Las comparecencias

Columna de opinión escrita por Sergio Sarmiento para el diario Reforma

Miércoles 27 de mayo de 2026

Sergio Sarmiento

5:21

"Cuando alguien acusa,

verifica que no sea el culpable".

Piers Anthony

Ayer compareció Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, para una "entrevista" con una agente del Ministerio Público Federal en la sede de la FGR en Culiacán. Solo nos enteramos después del hecho. Fue cuidadosa la Fiscalía para que los medios no se enteraran antes.

Hoy está programada la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos. Las circunstancias, sin embargo, son muy distintas. A la gobernadora se le entregó el citatorio en público y todo el mundo se enteró de cuándo y dónde tendría lugar. No se trata, además, de una simple entrevista, sino de una declaración en calidad de testigo.

A Rocha se le citó en Culiacán, la ciudad donde reside. A Maru la FGR la pudo haber citado en la Ciudad de México, donde se está manejando la investigación por una supuesta participación de cuatro agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio, o en Chihuahua, donde ella vive. Pero no, la Fiscalía escogió citarla en Ciudad Juárez, el municipio fronterizo gobernado por Morena.

La gobernadora no tiene obligación legal de comparecer en persona. Su fuero constitucional la protege, pero ella ha preferido presentarse. Es una forma de decir que no tiene miedo. Ha sido citada como testigo, pero se le ha pedido que lleve a un abogado. Esto quiere decir que la FGR puede querer cambiar su situación a imputada. Una testigo no solo no requiere un abogado, sino que se impide la presencia del abogado en la diligencia. Para una imputada, la situación es la contraria: debe tener a un abogado que la auxilie.

¿Puede la Fiscalía cambiar la calidad de la compareciente de testigo a imputada? Sí, pero la gobernadora no puede ser detenida o procesada si no se le somete antes a un juicio de procedencia. Roberto Gil Zuarth, abogado de Maru, ha señalado que la FGR citó a la gobernadora a declarar en calidad de testigo, pero el citatorio utiliza argumentos legales que buscarían sustentar una imputación.

La investigación contra Maru la está llevando a cabo alguien que difícilmente puede ser imparcial. Se trata de Ulises Lara, fiscal especial en investigación de asuntos relevantes, expareja de Lenia Batres, la "ministra del pueblo", y activista de Morena. Es el funcionario que obtuvo un título exprés como abogado para asumir la responsabilidad de fiscal de la Ciudad de México cuando la también morenista Ernestina Godoy dejó el cargo. Como fiscal capitalino, "rescató" a Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, enemigo jurado de Maru, cuando elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua trataron de detenerlo en la Ciudad de México por presuntos actos de corrupción. Lara ha mostrado más interés en servir los propósitos políticos de Morena que en procurar justicia.

El caso contra Maru se ha convertido en un intento por tapar las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y los otros nueve políticos sinaloenses de Morena. Es verdad que hubo cuatro agentes de la CIA en un operativo contra el narco en la sierra Tarahumara de Chihuahua el 19 de abril de este 2026, pero el propio Ejército ha señalado que no participaron en las juntas de preparación ni en el operativo. Su labor, en todo caso, fue de observación. Sin embargo, todo el aparato de propaganda de Morena se ha lanzado contra ella por supuestamente violar la Constitución.

En esta ocasión la actuación de la FGR está siendo observada con lupa. La Fiscalía no se puede dar el lujo de mostrarse favorable a Rocha y hostil a Maru. No solo los medios y los partidos están revisando su actuación, también el gobierno de Estados Unidos.

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Una muy buena noticia…que

provoca preguntas

Columna de opinión escrita por ​Carlos Puig para el diario Milenio

Miércoles 27 de mayo de 2026

​Carlos Puig

4:04

El lunes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó un decreto del Poder Ejecutivo.

Es un “Decreto por el que se abroga el Decreto por el que se modifica el diverso por el que se habilita y modifica la habilitación de diversos puertos y terminales en el territorio nacional, publicado el 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, y se establece la Mesa de Trabajo para la regulación administrativa en materia de navegación en el Puerto de Loreto”. (sic al lenguaje abogadil).

El del lunes está “expedido” por la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, “en adelante la PEUM, en unión de Secretarías de Gobernación, de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Turismo”.

El Decreto entró en vigor el día de su publicación, esto es, el 25 de mayo de 2026, según el primero transitorio.

Esto echa para atrás la reclasificación que tenía la intención de recibir tráfico de gran escala en el Parque Nacional Bahía de Loreto. Abría la puerta a mega cruceros dentro del Parque Nacional Bahía de Loreto, un área crítica para la supervivencia de la ballena azul, especie en peligro de extinción. Además, clasificar a Loreto como Puerto de Altura reducía drásticamente los costos operativos para la minería terrestre. Proyectos mineros que antes eran inviables se volvían rentables porque se les daba dónde descargar maquinaria y por dónde sacar el material. Loreto dejaba de ser un destino turístico para convertirse en un punto de embarque de minerales. Ahí, en el acuario del mundo.

Es, antes que nada, una gran noticia. La movilización de la comunidad de Loreto —pescadores y habitantes— fue exitosa, lograron ser escuchados, veremos ahora cómo va la mesa de trabajo y en qué acaba.

Ahora. Más allá de la buena decisión, vale la pregunta de por qué se había tomado la otra, apenas hace mes y medio, con todo y la firma de la Presidenta. Algo como lo que había sucedido con el proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, presumido por la Presidencia como muestra de gran inversión para después ser cancelado.

¿Qué pasa? Es un problema de comunicación con, por ejemplo, la Consejería Jurídica, encargada de los decretos. O con la Secretaría del Medio Ambiente, o la de Turismo, o la Marina.

Insisto. Los desistimientos, las reversas, me parecen muy buenas decisiones para el medio ambiente, los mares y su fauna de nuestras costas, pero en tiempos en que se necesita certidumbre, lo del anuncio y luego la reversa, no es lo mejor. 

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¿Todo es injerencia?

Columna de opinión escrita por Jorge G. Castañeda para el diario ​El Universal

Miércoles 27 de mayo de 2026

Jorge G

9:30

No hay nada que le funcione mejor a un gobierno mexicano atribulado que envolverse en la bandera, denunciar el intervencionismo foráneo, en particular norteamericano, y dar la impresión de actuar en consecuencia. Claro: sin comer lumbre. Ninguno de los presidentes de la época moderna, desde Obregón hasta López Obrador, se pasaron de lanzas. Siempre supieron hasta dónde podían atizar el supuesto nacionalismo mexicano sin provocar seriamente al vecino, fuera este razonable -Roosevelt, Kennedy, Clinton y Obama- o agresivo -Coolidge, Johnson, Reagan y Trump.

Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal forman parte de esta historia, y de este patrón de conducta. Al presentar al alimón una iniciativa de ley que incorpora la “injerencia extranjera” a la lista de causales de la posible nulidad de una elección, se dotan efectivamente de un instrumento para manipular los resultados electorales. Pero también construyen un dispositivo para arengar y apelar a su base, enfilando de nuevo las baterías contra lo que ella, en su fuero interno -Monreal no creo- denominaría el imperialismo yanqui.

Ya varios colegas han descrito los abusos a los que se puede prestar una legislación de esta naturaleza. Se trata de disposiciones tan abstractas y difusas –“tierra, mar y aire”- que prácticamente permiten cualquier recurso imaginable. Con el Tribunal Electoral y el INE en manos de Morena, casi garantizan que donde y cuando quieran anular una elección, podrán hacerlo.

Yo quisiera referirme a dos aspectos menos evocados en estos días. El primero: exactamente qué significan las palabras “injerencia” y “extranjera”. Empecemos por ésta, en referencia desde luego al tema que nos ocupa. ¿Una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es “extranjera”? México firmo y ratificó la Convención Americana (Pacto de San José, lo primero por mi padre, lo segundo en mi gestión de la SRE), y hemos tenido innumerables miembros de la CIDH. Una relatoría de la Comisión de Desapariciones Forzadas de la ONU ¿es extranjera, habiendo firmado la Carta de San Francisco en 1945? Una admonición preelectoral de observadores internacionales de elecciones en México -OEA, ONU, UE, etc.- ¿es extranjera?

Más complicado: una nota crítica del gobierno, de Morena o de su hipotético candidato en el quinto distrito de Tamaulipas en el noticiero nocturno de TelevisaUnivisión, que conduce Enrique Acevedo (mexicano) ¿es nacional o extranjera? ¿Y del noticiero UnivisiónTelevisa que conduce Ilia Calderón (colombiana)? En la asociación de ambas empresas -una mexicana, la otra estadounidense- es ambigua la nacionalidad y el control de la empresa. Si Telemundo retoma una nota de Azteca Noticias acusando a un candidato morenista de ser narco, ¿se trata de una injerencia extranjera? Si el diario bonairense Clarín retoma una columna vitriólica mía contra la candidata posible de Morena a la gubernatura de Chihuahua, ¿henos frente a una crítica nacional o extranjera? Si un congresista estadounidense con doble nacionalidad denuncia la corrupción de un candidato en su estado natal de Oaxaca, ¿su declaración es extranjera? Y por último, un cebollazo de cualquiera de los dictadores amigos de la 4T ante la indeclinable solidaridad mexicana y el sublime patriotismo mexicano propios de Morena y sus presidentes ¿es causal de nulidad si se produce en plena campaña electoral? Ni hablemos del dilema espinoso de las redes sociales, cuyo origen y nacionalidad revisten una complejidad extraordinaria.

La segunda definición de la ley –“injerencia”- no es menos problemática. Las declaraciones de Donald Trump a propósito de la elección reciente en Honduras fueron claramente injerencistas. El apoyo con veinte mil millones de dólares a la economía argentina conducida por Milei lo es un poco menos. Un artículo de John Womack, de Noam Chomsky, de Pablo Iglesias, de Jeremy Corbyn o de Mélenchon elogiando a Sheinbaum, o a Morena, o a un candidato morenista en particular en La Jornada ¿es injerencista? Una declaración de Trump confesando que se entendería mejor con la oposición mexicana que con Morena ¿lo es realmente? ¿Todo es injerencia?

Otro reto que deberá superar la propuesta de Sheinbaum y Monreal radica en las consecuencias que pueda surtir en el ámbito internacional, donde las reglas sobrevivientes -pocas- descansan en el principio de reciprocidad. Todas las democracias, y buena parte de las dictaduras, trazan límites a la participación externa en procesos electorales internos: financiamiento, desinformación, actividades encubiertas. El primer caso moderno probablemente se remonte al desempeño de la CIA en las elecciones italianas de 1948. El expresidente francés Nicolas Sarkozy cayó preso por haber aceptado recursos de Gadafi en su campaña de 2007. Pero hay de restricciones a restricciones, y de definiciones a definiciones.

A la 4T ya se le ha acusado de utilizar los 53 consulados de México en Estados para realizar actividades proselitistas. AMLO con frecuencia amenazaba o instruía a sus huestes en aquel país a votar en contra de candidatos racistas o xenófobos. El Departamento de Estado, ahora mismo, lleva a cabo una revisión de las prácticas de nuestros cónsules y empleados consulares, intentando dilucidar si incurren en actividades políticas o electorales. Aprobar leyes como las que proponen Monreal y Sheinbaum les dará a nuestros vecinos más que un pretexto para proceder de la misma manera, en contra nuestra, o de otros países. Lo pueden efectuar sin estas nuevas aberraciones legislativas, pero con mayor facilidad gracias a ellas. ¿De veras deseamos darles más pretextos?

Por razones de democracia y de transparencia, estos cambios constituyen una pésima idea. Pero además, se prestarán a interminables discusiones y litigios, a pleitos con el resto del mundo, a represalias y a la proyección de un país bananero. ¿Eso quieres, Ricardo?