Subsidiar a Cuba
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Columna de opinión escrita por Sergio Sarmiento para el diario Reforma
Viernes 19 de diciembre de 2025
Sergio Sarmiento
"Nada soportaremos que se le haga
a Cuba porque sentiríamos que se nos
hace a nosotros mismos".
José López Portillo, 1980
Es una pésima idea que México siga subsidiando al gobierno cubano con buques llenos de combustibles. No solo es una carga inaceptable para un Pemex quebrado, y para los mexicanos que pagamos el costo, sino que se está generando un conflicto innecesario con Estados Unidos en un momento muy delicado de la relación.
Lo peor es que ni siquiera sabemos cuánto estamos enviando a Cuba ni si el gobierno cubano está pagando algo. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha revelado que en mayo-agosto de 2025 se triplicaron los envíos que en los dos años previos había autorizado el expresidente López Obrador. El valor de los cargamentos nada más en esos cuatro meses superó los 3 mil millones de dólares.
Los mexicanos deberíamos tener derecho a saber cuánto petróleo o petrolíferos se están enviando a Cuba y bajo qué términos; pero para ocultarlo López Obrador creó Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V., una filial "privada" de Pemex que se dedica únicamente a exportar hidrocarburos a Cuba. La razón por la que López Obrador, siempre enemigo de las "privatizaciones", creó esta filial privada es para evadir los requisitos de transparencia de una empresa gubernamental. No parece ser un buen negocio; la información disponible sugiere que pierde dinero, solo que no sabemos cuánto.
La presidenta Sheinbaum ha reconocido estos envíos: "México siempre ha estado dispuesto a brindar apoyo humanitario a otros países, incluyendo Cuba", dijo el 16 de octubre. Negó que los combustibles se estén regalando, pero si es una compra, ¿por qué oculta los precios, los términos y los ingresos?
El gobierno de Joe Biden no se preocupó mucho por estos envíos, pero la situación ha cambiado radicalmente con Donald Trump. Este 17 de diciembre la subsecretaria adjunta principal del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Katherine Dueholm, declaró ante el Congreso que "el Departamento de Estado continúa presionando a México para que desempeñe un papel regional constructivo alineado con los objetivos de la política exterior de Estados Unidos". Cuestionó al gobierno mexicano por actuar "de maneras que contradicen lo que consideramos nuestros valores compartidos y los objetivos de Estados Unidos. Esto incluye su apoyo al régimen cubano, brutal, corrupto y económicamente disfuncional".
El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, reconoció la gravedad de la situación económica de su país este 15 de diciembre: "Con el cierre del tercer trimestre, el PIB decrece un 4 por ciento, la inflación se dispara, la economía está parcialmente paralizada, la generación térmica es crítica". Aceptó que hay un "clima de insatisfacción generalizada" y una creciente desigualdad: "Pequeños grupos poblacionales parecen tener todos los problemas resueltos, algunos incluso presumiendo de su estatus económico, mientras la mayoría no logra solventar totalmente necesidades básicas". Lo que no dijo es que los políticos y dirigentes del Partido Comunista son quienes hacen gala de riqueza.
Mientras no se reforme la economía comunista, dar ayuda económica a Cuba es tirar recursos a un barril sin fondo. Aunque realmente la ayuda sirviera de algo, sin embargo, no se puede pedir al pueblo de México que cargue con la responsabilidad de Cuba. Ahora, además, esta ayuda pone en riesgo los objetivos de México de lograr una buena renegociación del T-MEC y de mantener una relación amigable con Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum, no obstante, parece más interesada en el pueblo cubano que en el mexicano.
·¿HUMANISMO?
"Nuestra posición es soberana, es una decisión soberana y tiene que ver mucho con el humanismo que representamos", dijo ayer la presidenta Sheinbaum sobre Cuba. Ahora resulta que "humanismo" es tomar recursos de los mexicanos para subsidiar una dictadura que está en el poder desde 1959.
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Aeropuerto
Columna de opinión escrita por Rafael Pérez Gay para el diario Milenio
Viernes 19 de diciembre de 2025
Rafael Pérez Gay
Todos los que viajan en estos días saben que el Aeropuerto de la Ciudad de México está hecho una mierda, perdón por la prosa poética. Es que viene el Mundial y hay que reparar lo irreparable.
Revisé mis libros y en especial La Ciudad de México a través de los siglos coordinado por Jorge Alberto Manrique. En las inmediaciones del Peñón de los Baños, en el noreste de la ciudad, en terrenos que formaron parte del antiguo lecho del Lago de Texcoco, en ese lugar se construyó la primera terminal aérea. Se empezó a construir en 1949 y se inauguró en 1952 por decisión del presidente Miguel Alemán, un proyecto realizado por los arquitectos Álvarez, Carral Icaza, Martínez Páez, Flores Villasana.
Primero se llamó Puerto Aéreo Central, luego Aeropuerto Central y más tarde Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
Como es fin de año les voy a contar esto: todos los señores de los que he hablado, empezando por el presidente Alemán, quebraron a mi familia. Mi hermano mayor nació en 1943 y como he contado en otra página una fortuna revolucionaria, la de los Abreu esperaba a un hombre audaz. En 1945 se inició esa aventura.
La idea era buena: una escuela de pilotos. Mi padre viajó a Estados Unidos y compró diez aviones. Luego adquirieron terrenos por el rumbo de Jardín Balbuena, instalaron una torre de control, contrataron pilotos, mi padre era el primero de ellos. Por cierto, siempre admiré que hubiera sido piloto. Todavía cuando viajo en avión voy tranquilo, como si en la cabina fuera mi padre el piloto. De verdad, créanme.
La escuela fue un éxito. Uno de sus principales egresados, Pedro Infante, atrajo a muchos más alumnos. Dinero a puños. El éxito dura un segundo.
Un mal día, agentes del gobierno de Alemán quisieron comprar la escuela de aviación, buen dinero según me contaron mis padres. El orgullo mata todo. No vendieron. Nada. Mediante leyes que ignoro, les expropiaron los terrenos de la escuela de pilotos de la familia y ese negocio terminó y con él una buena parte de la fortuna. Todavía quedaba dinero, pero la tristeza y la derrota cuestan mucho más que el dinero.
Siempre pensé que esa pérdida siendo tan grande no era catastrófica, pero ellos nunca se repusieron de esa derrota.
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La sociedad civil contra las cuerdas
Columna de opinión escrita por María Amparo Casar
Viernes 19 de diciembre de 2025
María Amparo Casar
La sociedad civil no nació para ser enemiga de los gobiernos. Cuando existe una sociedad civil fuerte, hay ojos, mentes y manos empujando el lápiz que pueden ser aprovechadas por las autoridades para conocer, pensar y actuar sobre problemas públicos que podrían escapar a su radar.
Está, sin embargo, la otra cara de la moneda. Tener ciudadanos preocupados, informados y organizados muy rápido puede convertirse en una piedra en el zapato para los gobiernos que no pueden o no quieren aceptar la pluralidad de opiniones y mucho menos la participación y la crítica ciudadana.
Cuando la democracia se debilita, la sociedad civil se convierte en uno de los últimos espacios de resistencia y, por ello mismo, en uno de los primeros objetivos del poder.
No se trata de un hecho aislado ni de una anomalía local.
Lo que hoy enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en distintos países es parte de un patrón documentado y cada vez más extendido.
En los últimos años hemos visto cómo diversos gobiernos han dirigido su fuerza contra organizaciones independientes, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y espacios de investigación crítica. El guión se repite con variaciones mínimas. Primero, la descalificación pública: se acusa a estas organizaciones de responder a intereses ocultos, de servir a agendas extranjeras o de actuar con motivaciones políticas inconfesables. Después, el cerco administrativo y legal: auditorías selectivas, reformas regulatorias diseñadas para asfixiarlas financieramente, nuevas obligaciones de registro y sanciones desproporcionadas. Finalmente, cuando esto no basta, la criminalización abierta.
No es casualidad que unas horas antes de que Bukele consolidara su hegemonía con una reforma constitucional para poder reelegirse indefinidamente, los últimos en resistir hayan sido los integrantes de una reconocida organización de derechos humanos, Cristosal, y uno de los proyectos periodísticos más serios y ejemplares de la región, El Faro. Sus integrantes tuvieron que salir del país para salvar su integridad.
Si hoy Putin puede hacer y deshacer a su gusto en Rusia, es porque este libreto se cumplió a la perfección. En 2012 se creó un registro de “agentes extranjeros” con los objetivos de controlar el financiamiento de organizaciones independientes, estigmatizarlas públicamente, convertirlas en sospechosas y expulsarlas del debate público. Inicialmente se aplicó solo a organizaciones que recibían fondos del exterior. Pronto se extendió a medios de comunicación, periodistas individuales e incluso simples voces disidentes. Para 2022 incluía a cualquier persona o entidad que las autoridades consideraran “bajo influencia extranjera”. Hoy cuestionar al Kremlin implica la pérdida automática de la libertad y el riesgo de morir a manos del Estado, como le sucedió al activista anticorrupción Alekséi Navalni.
En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló de un plumazo el registro de más de 5 mil organizaciones no gubernamentales, el 70% de todas las que había en el país. La gota que derramó el vaso fueron las protestas de 2018, cuando las organizaciones fueron fundamentales para documentar y hacer públicos los asesinatos, desapariciones y la violencia desmedida que el Estado volcó contra los estudiantes y manifestantes en general.
En Venezuela, el cierre del espacio cívico y electoral ha seguido una trayectoria similar. Mucho antes de que María Corina Machado fuera la enemiga número uno del régimen, fundó Súmate, una organización dedicada a la defensa del voto y a la observación electoral. Precisamente por ese trabajo fue acusada de traición a la patria y perseguida, en un anticipo temprano de la criminalización de la organización ciudadana. En 2024, se llegó a la “ley anti-ONG”, que le da al gobierno venezolano control total para autorizar o negar la existencia de una organización según su gusto. A pesar de ello, la coordinación ciudadana siguió siendo el talón de Aquiles del chavismo: si algo no le perdonan a Corina Machado, hoy merecidamente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, es que pudo demostrar con evidencias, voto por voto, casilla por casilla, que el régimen no tuvo más de 30% de los sufragios en la última elección.
Estos procesos no ocurren de la noche a la mañana.
Comienzan normalizando el abuso, desgastando a las organizaciones, aislándolas, sembrando miedo. No buscan únicamente silenciar una voz en particular, sino enviar un mensaje más amplio: investigar, documentar, exigir rendición de cuentas o acompañar a las víctimas tiene un costo personal y colectivo.
No distinguen entre organizaciones, causas o ideologías. El criterio no es la legalidad ni el interés público, sino la autonomía. Allí donde hay independencia, el poder ve una amenaza.
México no es ajeno a estas tendencias globales. Algo debería decirnos que una de las acusaciones más socorridas en los años recientes ha sido calificar a todas las organizaciones incómodas como “la mal llamada sociedad civil”. ¿Estamos caminando por una senda parecida a la descrita en otras latitudes?
Defender el espacio de la sociedad civil no es defender intereses particulares ni agendas ocultas. Es defender la posibilidad misma de que existan contrapesos, de que la verdad sea investigada, de que las víctimas no queden solas y de que el poder sepa que no actúa en la oscuridad. Cuando se ataca a la sociedad civil, no se daña a unas cuantas organizaciones: se debilita el tejido democrático de toda la sociedad.
Es por todo esto que quiero aprovechar este espacio no solo para alertar lo que puede ocurrir, sino para agradecer las múltiples muestras de apoyo por parte de amigos, colegas, organizaciones y ciudadanos que me han hecho confiar en que la causa ciudadana es una por la que siempre valdrá la pena dar la batalla con la frente en alto.
