Concordia: microcosmos del horror

​Columna de opinión escrita por ​Raymundo Riva Palacio para el diario El Financiero

Viernes 13 de febrero de 2026

Raymundo Riva Palacio

9:08

La vorágine de la información ha dejado relegado lo que sucedió hace casi tres semanas en Concordia, un municipio sinaloense a una hora al sur de Mazatlán. El secuestro de 10 mineros, cinco de ellos encontrados muertos, dejó de ser del interés prioritario de la mayoría de los noticiarios electrónicos y desapareció por completo de las primeras planas de los periódicos. La minera canadiense Vizsla Silver Corp. difundió ayer una actualización de cómo avanza la búsqueda de sus cinco trabajadores que siguen desaparecidos, pero no hay mucho nuevo que informar. Siguen las condolencias a los familiares de las víctimas, y la mina continúa con sus operaciones suspendidas.

Como todo lo que tiene que ver con las noticias relacionadas con el narcotráfico y su violencia, la sociedad mexicana, incluido el gobierno, los actores políticos y los agentes económicos, ya lo normalizaron. Uno, dos, cinco, diez o más muertos o secuestrados por el crimen organizado son una estadística, número frío que sólo acumula víctimas al México rojo en el que vivimos. Pero Concordia no va a desaparecer pronto; apenas estamos descubriendo lo que se perfila como el microcosmos del horror nacional.

Concordia, que fue un centro minero de oro, plata y cobre, es un pueblo con menos de 25 mil habitantes que cruza una carretera rural. Lejos de las zonas urbanas, escondido en la Sierra Madre Occidental, durante no se sabe cuántos años ha sido el cementerio clandestino de las personas que mandó matar Iván Archivaldo Guzmán, jefe de la facción del Cártel de Sinaloa que está en guerra contra las milicias de Ismael El Mayo Zambada, que dirigió la organización criminal por cuatro décadas.

Así hubiera permanecido, ante los ojos cerrados de las autoridades, que prefirieron vivir en la simulación a tener que enfrentar la realidad y su responsabilidad. Diez mineros de una empresa canadiense, cuyo secuestro fue rápidamente publicitado, modificó esa inercia cómplice que se instaló en la región desde tiempos desconocidos. Al menos cinco de ellos fueron llevados a El Verde desde Pánuco, la comunidad donde se encontraba la mina, a unos 30 kilómetros de distancia.

El horror comenzó cuando se encontró el cuerpo de un minero en El Verde, una comunidad de mil habitantes en el municipio de Concordia, y horas después otro más. Las autoridades llegaron a excavar junto al panteón, donde se descubrió el primero, y fueron hallando otros cuerpos, algunos enterrados hace casi una década, junto con otros tres mineros.

La periodista María Idalia Gómez reveló que sólo en el área del panteón hay dos o tres fosas, con aproximadamente 120 cadáveres. En El Verde, de acuerdo con fuentes que han participado en las investigaciones sobre los cementerios clandestinos en esa zona, hay más de 20 fosas ubicadas en cuatro puntos, donde estiman que puedan haber más de mil 500 cuerpos de personas, algunos de ellos destrozados.

Concordia, revelaron Gómez y otro periodista especializado, Luis Chaparro, está controlado por los hermanos Óscar Martínez Larios, El Casco, y Gabriel Martínez Larios, Gabito, jefe de plaza en el municipio Rosario, quienes responden a Víctor Manuel Barraza, El 40, exsecretario de Iván Archivaldo y actual jefe de plaza en Mazatlán y toda la región sur de Sinaloa. De acuerdo con Gómez, El Casco enterraba en El Verde a los enemigos de Los Chapitos, y ese campo de la muerte podría llegar a ser más grande que cualquiera de los que se han encontrado en Jalisco. Hoy no se puede entrar a El Verde, porque las autoridades federales y locales lo tienen sellado para comenzar la tarea de ir abriendo fosa tras fosa.

Las autoridades federales informaron esta semana que los mineros fueron levantados por equivocación, creyendo sus atacantes que pertenecían a un grupo rival. La versión ha sido cuestionada por los mineros y por fuentes con conocimiento de primera mano de lo que sucedía ahí. La historia que narran es diametralmente distinta: no fueron confundidos, sino víctimas de una extorsión que no se quiso pagar.

Gabito, de acuerdo con esta versión, era el encargado de cobrarle a la mina 200 mil pesos mensuales, hasta hace dos meses, cuando les dijo que ya no les exigirían el efectivo, sino 50% de su producción. El cambio de método de pago parece tener como antecedente la falta de recursos de Los Chapitos para mantener su guerra fratricida con las milicias de Zambada. Poco antes lo hizo con dos minas en un municipio colindante con Concordia, donde les exigió una retribución en oro para poder pagar sicarios que le solicitaron al Cártel Jalisco Nueva Generación.

En esta versión, la mina, que tiene su sede en Vancouver, se negó, pero al mes siguiente les entregó 250 mil pesos. La respuesta fue el secuestro de sus trabajadores, con una demanda: 10 millones de rescate por cada uno, en un plazo de cinco días. “No se pagó”, dijo una fuente que supo de esta frustrada negociación, “y levantaron a los mineros”. Los llevaron a una casa en el fraccionamiento La Clementina, en Concordia, a unos 30 minutos de distancia de la mina, que está en la comunidad de Pánuco.

Los encargados de ejecutar el secuestro fueron los lugartenientes de El Casco, Ramón Héctor Morales, El Chino, y otros dos de los que se conocen únicamente sus apodos, El Guicho y El Bryan. Mineros de la zona sostienen que los 10 secuestrados fueron ejecutados. Sus victimarios, se cree, se fueron a refugiar a Puerto Vallarta y Zapopan, en Jalisco, controlados por el Nueva Generación. Credenciales y pertenencias de los 10 mineros fueron encontradas en días recientes en El Verde, aunque no se puede concluir la suerte de los cinco trabajadores que permanecen desaparecidos.

La extorsión de las mineras en el país ha sido un problema desde hace años, pero es un tema del que nadie quiere hablar abiertamente sobre casos específicos. Un vocero de cámaras mineras estima que los costos por extorsión llegan a ser de 10% de la utilidad, al no limitarse sólo al cobro de ese impuesto criminal, sino por las inversiones en seguridad y control de riesgos que tienen que hacer. El problema no va a parar, pero la exposición internacional del caso de Concordia forzará, probablemente, a que las autoridades, por años ciegas, abran los ojos y asuman su responsabilidad.

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Morena: arquitectura del quiebre

Columna de opinión escrita por Marcela Gómez Zalce para el diario El Universal

Viernes 13 de febrero de 2026

Marcela Gómez Zalce

5:01

Un narco-estado es el país donde el narcotráfico no sólo existe, sino que tiene una influencia profunda y estructural dentro del Estado. No se trata simplemente de un país con alto nivel de tráfico de drogas u otras actividades ilegales. La diferencia clave, entre muchas otras, es que funcionarios públicos colaboran activamente con organizaciones criminales. El financiamiento político electoral proviene en parte de redes ilícitas y las instituciones dejan de investigar hechos relacionados con actividades criminales fomentando la corrupción e impunidad.

Las escandalosas revelaciones del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra plasmadas en el libro escrito por el periodista Jorge Fernández Menéndez “Ni Venganza, ni Perdón”, exhibe en uno de sus capítulos el andamiaje del gobierno de López Obrador y su estructura sobre un presunto pacto con el crimen organizado. Donde el poder político no sólo toleró actividades ilícitas, sino que dependió de ellas para sostenerse transformando la lógica misma del ejercicio de gobierno. Un Estado criminal paralelo con un sistema alternativo de poder ejerciendo control real sobre territorios, economías huachicoleras y poblaciones.

Complementariamente esta captura del Estado permite entender el fenómeno en términos más estructurales. No se trata únicamente de corrupción individual sino de una influencia sistemática sobre leyes, políticas públicas y decisiones institucionales. Cuando actores criminales logran moldear el marco legal, el Estado comienza a responder a redes privadas de poder: Las reglas del juego se diseñan o distorsionan para beneficio de quienes controlan los recursos ilícitos.

En contextos como el actual donde la relación bilateral se ha tensionado por la presión estadounidense hacia el gobierno mexicano por su “intolerable colusión con organizaciones delictivas”, ambos fenómenos convergen —narco-estado y captura del Estado— mostrando que el vínculo entre gobierno y crimen organizado no es accidental ni marginal, sino constitutivo del orden político.

Los señalamientos que ya prendieron el ventilador de la hidra político criminal se suman a las acusaciones del Departamento del Tesoro (FinCen) sobre lavado de dinero del exjefe de Oficina de López Obrador y su casa de bolsa Vector. Las pruebas documentadas engrosan el rosario de la cacareada transformación; Tabasco y su Barredora, Sinaloa y su descomposición desde la captura del capo Zambada. El punto de inflexión en Tequila y la peligrosa implosión de la burbuja Morena que hiede y amenaza con destapar una caja de Pandora para el joven régimen. La violencia imparable, el horror en desapariciones y asesinatos, el peligroso filo en la economía, la incertidumbre jurídica y sus efectos colaterales, hundiendo esfuerzos por tranquilizar a socios estratégicos en la nueva coyuntura geopolítica.

La estructura de poder cruje, el poder presidencial deja de parecer sólido y revela sus grietas; alianzas que se rompen, silencios que se vuelven denuncias y estructuras que antes parecían intocables entran en tensión.

El gobierno de Sheinbaum transita en un momento de riesgo ambiguo donde surge una posibilidad—incierta y frágil—de que nuevas reglas redefinan quién manda y para quién funciona realmente el Estado.