Adán Augusto y Duarte, investigados
- Noticias Cabo Mil
- 17 sept
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Columna escrita por Raymundo Riva Palacio para el diario El Financiero
Miércoles 17 de septiembre de 2025
Raymundo Riva Palacio
Lo que se revela casi a diario muestra la magnitud de la corrupción en el gobierno de López Obrador y cómo la impunidad llevó a descuidos en sus negocios ilícitos.
El huachicol y el huachicol fiscal que financió ocho campañas de Morena para gubernaturas en 2021 no es el mismo negocio criminal recién descubierto que encabezaban los sobrinos políticos del exsecretario de la Marina. Sin embargo, ambos se cruzan y tienen importantes vasos comunicantes.
El primero, que lo manejaba el empresario Sergio Carmona, asesinado cuatro meses después de aquellas elecciones, no se investiga en México, pese a que la DEA informó al gobierno mexicano hace casi año y medio de la red de complicidades políticas y criminales que se extendían a los altos mandos de Morena.
El segundo sí se investiga en México, por decisión soberana de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque lo detonó la presión de Estados Unidos para dar resultados en el tema del huachicol, que tuvo como respuesta el aseguramiento de un barco-tanque en Altamira, que nació y se alimentó con políticos en el sureste del país. El huachicol, en sus dos modos de negocio criminal, se cruza con la corrupción en las aduanas y vincula el sureste del país con el norte, aunque deja sin tocar la costa del Pacífico hasta Sinaloa, que tiene otro tipo de problemas.
Toda la zona del Golfo es ocupada por rutas del huachicol, aunque la que tiene su origen en Tamaulipas, con Carmona al mando, se relaciona directamente con Texas, mientras que la que surge en Chiapas y Tabasco, que también tiene vínculo con Texas, sube por Veracruz, se desvía hacia Nuevo León y concluye en Sonora, en cuyo puerto Guaymas están las raíces del aseguramiento en Altamira.
En ambos están involucrados al menos un secretario de Estado del actual gobierno, dos exsecretarios de la administración de López Obrador, un exsubsecretario, dos directores de Aduanas –hasta hora–, dirigentes de Morena, legisladores del partido en el poder y militares, según las investigaciones en ambos países.
La presidenta Sheinbaum no sabía, cuando ordenó la operación de Altamira a un almirante, hasta dónde iba a escalar. Sin conocerse si fue enterada en su momento, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tuvo que proceder contra los sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda –su amigo desde que ambos estuvieron en Guerrero–, porque sabía que el secretario de Estado, Marco Rubio, traía en su portafolio de narcopolítica –en vísperas de su encuentro con ella– los nombres de los sobrinos políticos.
En la reunión que tuvo Rubio con la presidenta en Palacio Nacional no mencionó los nombres, pero de acuerdo con funcionarios federales, cuando tocó el tema del huachicol, subrayó la incapacidad del expresidente Andrés Manuel López Obrador para atacarlo –dijo que en su sexenio se profundizó el problema–, y expresó que esperaba que procediera inmediatamente en la judicialización de los implicados, aunque ello significara tocar a oficiales de la Marina. Para tener una comunicación fluida en el combate a este delito, acordaron que hubiera un enlace único de la presidenta con Estados Unidos. Rubio le pidió que fuera García Harfuch.
La información comenzó a fluir. Además de los nombres de los sobrinos políticos, el almirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, que ya los traían, le entregaron fichas del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y el exdirector de Aduanas, Horacio Duarte, secretario general de Gobierno en el Estado de México. Las investigaciones realizadas por García Harfuch y el Centro Nacional de Inteligencia tras el aseguramiento encontraron pistas que llevaban a dos hijos del expresidente, Andrés y Gonzalo López Beltrán, y a otro contralmirante.
El contralmirante es Ricardo Gutiérrez Ruvalcaba, quien fue coordinador de la Guardia Nacional en Quintana Roo en 2020, de donde fue trasladado dos años después a la aduana terrestre que controla la Marina en Pantaco, en la Ciudad de México, por recomendación de El Santo, testigo protegido de la Fiscalía General, a los hermanos Farías Laguna, que controlaban todo el negocio criminal en ese patio aduanero. De acuerdo con lo que han encontrado los investigadores, el contralmirante fue trasladado el mismo 2022 a la aduana del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, por decisión de los Farías Laguna.
Entre más avanzan las investigaciones, más vínculos de presuntas relaciones criminales van encontrándose con políticos. Lo que se ha revelado oficialmente hasta ahora muestra la red de complicidades existentes y los altos niveles que están tocando. Los intentos de encubrimiento que se mostraron en este espacio la semana pasada han elevado el costo político de intentarlo en cuestión de días. Ayer, la columna Bajo Reserva, de El Universal, reveló que la presidenta decidió tomar distancia de Adán Augusto López, hasta que se aclare el rumbo de las indagatorias en el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, que durante el periodo en que fue gobernador el hoy senador, fundó y fue líder de un grupo criminal llamado La Barredora, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El senador está imputado en dos investigaciones criminales que tienen vasos comunicantes, no sólo presuntamente a través de él mismo, sino también por medio de un militar muy cercano al expresidente López Obrador, que protegió a Bermúdez Requena y, al mismo tiempo, tenía contacto con un alto exfuncionario en ese gobierno que era enlace con varios cárteles de las drogas –incluso rivales–, y en especial con la organización criminal que capitaneaba Carmona en Tamaulipas.
Lo que se va sabiendo casi de manera diaria permite asomarse a la magnitud de la corrupción institucional en el gobierno de López Obrador, y por la forma atascada con la que actuaban, por decirlo de alguna manera, dejan ver que la impunidad era tal, que fueron descuidados en sus negocios ilícitos. Pensaban, porque no hay otra manera de entenderlo, que nunca habría un séptimo año del obradorismo, y no pensaron que el segundo periodo de Donald Trump en la Casa Blanca sería tan agresivo con México. Las presiones han ido orillando a la presidenta Sheinbaum a tomar acciones para evitar que sea Washington la que las tome por ella en territorio nacional. No tiene espacios ni márgenes de maniobra, y parece haber cruzado el Rubicón. Los primeros síntomas ya se ven en el horizonte.
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Rebeldía en la Marina
Columna escrita por Carlos Loret de Mola para el diario El Universal
Carlos Loret de Mola
El discurso del secretario de Marina ayer fue un acto de rebeldía.
El almirante Raymundo Morales no se alineó a la instrucción de la presidenta Sheinbaum para exonerar a su antecesor, el secretario de Marina de López Obrador, Rafael Ojeda, vértice del escándalo de sus sobrinos que encabezaban una red de huachicol fiscal operada desde la institución.
En el que puede considerarse su discurso más importante del año —el del desfile militar de la Independencia— lanzó una ráfaga de mensajes políticos inequívocos que apuntan a la culpabilidad del almirante Ojeda en la trama de corrupción que ha contaminado la Marina.
“Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos actos reprobables que no nos definen como Institución, sino que podían enquistarse. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón”.
El propio almirante radiografió lo que significó para la Marina exhibir al Cártel de los Sobrinos. Dijo: “Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate”.
Las palabras, cargadas de un mensaje de deslinde, fueron pronunciadas ante la presidenta Sheinbaum, quien ha realizado un esfuerzo notable por exonerar al exsecretario de Marina Ojeda, con tal de no tocar a su mentor político López Obrador.
En esta misma columna, el jueves le hice notar que este brote de rebeldía del secretario de Marina actual había iniciado el domingo, en la conferencia de prensa en la que se anunció el expediente del Cártel de los Sobrinos. Le puse: “el actual secretario de la Marina, almirante Raymundo Morales, mandó un mensaje contundente: él fue el único de los altos funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum que no exoneró a Rafael Ojeda, el secretario de Marina de López Obrador”. En cambio, ese domingo, el fiscal Gertz Manero y el secretario García Harfuch fueron contundentes en exonerar a Ojeda. Al día siguiente, la presidenta potenció aún más la exoneración de Ojeda en la mañanera.
El almirante Morales no se sumó. Y ayer de plano rompió. Sus palabras son un fiel reflejo de la indignación y el estado de ánimo en la institución que encabeza (eso se lo reporté ayer en la columna “Hierve la Marina por los sobrinos del huachicol”).
La rebeldía no es deslealtad. Deslealtad es esconder bajo la alfombra la suciedad que todo mundo vio, dentro y fuera de la Marina. Silenciar el dictado de la conciencia no es desafiar. Tiene razón el almirante Morales cuando en el Zócalo, frente a la presidenta, delineó su postura frente al escándalo: “La verdad nos fortalece”.
Después del discurso del secretario de Marina en el Zócalo, ¿no van a girar orden de aprehensión contra el exsecretario Rafael Ojeda?, ¿lo va a seguir protegiendo la presidenta?, ¿y todo con tal de encubrir cómo distintos brazos del crimen organizado llegaron hasta lo más alto del gobierno de AMLO?
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Rebeldía en la Marina
Columna escrita por Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior
Pascal Beltrán del Río
El país se desangra en sus carreteras y sus calles. Los hechos trágicos de septiembre, como el arrollamiento de un autobús en Atlacomulco, el choque múltiple en la carretera Mérida-Campeche y la explosión de una pipa en Iztapalapa, no son sucesos aislados, sino la punta del iceberg de una crisis que se agrava día tras día.
Al momento de escribir estas líneas, 33 vidas se han perdido en estos hechos, y decenas de familias han quedado rotas.
La tragedia es estadística y, al mismo tiempo, profundamente humana. Según datos del Inegi, en 2023, 110 mexicanos murieron en promedio cada día a causa de accidentes, un aumento de casi 25% en tan sólo tres años. La tasa de mortalidad accidental por cada 100 mil habitantes subió de 25.6 en 2020 a 31.1 en 2023. Estas cifras no son frías, son el reflejo de una autoridad que está fallando en proteger a los gobernados.
En 2020, México dio un paso trascendental al consagrar en su Constitución el derecho a una movilidad segura. Una iniciativa que, impulsada por la sociedad civil, parecía un faro de esperanza.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial se promulgó para proteger a los usuarios más vulnerables y se estableció el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, seguido de una Estrategia Nacional 2023-2042.
Sin embargo, como bien señala el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el tema, la distancia entre el papel y la práctica en México es abismal. Mientras el marco legal es ambicioso, la implementación se enfrenta a obstáculos insuperables.
La falta de recursos adecuados, la ausencia de un seguro vehicular obligatorio, la debilidad en los estándares de seguridad para vehículos y la falta de liderazgo y rendición de cuentas son barreras que convierten los programas y leyes en documentos sin vida.
La promesa de un país con calles y carreteras seguras se diluye en la cruda realidad de un aumento constante de muertes. Entre 2020 y 2023, casi 8 mil mexicanos más perdieron la vida en accidentes. De los más de 40 mil que murieron en 2023 por esta causa, 35% estaba en el grupo de edad muy productivo de 15 a 34 años. Estos datos son el contundente argumento que desvela la ineficacia de los esfuerzos gubernamentales.
Estamos presenciando una preocupante tendencia: la confianza en que los problemas se resuelven con la simple creación de leyes y la presentación de programas con títulos llamativos y metas inalcanzables. Esta estrategia, más que una solución, parece un intento por apaciguar a la opinión pública mientras la situación se deteriora.
El estado lamentable de nuestras calles y carreteras, que son el escenario principal de esta crisis, es la prueba más evidente del fracaso de esta política. La falta de mantenimiento, la señalización deficiente y la carencia de infraestructura segura son factores que, día tras día, contribuyen a estas tragedias. Además, la cantidad decreciente de recursos públicos dedicados a construcción y mantenimiento de vías, así como a la salud, hacen prever que las muertes por accidentes seguirán incrementándose en los años por venir.
El gobierno mexicano debe dejar de lado las “buenas intenciones” que se quedan en el papel y pasar a la acción. La rendición de cuentas, la inversión real en infraestructura y la aplicación estricta de las leyes son las únicas herramientas que pueden detener esta epidemia. No podemos seguir aceptando que los accidentes sean una fatalidad inevitable. La vida de los mexicanos es demasiado valiosa para ser sacrificada en el altar de la ineficacia y la burocracia.
Es tiempo de exigir que el derecho a la movilidad segura se convierta en una realidad palpable, no en una simple promesa constitucional. La sociedad civil, que logró el hito de la ley, debe seguir exigiendo y señalando las fallas, porque al final del día, los números no mienten: nuestro país se está desangrando por inacción. ¿Cuántas vidas más deben perderse para que las palabras se conviertan en hechos?
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