar a Tequesquitengo, a 136 kilómetros de distancia. Su velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora, lo cual lo convertirá en un peligro en carretera. El Tsuru, con su tanque de 50 litros, puede desplazarse entre 480 y hasta 850 kilómetros, con una cómoda velocidad de 110 kilómetros por hora. Puede llevar a un capitalino a Acapulco, a 380 kilómetros de distancia, y regresarlo con el mismo tanque.

¿Puede ser el Olinia la base para un desarrollo tecnológico de autos eléctricos en México? No de la manera en que se está diseñando. El gobierno solo está tomando tecnología e incluso partes de productoras chinas de vehículos eléctricos pequeños.

¿Será el Olinia, por lo menos, un buen negocio? Difícilmente. Las empresas automotrices internacionales, que se habían volcado a la producción de autos eléctricos por presiones de sus gobiernos, han tenido que cancelar proyectos ante la falta de interés del público. Las empresas del gobierno mexicano, por otra parte, pierden todas carretadas de dinero: desde el Tren Maya hasta Mexicana de Aviación, desde la CFE hasta Litiomex. El gobierno ha logrado incluso que Pemex, una petrolera, pierda dinero en tiempos de precios altísimos.

Olinia recibirá subsidios dispendiosos de un gobierno al que le gusta tirar el dinero en ocurrencias y se convertirá en competencia desleal para los vehículos más baratos que se producen en México. Que no nos sorprenda que cierren las plantas que los fabrican. Quizá esto no les preocupa a nuestros políticos, que se mueven en camionetas machuchonas, pero sí a los trabajadores.