Tampoco vino Greer: T-MEC y seguridad

Columna de opinión escrita por ​Jorge Fernández Menéndez para el periódico Excélsior

Jueves 28 de mayo de 2026

Jorge Fernández Menéndez

7:13

Las relaciones con Estados Unidos pasan por unos de sus momentos más bajos: la negativa del gobierno federal a desmantelar las redes de protección política de los grupos “narcoterroristas”, catalizada por el rechazo a detener al gobernador con licencia Rubén Rocha, al senador Enrique Inzunza y a los otros funcionarios acusados de ser parte del cártel de Los Chapitos, han puesto la relación al límite.

Ese deterioro contamina todo lo demás. Ayer, el gobierno estadunidense informó que no vendrá a México para la nueva ronda de negociaciones del T-MEC, que comienza hoy, el encargado de comercio de la Casa Blanca, Jamieson Greer, quien canceló su viaje a México y la reunión que tenía programada con la presidenta Claudia Sheinbaum. En su lugar llegará “un equipo técnico” y Greer  estará “a distancia” para ciertos temas. 

El propio Greer anunció ayer que no descartaba que se pudieran aplicar aranceles a México y Canadá, independientemente del T-MEC y, como destacó en un tuit Ildefonso Guajardo, uno de quienes mejor conocen las negociaciones del tratado de libre comercio (participó en la original del TLC y en la que dio origen al T-MEC en 2018), en el mismo encuentro, Greer dejo en claro que la estrategia comercial del presidente Trump es un componente de su estrategia de seguridad nacional. Greer dijo que “por estrategia de seguridad nacional preferimos construir nuestras cadenas de valor en este hemisferio” y agregó que “si podemos llegar con México a un entendimiento sobre aranceles a terceros (entiéndase China), podemos otorgarle un tratamiento preferencial”. El dicho es transparente. 

Hay que insistir en que en la negociación del T-MEC va todo atado: lo comercial, energético y económico con los temas de seguridad y combate al crimen y sus redes de protección, con la seguridad jurídica y la financiera. Y también con el alineamiento hemisférico.

Ayer mismo, el secretario de Guerra de la Unión Americana, Pete Hegseth, anunció que su país irá a una nueva guerra, “la guerra contra los cárteles”. Lo dijo durante una reunión de gabinete encabezada por el presidente Trump, y lo hará, dijo, utilizando el llamado Escudo de las Américas, la coalición militar construida con varios países de América Latina y el Caribe en febrero pasado, de la que se autoexcluyó México. Hegseth dijo que luego de los ataques por mar comenzarán ahora los ataques por tierra contra los grupos “narcoterroristas”. 

En la estrategia de lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas, dos documentos diferentes, pero complementarios, la Casa Blanca insiste en que el punto neurálgico de ese combate pasa por los cárteles mexicanos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, puso al cártel de Sinaloa al mismo nivel que Hezbolá. 

En el mismo sentido, el departamento del Tesoro insistió ayer en que los países de la región deben fortalecer su legislación y “hacer cumplir sus propias leyes” para acabar con los delincuentes que se benefician de sus actividades ilegales. El comunicado del Homeland Security sobre la reunión de Markwayne Mullin en Palacio Nacional decía en su primer punto que México debía “fortalecer los esfuerzos contra los narcoterroristas”.

El lunes tendría que haber llegado a México la zar antidrogas de la Unión Americana, Sara Carter, que canceló su visita y su encuentro con la presidenta Sheinbaum. 

No son casualidades y sucesos inconexos, están íntimamente relacionados entre sí. En los hechos, la administración Trump está rebajando el nivel de interlocución con el gobierno de México: cancelando visitas de poderosos secretarios de Estado y las declaraciones públicas elevan el costo de la decisión de no detener a los políticos acusados de narcotráfico. Y esa tendencia no se puede detener con los golpes, reales, dados a las estructuras criminales: con las 54 mil detenciones anunciadas ayer o los cientos de laboratorios o depósitos de droga decomisados. 

Para la seguridad interior de Estados Unidos, son las redes de protección las que permiten que el negocio prolifere y se siga desarrollando más allá de la caída de los líderes criminales. Teniendo protección política, éstos terminan siendo reemplazables.

En la estrategia hemisférica (que trasciende los límites de la administración Trump), Estados Unidos prefiere, como dijo Greer, por “razones de seguridad nacional” (ellos están entendiendo el hemisferio americano como su espacio de seguridad nacional en un mundo dividido en bloques), que sus cadenas de producción y generación de valor estén en el continente y en México, pero para eso necesitan que se erradiquen los cárteles y se rompan las relaciones estratégicas con sus adversarios geopolíticos, en primer lugar, China. 

El combate al fentanilo, en ese sentido, es central por muchas razones, pero, entre otras, porque es consecuencia de la relación de los grupos criminales con los productores de la potencia asiática, asociados por intereses políticos y partidarios. Por eso también los cambios de régimen que estamos viendo en toda la región y que podrían seguir verificándose el domingo en la primera vuelta de la elección en Colombia.

Sigamos tratando a Rocha y demás acusados como “testigos” con protección policial, camionetas blindadas y declaraciones en lo oscurito. Sigamos pensando que no tienen pruebas contra ellos y no será necesario entregarlos. El costo será cada día más alto.

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Anular elecciones

Columna de opinión escrita por Lorenzo Córdova Vianello para el diario El Universal

Jueves 28 de mayo de 2026

Lorenzo Córdova Vianello

6:00

La anulación de una elección es una cosa muy seria. Significa que todos los esfuerzos de organización de un proceso electoral, la movilización de millones de ciudadanos que concurren a su realización, los millones de votos que fueron emitidos no cuentan para nada, todo, absolutamente todo se tira a la basura y tiene que repetirse desde el principio.

Es cierto que hay causas, extraordinarias y gravísimas, que, en determinadas circunstancias implican que ese escenario extremo resulte necesario para salvaguardar la autenticidad de la voluntad ciudadana que debe haberse expresado libremente en las urnas, pero por sus implicaciones y consecuencias es algo a lo que debe recurrirse en última instancia, cuando ya no hay otra solución.

Hay circunstancias, en efecto, que pueden implicar una alteración grave de esa voluntad ciudadana, como el que la libertad del voto se vea afectada porque grupos criminales o, en su caso, las fuerzas del orden coaccionen a los votantes para votar por un determinado candidato o partido de manera generalizada, o que en gran parte del país no se hayan instalado las casillas. En esos casos la nulidad se convierte en una salvaguardia extrema, en la última válvula de seguridad para garantizar la supervivencia de la democracia. Pero, en todo caso, además de ser un recurso radical (la última medida a la que debe recurrirse), su aplicación sólo debe ocurrir cuando no hay medidas alternativas para corregir el problema.

Así, si hay un fraude masivo en el conteo de los votos, los recuentos son una solución, si existe violencia no generalizada, sino sólo en algunos centros de votación, se anulan sólo las casillas afectadas, no la totalidad.

De cualquier manera, las causas que llevan a la nulidad de una elección deben ser claras, ciertas, objetivas y demostrables. Si una elección se anula a partir de elementos subjetivos, como suposiciones, inferencias o meros juicios de valor, la nulidad deja de ser una protección democrática y se convierte en un peligro, en un riesgo para la democracia misma.

La nulidad, en suma, solo puede sustentarse si se funda en elementos objetivos y no en criterios subjetivos porque, de otro modo, una situación tan delicada acaba dependiendo de las apreciaciones y valoraciones de los encargados de calificar las elecciones.

Por eso la iniciativa que presentó Ricardo Monreal, y que la inconstitucional mayoría oficialista se apresta a aprobar, en la que se incorpora la injerencia de entes extranjeros como causal de nulidad, es sumamente peligrosa.

En dicha propuesta, la injerencia extranjera en las elecciones implica la “realización de actos de presión política, económica o mediática que tengan por objeto alterar la voluntad popular” y se basa en supuestos como el que exista “cualquier conducta que, conforme la valoración jurisdiccional… comprometa la soberanía nacional o afecte la autenticidad y libertad del sufragio”. Se trata de premisas absolutamente ambiguas, subjetivas e interpretables, de las que se quiere hacer pender la validez de una elección.

La cosa es aún más grave, porque el órgano encargado de interpretar esas ambiguas y poco claras causales, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, desde hace unos años, se ha convertido en un órgano totalmente parcializado y al servicio del gobierno y de su partido.

Con ello, la nueva causal de nulidad se presenta como un seguro para que cuando Morena no gane, se anulen las elecciones. Bastará una nota desfavorable en un medio de comunicación extranjero, alguna bravata como las que gobernantes como Trump nos tienen acostumbrados, alguna manifestación de simpatía o de repudio de alguna persona desde el exterior para alguna fuerza política o candidatura, para que un órgano servil y subordinado al poder como lo es el TEPJF, active la nueva causal ante las instrucciones de sus amos y tire a la basura la voluntad que los ciudadanos emitamos en las urnas. ¡Qué bonitos demócratas resultaron ser los morenistas!