¿Y dónde está el dinero?
- Noticias Cabo Mil
- hace 4 horas
- 6 Min. de lectura
Columna de opinión escrita por Pascal Beltrán del Río para el periódico Excélsior
Miércoles 24 de septiembre de 2025
Pascal Beltrán del Río
El reciente anuncio sobre el desmantelamiento de una red de contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, se ha presentado como un golpe histórico a la criminalidad organizada.
La Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad destacan la detención de militares de alto rango, funcionarios aduanales y empresarios, además de una incautación de más de 69 millones de litros de petrolíferos entre octubre de 2024 y julio de 2025. Sin embargo, detrás de estas cifras, surge una pregunta crucial: ¿dónde están los miles de millones de pesos generados por este negocio ilícito?
El verdadero combate al crimen organizado no puede medirse sólo por la cantidad de tanques, litros de combustible y vehículos incautados. Para desmantelar estas redes de forma permanente, es imprescindible seguir la ruta del dinero y asestar un golpe financiero que las haga inviables.
Para comprender la urgencia de rastrear el dinero, es necesario dimensionar la magnitud del problema. El huachicol fiscal no es un delito menor; es una vasta economía paralela que drena al país de recursos públicos a una escala asombrosa. Fuentes como PETROIntelligence estiman que las pérdidas para las finanzas públicas por este delito superaron los 177 mil millones de pesos en 2024, equivalentes a casi 485 millones de pesos al día.
Este crimen impacta la capacidad del Estado para financiar servicios básicos. A diferencia del huachicol tradicional (perforación de ductos, con pérdidas para Pemex estimadas en 20 mil millones de pesos en 2024), el huachicol fiscal se ha convertido en un monstruo de proporciones mucho mayores. La infiltración del combustible ilegal es tan profunda que se estima que entre 16% y 27% del consumo anual en México proviene de fuentes ilícitas, según una investigación del diario Financial Times. Otras estimaciones lo elevan a 30 o 40 por ciento.
La investigación de la FGR ha revelado un sistema de corrupción profundamente arraigado. Un testigo clave, el excapitán de corbeta y exdirector de la Aduana de Tampico Alejandro Torres Joaquín, cooperó con la Fiscalía. Torres Joaquín confesó haber recibido sobornos por aproximadamente 24.5 millones de pesos y entregó dos maletas con dinero en efectivo. Sin embargo, el dinero recuperado es sólo una fracción de las ganancias totales.
Las celebraciones por la incautación de millones de litros de combustible y las detenciones no abordan la raíz del problema. La cantidad de dinero en efectivo recuperada es mínima en comparación con los ingresos delictivos. La Red de Lucha contra los Delitos Financieros (FinCEN), del gobierno estadunidense, confirma que el contrabando de petróleo es la fuente de ingresos ilícitos no relacionada con las drogas más importante para los cárteles. Estos grupos utilizan empresas fachada en México y Estados Unidos para lavar el dinero. Mientras la autoridad se centra en los decomisos físicos, las organizaciones ya han movido los fondos a través de intrincadas operaciones bancarias.
La verdadera batalla contra el huachicol fiscal no se libra en los puertos y patios de ferrocarril, sino en los sistemas financieros y las estructuras corporativas que permiten a estas redes prosperar. La capacidad de la autoridad para recuperar el dinero es el indicador real del éxito de su estrategia. El camino hacia la justicia debe estar centrado en la inteligencia financiera. Es necesario ir más allá de los cateos mediáticos y centrarse en congelar cuentas bancarias, incautar propiedades y desmantelar las empresas fachada que actúan como vehículos para el lavado de dinero. ¿Acaso no tienen un Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado o a qué se dedica éste?
El objetivo no es sólo castigar a los culpables, sino también despojarlos de su riqueza ilícita y restituirla al Estado. Recuperar los miles de millones de pesos robados y reinvertirlos en el bienestar de la sociedad sería la forma más contundente de demostrar que la lucha contra el crimen organizado es una prioridad genuina. Sólo cuando el gobierno pueda mostrar con claridad dónde está el dinero, podremos afirmar que la justicia ha sido plenamente servida y que el Estado de derecho se está restaurando.
----------------------------------------------------------------------------
Adán sigue retando
Columna de opinión escrita por Héctor de Mauleón para el diario El Universal
Miércoles 24 de septiembre de 2025
Héctor de Mauleón
El líder del PRI, Alejandro Moreno, informó ayer que, luego de que fuera denunciado en México sin consecuencia alguna, su partido formalizó ante el FBI, la DEA y los departamentos de Justicia y del Tesoro una nueva denuncia en contra del senador morenista Adán Augusto López Hernández como presunto integrante de una organización delictiva que cometió delitos transfronterizos.
Moreno señaló además a López Hernández, exgobernador de Tabasco y ex secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, como parte de la estructura de gobierno que propuso al Senado los ascensos del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, señalados como operadores del mayor escándalo de corrupción que ha estallado en tiempos de la 4T, y que figuran, hasta el momento, como las dos cabezas más visibles de la red que traficó desde las aduanas marítimas millones de litros de combustible introducido al país de manera ilegal.
En conferencia de prensa, Moreno presentó la estructura de lo que él llamó “El Cártel de Macuspana”, en el que incluyó a tres “narcogobernadores”, Américo Villarreal, Alfonso Durazo y Rubén Rocha Moya; al exjefe de la oficina presidencial, Alfonso Romo, como presunto lavador de dinero; al exsecretario Rafael Ojeda y sus dos sobrinos como operadores de la mencionada red de huachicol fiscal, y al propio Adán Augusto López, así como a su exsecretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena, como integrantes del grupo criminal La Barredora.
Señaló también al exlíder de Morena y hoy secretario de Educación, Mario Delgado, involucrado en el financiamiento a Morena por parte del llamado Rey del Huachicol, Sergio Carmona; a Ignacio Ovalle, el exdirector de Segalmex vinculado a otro escándalo mayor de corrupción, así como a los hijos de AMLO, Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo López Beltrán.
“Fueron el presidente López Obrador y su secretario de Gobernación Adán Augusto López quienes pusieron en posiciones clave a narcopolíticos que organizaron, financiaron y encubrieron actividades criminales”, declaró Moreno.
Acorralado por los señalamientos que rodean y llevaron a su captura a su exsecretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena -al que se acusa de encabezar desde el gobierno de Tabasco las actividades criminales La Barredora-, Adán Augusto López se burló de la denuncia de Moreno, y siguió retando: “No hago caso a mafufadas”, dijo ante los cuestionamientos de un reportero.
El vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, salió en su defensa: “El coordinador se llama Adán Augusto López Hernández y fue electo por unanimidad por seis años y así debe ser”, dijo.
El asunto es que el coordinador de los senadores de Morena se ha convertido, más que en un estorbo para el gobierno de Claudia Sheinbaum, en la piedra de toque que puede hundir de manera irreversible, si no es que ya lo ha hecho, la narrativa sobre la que se construyó la llamada 4T.
El nombre de López Hernández fue entregado a la presidenta Claudia Sheinbaum por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, durante su reciente visita a Palacio Nacional, al lado del de 20 personajes cercanos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que el gobierno de Donald Trump ha vinculado con grupos y actividades criminales.
Al frente de esa lista estaba el exsecretario de Gobernación, de acuerdo con fuentes que estuvieron presentes en el encuentro.
En la misma reunión se mencionó también al extitular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Horacio Duarte, y al exadministrador general de Aduanas, Ricardo Peralta.
La reunión con Rubio demostró que el interés de Estados Unidos se ha extendido del fentanilo al huachicol: el secretario traía no solo los nombres de los marinos involucrados en el escándalo del tráfico de combustible, sino también los de otros que se harán públicos en las próximas semanas. Un enlace del FBI se coordina con el secretario de seguridad Omar García Harfuch para llevar adelante esta investigación.
Mafufada o no, tanto la denuncia como la red presentada por el priista Alejandro Moreno está en sintonía con las investigaciones que lleva el gobierno de Estados Unidos. Adán Augusto López sabe que el gobierno de Sheinbaum hará lo posible por protegerlo, porque él es el eslabón que conduce la cadena criminal hasta Palenque, pero sabe también que ese escudo de protección, según corran los vientos, tiene marcada una fecha de caducidad. Mientras, seguirá retando.
