Plan B: el riesgo de jugar con el federalismo

Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior

Lunes 16 de marzo de 2026

Pascal Beltrán del Río

6:17

La historia de México es una crónica de tensiones nunca del todo resueltas entre el centro y la periferia. Desde la fundación de la República, el equilibrio entre dos soberanías –la del país y la de los estados– ha sido el eje sobre el cual gira la estabilidad nacional.

Por ello, el reciente anuncio del llamado plan B por parte del Poder Ejecutivo federal enciende alarmas que no son nuevas, pero que resuenan con una gravedad histórica particular. Bajo la bandera de la austeridad republicana y la eficiencia administrativa, se asoma una propuesta que pretende intervenir directamente en la arquitectura política de los estados, específicamente en la organización de los congresos locales y los ayuntamientos. La intención de reducir presupuestos de manera dirigida y, más preocupante aún, de dictar desde la capital la disminución del número de diputados locales y regidores, representa un avance del centralismo que vulnera la esencia misma del pacto federal.

No es una cuestión meramente administrativa; es una cuestión de soberanía. La determinación del tamaño de un congreso local o la conformación de un cabildo debería ser una facultad exclusiva de los ciudadanos de cada estado, ejercida a través de sus propios mecanismos democráticos.

Que el impulso de estas reformas provenga del Poder Ejecutivo federal, y no de un debate interno en cada región, sugiere que la visión del país se está estrechando para ajustarse a un molde diseñado en la Ciudad de México. Es imposible ignorar que el actual gabinete presidencial está integrado de manera abrumadora por figuras formadas en la dinámica política capitalina, lo que genera una desconexión natural con las realidades del resto del país.

Debemos recordar la historia para no vernos condenados a repetirla. En el siglo XIX, el abandono del modelo federalista de 1824 en favor de un centralismo asfixiante fue el detonante de las crisis más profundas de nuestra integridad territorial, misma que se tradujo en casi medio siglo de guerras civiles, entre el Plan de Veracruz y el Plan de Tuxtepec.

La imposición de las Siete Leyes en 1835, que transformó a los estados soberanos en departamentos administrativos y subordinó las decisiones locales al arbitrio del Centro, no trajo el orden prometido, sino la rebelión. La molestia de los estados por la pérdida de su autonomía para manejar sus asuntos internos fue el combustible que condujo a la independencia de Texas y a los intentos de secesión en Yucatán y en el noreste con la efímera República del Río Grande.

Cuando el Centro intenta microgestionar la vida política de los estados, el pacto de unión se debilita. El federalismo no es una concesión del gobierno central, sino un acuerdo de voluntades entre entidades pares que deciden unirse bajo una misma bandera conservando su derecho a la autodeterminación interna. Si la Federación no le dicta a los estados qué es un matrimonio o cuál es la pena por un asesinato, ¿por qué debería decirles cuántos diputados locales o regidores debieran tener y cuánto pagarles?

Ciertamente, este afán interventor no nace de la nada. Ya contamos con un artículo 116 constitucional que, de manera progresiva, ha ido acotando el margen de maniobra de las entidades, imponiendo reglas generales sobre periodos de gobierno, composición de legislaturas y estructuras de justicia que bien podrían ser competencia local. Sin embargo, el plan B que aparentemente se presentará mañana martes amenaza con profundizar esta herida.

Un gobierno que se dice defensor de la voluntad popular debería ser el primero en respetar la voluntad de las mayorías en cada estado. Si se persiste en este camino, la medida será vista por muchos gobiernos estatales y sectores ciudadanos como una intervención indebida y autoritaria.

La austeridad es una meta loable, pero nunca debe ser el pretexto para uniformar al país bajo una sola visión ni ser el disfraz de la concentración de poder y recursos en la capital.

México es una república federal por razones históricas y geográficas ineludibles; ignorar esa realidad es caminar hacia una nueva división que el país no puede permitirse.

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El fin de la revolución silente

Columna de opinión escrita por Raymundo Riva Palacio para el diario El Financiero

Lunes 16 de marzo de 2026

Raymundo Riva Palacio

10:17

En medio de su más profunda crisis económica, sin cohesión interna y con presiones externas, la dictadura cubana no tuvo más remedio que entrar en negociaciones arbitrarias, forzadas e intervencionistas con Estados Unidos, para iniciar un cambio gradual, siguiendo quizás el modelo de Mijail Gorbachov en la Unión Soviética cuando ante el colapso económico implementó la Perestroika y la Glasnost, para darle viabilidad al país y, probablemente, a sus propios líderes sempiternos.

Este proceso significa algo más profundo: el final de la “revolución silente” de Fidel Castro, que inspiró un modelo de intervención y penetración cubana en América Latina, cuyo objetivo fue tomar el poder con la arquitectura de la democracia, para destrozarla desde adentro, con tres herramientas: corromper a las Fuerzas Armadas -mediante su involucramiento en tareas no militares-, apoderarse del Poder Judicial, y conectar el poder político con el narcotráfico. El enemigo siempre fue Estados Unidos, sirviéndose de presidentes útiles en la región para esos fines.

Durante largo tiempo, la autoría de ese modelo se le adjudicó al presidente venezolano Hugo Chávez, y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador siguió sus pasos, se le comparó con el autócrata de Caracas sin verse que, en el fondo, el diseño era cubano. Los rusos se sumaron al proyecto a principios de siglo y poco después, lo hicieron los chinos. Estos proporcionaban drogas; la inteligencia cubana trabajaba para que gobiernos afines y sus activos en la región facilitaran el engarce con el crimen organizado, y los rusos daban cobertura con operaciones sicológicas y una maquinaria de propaganda eficaz.

La “revolución silente”, a nivel doméstico, no fue un concepto formal ni un programa explícito anunciado como tal, sino una estrategia política gradual, deliberada y opaca, mediante la cual Castro concentró el poder absoluto y transformó el Estado cubano sin provocar una ruptura inmediata que pudiera generar resistencias internas o una reacción externa temprana, particularmente de Estados Unidos. En términos políticos, fue la revolución dentro de la revolución.

El engaño era fundacional. Cuando la revolución castrista triunfó en 1959, Fidel no se presentó como comunista. Su discurso inicial fue nacionalista, moralista y democrático: restaurar la Constitución de 1940, combatir la corrupción y devolver el poder al pueblo. Ese relato tranquilizó a amplios sectores de la sociedad cubana, a empresarios, a la Iglesia y a Washington. Mientras tanto, el núcleo revolucionario ya tenía claro el rumbo autoritario y estalinista del proceso. El silencio ideológico fue una herramienta, no una ambigüedad.

La toma progresiva del Estado tuvo su estrategia. Neutralizó a los aliados incómodos que no compartían la radicalización. Logró el control de las Fuerzas Armadas, porque sin el monopolio de las armas no había poder duradero, asegurando la lealtad militar con privilegios y negocios. Entonces vino el desmantelamiento institucional, creando tribunales revolucionarios, realizando purgas burocráticas y sustituyó el Estado de derecho por decretos y leyes revolucionarias. Cooptó o destruyó a la prensa, primero con presión, luego con la censura, finalmente instalando un monopolio informativo. Todo esto ocurrió sin una declaración formal de dictadura, pero que se construyó mientras se hablaba de justicia y transición.

Sólo cuando el poder ya estaba consolidado, Fidel declaró en 1961 el carácter socialista de la Revolución. Para entonces la oposición ya estaba desarticulada, el control territorial militar era total, el exilio había comenzado, y la dependencia de la Unión Soviética estaba sellada. La revolución dejó de ser silenciosa cuando ya no podía ser revertida. El ideal del comandante era exportar la “revolución silente” a todo América Latina, que tuviera la eficiencia que no tuvo la concepción militarista del Ché Guevara de “crear dos, tres, muchos Vietnam” para enfrentar al imperialismo estadounidense.

La “revolución silente” comenzó su marcha firme cuando Chávez llegó al poder en febrero de 1999, y concluyó el primer día de este año ahí mismo, con el desmantelamiento del modelo que operaba desde Caracas bajo los auspicios del presidente Nicolás Maduro. En esa operación, Estados Unidos acabó con la fábricas de armamento y drones de Irán, cortó el control de Rusia sobre las Fuerzas Armadas, rompió las rutas de abasto de tierras raras para China y, sobre todo, desmadejó la inteligencia cubana que manejaba el aparato de espionaje del Ministerio del Interior, donde su titular, Diosdado Cabello administraba el narcotráfico y los paramilitares para reprimir.

El golpe a la inteligencia cubana en Caracas fue fundamental. Varias decenas de agentes quedaron atrapados, hasta que salieron en aviones rusos tras una negociación entre Washington y Moscú. Eso desencadenó expulsiones de espías cubanos en América Latina, que comenzaron a despresurizar el tema de la narcopolítica. Ecuador arrancó públicamente las acciones y expulsó a todos los diplomáticos cubanos. Colombia y Guatemala empezaron a coordinarse con Estados Unidos, ahora es el momento de Cuba, donde el régimen castrista que conocimos está de salida, al llegar el final del experimento americano y la “revolución silente”.

El hemisferio está cambiando de piel en este reordenamiento geopolítico global. La esencia de la “revolución silente” había sido avanzar siempre un paso más allá del discurso público, probando límites, midiendo reacciones y retrocediendo tácticamente sólo cuando era necesario. No fue improvisación: fue cálculo. Castro no había gobernado con reglas, sino con correlaciones de fuerza. Construyó un sistema que nunca anunciaba cambios hasta que fueran irreversibles, mediante una política sin rendición de cuentas, y con un poder aplicado más por control que por consenso.

La “revolución silente” explica por qué muchos cubanos no se dieron cuenta de que habían perdido sus libertades hasta que ya no podían recuperarlas, y por qué el castrismo logró instalar una dictadura de larga duración sin un golpe clásico ni una proclamación abierta. Lo que fue teoría durante décadas, cubanos y rusos la llevaron a la práctica en los últimos 30 años para extenderla por toda América Latina y el Caribe.

Avanzó con éxito en los países andinos -en el cono sur la izquierda no era estalinista, sino democrática-, siguió con insuficiencias en Centroamérica, y conquistó a México. Esta larga estrategia se acabó este año. La extinción de la “revolución silente” dejará en orfandad a otros gobiernos que fueron parte del modelo, que si no entienden lo que sucede en su entorno y recalibran sus políticas, están en riesgo de terminar tan aislados y derrotados como la dictadura cubana.