Ruffo a El Altiplano, justicia a modo

Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para Excélsior

Lunes 20 de julio de 2026

Pascal Beltrán del Río

5:38

Ernesto Ruffo Appel fue ingresado ayer por la mañana en la prisión federal de El Altiplano, luego de que la jueza encargada del caso, Alejandra Ramírez de la Vega, lo vinculó a proceso por las acusaciones que le hace la Fiscalía General de la República (FGR). Al margen de que los cargos en su contra se sustenten con pruebas sólidas, es difícil ver este caso como aislado de la política y de los tiempos electorales que vive el país. El entramado del huachicol fiscal en México es tan amplio, enredado y escandaloso, que seguramente involucra a una cantidad considerable de personajes políticos, varios de ellos en activo, y éstos, curiosamente, no han sido molestados por las autoridades ministeriales.

El instinto de la autodenominada Cuarta Transformación para aplicar la justicia ha sido el sesgo político, una dinámica selectiva que puede encontrar con facilidad cualquiera que recuerde el emblemático caso de Rosario Robles, quien tuvo que ser puesta en libertad después de que se cayeron todas las acusaciones en su contra tras años de prisión preventiva. Para el movimiento gobernante, desgastado por diversos frentes, hacía falta tener a un panista de peso en la cárcel, y finalmente ha encontrado ese trofeo político perfecto en Ruffo.

Los antecedentes del proceso revelan un manejo cuando menos cuestionable. La FGR había intentado originalmente obtener 23 órdenes de aprehensión por el complejo caso que involucra al corporativo energético Ingemar, pero esta petición inicial había sido rechazada por el juez federal de carrera Mario Elizondo Martínez, al considerar que no se cumplían los requisitos legales. Ante ese revés, la Fiscalía volvió a solicitar las mismas órdenes de aprehensión, pero agregando el nombre de Ruffo, y en esta ocasión sí las obtuvo, casualmente por medio de la juzgadora de elección popular Ramírez de la Vega. Queda claro, pues, que el Ministerio Público Federal pudo obtener la orden de aprehensión contra Ruffo mediante una petición formulada de última hora, un cambio de condición del imputado –quien había sido llamado como testigo el año pasado– y un oportuno cambio de juzgador. La extenuante audiencia inicial contra el político bajacaliforniano, que transcurrió durante todo el fin de semana, se ha convertido ya en la más larga desde que comenzó a operar plenamente el sistema penal acusatorio hace una década.

Para dimensionar el impacto de este golpe mediático, resulta indispensable recordar que Ruffo, quien tiene 74 años de edad, se volvió una figura histórica de la transición democrática en México al convertirse, en 1989, en el primer gobernador de oposición del país. Hoy, la acusación concreta en su contra es por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando, vinculados con operaciones de la empresa Ingemar, S.A. de C.V. Las indagatorias señalan que esta red introducía masivamente combustibles desde la frontera norte evadiendo el pago del IEPS, generando un daño a la Hacienda pública estimado en más de 3 mil millones de pesos.

Sin embargo, no se debe perder de vista que la detención de Ruffo coincide en tiempo con los señalamientos contra la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien le fue retirada su visa estadunidense y fue grabada conversando con quienes ella creía que eran “agentes o intermediarios de autoridades” de ese país, y ante los que ofreció colaborar entregando información. Esta columna no pretende exonerar ni condenar anticipadamente a Ruffo; la gravedad de los delitos imputados exige seriedad. Lo indispensable en un Estado de derecho es que las pruebas objetivas y el debido proceso determinen con rigor su culpabilidad o inocencia –y la de los otros presuntos involucrados en el huachicol fiscal, el acto de corrupción más grande que haya conocido el país–, sin la burda intervención de una justicia diseñada a modo.

Por último, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo el fin de semana que este caso nada tiene de político y que si Ruffo “demuestra que no estaba involucrado en esto, actuarán los jueces y tendrán que hacerlo de manera imparcial”. Con todo respeto, es exactamente al revés: el acusado no tiene que demostrar su inocencia; es la FGR la que tiene que probar los cargos.

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Ruffo encarcelado

Columna de opinión escrita por Sergio Sarmiento para Reforma

Lunes 20 de julio de 2026

Sergio Sarmiento

4:41

Cuando fue electo alcalde de Ensenada en 1986, el único de oposición en Baja California, el panista Ernesto Ruffo Appel enfrentó un bloqueo financiero del gobernador priista Xicoténcatl Leyva. Su respuesta fue salir a las calles con sus colaboradores a barrer las calles. Logró así reconocimiento en un estado que ansiaba liberarse del PRI. En 1988 Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones presidenciales en el estado. El 2 de julio de 1989 Ruffo triunfó en las estatales, pero lo sorprendente fue que el presidente nacional del PRI, Luis Donaldo Colosio, reconoció su triunfo.

Jorge Bustamante, entonces presidente del Colegio de la Frontera Norte, escribió antes un sonado artículo en Excelsior en el que preveía un triunfo del PRI, pero porque el gobierno no estaría dispuesto a entregar un estado fronterizo a la oposición. Tanto en Baja California como en el PRI nacional muchos querían repetir el "fraude patriótico" de Manuel Bartlett de Chihuahua en 1986 para impedir el triunfo del panista Pancho Barrio. El 2 de julio los priistas de Baja California salieron a las calles a festejar su "victoria", pero el 5 de julio Colosio reconoció el triunfo de Ruffo. Los priistas bajacalifornianos lo llamaron "traidor".

Ruffo es un referente en la historia de nuestra democracia. Es respetado en su comunidad y nunca había sido acusado de delito alguno. Hoy la fiscal general Ernestina Godoy lo imputa por delincuencia organizada y lo describe como el líder de "la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento".

Este supuesto capo del huachicol fiscal no trató de evadirse como "El Mayo" Zambada o "El Chapo" Guzmán. Cuando en 2025 las autoridades le requirieron información sobre Ingemar, empresa de la cual es socio, se presentó y aportó toda la información que se le pidió. En lugar de huir a Estados Unidos, país del cual es ciudadano porque nació en San Diego, permaneció en su casa de Ensenada y ahí fue detenido. A los 74 años estaba virtualmente retirado, pero fue maltratado en su detención como muestran las imágenes difundidas.

Quienes conocen a Ruffo suelen hablar bien de él sin importar su inclinación política. Acusarlo "del delito del huachicol fiscal es absolutamente inverosímil y una infamia", me dice Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México. "Ruffo es un preso político" escribió Cecilia Soto. "Me sorprende enormemente la detención de Ruffo Appel", declaró el senador morenista Javier Corral, "de quien -discrepancias aparte-, siempre he tenido la concepción de una persona honesta, íntegra, un hombre de bien".

Ingemar ni compraba ni transportaba ni comercializaba combustibles, simplemente hacía los trámites ante la Agencia Nacional de Aduanas. La FGR no solo debe comprobar que la empresa cometió los delitos que se le imputan, pero además que fueron responsabilidad de Ruffo, quien no operaba la compañía. Un juez de carrera negó primero 23 aprehensiones que consideró basadas en inferencias, y en las que Ruffo no estaba incluido, pero la FGR las pidió nuevamente ante una juez de acordeón con dos nuevos imputados, entre ellos Ruffo. Esta juez decretó ayer prisión preventiva y además mandó a Ruffo a la prisión de alta seguridad de Almoloya, como si fuera peligroso o si alguna vez hubiera tratado de escapar.

La FGR aplica una regla a Ruffo, quien en lugar de huir presentó la información que se le pidió, y otra muy distinta a los políticos de Morena. A ellos no se les toca ni con el pétalo de una investigación. Ruffo es un preso político.

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