Tequila, punto de inflexión

Columna de opinión escrita por Raymundo Riva Palacio para el diario El Financiero (publicada ayer martes 10)

Miércoles 11 de febrero de 2026

Raymundo Riva Palacio

9:24

Los semáforos rojos se prendieron en Tequila mucho tiempo antes de caer preso el alcalde, Diego Rivera Navarro, quien cometió dos errores absurdos que lo tienen hoy en la cárcel, con pocas probabilidades de salir libre en varios años. El primero fue cuando autorizó, en marzo pasado, una tocada de Los Alegres del Barranco, quienes interpretaron corridos apologéticos de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El segundo fue en diciembre, cuando la empresa Tequila Cuervo lo denunció porque la estaban extorsionando para evitar que cerraran su planta en el municipio.

Rivera Navarro, que se creía doblemente protegido, por líderes en Morena y el grupo criminal, había cruzado una línea. Rindió protesta como alcalde de Tequila en octubre de 2024, surgido de las filas de Morena. Su filiación provocó que se señalara al exlíder del partido, Mario Delgado, como la persona que lo encumbró en ese municipio, clave para el CJNG porque es la supercarretera por donde viajan las drogas y los precursores químicos que envía la organización criminal a Nayarit, de donde se transportan a Estados Unidos.

Delgado, sin embargo, no era quien lo protegía. La fuerza política detrás de Rivera Navarro, de acuerdo con información que ha trascendido, es el exsenador José Alejandro Peña Villa, quien se vinculó a Andrés Manuel López Obrador cuando fue delegado en Jalisco durante su campaña presidencial de 2018, de la mano de Gabriel García Hernández, quien era el brazo derecho del expresidente en los temas de estrategia electoral. García Hernández lo hizo su suplente en el Senado.

García Hernández dejó su escaño temprano en la legislatura porque fue nombrado coordinador general de Programas para el Desarrollo en la Oficina de la Presidencia.

Al menos dos veces por semana se reunía con López Obrador para diseñar la estrategia de dónde aplicar los programas sociales para obtener el mayor rédito político. García Hernández le encargó a Peña Villa construir la estructura de los llamados Servidores de la Nación, el ejército electoral que operaba la coordinación y entrega del dinero de los programas sociales. Cuando García Hernández salió de la Presidencia en 2021, Peña Villa mantuvo el control de los Servidores y de al menos una cuarta parte de los consejeros de Morena en Jalisco. Sus relaciones se extendían también al ala dura de Morena, encabezada por el caricaturista de La Jornada, Rafael Barajas, El Fisgón, jefe de cuadros del partido.

En esas mesas de estrategia y discusión se fueron decidiendo las candidaturas y las listas; en su mayoría, le eran entregadas a Delgado para que las procesara. Rivera Navarro llegó por esa puerta, respaldado por Palacio Nacional, y palomeado por El Mencho, del cual, según fuentes estadounidenses, dependía directamente. No se sabe con precisión qué tipo de arreglos se pudieron haber hecho para conciliar el interés político con el interés criminal, pero el entonces gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, dejó pasar todo como parte de un acuerdo no escrito con el crimen organizado de no atacarlo, a cambio de que le permitieran márgenes de gobernabilidad para terminar su sexenio.

En este ecosistema político-criminal se movía Rivera Navarro, quien ignoró las alertas que cada vez sonaban más fuerte. Estados Unidos había cancelado la visa de turista a los integrantes de Los Alegres del Barranco, casi inmediatamente después de su concierto apologético de El Mencho, y a las pocas semanas la Fiscalía de Jalisco lo citó a declarar sobre la investigación que habían abierto contra el grupo.

Rivera Navarro desdeñó aquellos pasos legales y, pensando quizás que la protección se mantendría en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la emprendió contra Tequila Cuervo, cuya decisión, ante las presiones empresariales mexicanas y estadounidenses, obligó al gobernador Pablo Lemus a forzar la corrección de la extorsión contra la tequilera. Un extracto de la investigación revelado por EL FINANCIERO señala que las extorsiones eran para saldar una deuda con el CJNG de cuando menos 120 millones de pesos. Rivera Navarro, según informes estadounidenses, era parte de la estructura general de la organización criminal.

Que el gobierno de Sheinbaum haya decidido ir por Rivera Navarro, con sus antecedentes de apoyo dentro del régimen, no debe ser desdeñado. La operación la diseñó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con información de inteligencia recabada en esa región de Jalisco, que, junto con Michoacán, son las dos áreas más calientes en términos de combate al crimen organizado. La decisión de detener al exalcalde manda el mensaje que la presidenta repite de manera retórica: cero tolerancia. Sin embargo, esa frase tiene un antes y un después de Rivera Navarro.

Cinco estados –Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán y el Estado de México–, en ese orden, son donde más han penetrado los cárteles las estructuras de poder municipal. En Jalisco, de acuerdo con informes federales, el control político territorial lo tiene el CJNG –lo mismo que en Colima–, pues, como explicó un funcionario, aun si un alcalde no trabaja con ellos, los que se encuentran a su alrededor neutralizan sus acciones policiales. Este fenómeno se repite en otras entidades, como en Michoacán, donde también es la fuerza predominante en la mitad del estado; Guanajuato, dividido entre el CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima, o Sonora y Sinaloa, donde pelean Los Chapitos y La Mayiza.

Rivera Navarro abrió un camino que no se había querido explorar: el que políticos de Morena en diferentes niveles puedan empezar a ser procesados. Lo que sucedió con el exalcalde de Tequila también es una señal para Estados Unidos, que había estado exigiendo un fin a la impunidad. Sheinbaum dio un primer paso, que parece pequeño, pero no lo es. Afecta una de las rutas importantes de trasiego de drogas del CJNG, y golpeó a un político que tenía la doble protección, de El Mencho y de altos exfuncionarios de López Obrador.

Esto es parte de una recalibración que está teniendo que hacer, aun contrario a su interés primario de blindar a los políticos del régimen, porque las cosas se han venido desbordando y no parece haber otra forma de corregir el rumbo de la penetración creciente en las estructuras de poder, salvo enfrentarlas y desmantelarlas, cueste lo que cueste, que eso es lo que sucedió en Tequila.

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Veintisiete sobre 100

Columna de opinión escrita por Luis Carlos Ugalde para el diario Reforma

Miércoles 11 de febrero de 2026

Luis Carlos Ugalde

7:02

Esta es la calificación que México obtuvo en 2025 en materia de corrupción según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, publicado ayer. La buena noticia es que México mejora en el margen respecto al año previo: de 26 sobre 100 subimos a 27. La mala es que seguimos reprobados y en el lugar 141 de 182 países.

Es la segunda peor calificación desde que se publica el índice en 1995; la peor fue el año pasado. En promedio, los siete años de la "cuarta transformación" son peores que los 18 de los gobiernos llamados "neoliberales": 29.4 puntos entre 2019 y 2025, frente a 32.7 entre 2001 y 2018. Incluso el gobierno de Peña Nieto -al que se calificó como el más corrupto- tuvo un promedio mayor que los morenistas, de 31.2.

La promesa de López Obrador de "barrer la corrupción de arriba hacia abajo" quedó en la retórica; en los hechos, la basura se multiplicó. Las razones son varias.

Primero, la lógica de la transacción política: cuando un nuevo grupo llega al poder y busca ganar y conservar elecciones a toda costa, pacta con aliados, adversarios, operadores y financiadores. Eso compra silencios, abre la puerta al dinero ilegal y genera compromisos que después se pagan desde el gobierno.

Segundo, la visión moralista de la lucha anticorrupción. Bajo el lema de "no somos iguales", se sustituyeron reglas por lealtades: se protege al cercano y se exhibe al adversario. Para preservar la cohesión interna, la ropa sucia se lava en casa y la corrupción se normaliza.

Tercero, el desmantelamiento de controles. Se debilitaron contrapesos y procedimientos con el argumento de no "estorbar" al Ejecutivo. La prioridad no era construir un sistema de integridad, sino concentrar poder, ganar elecciones y hacer la cuarta "transformación" bajo las órdenes del Presidente, cueste lo que cueste.

Un factor adicional fue un Congreso que -como en la etapa final del PRI hegemónico- dejó de vigilar. Desde 2018 abandonó su papel de contrapeso y la fiscalización del gasto se volvió más frágil: la Auditoría Superior de la Federación perdonó irregularidades, suavizó las observaciones y buscó complacer al Presidente, en lugar de someterlo al escrutinio legislativo.

Igual que en el pasado del PRI, del PAN y del PRD, gobernadores y alcaldes que llegaron cobijados por la marca Morena operaron con controles endebles. En varios estados, la cercanía entre política y crimen organizado parece haberse intensificado, ampliando el horizonte de corrupción: de la mordida administrativa a la captura territorial.

Así, el gobierno que prometió limpiar la corrupción "de arriba hacia abajo" terminó ocultando el polvo bajo la alfombra. Y esto afecta directamente una de las prioridades centrales de la presidenta Sheinbaum: atraer inversión privada y acelerar el crecimiento económico. Las empresas ya enfrentan costos elevados para operar en México: inseguridad, infraestructura deficiente y también licitaciones amañadas, sobornos para acceder a contratos públicos y extorsiones desde gobiernos locales, como ilustra el caso del exalcalde de Tequila que cobraba piso a las tequileras de Jalisco.

Durante décadas, organizaciones civiles, universidades y especialistas han repetido lo obvio: la única vía sostenible para contener la corrupción es construir instituciones de transparencia, auditoría, sanción y rendición de cuentas que funcionen incluso cuando incomodan al poder.

Pero muchos de esos controles se han desmontado. La erosión institucional no es abstracta: el Sistema Nacional Anticorrupción, creado en 2015 para coordinar esfuerzos del Estado, ha sido debilitado presupuestalmente. En el Presupuesto 2026, su Secretaría Ejecutiva sufrió un recorte de 95%: pasó de 128.8 millones a apenas 6.3 millones de pesos.

La mejora de una décima en el IPC de 2025 podría reflejar el cambio de gobierno en 2024 y mayor orden administrativo. Si es así, quizá marque el inicio de una tendencia. Pero también es posible que sea una simple oscilación estadística que no expresa un fortalecimiento real de la capacidad del Estado para prevenir, investigar y castigar la corrupción.

Si no se reconstruyen controles efectivos y contrapesos auténticos, la corrupción seguirá siendo uno de los problemas más graves del país, tal como decía López Obrador durante los 18 años que fue candidato opositor.