Habrá acusados por oleadas

Columna de opinión escrita por Jorge Fernández Menéndez para el periódico Excélsior

Martes 2 de junio de 2026

Jorge Fernández Menéndez

7:27

Hace apenas una semana la presidenta Sheinbaum negaba enfáticamente que vendrían más acusaciones contra políticos mexicanos, así como las marcadas diferencias que hubo en la reunión con el secretario del Homeland Security, Markwayne Mullin.

El domingo en el mitin en el Monumento a la Revolución terminó confirmando la información que dimos el lunes antepasado: no sólo vienen más acusaciones, sino que las mismas son interpretadas desde el gobierno como una escalada intervencionista que quiere, nada más y nada menos, que manipular las elecciones y vulnerar la soberanía de México. Todo para proteger al gobernador Ruben Rocha y los demás funcionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos de ser parte de la red de protección y complicidad del Cártel de Los Chapitos.

Ayer mismo, el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, que se entregó hace unas semanas a la justicia estadunidense y que está colaborando con ella, tuvo su primera comparecencia y la jueza que lleva el caso, Katherine Polk Failla, del distrito sur de Nueva York, dijo que hay pruebas “abundantes” en su contra, que son muchos los involucrados en esa trama y que los acusados llegarán en “oleadas” a Estados Unidos. Fijó la siguiente comparecencia con Mérida para agosto y le pidió revisar el expediente en su contra, ver las evidencias que existen y “evaluar sus opciones”, en los hechos declararse culpable y colaborar con las autoridades.

Del otro funcionario que se entregó a Estados Unidos, el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, no hay información: se sabe que se entregó en Irlanda, que de allí viajó a Estados Unidos, donde fue detenido, pero no existe constancia de su situación legal, aunque se sabe, lo han dicho las autoridades, que está colaborando con la justicia estadunidense. Mérida y Díaz están siendo procesados en Estados Unidos, mientras en México se sigue insistiendo en que no hay pruebas contra ellos y los otros funcionarios sinaloenses acusados y se enarbola un discurso soberanista que nada tiene que ver con la realidad.

El domingo, la presidenta Sheinbaum reconoció que habrá más acusados e hizo una defensa de los funcionarios imputados por la Unión Americana, absolutamente innecesaria. Dijo que primero “vienen por unos, después por otros” y que finalmente será Estados Unidos el que decida las elecciones, preguntándose quién manda aquí, si el Departamento de Justicia estadundiense o el gobierno mexicano. Es una falacia. Primero, no es un tema del Departamento de Justicia, sino del gobierno estadunidense. La necesidad de hacer más contra el crimen organizado, al que Washington califica de terrorista, ha sido repetido por todos los altos funcionarios de la Unión Americana: desde el presidente Trump hasta el secretario de Guerra, Pete Hegseth, pasando por el fiscal, Todd Blanche, y remarcado por las cancelaciones de sus visitas a México de la zarina antidrogas, Sara Carter, y del negociador del T-MEC, Jamieson Greer. La Fiscalía sur de Nueva York, sobre todo en estos temas, debe ser la más poderosa de todo el país. Y es verdad, vienen muchas más acusaciones, como lo dejó en claro Mullin en su visita a Palacio Nacional.

Pero no es un tema de soberanía. En realidad, lo que está haciendo el gobierno es confundiendo conscientemente la defensa de la soberanía con la defensa de su partido. Las pruebas y testimonios contra Rocha y demás acusados son abundantes, diría la jueza Polk, y no sólo se han presentado en Estados Unidos, sino también en México. Lo que sucede es que aquí han sido ignoradas. Se preguntaba la presidenta Sheinbaum por qué se confiaba en la justicia estadunidense y no en la mexicana: la pregunta se responde sola cuando vemos que seis de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comenzando por su presidente, Hugo Aguilar, estuvieron en primera fila en un acto proselitista como el del domingo. No hay ni disimulo de la autonomía de la justicia respecto del Ejecutivo.

Se podrá hablar mucho la soberanía, pero lo cierto es que nadie puede asegurar que la está defendiendo mientras está  protegiendo a políticos que son cómplices del crimen organizado. Nada lastima más a la soberanía de un país que no tener control territorial sobre parte del mismo. Nada vulnera más a la soberanía que los criminales manejen gobiernos estatales, como ocurre en Sinaloa y en muchos otros estados. Nada lastima más la soberanía de un país que la impunidad de la que gozan estos personajes. Esto no tiene nada que ver con que la soberanía es un tema de justicia.

El discurso del domingo y la decisión de mantener en la impunidad a los políticos acusados ya comenzó a tener respuestas y costos. Una de ellas, económica y muy dolorosa, es la exigencia del gobierno de Estados Unidos, en la negociación del T-MEC, de que 50 por ciento de los automóviles exportados por México a la Unión Americana deban tener, por lo menos, 50 por ciento de componentes de ese país. Actualmente las reglas de origen establecen como máximo 30 por ciento. Muchas empresas sufrirán por ello. 

La otra la dio el embajador Ronald Johnson, quien cumplió precisamente un año al frente de la delegación diplomática, que escribió en X que “cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”. Los acusados vendrán, dijo la jueza Polk, a “oleadas”. Hay que recordarlo.

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México, sede sin estrategia

Columna de opinión escrita por Claudia Ruiz Massieu para La Aurora de México

Martes 2 de junio de 2026

Claudia Ruiz Massieu

5:29

La imagen habría sido más poderosa que cualquier cumbre: los tres mandatarios norteamericanos juntos en el Estadio Azteca durante el partido inaugural del Mundial más ambicioso de la historia. No sucederá. La presidenta Sheinbaum decidió ceder sus accesos a jóvenes mexicanas, en un gesto funcional para su discurso interno. La asistencia de Donald Trump y Mark Carney no está confirmada.

Se estima que esta edición será vista por 5 mil millones de espectadores. La oportunidad está ahí, pero la voluntad de aprovecharla no. Eso caracteriza la posición que México ha asumido frente al torneo de futbol.

El Mundial arranca oficialmente el próximo 11 de junio. Su derrama económica proyectada es de hasta 3 mil millones de dólares en las tres sedes mexicanas (FMF). Será un gran estímulo para una economía que cerró el primer trimestre con una contracción de 0.6%, en un año con expectativas de crecimiento de apenas 1.1% (Banxico).

Ningún evento internacional es la panacea, pero todos ofrecen una plataforma única para proyectar a un país y generar condiciones que sí pueden detonar el crecimiento, como obras de infraestructura o campañas de promoción turística y atracción de inversiones.

En eso, los contrastes son inevitables. La Ciudad de México, por ejemplo, priorizó su identidad gráfica sobre el desarrollo de infraestructura urbana: se decoraron puentes, camellones y mobiliario urbano con ajolotes y pintura en distintos tonos de morado. Jalisco, en cambio, es la única sede mexicana que desarrolló –en tiempo y forma– obras estratégicas que trascenderán el evento deportivo. La línea de transporte que conecta el aeropuerto con la ciudad inicia operaciones esta misma semana, junto con el estacionamiento que ofrece una solución ante la prohibición de servicios como Uber en las terminales aéreas. Se rehabilitaron vialidades y se renovaron espacios públicos.

El legado del Mundial debería medirse en su potencial para mejorar la vida cotidiana de las personas. Más allá de los criterios estéticos o políticos, es una decisión sobre qué tipo de ciudad y de país quedan después del evento.

La organización conjunta con Estados Unidos y Canadá se decidió en junio de 2018, en un mundo muy distinto al nuestro. No por ello deja de ser una plataforma estratégica para nuestra capacidad operativa coordinada en áreas como movilidad, seguridad, logística y hasta salud pública. Ante todo, un mensaje: a pesar de las resistencias, seguimos compartiendo una convicción por la integración regional.

Sin embargo, por más poderoso que pueda ser un símbolo, convertirlo en una ventaja negociadora real exige esfuerzos consistentes antes, durante y después del evento. Hoy el desenlace de la revisión del T-MEC –que avanza en paralelo– sigue siendo incierto.

El Mundial no está exento de riesgos. El reciente brote de ébola agrega una variante sanitaria que ya fue declarada emergencia de salud pública de importancia internacional por la OMS, con más de 900 casos sospechosos. El riesgo global se mantiene bajo control, aunque el organismo advierte que podrían registrarse más casos. Con millones de personas en camino a Norteamérica, reforzar nuestros protocolos es una prioridad urgente.

Además, autoridades de los tres países han emitido alertas sobre actividades como la trata de personas y el lavado de dinero. Los grandes eventos deportivos suelen amplificar esas vulnerabilidades de manera sistemática; gestionarlas adecuadamente es una responsabilidad compartida que no ha recibido suficiente atención en México.

En unos días, nuestro país volverá a estar en los ojos del mundo. Idealmente, eso debería traducirse en resultados concretos: nuevas inversiones internacionales, expansión del turismo, obras de infraestructura. Siendo realistas, todo eso exigía una estrategia que nunca llegó. Una oportunidad histórica más, perdida ante las exigencias de los intereses inmediatos de Morena.