OEA convoca a cancilleres para discutir medidas contra Nicaragua ante eliminación de elecciones

El Consejo Permanente de la OEA aprobó una reunión urgente de cancilleres para analizar posibles acciones frente a la crisis democrática en Nicaragua

Jueves 20 de agosto de 2026

Recordemos que Daniel Ortega, Co-presidente de Nicaragua, declaró que en su país “no volverán a haber elecciones” para impedir que la oposición llegue al poder, mientras la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, prepara una reforma constitucional que busca excluir de futuros comicios a los grupos opositores que el régimen considera “terroristas” y “golpistas”. 

Ante el nuevo intento de cerrar la vía electoral, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, aprobó una reunión extraordinaria de cancilleres para definir una respuesta conjunta. 

La convocatoria obtuvo 29 votos a favor, uno en contra de Brasil y la abstención de México. Brasil votó contra la convocatoria al advertir sobre el riesgo de que las posibles sanciones terminen perjudicando a la población.

El representante de México ante la OEA, Alejandro Encinas, se abstuvo y afirmó que la crisis nicaragüense no constituye una amenaza para la paz o la seguridad regional, por lo que México apuesta por el diálogo, la soberanía y la autodeterminación. 

Analistas señalan que la abstención de México no es un hecho aislado: afirman que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México ha evitado respaldar medidas contra Daniel Ortega y en 2021 también se abstuvo ante resoluciones por la detención de opositores y la falta de elecciones democráticas en Nicaragua. Ahora, con Claudia Sheinbaum, Morena mantiene esa línea bajo el argumento de no intervención y autodeterminación, pese a que Ortega pretende eliminar las elecciones y perpetuar su régimen; la presidenta incluso evitó condenar directamente esa decisión. 

Agregan que México sostiene que la crisis nicaragüense no amenaza la seguridad hemisférica, una postura que sus críticos interpretan como una defensa política de un gobierno cercano a la izquierda latinoamericana y como muestra de que el principio de “no intervención” del morenismo termina pesando más que una condena al cierre democrático en Nicaragua.