El costo de la justicia improvisada.

Columna de opinión escrita por Catalina Perez Correa para el diario El Universal

Martes 21 de octubre de 2025

Catalina Perez Correa

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“Dicho lo anterior, en consecuencia y con fundamento en lo establecido en el artículo 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales se resuelve lo siguiente: Primero, que siendo las 13 horas con 44 minutos del día 26 de septiembre del 2025, se decreta auto de vinculación en contra de… Victor Manuel, hmm…”. El juez se pasa la mano por la cabeza para acomodarse el cabello, mientras pausa y mira algo a su derecha… “por el delito de fraude, ejem”. Una voz de mujer lo interrumpe. “Perdón, su señoría”. “Su señoría”, dice otra voz, esta vez de un hombre. “No sé quién es esa persona, creo que es la víctima”. Una tercera persona interviene: “Es la víctima, Lic.” “Perdón, cierto, una disculpa”… dice el juez y continúa con voz nerviosa “por el indiciado Mario Alberto…”. Fue así como, en una de sus primeras audiencias, Claudio Azul Bañuelos, electo juez penal del estado de Aguascalientes, vinculó a proceso al denunciante en lugar del acusado.

Meses antes, y una vez concluida la elección judicial, el Consejo General de IEE había determinado excluir a Claudio Azul —y a otras personas—, y no emitir la constancia correspondiente, por considerar que no cumplía con el requisito de tener “experiencia práctica en el ejercicio de la actividad jurídica afín a su candidatura de cuando menos tres años anteriores al día de la publicación de la Convocatoria”. El ahora juzgador impugnó la decisión ante un tribunal. Este órgano confirmó la decisión del Consejo. Sin embargo, esta decisión también fue impugnada —ante la Sala Regional de Monterrey, del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal—. Esta última instancia revocó la sentencia y ordenó que se le entregara la constancia a Claudio Azul Bañuelos y reconocerlo como juez de primera instancia en materia penal del Poder Judicial de Aguascalientes. En las consideraciones la Sala no evaluó si cumplía con los requisitos necesarios para convertirse en juez penal. La sentencia se centra en señalar que el Consejo General del IEE carece de facultades para revisar la elegibilidad de aspirantes, ya que se trata de una facultad de los Comités de Evaluación. Es decir, según la Sala Regional, aun frente al incumplimiento de requisitos para ser juez, la autoridad electoral no puede más que entregar la constancia correspondiente. El resultado lo vemos —y padecemos— todas(os): un juez que vincula a proceso a la víctima y debe ser corregido por la defensa y fiscalía en pleno juicio.

El caso de Claudio Azul es uno de muchos que hemos atestiguado en las últimas semanas en los que juzgadores electos cometen errores o toman decisiones claramente ilegales. Está el caso del Juez Federal Daniel Olvera López, quien ha suspendido audiencias porque no conoce el proceso y parece no entender lo que se dice. Su incompetencia ha sido tal que otros profesionales del estado han pedido su renuncia. Está también el caso de la ahora magistrada del Tribunal Colegiado en materia administrativa, Ahleli Feria Hernández, quien al asumir el puesto pidió la renuncia de todo el personal a su cargo, los de confianza y de base (que no dependen de ella). Y seguramente solo nos enteramos de una parte de las pifias que se cometen en los nuevos poderes judiciales.

Una gran parte de los casos que llegan al Poder Judicial tienen que ver con problemas cotidianos. Versan sobre quién se queda con la custodia de los hijos en un divorcio, si hay incumplimiento en el contrato entre una casera y la inquilina, si alguien cometió fraude, si fue legal la clausura de un negocio. La reforma judicial se empujó y aprobó con la promesa de mejorar la justicia, hacerla menos corrupta, más cercana y accesible quienes acuden ahí con sus problemas cotidianos. Por una mejor justicia renunciamos a la independencia judicial, a tener contrapesos y a los millones invertidos en la profesionalización de jueces. Hoy constatamos que el sistema no es más accesible, solo más lento, incierto y menos profesional. Los tribunales hoy son espacios disfuncionales donde los derechos de personas concretas son el costo de aprendizaje y los más vulnerables, como siempre, vuelven a perder.

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Columna de opinión escrita por ​Jorge Fernández Menéndez para el periódico Excélsior

Martes 21 de octubre de 2025

Jorge Fernández Menéndez

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La reforma fiscal aprobada la semana pasada faculta al SAT para conocer datos individuales sobre qué bienes o servicios se compran o usan, cuánto se gasta, y todos los movimientos comerciales realizados a través de plataformas digitales, sin necesidad de una orden o control judicial previo.

Es una invasión a la privacidad e implica el monitoreo permanente de la actividad digital de todos los consumidores. No se limita a la información total de las plataformas, sino que se basa en la información fiscal personal de los usuarios. Por esa vía, el gobierno podrá saber en tiempo real y permanentemente qué usan o compran las personas por plataformas digitales, así como los datos fiscales asociados de todos los consumidores.

Es una legislación lesiva de los derechos a la privacidad y el comercio digital de todos, pero es más grave aun, porque el gobierno federal y las instituciones no cumplen con las medidas de ciberseguridad mínima para preservar esa delicadísima información ante ataques de hackers. La ciberseguridad es algo en lo que el gobierno mexicano no invierte, no como un Estado moderno tendría que hacerlo.

Hace varios meses fue el hackeo de la Defensa por el grupo Guacamaya, que sustrajo varios terabytes de información, pero también ha habido hackeos en Pemex, la CFE, el Banco de México, entre otras muchas instancias gubernamentales. Semanas atrás hackearon el C5 de la Ciudad de México y ahora nos enteramos por la prensa estadunidense que un grupo de estudiantes y académicos de Maryland y San Diego, con equipos que costaron unos 650 dólares, entraron a los sistemas del gobierno mexicano, incluso militares y de grandes empresas y obtuvieron la transmisión de informes de incidentes, seguimiento de casos y documentación de pruebas por parte del personal de campo y administrativo, incluyendo actividades relacionadas con el narcotráfico. Lo hicieron el 4 de abril de 2025 a los sistemas del gobierno mexicano y de empresas como Telmex, Santander de México, Banjército y Banorte, entre otros.

No hackearon nada porque no era su objetivo, dieron la información a un centro especializado en amenazas cibernéticas, pero pudieron penetrar en casi todo. Según la información pudieron acceder a “tráfico sensible que se transmitía sin cifrar, incluyendo infraestructura crítica, comunicaciones internas corporativas y gubernamentales, llamadas de voz y mensajes de particulares, así como tráfico de internet de consumo procedente de redes wifi y móviles en vuelos comerciales”.

En el caso del gobierno y Fuerzas Armadas de México, los académicos “observaron tráfico satelital no cifrado de varias organizaciones de la Administración, incluyendo agencias militares, policiales y gubernamentales”. El documento asegura que lograron “captar referencias a terminales, regiones y zonas militares, así como un inventario de activos de las fuerzas del orden, registro de personal y monitoreo de tráfico”. También obtuvieron la transmisión de informes de incidentes, seguimiento de casos y documentación de pruebas por parte del personal de campo y administrativo, incluyendo actividades relacionadas con el narcotráfico. De igual manera, afirman haber encontrado datos sobre “la medición y transmisión remota de objetos militares en tiempo real con geolocalización precisa, identificadores y telemetría en vivo”.

El gobierno federal, a pesar de la creación de la agencia federal a la que le ha dado enormes atribuciones bajo la dirección de José Merino, no invierte ni remotamente lo que debería en ciberseguridad, no lo hace para sus instituciones, incluidas las de seguridad, y tampoco garantizará la seguridad de nuestros datos personales, que acumulará en una dimensión mayor que nunca en su historia y con propósitos que son demasiado difusos, tanto en la recolección como en el uso.

Por eso tampoco hemos llegado a un acuerdo que se planteaba en el T-MEC sobre una suerte de coraza cibernética regional con Estados Unidos y Canadá, ya que –según los especialistas estadunidenses, por la estrecha relación que tienen los tres países, pero sobre todo México en todos los ámbitos con Estados Unidos– ésa es una de las puertas de entrada que existen para ingresar a los propios sistemas estadunidenses.

Y a los nuestros. El gobierno federal con las nuevas leyes fiscales se dio a sí mismo el derecho de intervenir toda la información en redes que usted genere desde lo que ve en streaming hasta lo que compra por esa vía, desde sus comunicaciones hasta los portales de citas. Y todos estos datos podrán ser utilizados por el gobierno como le plazca, pero además no estarán suficientemente encriptados, cualquiera con equipos que no son siquiera sofisticados podrá acceder a ellos, como lo hicieron con equipos caseros los estudiantes y académicos de Maryland y San Diego.

El gobierno federal quiere saber todo de todos, pero hoy no es capaz siquiera de cuidar los datos de los que se apropia. La ciberseguridad de las instituciones de gobierno debería ser una prioridad del poder y, mientras tanto, no debería exigir hacerse con un cúmulo de información que no puede digerir ni, mucho menos, proteger.