La no reforma electoral: un revés a la obstinación

Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior

Jueves 12 de marzo de 2026

Pascal Beltrán del Río

6:05

Siempre he dudado de que el pueblo de México haya exigido realmente un cambio en las reglas electorales. Al observar el panorama nacional, las preocupaciones ciudadanas suelen gravitar en torno de la seguridad, la economía o la salud, más que hacia la arquitectura técnica del Instituto Nacional Electoral o el sistema de representación parlamentaria.

Sin embargo, incluso dando por buena la aseveración de la presidenta Claudia Sheinbaum de que existe un clamor popular por cambiar las normas electorales, la votación de ayer en la Cámara de Diputados deja claro que, en los hechos, no era esa reforma la que la gente estaba pidiendo.

En una democracia representativa, el termómetro de la voluntad popular no reside únicamente en la narrativa del Poder Ejecutivo. Los legisladores, que son electos por la ciudadanía como lo es la Presidenta, hablaron a través de su voto y no le otorgaron la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

En nuestro sistema político, este resultado tiene una lectura jurídica y política inequívoca: la propuesta fue rechazada. No se trata de un simple obstáculo burocrático, sino del funcionamiento de los pesos y contrapesos que impiden que una sola visión del país se imponga sobre el marco fundamental que nos rige a todos. La votación resultó tan apretada —259 votos a favor frente a 234 en contra— que la fragilidad del respaldo oficialista quedó expuesta: si tan sólo 13 diputados adicionales hubieran votado en contra, el dictamen ni siquiera habría alcanzado la mayoría simple, la cual es apenas el requisito mínimo para cualquier trámite legislativo ordinario.

El mensaje, pues, ha sido fuerte y claro: la gente no quiere la reforma, al menos no esa reforma específica que redactó Pablo Gómez y que la Presidenta envió a la Cámara de Diputados como una hoja de ruta inamovible. Ante este escenario, insistir en pasar fragmentos de dicha propuesta por la vía de la reforma a leyes secundarias —el llamado “plan B”— sería un acto de pura obstinación. En el complejo arte de la política, el capricho no es virtud. La política democrática consiste en promover los cambios a través del convencimiento, el diálogo y la construcción de consensos, no de la imposición por la fuerza de las mayorías relativas cuando las mayorías constitucionales le han dado la espalda al proyecto.

Otra cosa hubiera sido si la Presidenta, desde el inicio de su gestión, hubiera optado por negociar con todas las fuerzas políticas una reforma electoral de Estado, como había venido ocurriendo de 1964 a la fecha. En una mesa de diálogo plural, seguramente habrían surgido temas de urgencia nacional que brillaron por su ausencia en la hoy difunta propuesta oficialista, como la necesidad imperante de cerrar la puerta de las elecciones a la influencia y el financiamiento del crimen organizado, un riesgo latente que amenaza la integridad de nuestras instituciones. De haberse ido por el camino del acuerdo, la Presidenta hoy no estaría enfrentando un revés, sino celebrando una victoria legislativa con legitimidad ampliada.

Haber optado por confeccionar una reforma exclusivamente al gusto de Morena, ignorando las voces de la oposición y de los sectores técnicos, le trajo este resultado previsible, pero costoso. Si de verdad la administración considera que es necesaria una reforma —aunque yo sigo pensando que nadie en la calle la está pidiendo —, cabe preguntarse: ¿por qué no hacerlo con el concurso de todos los partidos y las organizaciones de la sociedad civil, centrándose en dos o tres temas muy específicos y compartidos?

Insistir en realizar cambios estructurales a través de leyes secundarias, contando únicamente con los votos del oficialismo para eludir el mandato constitucional de la mayoría calificada, sólo confirmará las peores sospechas. Daría la impresión de que el objetivo final no es fortalecer la democracia, sino buscar el afianzamiento en el poder del actual movimiento gobernante mediante la captura de las reglas del juego. En democracia, las reglas se acuerdan entre todos; cuando se cambian unilateralmente, dejan de ser reglas para convertirse en herramientas de control.

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Auditor cercano

Columna de opinión escrita por Sergio Sarmiento para el diario Reforma

Jueves 12 de marzo de 2026

Sergio Sarmiento

6:20

"En la Auditoría Superior de la Federación

se ha abdicado del cumplimiento

de los principios constitucionales

en detrimento de la autonomía

e independencia de la función

de fiscalización".

Agustín Caso Raphael, 2024

Supongo que la presidenta Sheinbaum quería tener a un auditor cercano. Solo así se entiende que, de 92 candidatos, muchos muy preparados y reconocidos, los diputados seleccionaron al hijo de quien fue su secretario particular en el gobierno capitalino y su sustituto en la alcaldía de Tlalpan cuando pidió licencia para irse de campaña electoral.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es una institución crucial para combatir la corrupción. En contraste con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la antigua Secretaría de la Función Pública, simple apéndice del gobierno, la ASF depende de la Cámara de Diputados y puede actuar con independencia, si lo quiere hacer.

David Colmenares Páramo, titular desde 2018, prefirió quedar bien con el gobierno. En 2021 el auditor especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, presentó una auditoría sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que arrojó un costo de cuando menos 331,996 millones de pesos, cifra que triplicaba la que manejaba el presidente López Obrador. El mandatario montó en cólera, dijo que tenía "otros datos" y despotricó contra la institución. La ASF mansamente respondió que había "inconsistencias" en la auditoría y, sin realizar un nuevo estudio, redujo la cifra a 113,327 millones de pesos, monto muy similar a los "otros datos" del Presidente.

Colmenares suspendió a Caso Raphael y luego lo destituyó, a pesar de que la Ley de Fiscalización prohíbe el despido de los auditores especiales, salvo por causa grave. La ASF argumentó que la destitución era producto de una "pérdida de confianza", pero nunca justificó la causa grave que legalmente debía sustentarse. Esto es, violó la ley.

En este 2026 Caso Raphael fue uno de los 92 aspirantes que se presentaron a la convocatoria para seleccionar a un nuevo auditor superior. A pesar de su trayectoria y experiencia, no se le permitió llegar a la terna final. La aplanadora estaba preparada para nombrar a Aureliano Hernández Palacios Cardel, hijo de Aureliano Hernández Palacios Mirón, el excolaborador de la Presidenta.

Sheinbaum se deslindó ayer: "No participé yo en la decisión". Hernández Palacios Cardel, de hecho, recibió 472 votos, o sea, muchos diputados de oposición lo apoyaron. No dudo de su capacidad técnica. No es uno de esos patéticos personajes que AMLO nombraba a cargos de responsabilidad con 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento, si acaso, de capacidad. Pero la Auditoría requiere, además de conocimientos, valentía e independencia.

Después de su ilegal destitución, Caso Raphael envió una carta a sus colegas en la ASF: "Si una simple evaluación incomoda a un funcionario, esta desaparece. Ya no se diga de la integración del programa anual de auditorías, el cual se ha vuelto una suerte de autocensura, pues no se nos permite incorporar los temas de relevancia nacional".

Ayer la presidenta Sheinbaum declaró: "Nuestro objetivo es erradicar la corrupción y es muy importante enviar una iniciativa de empoderamiento del ciudadano frente a la denuncia. Entonces, ahora que ya están las nuevas autoridades, es importante que también entre ellos se reúnan, y si hay que modificar leyes, pues que se presenten iniciativas de modificación". Pero no es necesario cambiar la legislación, basta con aplicar la que ya existe. Lo importante es que la Auditoría mantenga su independencia ante el gobierno que debe auditar.... eso, por supuesto, si el objetivo es realmente erradicar la corrupción.