En este pueblo no hay culpables

Columna escrita por Jorge Fernández Menéndez para el periódico Excélsior

Martes 23 de septiembre de 2025

Jorge Fernández Menéndez

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No entiendo por qué la presidenta Claudia Sheinbaum, en los casos de denuncias muy graves que tenemos sobre la relación de personajes políticos con el crimen organizado, actúa como una suerte de ministerio público informal, exonerando en la mañanera a quienes tienen esas acusaciones y diciendo, en todos los casos, que no hay pruebas o que se trata de una campaña. Para colmo, en los hechos, aunque en las carpetas de investigación aparecen todos esos nombres y más, la FGR tampoco avanza en las indagatorias.

El caso del senador, exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López es casi paradigmático: se puede argumentar que no está formalmente acusado de nada, pero por lo menos tendría que ser investigado formalmente y rendir una declaración que vaya más allá de la típica “nunca supe nada”. Los datos ahí están: desde la acusación del actual gobernador Javier May, hasta los documentos de la Defensa Nacional que muestran una serie de vínculos, actividades ilícitas y operaciones de vigilancia desde 2019, así como investigaciones ordenadas por altos mandos del gobierno federal.

Entre ellos hay informes internos de inteligencia militar y documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que señalan directamente a Bermúdez Requena y otras figuras de la seguridad estatal de Tabasco como operadores de La Barredora. En un reporte de marzo de 2021, se indica de una investigación contra Bermúdez derivando en una carpeta en la SEIDO (Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada). Entre los personajes señalados en los informes figuran además Carlos Tomás Díaz Rodríguez (Lic o Tomasín), identificado como asesor de Bermúdez, y José del Carmen Castillo, comisionado de la Policía Estatal, ambos ligados a las actividades de La Barredora. Los documentos detallan rutas criminales, sobornos y la red de tráfico de hidrocarburos en Tabasco, así como la desaparición de denuncias a través de contactos con funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR). ¿Usted cree que no hay elementos suficientes como para investigar a quien era entonces el gobernador que designó a Bermúdez Requena y que luego siendo secretario de Gobernación accedió a esa información sin que se hiciera nada? ¿Puede creer que Adán no supiera nada?

La Presidenta también exoneró a la expresidenta municipal de Rosarito, Baja California y ahora diputada federal de Morena, Hilda Brown, acusada formalmente por la OFAC y las autoridades estadunidenses de trabajar con El Mayo Zambada, argumentando, una vez más, que aquí no hay pruebas contra ella. La información divulgada por el Departamento del Tesoro obligaría a abrir una investigación urgente. Lo mismo sucedió con la gobernadora Marina del Pilar, a la que le fue retirada la vista, así como a su esposo.

Tampoco ha pasado nada con el asesinato de Héctor Melesio Cuén, el día en que fue capturado El Mayo Zambada. Ha pasado más de un año, y sabemos que Cuén, lo dice la propia FGR, fue asesinado en el lugar donde fue capturado El Mayo. Sabemos que la Fiscalía del estado fraguó un montaje para tratar de demostrar que el exrector de la UAS, y al momento de su asesinato diputado federal, había sido muerto en una gasolinera. No hay nadie encausado ni por el asesinato ni por el montaje, ni siquiera la entonces fiscal del estado fue llamada a declarar.

El exalmirante secretario Rafael Ojeda protegió a sus sobrinos, los promovió, les dio las posiciones desde donde pudieron operar el contrabando de combustibles. Los cables de la Defensa también desde 2021 advierten sobre la corrupción en las aduanas y sobre los personajes que intervienen en ella. Su sucesor el almirante Raymundo Morales el 16 de septiembre, en el desfile militar, insistió en que las investigaciones del caso llegarán a los responsables, “se trate de quien se trate”. ¿No hay que llamar a declarar al almirante Ojeda?

La fiscalía se apresuró a exonerarlo diciendo que hacía dos años había presentado una denuncia verbal sobre “problemas” que había en la Marina, pero no hubo ninguna denuncia formal, muchos menos una investigación ni interna ni de la propia fiscalía. Según la presidenta Sheinbaum la investigación se inició en su gobierno, apenas en marzo pasado. ¿Quién mintió?  Los hijos de López Obrador aparecen mencionados en el expediente del caso del contrabando de combustible, pero también son defendidos, lo mismo que el exmandatario, diciendo que todo se trata de una campaña mediática. Pero lo cierto es que ahí aparecen, lo mismo que los empresarios que han impulsado y con los que se presume que han hecho negocio. ¿No deben ser por lo menos llamados a declarar? ¿realmente no saben quién presentó los amparos que los favorecen?

INSEGURIDAD

Los números son de la última encuesta del Inegi sobre la inseguridad en 2024, el último año de López Obrador: 20% de hogares han tenido, al menos, una víctima de delito. 23 millones de personas sufrieron de por lo menos un delito. 92.3% de los 33 millones de delitos cometidos no se denunciaron ni fueron investigados. Los principales delitos son fraude, extorsión, robo o asalto en la calle o en medio de transporte, y los delitos sexuales. La inseguridad nos cuesta a la sociedad 269 mil millones de pesos al año, un poco más de 6 mil pesos por cada habitante, equivalente a 1.07% del PIB. Súmele un mínimo de 180 mmdp por contrabando de combustible.

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Reiterada mentira

Columna escrita por Sergio Sarmiento para el diario Reforma

Martes 23 de septiembre de 2025

Sergio Sarmiento

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"Una mentira que se dice una vez

sigue siendo una mentira, pero una

mentira que se dice mil veces se

convierte en verdad".

Atribuido a Joseph Goebbels

No es la primera vez que lo dice por lo que o está convencida o es parte de una campaña de propaganda. Este 21 de septiembre la presidenta Sheinbaum afirmó en Cancún: "Somos, y eso le duele al conservadurismo, pero es la verdad, el país más democrático de todo el planeta, porque aquí el pueblo decide quién es el presidente o la presidenta, aquí el pueblo decide quiénes son sus legisladores y aquí el pueblo decide quién es su poder judicial".

El 29 de diciembre de 2024 dijo fundamentalmente lo mismo en Panotla, Tlaxcala: "Ahora se va a elegir democráticamente a juezas, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso nos hace ser, quizá, el país más democrático que haya sobre la faz de la tierra". En la reiteración pronto desapareció el "quizá". El 15 de marzo de 2025, en Las Margaritas, Chiapas, afirmó: "Ahora vamos a ser el país más democrático del mundo porque, por primera vez, todo el poder judicial va a ser elegido por el pueblo de México". El pasado 19 de septiembre lo repitió en Chilpancingo, Guerrero: "Por eso somos el país más democrático del mundo, cuéstele a quien le cueste, pésele a quien le pese". Dos días después insistió en Cancún. Es como cuando López Obrador decía y repetía que México tendría en su sexenio un sistema de salud mejor que el de Dinamarca.

El mundo tiene otros datos. El Índice de Calidad de Democracia de la Universidad de Wolfsburgo encuentra que los países más democráticos del mundo son Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y Alemania; a México lo ubica en lugar 90, y ya no como democracia sino como "sistema híbrido". El Índice de Democracia de The Economist considera que los países más democráticos son Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, Islandia y Suiza; México está en 84, también como régimen híbrido, no democrático. La Iniciativa Global de Estado de la Democracia de International IDEA señala que las mejores democracias son Alemania, Uruguay (¡sorpresa!), Suecia, Finlandia y Noruega; a Costa Rica la pone en sexto, pero a México en 69. La organización sueca V-DEM considera que México tuvo en 2024 un "dramático desplome antidemocrático".

Ninguna de las mejores democracias del mundo tiene elecciones para el Poder Judicial. No sorprende. La mayoría de los especialistas rechaza que sea conveniente elegir a los jueces por voto popular. Sanford C. Gordon, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, escribió en febrero de 2024 para el Centro de Gobierno Efectivo de la Universidad de Chicago: "Al inyectar consideraciones políticas en la rama del gobierno para la cual la independencia y la imparcialidad son indispensables las elecciones judiciales amenazan con socavar el estado de derecho". La oficina del relator de las Naciones Unidas para la independencia de los magistrados y abogados ha señalado la importancia de adoptar "procesos de nombramiento no políticos, vinculados estrictamente con la calidad y los méritos profesionales", como dice el reporte de la OEA sobre la elección de jueces en México de 2024. En una evaluación de 2022 del nuevo sistema de elección de magistrados de Bolivia, el que inspiró a López Obrador para sus elecciones judiciales, el relator especial de la ONU Diego Sayas sentenció: "Cuanto más alejado esté el poder político de los procesos de selección y designación [de juzgadores], mejor".

Es una mentira decir que la elección de jueces en un proceso de baja participación e inducción masiva del voto a través de "acordeones" nos ha hecho más democráticos. Puede repetirse mil veces, pero seguirá siendo una mentira.

· CHOCOLATES

La presidenta Sheinbaum ha anunciado que lanzará en Tabasco una fábrica de chocolates "del bienestar". El gobierno sigue queriendo ser empresario, pero todos sus proyectos empresariales pierden dinero.