María Corina

​Columna de opinión escrita por Macario Schettino para el diario El Financiero

Miércoles 10 de diciembre de 2025​

Macario Schettino

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El día de hoy, 10 de diciembre, María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz. La acompañará Edmundo González, quien cubrió la candidatura presidencial que el sistema electoral venezolano negó a María Corina, y un puñado de presidentes latinoamericanos.

Es un premio bien otorgado, a alguien que logró no sólo aguantar la presión dictatorial de Maduro, sino derrotarlo en las urnas y documentar esa derrota. Porque eso no lo había logrado nadie anteriormente. Machado tiene en sus manos, o más bien, resguardadas en Panamá, las actas de cerca de 80% de las casillas de votación que certifican el triunfo de Edmundo y la derrota de Maduro.

En todos los países latinoamericanos en los que hubo elecciones limpias, el movimiento chavista fue derrotado. Sobrevive en Venezuela, en una clara violación de la voluntad de los venezolanos; en Nicaragua, donde hace tiempo no hay elecciones; en Honduras, después de la anulación de las elecciones que ha hecho la presidenta de ese país, también en clara violación al mandato popular, y en México, donde la última elección limpia ocurrió en 2021.

Lo hemos comentado en muchas ocasiones y lo repetimos de forma abreviada. En 2021 López Obrador perdió las elecciones, que no se reflejaron en una mayoría de oposición debido al esquirolaje de Movimiento Ciudadano. Para 2024, resuelto a no correr riesgos, se construyó desde el poder una burbuja que hiciera pensar a la población que la economía mexicana funcionaba perfectamente. Esa burbuja costó, aquí lo documentamos, cuatro billones de pesos, la mitad del incremento de la deuda pública en estos siete años.

No contento con eso, López Obrador violó consistentemente la ley, descalificando a la oposición y promoviendo a su candidata. Hubo un gasto extraordinario a favor de ella cuyo monto y origen no se investigó, pero considerando lo ocurrido en 2021 y el tamaño del desfalco del contrabando de combustible, hablamos de centenares de miles de millones de pesos. Por todo ello, la elección de 2024 no puede considerarse democrática en los términos que sí lo fueron las realizadas entre 1997 y 2021.

Lo ocurrido después, el golpe de Estado validado por tres, sólo tres, magistrados del Tribunal Electoral, concretado en el otorgamiento de mayorías calificadas a una coalición que apenas superó 50% de los votos, es también claramente contrario a la democracia.

Puede haber muchas quejas contra Milei, Noboa, Arévalo o cualquier otro presidente, pero no se les puede reclamar que no hayan representado a una mayoría democrática cuando fueron electos. En Venezuela, Nicaragua, México, y ahora en Honduras, esa legitimidad no existe.

Los bolivarianos, muchos en los países mencionados más los vividores españoles de la dupla ZP y Podemos, le reclaman a María Corina Machado que celebre la presión que Trump ha impuesto sobre Maduro. O es eso, o es guerra civil, en la que el pueblo desarmado debería enfrentar a los narcomilitares maduristas. Para los que desde México piensan eso, les convendrá recordar el apoyo que Estados Unidos prestó a Juárez para enfrentar a los conservadores, nada más como ejemplo.

En democracia, cualquier fuerza política debe tener oportunidad de ofrecer y cumplir. Los bolivarianos, versión del siglo XXI del castrismo, han prometido de todo con tal de llegar al poder, desde el cual han barrido con la democracia para eternizarse y para saquear. Porque al final en eso acaba todo, en un saqueo de magnitud histórica: los Castro, los Chávez, los Maduro, los Ortega, los López.

Hay que felicitar a María Corina Machado por derrotar a Maduro en las urnas, por documentar esa derrota, por recibir el Premio Nobel y por mostrar un camino que tal vez no sea el que uno quisiera, pero parece ser el disponible en este momento para recuperar la democracia.

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Los intocables

Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior

Miércoles 10 de diciembre de 2025​

Pascal Beltrán del Río

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Puede ser una coincidencia —aunque se dice que en política no hay tal cosa—, pero el cambio de titular en la Fiscalía General de la República ha venido acompañado de la reactivación de los procesos penales contra tres exgobernadores, todos salidos de la oposición.

De forma simultánea, los exmandatarios estatales Javier Duarte  de Ochoa —actualmente encarcelado, esperando su preliberación—, César Duarte Jáquez —hasta hace unos días en detención domiciliaria y enviado el lunes al penal de El Altiplano— y Francisco Javier García Cabeza de Vaca —en el exilio, en Estados Unidos— se vieron nuevamente bajo la lupa de las autoridades, por presuntos delitos cometidos durante sus respectivas gestiones.

La confirmación o el descarte de la culpabilidad de cada uno de ellos debe ser resultado del debido proceso y materia de las autoridades judiciales correspondientes, así que no me ocuparé de eso en este espacio.

Lo que sí puede señalarse es la simultaneidad de las acciones contra esos tres personajes, lo cual ya dice mucho, así como la ausencia de la más mínima revisión de la actuación de varios gobernadores y exgobernadores adheridos a la autodenominada Cuarta Transformación, quienes se han visto involucrados en hechos por lo menos cuestionables, si no es que ilegales, y que ameritarían al menos ser llamados a declarar.

El más conspicuo de ellos es, desde luego, el senador Adán Augusto López Hernández, quien como mandatario estatal de Tabasco nombró como jefe de la policía a quien resultó ser un líder criminal y cuyas declaraciones patrimoniales y fiscales han mostrado discrepancias muy notorias.

Otro es el también legislador Cuauhtémoc Blanco, quien ha sido acusado formalmente por su media hermana de violación en grado de tentativa y cuya gestión en Morelos dejó irregularidades por decenas de millones de pesos, de acuerdo con denuncias presentadas por el exconsejero jurídico y actual fiscal de la entidad.

Por un momento llegó a parecer que uno y otro habían caído de la gracia de la Presidencia y que su defenestración era cuestión de tiempo, pero han pasado los meses sin que hayan sido llamados a cuentas. López Hernández sigue siendo convocado los lunes a las reuniones de coordinación del oficialismo en Palacio Nacional, y Blanco se da tiempo de jugar pádel y futbol, e incluso en un par de ocasiones ha agredido a rivales durante partidos de veteranos sin que le pase nada.

Es verdad que el fuero del que gozan uno y otro impide que puedan ser procesados, pero el oficialismo tiene los votos suficientes en el Congreso para retirarles dicha protección. Y es obvio que ha decidido no hacerlo.

Tampoco lucen pulcros los actuales gobernadores de Sinaloa y Michoacán, repudiados por buena parte de la población de sus respectivos estados, a causa de la violencia que padecen, y señalados por sus nexos con organizaciones delictivas.

No menos cuestionados están los mandatarios estatales de Nayarit —acusado de promover investigaciones judiciales contra sus críticos—, Colima —quien ha protegido al magistrado presidente del Poder Judicial estatal de una demanda por manutención presentada por su exesposa—, y otros dos quienes tienen señalamientos por vínculos con un operador del Cártel del Noreste y el retiro de la visa estadunidense, todos ellos miembros de Morena y, por lo visto, despreocupados de las críticas que enfrentan.

Nuevamente, no me toca a mí determinar cuáles de esos señalamientos ameritan abrir una carpeta de investigación, pero sí es cada vez más evidente que hay dos varas para medir presuntos delitos cometidos por políticos de su nivel: una para los miembros del oficialismo y otra para los de la oposición.

BUSCAPIÉS

*Ayer descargaron en las oficinas de los 67 senadores de Morena, decenas de cajas que contenían ejemplares del libro Grandeza, de Andrés Manuel López Obrador. Mi compañera Leticia Robles de la Rosa, quien obtuvo la exclusiva, calculó que habrían sido unas 17 mil 500 copias las que llegaron a la sede de la Cámara alta. ¿Quén pompó? ¿De dónde salieron los recursos para quedar bien con el patriarca?