El “todos contra todos” de Claudia Sheinbaum

Columna de opinión escrita por Jorge Castañeda para el diario El Universal

Miércoles 5 de noviembre de 2025

Jorge Castañeda

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Muchos gobiernos y empresas han puesto en práctica procesos de evaluación llamados de 360 grados. Se refieren a que se tomarán en cuenta las opiniones de todos sobre tal o cual funcionario o empleado: superiores, pares y subordinados. Existía también la expresión francesa “tous azimuts”, utilizada ante todo por el general De Gaulle para definir la posición nuclear de su “force de frappe”: contra todos, sin excepción. Parecería que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha adoptado una postura parecida, pero en materia de apertura de frentes: todos, contra todos, todo el tiempo.  

Ciertamente la totalidad de los campos de batalla declarados no son enteramente de su confección. Pero da lo mismo: el hecho es que el régimen enfrenta hoy una serie de desafíos simultáneos que obligan a formularse una pregunta inevitable: ¿Se encuentran Sheinbaum y su equipo a la altura de los retos o frentes visibles? Ni hablemos de los que por definición desconocemos.  

La ejecución de Carlos Manzo constituye el más reciente. No sólo por tratarse de un alcalde que pidió protección, de una ciudad importante, de un independiente exmorenista con ganas y posibilidades de ser el próximo gobernador de su estado. Sino sobre todo porque permanece en el misterio la existencia, presencia y eficacia de los catorce miembros de la Guardia Nacional comisionados desde hace meses para brindarle protección. Ni menciono a los policías municipales encargados de la supuesta protección de proximidad de Manzo. No creo en ellos, ni en Uruapan, ni en ningún municipio de la república. 

Sigue el frente de la protesta en Michoacán: Uruapan, Apatzingán, Morelia, más lo que se acumule en la semana. Suficientes indicios existen de la connivencia del narco estatal con la elección de Ramírez Bedolla para que figurara en la lista negra de gobernadores dignos de ser defenestrados, con Rocha Moya y Villareal. Sabemos que no sucederá nada. 

Mientras sigue otro frente —la guerra en Sinaloa— se suma el frente anexo de la corrupción. Es aplastante el porcentaje de mexicanos que según las encuestas desaprueban la conducta del gobierno en esta materia, y es ensordecedor el silencio que ya envuelve a los casos más sonados: Adán Augusto, el ex secretario de Marina, Romero en Pemex, Bartlett en CFE, Mario Delgado en Morena,  etc. Pero silencio o marginación del tema no implica desaparición: el “retour du refoulé” existe en política.  

Podemos seguir adelante con el frente López Obrador, que no se esfuma —ni el frente ni el personaje— y la sensación generalizada que no hay desconexión posible en nada: ni en petróleo, ni con los subsidios a los elefantes blancos, ni en la ausencia de reforma fiscal, ni en el pleito con España, ni en el apoyo a Cuba, ni en la composición del gabinete, ni en el estilo de hablar (para quienes les gusta referirse al “estilo de gobernar”). En nada. 

Prosigamos con América Latina. Ahora Perú rompe relaciones con nosotros, probablemente sin razón, pero en parte como resultado de desatención. Llevamos tres años sin embajador, y las gestiones discretas y complejas para resolver un caso difícil —el asilo a una condenada por la justicia— requiere de interlocutores mexicanos de otro calibre. Luego, a pesar de los tibios, controvertidos y pequeños pasos dados por el canciller español, el asunto no se arregla, y las relaciones siguen en pausa, “whatever that means”. Y un día será preciso componer el desaguisado con República Dominicana, que canceló la Cumbre de las Américas por varias razones, pero una consistió en el boicot de México, no sólo la inasistencia. 

Y bueno, por no dejar, nos topamos con el frente de Estados Unidos. Las aristas son bien conocidas, pero no siempre se presentan juntas. Primero, el narco: la presión sigue, no están todos satisfechos, a pesar de las concesiones mexicanas. Al grado que un sector filtró la noticia, dudosa, a la NBC y a AP, del entrenamiento y la preparación de un contingente de fuerzas especiales para ingresar a territorio mexicano y guiar drones a escondites de capos, laboratorios, y transporte. Incluimos también las dos lanchas atacadas en la lejanía de las cosas mexicanas, seguramente ocupadas por mexicanos y que zarparon de México. 

Pasemos ahora a lo complicado. Como era de preverse, al comenzar las audiencias en Washington sobre la renegociación del T-MEC, se presentó un alud de propuestas, exigencias, denuncias y agravios por un sinnúmero de sectores: las empresas de energía, las del Business Roundtable, el American Chamber of Commerce, más de cien legisladores demócratas, y las de la propia administración Trump. Estos reclamos no incluyen la lista de más de cincuenta quejas sobre barreras no arancelarias, que siguen sin resolverse.  

Figuran también los demás temas de esta u otra naturaleza. Ya supimos que no se abre la frontera a la exportación de ganado; que sigue el arancel sobre las exportaciones de jitomate; que se suspendieron los vuelos vigentes y programados del AIFA a Estados Unidos, junto con la belly-cargo de aerolíneas mexicanas desde el AICM, y la suspensión de la alianza Aeroméxico-Delta (aunque la línea norteamericana sigue dueña de casi la mitad de las acciones). Por último, por ahora, parece desvanecerse la tolerancia de Trump y su equipo ante los amoríos de México con la dictadura castrista (este frente sí, de pura factura cuatrotera).  

Terminemos con el frente en puerta: la reforma electoral, también innecesaria, pero que provocará el mismo tipo de conflictos y desencuentros que la reforma judicial, incluyendo en esta ocasión con aliados de Morena, y que la reforma a la ley de amparo, y que la extraña decisión del nuevo presidente de la SCJN de suprimir el principio de cosa juzgada. Para apenas un año de gobierno, son muchos flancos abiertos, muchos retos presentes, y no sé si suficiente equipo para manejarlos.

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¿A quién dar refugio? El dilema

ético de la política exterior

​Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior

Miércoles 5 de noviembre de 2025

Pascal Beltrán del Río

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La decisión del gobierno mexicano de conceder asilo a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez ha cristalizado una profunda crisis diplomática, culminando en la ruptura de relaciones por parte de Perú. Este caso pone sobre la mesa el eterno debate sobre el derecho de asilo en América Latina: la soberanía jurídica frente a la coherencia ética.

No cabe duda que México actúa sobre base legal. La Convención de Caracas de 1954, suscrita por ambos países, es clara: el Estado asilante —en este caso, México— tiene el derecho soberano de admitir a quienes juzgue conveniente. Esta prerrogativa excluye la posibilidad de reclamo por parte de Perú, limitándolo a respetar la decisión y, eventualmente, conceder el salvoconducto, un proceso que Lima ha indicado estar evaluando conforme a derecho.

No obstante, en su ejercicio, México incurre en una selectividad ideológica que socava su autoridad moral y la noble tradición que ha enarbolado. La justificación moral del asilo a Chávez se debate en una zona gris. Contrariamente a la sugerencia de que no tiene causas pendientes, Chávez sigue procesada por presuntos delitos de corrupción y se le impuso un impedimento de salida del país.

Pero el error más profundo del gobierno mexicano se encuentra en su insistencia en prejuzgar los procesos internos peruanos, particularmente en el caso del expresidente Pedro Castillo. Éste fue destituido tras intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022, un acto que las instituciones peruanas, desde el Tribunal Constitucional hasta el Congreso, catalogaron como un “autogolpe de Estado” y un evidente “resquebrajamiento del orden democrático constitucional”. Al etiquetar a Castillo como “preso político”, México interfiere en la soberanía judicial peruana, deslegitimando la respuesta democrática coordinada de las instituciones que actuaron precisamente para evitar la concreción de un quiebre institucional.

El gobierno mexicano ha defendido su “vocación humanista” y calificó la respuesta peruana de romper relaciones como “desproporcionada”. Pero si la política exterior mexicana es genuinamente humanista, debe aplicarse sin sesgos, protegiendo a los disidentes que sufren persecución sistemática y no sólo a aliados políticos.

México debería considerar el asilo para presas políticas latinoamericanas cuyo estatus de perseguidas está ampliamente documentado por organismos multilaterales y de derechos humanos, y no sólo para figuras de su espectro ideológico.

Tal es el caso de la venezolana Rocío San Miguel Sosa, directora de Control Ciudadano, una organización que vigila la actuación de las corporaciones de seguridad y el sector militar, detenida arbitrariamente en febrero de 2024, acusada de terrorismo y conspiración, encarcelada en El Helicoide, la prisión del servicio de inteligencia de Venezuela, y a quien se ha negado el acceso a su defensa. Está la cubana Mayelín Rodríguez Prado, una joven detenida en agosto de 2022 y condenada a 15 años de prisión por “sedición” y “propaganda enemiga”, simplemente por transmitir protestas antigubernamentales a través de Facebook, recluida en la prisión de Granja 5, en Camagüey. Y la nicaragüense Fabiola Tercero Castro, periodista, promotora de la lectura, y activista feminista, detenida en julio de 2024 por su trabajo en materia de derechos humanos, cuyo paradero no ha revelado el gobierno de ese país.

Extender el asilo a figuras como San Miguel Sosa, Rodríguez Prado, Tercero Castro sería la prueba irrefutable de que México utiliza la Convención de Caracas por motivos de humanidad y no como una herramienta de política de bloques.

Si aspira a ser líder moral en la defensa de los derechos humanos en el continente, México debe cesar la calificación ideológica de los procesos judiciales legítimos de otros países (como el de Castillo) y demostrar que su política humanista es universal y consistente. La coherencia en el asilo es el único camino para que la noble tradición mexicana no se vea reducida a una mera herramienta de realineamiento político continental.