Otro gol al gobierno

Columna de opinión escrita por ​Raymundo Riva Palacio para el diario El Financiero

Jueves 2 de julio de 2026

Raymundo Riva Palacio

9:19

Por donde menos se esperaba saltó una nueva liebre envenenada el martes. La Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionaron a dos mexicanos y a nueve empresas acusadas de contrabandear combustible en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este tipo de sanciones económicas y alertas al sistema financiero para reforzar sus acciones contra el lavado de dinero no son nuevas, y forman parte de un sistema de vigilancia y respuesta contra individuos y entidades que consideren una amenaza a su seguridad nacional.

El documento del Tesoro subraya que aproximadamente el 30% del combustible en México es de contrabando, pero de manera extraordinaria, por lo inusual, incluye 82 palabras explosivas que advierten: “En México, los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno, lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de estos esquemas y otras actividades delictivas”.

Es la primera vez que estos organismos del Departamento del Tesoro establecen una relación directa entre las estructuras financieras criminales y la inversión en campañas políticas en México, cuyas consecuencias pueden rebasar el catálogo de sanciones que pueden aplicar la OFAC y el FinCen –que no van más allá de las sanciones económicas–, y las alinean con la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en su primer día en la Casa Blanca, que designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, que le otorga a Estados Unidos herramientas legales extraordinarias para combatirlas, como operaciones militares en territorio mexicano.

Las sanciones del Tesoro deben verse como un nuevo mensaje de insatisfacción de Washington a Palacio Nacional por la forma como está manejando el caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado de haber llegado al poder con el dinero y la operación electoral del Cártel de Sinaloa, y a quien Estados Unidos solicitó que se le detuviera con fines de extradición. Rocha Moya sigue bajo protección en un rancho al norte de Culiacán, y la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta hoy, es que no se los entregará bajo ningún presupuesto. Es importante observar que solo el Cártel de Sinaloa había sido señalado de intervenir en elecciones; ahora se añadió al CJNG.

Ni la OFAC ni el FinCEN abundaron en la imputación, que ayer fue rechazada por la presidenta con el mismo argumento como se ha negado a reconocer que hay políticos de Morena vinculados con el crimen organizado: no hay pruebas. “Así pasó con tres instituciones financieras (contra las que) de manera unilateral el Departamento del Tesoro tomó una medida”, recordó Sheinbaum el señalamiento a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en junio del año pasado, cuando las definieron de “mayor preocupación” en materia de lavado de dinero y presuntamente vinculadas al tráfico ilegal de fentanilo. Sheinbaum agregó que cuando le pidió su gobierno pruebas para acompañarlos en el proceso, “solo enviaron dos páginas sin pruebas”. La Secretaría de Hacienda, sin embargo, actuó y los intervino. Poco después, las tres instituciones desaparecieron.

La presidenta se quejó de que pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda –controlada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch– trabaja con la OFAC y el FinCen, “nunca fuimos informados” y adelantaron un comunicado sin esperar a un boletín conjunto. El Tesoro contrastó sus declaraciones. “Las sanciones”, informó, “fueron diseñadas conjuntamente con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México”. Lo que probablemente desconocían aquí era el señalamiento de que el dinero del huachicol fiscal sirviera para financiar campañas políticas y medios de comunicación para apoyar a funcionarios corruptos dispuestos a colaborar con el CJNG.

Es la primera vez que un documento oficial del gobierno de Estados Unidos incluye a medios de comunicación como parte de la red criminal de políticos y el crimen organizado, con lo cual, de acuerdo con la manera en que funcionan la OFAC y el FinCEN, las sanciones pueden extenderse a dueños de medios, sociedades o cooperativas, así como a editores y periodistas que sean señalados como parte de esa red. Pero en el alineamiento de estas acciones con la orden ejecutiva de Trump, los periodistas quedan sujetos a sus mecanismos legales, y pueden ser acusados de terrorismo y capturados incluso en México, al permitir sus leyes la extraterritorialidad.

Igualmente, en el nuevo marco de referencia en el que se mueven esos organismos, se refuerza la posibilidad de que Morena y otros partidos, dentro de la coalición gobernante o de oposición, puedan ser declarados como “organizaciones terroristas” si se demuestra que un cártel financió campañas políticas, y enfrentar sanciones a funcionarios y políticos que hubieran facilitado o recibido recursos ilegales.

El señalamiento al CJNG tiene un impacto en 22 estados, y es la fuerza criminal dominante en Guanajuato, gobernado por el PAN; Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano; Michoacán y Nayarit, que gobierna Morena. El partido en el poder está al frente en otros 15 estados: Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

La OFAC y el FinCEN suelen actuar con base en investigaciones de inteligencia financiera y de procuración de justicia, y esta operación fue coordinada por la Fuerza de Tareas del Departamento de Seguridad Nacional en Texas, que es una iniciativa multiagencias que se creó en noviembre pasado para desmantelar las organizaciones criminales, los cárteles y las pandillas a lo largo de la frontera con México.

En esa fuerza de tareas participan prominentemente la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, que caza a terroristas en todo el mundo y fue la responsable de la captura de Ismael El Mayo Zambada; el FBI, que tiene una área de inteligencia en México; la DEA, Migración, Aduanas y los fiscales de las cortes de los distritos Sur y Occidente de Texas, que tienen los casos del huachicol en Tamaulipas.

La reacción de la presidenta Sheinbaum era predecible, pero endeble al no abordar el fondo de la molestia estadounidense y seguir negándose a procesar políticos vinculados con el crimen organizado.

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Nahle y los apagones

Columna de opinión escrita por Sergio Sarmiento para el diario Reforma

Jueves 2 de julio de 2026

Sergio Sarmiento

6:17

"Distraer el dinero que podrías usar para transmisión hacia la generación es un error desde el punto de vista estratégico como país".

Víctor Ramírez, 2020

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, respondió públicamente a mi artículo "No son apagones" en el que argumenté que la falta de inversión en transmisión provocó los apagones que López Obrador y Bartlett prometieron eliminar. "Obviamente Sarmiento no es especialista en el tema y no investigó más a fondo la política energética", me descalificó, pero yo mantengo que los apagones no los provocan las quemas de pastizales sino los problemas de transmisión.

Escribe Nahle que con AMLO "se trabajó en regresar el 'Balance Energético' y recuperar principalmente el MERCADO ENERGÉTICO, que estaba en manos de privados [las mayúsculas tipo Trump son de ella]. En el 2019, la CFE tenía una participación solo del 38% y con la adquisición de las 13 plantas de Iberdrola -entre otras acciones- la CFE recuperó el 54% y el control del mercado nacional".

Sin embargo, aumentar la participación de la CFE en generación no evita apagones. Gastar 6,200 millones de dólares en 13 plantas de Iberdrola manejadas con eficiencia no añadió un solo vatio de capacidad de generación. Además, el problema radica en la transmisión. Si bien la ley permite la inversión privada en generación, la transmisión es monopolio del Estado.

Dice Nahle que "la red nacional de transmisión se fortaleció con 3,873 km más de líneas, 191 subestaciones ampliadas y/o nuevas y 10 equipos de última tecnología para regular la tensión, una inversión de 4 mil millones de dólares [70,200 millones de pesos en la actualidad]", pero no ofrece puntos de comparación que permitan saber si estas inversiones fueron suficientes y pertinentes. En el "Plan de negocios 2018-2022", CFE Transmisión presupuestaba 99,411 millones de pesos en cinco años (p. 26) y planeaba sumar 6,602 kilómetros de líneas nuevas para llegar a 113,644 kilómetros en 2021 (p. 14). Eran más inversión y kilómetros que los que presume Nahle.

Pero ni siquiera esto era suficiente. En 2023 la International Chamber of Commerce (ICC) señaló que "para crecer 2.4 por ciento al año hace falta construir cuando menos 58,900 kilómetros de líneas de transmisión" entre 2023 y 2037. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió en 2024 que "Sin transmisión eléctrica no será posible acelerar la transición energética". Entre 2013 y 2023 "la sub-inversión en infraestructura de transmisión eléctrica ha sido una constante... los montos ejercidos distan mucho de los objetivos de inversión del mecanismo de planeación para 2023-2028... Entre 2018 y 2023 la Red Nacional de Transmisión creció 2.4 por ciento al pasar de 108,017 kilómetros... a 110,559".

Los montos y kilómetros no cuentan toda la historia. No solo hay que invertir, hay que hacerlo bien. Víctor Ramírez de Energía a Debate me dice que con AMLO "se cancelaron dos proyectos grandes de transmisión que estaban en licitación: Sonora-Baja California e Istmo-Centro". Otro, que aún no se licitaba, Chiapas-Quintana Roo, se limitó, pese a que habría proporcionado redundancia a la línea Chiapas-Yucatán y reducido los apagones en la península. La línea Chiapas-Yucatán "trabaja 80 por ciento del tiempo sobre su capacidad de diseño y es donde hay más apagones". En cambio, la planta solar de Puerto Peñasco, Sonora, se construyó en una zona con sobrecapacidad y por eso "tuvieron que meterle un dineral" en transmisión, aunque el proyecto sigue perdiendo.

El hecho es que los apagones no han desaparecido y la transmisión es la razón principal. La presidenta Sheinbaum ha anunciado ahora una inversión de 8,177 millones de dólares en transmisión entre 2025 y 2030. Ojalá sea suficiente y se invierta bien.

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No murió el T-MEC; murió la

certidumbre

Columna de opinión escrita por Eduardo Ruiz-Healy para el diario El Economista

Jueves 2 de julio de 2026

Eduardo Ruiz-Healy

4:53

"Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual. En consecuencia, el T-MEC no se renueva". Así, en dos frases, el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sepultó ayer 01 de julio, la posibilidad de extender por 16 años el tratado que rige el comercio de América del Norte.

La revisión conjunta prevista en el artículo 34.7 se cumplió puntualmente. Ayer a las 9 de la mañana se reunieron por videoconferencia Greer, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Dominic LeBlanc, ministro canadiense de Comercio. México y Canadá ya habían firmado las cartas para prorrogar el acuerdo hasta 2042. Donald Trump dijo que no. El tratado sigue vigente hasta el 1 de julio de 2036, pero sometido a revisiones anuales en las que EU podrá presionar y condicionar cada 12 meses.

Las razones de Greer son conocidas: las “deficiencias” del acuerdo y los déficits comerciales con sus dos socios. Curioso argumento contra un tratado que Trump negoció, firmó y calificó en 2020 como “el mejor y más importante acuerdo comercial jamás firmado”. Más curioso aún si se recuerda que la Cámara de Comercio de EU y las asociaciones automotrices de ese país pidieron por escrito la extensión. En junio, más de 70 organizaciones empresariales acudieron al Capitolio para exigir certeza. De nada sirvió. Trump desoyó a su propio sector privado.

En México la reacción oficial fue de calma administrada. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el 1 de julio no era una fecha fatal y que el tratado puede renovarse en cualquiera de las revisiones anuales. Ebrard informó que la tercera ronda de negociaciones bilaterales se celebrará la semana del 20 de julio y precisó que ningún país ha notificado su salida, un paso que exigiría avisar con seis meses de anticipación. Su resumen de la postura mexicana: “No tenemos prisa, pero tampoco nos interesa que haya incertidumbres”, que es precisamente lo que causó la decisión de Trump.

Los mercados tomaron nota. El peso se depreció 0.31% y cotizó en 17.53 unidades por dólar. El FIX de Banxico quedó en 17.5368. Banorte prevé que el tipo de cambio se acerque a 17.80 en los próximos meses y cierre el año en torno a 18.10.

El problema de fondo no es el tipo de cambio, es la inversión. El 80% de las exportaciones mexicanas va a EU y el comercio trilateral supera 1.5 billones de dólares anuales. Un componente automotriz cruza las fronteras de la región hasta ocho veces antes de que el vehículo esté terminado. Como lo advirtió el Centro de Geoeconomía del laboratorio de ideas, Atlantic Council, las cadenas de suministro se construyen con visibilidad de 30 años, no de cinco. El sector de autopartes, que depende de reglas de origen estables, es el más expuesto. Ninguna empresa comprometerá miles de millones en plantas mexicanas si las reglas pueden cambiar cada julio.

Eso es exactamente lo que busca Trump. La incertidumbre no es un efecto colateral de la decisión, es el instrumento. Él quiere que las empresas, ante la duda, inviertan en EU y no en México o Canadá. No pretende destruir el T-MEC, pretende reescribirlo unilateralmente con el reloj corriendo a su favor durante diez años.

Ayer no murió el tratado. Murió la certidumbre.