Ley del desamparo

Columna de opinión escrita por Sergio Sarmiento para el diario Reforma

Viernes 17 de octubre de 2025

Sergio Sarmiento

0:00

"Mataron el amparo con discursos

sobre 'el interés social', que no es

más que el nuevo nombre

del autoritarismo".

José Mario de la Garza, abogado

Arturo Zaldívar, el expresidente de la Suprema Corte convertido en funcionario de la Presidencia, afirmó ayer: "Estamos inmersos en una campaña de desinformación en la que se busca hacer creer a la opinión pública, a la gente, que las reformas a la Ley de Amparo recientemente aprobadas son regresivas y limitan la defensa de las personas... Quienes han criticado y están criticando el amparo, en su inmensa mayoría, lo están haciendo por razones interesadas, o porque son empleados o abogados de deudores fiscales muy conocidos o porque son comentócratas aliados al viejo sistema del PRIAN... o porque se trata de jueces o magistrados que se vieron afectados por la reforma judicial y mienten deliberadamente".

El problema es que la reforma sí es regresiva: limita los derechos individuales, otorga mayores poderes al Estado, descarta la posibilidad de obtener suspensiones en muchos casos y elimina la responsabilidad personal de los funcionarios cuando violan la ley. Es la reforma de un régimen autoritario.

Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro y hoy diputada de Morena, argumentó: "Me preocupan, por ejemplo, las acciones colectivas, o difusas, como son las promovidas por la comunidad LGTB, por consumidores, por pueblos y comunidades indígenas, por grupos vecinales, por defensores del medio ambiente o por trabajadores jubilados". Con el nuevo concepto de interés legítimo, "se les exigiría demostrar la lesión jurídica individual y colectiva o un beneficio cierto derivado de la anulación del acto reclamado", lo cual restringe "el acceso a la justicia constitucional".

Claudia de Buen, del Bufete de Buen, dice: "La verdad es que el amparo ya no tiene este carácter... de protector de los derechos de las personas... Las reformas son más bien protectoras de las autoridades". Los problemas más graves son "la suspensión del acto reclamado y el interés legítimo para poder promoverlo... y desde luego la retroactividad... La suspensión es el punto garantista del amparo..., garantiza que el acto que uno reclama no se ejecute hasta que se resuelva si es conforme a derecho o no". Sin la suspensión, "el amparo ya no función[a] como tal". La autoridad podrá continuar realizando actos ilegales en los "amparos administrativos", los de empresas con licencias, concesiones, autorizaciones o permisos del gobierno. La UIF podrá bloquear las cuentas de una persona solo por ser homónima de otra, pero la víctima no podrá tramitar una suspensión hasta "la publicación de la convocatoria de remate".

José Mario de la Garza, presidente de Perteneces A.C., advierte: "Tiraron la Ley de Amparo al basurero -literal y metafóricamente-, como si el derecho pudiera abolirse por decreto y el abuso necesitara legalización". El activista Max Kaiser escribe: "La nueva ley de desamparo te deja expuesto ante el abuso de la autoridad". El doctor Éctor Jaime, diputado del PAN, señala: "Si el gobierno no te quiere dar un medicamento, una organización civil no podrá defenderte". Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sentencia: "La versión final de la reforma Sheinbaum al amparo endurece las suspensiones, restringe derechos y mantiene la retroactividad -disfrazada, pero ahí sigue-. Estamos frente a una nueva regresión, escrita en el más burdo abogañol y aprobada sin rubor".

Zaldívar afirma que la reforma solo agiliza procesos, pero la verdad es que limita los derechos individuales y permite al gobierno abusar de las personas... a las que deja desamparadas.

· PODERES

El Poder Judicial ya está controlado por el Ejecutivo y el amparo debilitado. Hay razones para sentir temor ante los poderes que el gobierno se ha dado a sí mismo con su espuria mayoría calificada en el Congreso. Es un golpe contra el Estado de derecho, como el de Hugo Chávez de 2004 en Venezuela.

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Morena y la impunidad: la raíz del

colapso

Columna de opinión escrita por Marcela Gómez Zalce para el diario El Universal

Viernes 17 de octubre de 2025

Marcela Gómez Zalce

0:00

Un Estado donde los grupos del crimen organizado tienen poder político, económico o militar suficiente para influir o decidir en asuntos públicos es considerado como un narcoestado; sus características principales son las colusiones entre autoridades y criminales. La corrupción se vuelve una práctica sistemática dentro del gobierno.

Un narcoestado no es sólo un país donde se trafican drogas o se cometen una diversidad de ilícitos, sino uno donde el crimen organizado se convierte en parte del poder político y del sistema de gobierno.

En amplias regiones de México la frontera entre el Estado y el crimen está borrada y las leyes han dejado de servir al pueblo.

Hoy que en la mañanera se llenan la boca con la mentada soberanía, habría que puntualizar que el Estado deja de ser autónomo cuando se actúa bajo los intereses del crimen. Botones en el país hay de sobra, pero nuevamente ha aflorado la corrupción y el escándalo que se están volviendo norma y no excepción.

La tragedia ocurrida por las lluvias torrenciales en Veracruz que por supuesto pudo prevenirse en su magnitud si se hubiera aplicado un protocolo oportuno con la información que tenían las autoridades, exhibe nuevamente una autoridad omisa, deficiente, inútil y negligente.

La ayuda a damnificados repartida por la organización terrorista CJNG envía un mensaje muy peligroso y simbólicamente poderoso para la sociedad y las instituciones. El tipo de percepción que se construye normaliza su presencia y poder debilitando la idea de que el Estado es el único garante del bienestar común.

En el palacio no debieran confundirse, el apoyo no es un acto de altruismo sino una estrategia de control y manipulación social.

Esto abona al relato de que las instituciones han perdido legitimidad, autoridad y control y se continúa erosionando el respeto a la ley y al orden público. La tardía respuesta del gobierno de Rocío Nahle, rebasado ante la dimensión del desastre natural ha desnudado esa distintiva incompetencia, voracidad y fracasos de los gobiernos de Morena arropados de soberbia y altanería.

El simbolismo detrás de esa ayuda entregada y viralizada en redes sociales constata el desafío al Estado cuya imagen tiene ya siete años de vivir una crisis reputacional. El crimen organizado no sólo usa la violencia para controlar territorios sino también la comunicación para controlar percepciones; es una estrategia calculada con fines políticos, psicológicos y sociales. Esa visibilidad en el contexto de la tragedia veracruzana se convierte en un poderoso instrumento ya que se legitiman ante cientos de comunidades abandonadas durante los días más críticos de la devastación por los gobiernos federal, estatal y municipal.

Ese vacío y sensación de impunidad que se acumula en el ánimo subyacente del tan presumido pueblo bueno y sabio, está formando un caldo de cultivo y conflictos latentes que esperan un disparador.

Y la coyuntura en el país tiene muchos frentes abiertos y escasos cerebros estratégicos para diagnosticar y prevenir un evento visible que haga estallar tensiones invisibles. Y como las señales presidenciales apuntan a una nula rendición de cuentas y que viva la impunidad para los de casa, no deberán sorprenderse por la probable reacción en cadena.

Administrar una estructura corrompida sostenida por la violencia y sin castigo por sus actos, alimenta esa sostenida descomposición institucional.

Bienvenidos al segundo año de gobierno.