Violencia política
Columna de opinión escrita por Javier Solórzano Zinser para La Razón de México
Lunes 21 de septiembre de 2026
Javier Solórzano Zinser
Va a ser difícil que en las elecciones del 2027 se pueda evitar la violencia que se vive en el país. Las cosas adquieren una dimensión mayor porque la lucha por el poder coloca a la delincuencia organizada como un factor.
En muchos estados existe una violencia latente o manifiesta que descompone las estructuras de la sociedad. La percepción de inseguridad es muy alta, a pesar de que los delitos han disminuido. Sin embargo, lo que no ha disminuido es la violencia en las calles y las extorsiones, las cuales cada vez son mayores ante la impotencia ciudadana y la falta de respuesta de la autoridad.
Es sabido que ante las extorsiones en un buen número de casos existe una cifra negra. Los ciudadanos optan por no denunciar por la falta de respuesta de la autoridad, y porque los delincuentes conocen a detalle la vida de las personas que extorsionan.
Mientras el gobierno y las instituciones electorales no hagan acuse de recibo de lo que ha pasado en procesos electorales anteriores, veremos una réplica del pasado. En el 18 y 24, sin pasar por alto elecciones de otros años, la delincuencia organizada terminó siendo un factor en los resultados.
El gran problema fue y es que si el gobierno no considera lo sucedido los patrones se repetirán. El caso más claro fue Sinaloa. Como se ha documentado el día de las elecciones se secuestró a personajes de oposición y a sus seguidores. Para el gobierno y las instituciones electorales todo pasó a segundo plano, en buena medida, porque lo importante era ganar a como diera lugar.
Las consecuencias de lo que pasó en Guerrero, Michoacán, Baja California y Sinaloa, entre otros estados, son prueba de ello. El cúmulo de dificultades que han vivido los ciudadanos en estos estados va de la mano de gobiernos incapaces para enfrentar las problemáticas de la gobernabilidad, pero también porque al amparo de sus triunfos se conjuntaron una gran cantidad de irregularidades que definieron el estado de las cosas.
Escenarios de esta naturaleza se presentaron en 2018, pero las cosas adquirieron otra dimensión porque el triunfo de López Obrador fue inobjetable. No quiere decir que no hayan participado otros factores, lo que pasa es que ya no se hizo una revisión, el resultado fue claro y elementos como éstos fueron mandados a segundo plano.
La delincuencia organizada ha adquirido un papel preponderante en los procesos electorales. No es que no se pueda circular en algunas de las zonas en las cuales tiene un control territorial, lo que sucede es que junto al hecho que tengan una base social en algunas zonas del país, se suma que en la selección de candidatos los partidos buscan tener personajes que les permitan ganar sin importar el cómo.
Ayer la Presidenta en Sinaloa de nuevo se refirió a la intervención extranjera, en un lugar en donde bien pudo poner énfasis en lo que ha pasado al interior del estado, en donde la responsabilidad recae directamente en quienes han permitido que se pierda territorio, tranquilidad, civilidad perdiéndose la defensa de una ciudadanía que vive, materialmente, encerrada y contra la pared.
Todo ello debido a la presencia de la delincuencia organizada en los procesos electorales, la cual apoyó a los candidatos del partido de la Presidenta.
Los cárteles no necesariamente controlan territorios para hacer lo que hacen.
Tienen muchos mecanismos para hacerlo. Entre ellos está su complicidad con la autoridad. El no apoyar ciertas fórmulas electorales, sin exagerar, coloca a los ciudadanos al borde de la barranca.
No hay elementos por ahora para suponer que la violencia política verá las elecciones desde la tribuna, desde hace tiempo está en la cancha.
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Pifias de la FGR
Columna de opinión escrita por Sergio Sarmiento para Reforma
Lunes 21 de septiembre de 2026
Sergio Sarmiento
"Hay dos maneras de ser engañados. Una es creer lo que no es verdad, la otra es negarse a aceptar lo que sí es verdad".
Soeren Kierkegaard
Se anunció como un golpe histórico contra el huachicol fiscal. El jueves 17 de septiembre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad de Guanajuato dieron a conocer "el hallazgo de 59 millones de litros de hidrocarburo de los cuales no se ha acreditado su origen" en San José Iturbide. No dijeron que el golpe tuvo lugar el 4 de septiembre, ni explicaron cómo un centro de almacenaje perfectamente construido y visible a la distancia no había sido identificado antes. No se enteraron de que la planta reinició operaciones el 10 de septiembre.
Un confundido secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo en la mañanera del 18 de septiembre en Irapuato que en el operativo no hubo arrestos porque no había nadie en el predio, pero añadió que "habrá detenidos". Dijo que los detalles los daría a conocer la FGR, pero hasta el momento el centro de almacenamiento parece haber operado de forma legal.
Gas Natural del Noreste (SIMSA) dio a conocer el viernes 18 un comunicado que decía que el centro "presta un servicio consistente en recibir y almacenar petrolíferos que son propiedad" de otras empresas "permisionarias de la Comisión Nacional de Energía" y que "acreditan ante la empresa la propiedad, procedencia legítima y calidad de sus productos... La operación de la terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable, y está regulada por las autoridades federales, estatales y municipales". El 19 de septiembre la FGR emitió un comunicado diciendo que sigue investigando la "posible comisión de delitos", o sea, que no los ha comprobado; pero ante "la complejidad del caso" decidió entregar la indagatoria a la FEMDO, la fiscalía de delincuencia organizada.
¿Cómo pudo la FGR cometer una pifia tan grande? Sabemos que el 3 de julio fue detenido el chofer de una pipa que descargaba 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz, Guanajuato, y que no pudo acreditar el origen del producto. Dos meses después las autoridades llegaron al centro de almacenamiento de SIMSA y lo aseguraron. No sabemos por qué no lo anunciaron hasta el 17 de septiembre, cuando la planta ya estaba operando nuevamente.
La FGR parece estar combatiendo un delito que no entiende y con la intención de buscar a responsables políticamente convenientes. El 16 de julio detuvo a Ernesto Ruffo, primer gobernador de oposición, a quien la fiscal Ernestina Godoy describió públicamente como cabeza de "la más grande red de contrabando de combustible". Nunca explicó como un hombre de 74 años, sin antecedentes penales, gobernador de Baja California tres décadas atrás, tenía en tiempos de la 4T el poder para controlar aduanas y la Guardia Nacional para manejar la mayor red de huachicol. La empresa Ingemar, de la cual Ruffo es socio minoritario, solo hacía trámites ante aduanas: no importaba ni transportaba combustibles.
Mientras se lanza contra Ruffo, la FGR se niega a investigar al almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina con López Obrador, cuyos sobrinos políticos, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, están detenidos. Tampoco indaga a Andrés Manuel López Beltrán, involucrado por testigos en el huachicol.
La Fiscalía parece perdida en esta lucha. Interviene plantas legales y detiene a críticos del régimen, pero se niega a investigar a quienes tienen el poder para manejar un negocio que la procuradora fiscal Grisel Galeano García calculó en 600 mil millones de pesos.
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