Semana de luto

​Columna de opinión escrita por Francisco Garfias para el periódico Excélsior

Viernes 24 de octubre de 2025

Francisco Garfias

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Otra vez la violenta realidad choca con el discurso optimista del oficialismo. La madrugada de ayer fue asesinado el empresario citrícola Javier Vargas Arias, de 43 años, en el municipio de Álamo Temapache, al norte de Veracruz.

Lo mató un comando que portaba equipo táctico y armas largas. Recibió al menos tres impactos de bala. Murió en el Hospital General del citado municipio.

Vivimos una semana de luto que inició la mañana del lunes con el asesinato de Bernardo Bravo, líder de los productores limoneros en Apatzingán. Denunciaba extorsiones. Fue víctima de un cártel llamado Los Blancos de Troya, dedicado a la extorsión y la violencia contra limoneros.

La noche del martes mataron a Miguel Bahena Solórzano (del PVEM), alcalde de Pisaflores, Hidalgo.

El jueves le quitaron la vida a Víctor Daniel Velázquez, subdirector de Seguridad Pública en el municipio de Indapareo, Michoacán.

Asesinatos de alto impacto que se reflejaron en los medios de comunicación. De masacres de ciudadanos comunes y corrientes apenas nos enteramos. No son nota. Son tantos que ya se normalizó la violencia.

El presidente Donald Trump hizo ayer declaraciones que no están lejos de la realidad. “Tengo gran respeto por la Presidenta, una mujer extraordinaria, muy valiente, pero México está gobernado por los cárteles, y tenemos que defendernos de eso”.

* El miedo se siente, se huele, se respira. Tiene respaldo estadístico.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública que publicó el jueves el Inegi nos dice que, en septiembre de 2025, 62% de la población de 18 años y más, residente en 91 áreas urbanas, consideró inseguro vivir en su ciudad.

“Lo anterior representa un cambio significativo en comparación con septiembre de 2024 (58.6%)”, agrega la encuesta.

Esta realidad choca con los datos que ayer dio Omar García Harfuch en su comparecencia ante el pleno del Senado. El secretario de SPC reconoció que el problema de seguridad “no se ha resuelto”, pero se alineó con el discurso de “los otros datos”.

La organización México Evalúa, centro de monitoreo y análisis de la política gubernamental, advierte que la mayoría de estados de la República muestran cifras preocupantes de violencia letal.

Explica que, en muchas de esas entidades, los incrementos coinciden con detenciones, decomisos y despliegues federales.

“Estas acciones, si no llevan un acompañamiento institucional local, parecen provocar enfrentamientos violentos y disputa por el control de mercados ilícitos”, se lee en el reporte.

Añade: “La evidencia apunta a una fragmentación criminal, por un lado, y a una insuficiencia de una política de seguridad basada únicamente en el debilitamiento operativo del crimen organizado”.

Los cinco estados con mayor tasa de violencia letal (tasa por cada 100 mil habitantes) de enero a septiembre del 2025 son: Baja California (108.8); Sinaloa (101.1); Morelos (88.3); Guanajuato (86.4), y Quintana Roo (80.5).

Y los que tienen menor tasa son Yucatán (7.2); Tlaxcala (10,7); Coahuila (10.9); Durango (16.5) y Chiapas (22.1).

Cuatro estados presentan “balances preocupantes”, según México Evalúa: Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa y Guanajuato.

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Sarampión, otra herencia de AMLO

Columna de opinión escrita por Joaquín López-Dóriga para el diario Milenio

Viernes 24 de octubre de 2025

Joaquín López-Dóriga

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Ellos mismos son, a la vez, sus peores enemigos y contrincantes.

Florestán

En México, el sarampión era un tema superado desde 1997 y en 2016 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Panamericana (OPS) declararon que la región estaba libre de su transmisión endémica. Todavía en noviembre de 2024 se dio la reverificación regional.

Pero en 2025 la misma OPS calificó la situación en México como una reaparición con magnitud inusual por miles de casos de sarampión confirmados.

Esto fue provocado por la criminal política sanitaria de López Obrador y su subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que redujo la vacunación por debajo del promedio mundial de forma notable, apuntan los especialistas, a partir de 2023, cuando en el mundo se vacunaba al 83 por ciento, en México se recortó al 76 por ciento y en 2024 llegó a estar 13 puntos porcentuales por debajo de la media internacional.

Eso es lo que explica que en el reporte del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica, con corte a la semana 41 con fecha del 17 de octubre, se registre un acumulado de 5 mil 29 casos de sarampión en México, 88.08 sin vacunación documentada, y 23 defunciones, todas sin esa vacunación.

Estamos hablando de que el motor de este disparo de contagios en México es la falta de vacunación y que todo surgió a partir de dos casos iniciales, uno el 14 de febrero en Oaxaca y el otro el 20 del mismo mes en Chihuahua, para saltar a agosto con mil 900 casos y en la segunda quincena de octubre a 4 mil 915, es decir, un aumento del 250 por ciento en dos meses.

Este es el resultado, le decía, de una política de salud pública criminal en el gobierno de López Obrador, que no solo lo hizo ante el covid con 800 mil muertes, de las que 300 mil pudieron evitarse, sino que también dejó su mortal huella en el sarampión.

RETALES

1. PREMIO. Y cuando López-Gatell debería estar ante un tribunal acusado de esa política criminal, la 4T lo premió al crearle un puesto inexistente, representante de México ante la OMS en Ginebra, con sueldazo, vacaciones, seguro de gastos médicos, educación de los hijos, vivienda, servicio, coche, chofer y viáticos. La mano de AMLO.

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Se acabó el blindaje a Andy,

Gonzalo y Jose Ramon?

Columna de opinión escrita por Mario Maldonado para el diario El Universal

Viernes 24 de octubre de 2025

Mario Maldonado

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Hace unas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum mandó un mensaje a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. No fue una cita formal ni una reunión protocolaria, pero sí una comunicación directa: “Con su padre, respeto y lealtad incondicional, pero ustedes tienen que cuidarse y actuar correctamente. El gobierno y el movimiento no van a hacerse cargo”, les dijo, según tres fuentes bien acreditadas relacionadas con el gobierno.

El mensaje fue interpretado como una advertencia amable, pero inequívoca. Desde que asumió la presidencia, Sheinbaum ha intentado trazar una línea entre la lealtad política al fundador de la Cuarta Transformación y la independencia de su gobierno. La figura de los López Beltrán —Andy, Gonzalo y José Ramón—, que en el sexenio pasado fueron arropados y operaron a la sombra de Palacio Nacional, a contracorriente de los escándalos revelados por los medios de comunicación, hoy están perdiendo sus privilegios.

De los tres, Andy López Beltrán es quien más incomoda al gobierno de Sheinbaum. Ha sido descrito como operador político, intermediario de sus amigos empresarios –lo mismo del sector de medicamentos, construcción, balasto, hoteles, restaurantes, espectáculos y otros giros– y figura influyente en decisiones estratégicas del partido, en el cual funge como secretario de organización.

Tras un prolongado viaje a Japón y un periodo de silencio, volvió a aparecer en el radar público, aunque con menor protagonismo. Su relación con la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, sigue siendo tensa, porque la acusa de haber filtrado la información sobre su lujoso viaje a Seattle y Tokio. La hija de Bertha Alcalde Luján se ha acercado y opera de la mano de la presidenta Sheinbaum, mientras Andy representa a una parte del ala más radical de la 4T, o por lo menos al grupo que se opone a que Sheinbaum impulse a un candidato en el 2030.

Gonzalo López Beltrán, el segundo de los hijos, es el más cercano a su padre. Actúa como su secretario y especie de jefe de oficina. Es el enlace con Lázaro Cárdenas Batel y Alejandro Esquer, los hombres que siguen operando la red política del expresidente entre Palacio Nacional y en el Congreso. Gonzalo conserva la lealtad absoluta de su padre, pero en el entorno de Sheinbaum lo observan con cautela.

José Ramón, el mayor, acaba de cambiar su residencia de Texas a México, después de años de vivir en Houston, donde su vida personal y los escándalos por la llamada “casa gris” lo mantuvieron bajo los reflectores. La mudanza fue sugerida por amigos cercanos a su padre y por sus padrinos políticos en México, que le recomendaron regresar al país, pero en bajo perfil. Está por casarse en los próximos días y se comenta que la boda se realizará en el sureste, probablemente en alguna de las propiedades o recintos vinculados con contratistas amigos del régimen, como también lo hizo Gonzalo hace unos meses.

El aviso de Sheinbaum a los hijos de AMLO llega en un momento simbólico. La Presidenta necesita consolidar su autoridad sin romper la unidad del movimiento, pero al mismo tiempo marcar distancia de los excesos, los conflictos de interés y los privilegios familiares que dominaron el sexenio anterior. Por eso, su mensaje no es solo a tres personas. Es una advertencia a toda una estructura que, durante seis años, funcionó con lógica patrimonialista, donde la cercanía con el Presidente equivalía a poder, contratos o influencia.

El propio López Obrador, desde antes de dejar el cargo, intentó deslindarse públicamente de sus hijos. “No hay derecho de que nadie quiera apropiarse de lo que hice, es de todos. Lo que contribuí a la transformación, no pertenece a mis hijos, cada quien tiene que forjarse su propio destino y así lo entienden ellos, porque no se heredan, en política, los genes; es la conducta, la actitud, el trabajo y el amor al pueblo”, expuso en septiembre de 2024. Pero la realidad política y mediática lo alcanzó. Los López Beltrán se convirtieron en símbolos de la contradicción entre el discurso austero y la práctica del poder.

Sheinbaum, que aprendió de cerca los costos de esos excesos, entiende que su gobierno no puede permitirse los mismos fantasmas. De ahí el mensaje. No se trata de una ruptura con López Obrador, a quien sigue considerando su guía política y aliado indispensable, sino de una delimitación de responsabilidades y un mensaje que el gobierno de Estados Unidos ha apuntalado con las cancelaciones de visas y señalamientos contra quienes han estado presuntamente relacionados con actividades ilícitas. El mensaje es que los tiempos del blindaje familiar se acabaron.