Pinceladas sobre la economía venezolana

Columna de opinión escrita por Valeria Moy para el diario El Universal

Martes 6 de enero de 2026

Valeria Moy

5:08

La coyuntura marca la agenda. Quizás estas líneas debería dedicarlas a las expectativas económicas que se tienen sobre México, pero lo sucedido el fin de semana deja poco margen para otro tema distinto al venezolano.

La intervención de Estados Unidos en el país latinoamericano tiene un ánimo de control geopolítico que hace a Venezuela, más que a otros países de la región, un activo relevante no necesariamente ahora, pero sí en el largo plazo. Es un cambio de paradigma cuyas implicaciones aún no se han dejado ver, pero que nos obliga a plantear diferentes escenarios en un juego global con piezas moviéndose en sentidos inesperados.

En 1999, cuando Hugo Chávez asumió la presidencia, Venezuela era un país rico, dependiente del petróleo y desigual. El coeficiente de Gini del momento era 0.47 (entre más se acerque a uno, más desigual se es) y el argumento era, sonará trillado ya, el de redistribuir la riqueza. Dada la dependencia del petróleo, los ingresos públicos provenían principalmente de ahí.

Durante los primeros años de la presidencia de Chávez, los precios del petróleo subieron de forma importante incrementando los recursos a disposición del gobierno. Chávez los aprovechó ensanchando su capital político mediante la entrega de más programas sociales, alimentos subsidiados y precios del combustible alejados de los internacionales. Todo ese aparato tenía que administrarse, así que el empleo en el sector público aumentó y el gasto público se desbordaba.

El petróleo tiene ese poder: aparentar que los recursos que de él se deriven serán infinitos. Es un poder que acaba siendo una ilusión.

Sin embargo, acabó reventando. Los recursos del país provenían del petróleo que se exportaba. Con los dólares de las exportaciones se importaban los bienes que los venezolanos necesitaban en su día a día. La maldición del oro le llamaron en su momento, hoy es la del petróleo.

Hasta que a finales de 2002 los trabajadores de PDVSA, la petrolera venezolana, se fueron a huelga y todo empezó a desmoronarse. La fragilidad que se había instaurado en la economía venezolana se hizo evidente. Se despidieron miles de trabajadores. Dejaron de entrar los dólares y no había con qué pagar los bienes de consumo. Se impusieron controles de capitales, controles de precios, expropiaciones y nacionalizaciones. El Estado se encargaría. Ajá.

Ya con Maduro, en 2014, los precios del petróleo caen colapsando la principal fuente de ingresos de Venezuela a menos de la mitad. No solo no se tomaron las medidas necesarias, sino que se insistió en los errores. Más controles de precios, más impresión de billetes, controles de capitales más estrictos. La inflación dejó de publicarse. El tipo de cambio oficial estaba tan lejos del de mercado, que el prevaleciente ha sido desde hace más de una década el del mercado negro. La abundancia de las reservas petroleras contrastaba con la escasez de productos básicos.

Las remesas -resultado de la huida de más de ocho millones de venezolanos- poco a poco fueron brindando cierto alivio. Las familias que recibían esos dólares podían acceder a ciertos bienes y la moneda estadounidense se volvió el activo depósito de valor.

El editorial de Ricardo Hausmann en The Economist pone énfasis en que son las instituciones las que permiten el desarrollo. La experiencia venezolana recuerda a México que la riqueza natural y los ingresos extraordinarios no garantizan estabilidad: sin instituciones sólidas, incluso los recursos más abundantes pueden convertirse en una trampa, afectando a los más vulnerables y limitando el desarrollo sostenible.

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¿“Zona de Paz”?

Columna de opinión escrita por ​Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior

Martes 6 de enero de 2026

Pascal Beltrán del Río

6:36

El domingo, seis países —México, Colombia, Brasil, España, Chile y Uruguay— difundieron una declaración conjunta sobre los hechos en Venezuela en la que sostuvieron: “Reafirmamos el carácter de América Latina como zona de paz”. 

La frase no es nueva. Proviene, casi palabra por palabra, de la declaración adoptada en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en La Habana en 2014. Repetida casi 12 años después, suena solemne, tranquilizadora y hasta esperanzadora. El problema es que, a la luz de los hechos, resulta profundamente cuestionable.

Es cierto que América Latina y el Caribe han sido, en términos comparativos, una región con pocos conflictos interestatales en los últimos 60 años. No hemos visto guerras abiertas entre países vecinos como las que han marcado a Europa del Este, Oriente Medio o el Cáucaso. Ésa es una de las bases sobre la que se construyó la noción de “Zona de Paz”. Pero la paz no se mide únicamente por la ausencia de guerras entre Estados. Cuando uno cruza las fronteras nacionales y mira lo que ocurre dentro de los países latinoamericanos y caribeños, la narrativa se desmorona. Ahí, la paz es más una ilusión que una experiencia cotidiana.

Desde que se firmó la Declaración de La Habana en 2014 han pasado casi 12 años. En ese lapso, cerca de 1.7 millones de habitantes de la región han sido asesinados. Es una cifra aproximada, basada en datos oficiales compilados por organismos internacionales, pero suficientemente robusta para dimensionar la tragedia. No se trata de muertes en campos de batalla ni de enfrentamientos entre ejércitos nacionales, sino de homicidios vinculados al crimen organizado, a economías ilegales, a Estados débiles y a sociedades atravesadas por la violencia cotidiana.

El dato resulta todavía más incómodo cuando se observa el contexto comparado. De los 25 países con la mayor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el mundo, alrededor de 20 pertenecen a América Latina y el Caribe. Es decir, la región que se autodefine como “Zona de Paz” concentra la mayoría de los países más violentos del planeta. En esa lista aparecen, además, tres de los firmantes de la declaración de enero de 2026: Colombia, Brasil y México, ubicados aproximadamente en los lugares 16, 17 y 18, respectivamente. Y el país por el que se hizo el comunicado, Venezuela, está en el octavo sitio. La disonancia entre el discurso y la realidad es difícil de ignorar.

La propia Declaración de La Habana va más allá del desarme, la desnuclearización y la solución pacífica de controversias entre Estados. El texto compromete a los países de la región a promover “una cultura de paz”, inspirada, entre otros instrumentos, en la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz adoptada por Naciones Unidas en 1999. Ese documento no se limita a la diplomacia interestatal: llama explícitamente a reducir la violencia estructural y a garantizar condiciones de seguridad y dignidad para las personas. Bajo ese estándar, el balance latinoamericano es desolador.

Hablar desde México de una “Zona de Paz” resulta particularmente irónico, cuando no abiertamente insultante, para millones de ciudadanos. En Sinaloa, un estado que lleva alrededor de 16 meses inmerso en una dinámica de guerra entre grupos criminales, la palabra paz es una abstracción lejana. En Michoacán, donde los habitantes viven con el temor real de ser víctimas de coches bomba, drones armados o minas terrestres, el lenguaje de los comunicados diplomáticos suena hueco, desconectado de la experiencia diaria.

Nada de esto implica negar la importancia de la diplomacia regional ni minimizar el valor de evitar guerras entre países. Pero insistir en la etiqueta de “Zona de Paz” sin hacerse cargo de la violencia interna equivale a confundir estabilidad entre Estados con seguridad para las personas. Las frases funcionan bien en los discursos, en las cumbres y en los comunicados conjuntos. El problema es que, para demasiados latinoamericanos y caribeños, están dolorosamente divorciadas de la realidad. Mientras no se cierre esa brecha, seguir llamando “Zona de Paz” a la región será menos un diagnóstico que un acto de autoengaño.